Ciudad de México.- Una juez federal negó a Inés Gómez Mont el amparo con el que pretendía que la FGR validara el pago que hizo de una reparación del daño de 13.5 millones de pesos y, por consecuencia, archivara la investigación que derivó en la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Patricia Marcela Díez Cerda, juez quinto de Distrito en Amparo en la Ciudad de México, rechazó otorgarle la protección de la justicia a la presentadora de televisión contra la decisión tomada el 30 de septiembre de 2021 por la FGR, en la que negó dictar el no ejercicio de la acción penal.

El argumento de la juzgadora es que, si bien Gómez Mont reparó el daño de una supuesta defraudación fiscal del 2016, ese pago es válido para cancelar únicamente ese delito y no el lavado, para el cual no está previsto el acuerdo reparatorio.

“

Aún cuando la hacienda pública constituye la parte ofendida, lo cierto es que no es viable la celebración de un acuerdo reparatorio a fin de exculpar a la imputada de la conducta que se le atribuye; pues esa posibilidad está prevista por el Artículo 92 del Código Fiscal de la Federación… empero, no se establece del mismo modo para el previsto por el Artículo 400 bis del Código Penal Federal (lavado)”.

El fallo de la juez puede ser impugnado mediante un recurso de revisión ante un tribunal colegiado.

Esta es una investigación que inició en 2017 con una querella del Servicio de Investigación Tributaria por una supuesta defraudación fiscal de 13 millones 572 mil 444 pesos, por concepto de impuesto sobre la renta en 2016.

El SAT señaló que Gómez Mont tuvo ingresos acumulables de 39 millones 518 mil 169 pesos, por honorarios asimilados a salarios, sin embargo, acusó que los pagos procedían de personas físicas y morales que tenían un patrón de conducta aparentemente ilícito o de empresas “fachada”.

La conductora de televisión, hoy fugitiva, tiene otras órdenes de aprehensión por defraudación fiscal, una por 12 millones 921 mil 762 pesos y otra de 6 millones 613 mil 867 pesos, por el ISR supuestamente omitido en 2014 y 2015.