Ciudad de México. — El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que, si bien las actividades académicas comienzan a normalizarse, la institución enfrenta intentos de desestabilización orquestados por “grupos externos” ajenos a la comunidad estudiantil.

“Hemos percibido que, así como sí hay estudiantes con demandas reales… también hay gente de fuera. Y eso es lo que nos preocupa”, afirmó el rector.

Movilización tras homicidio en CCH Sur

Tras el asesinato de Jesús Israel a manos de un alumno dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, los estudiantes han realizado asambleas y entregado pliegos petitorios a las autoridades de facultades y planteles de bachillerato. Las demandas giran en torno a la seguridad, la salud mental y la mejora de la infraestructura física.

El rector informó que, en bachillerato, las actividades son prácticamente normales, a pesar de las amenazas de bomba que se han registrado (dos de ellas, falsas, ocurrieron ayer en las Preparatorias 7 y 8). Lomelí confió en que la tranquilidad regresará y que los alumnos no se dejarán llevar por el miedo.

Actualmente, cerca de diez facultades se encuentran en paro, y otras cuatro mantienen clases en línea.

Rastreo de amenazas y confusión militar

Lomelí Vanegas indicó a La Jornada que la UNAM sigue colaborando con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para rastrear el origen de las amenazas difundidas en redes sociales, a partir de las denuncias formales presentadas.

Respecto a la controversia por el ingreso de vehículos militares a Ciudad Universitaria, el rector reiteró que en un caso se trató de una emergencia para atender a un caballo en el hospital de la Facultad de Veterinaria. Los otros incidentes fueron calificados como “confusiones muy desafortunadas” que espera no se repitan.

El rector añadió que la Universidad cuenta con el presupuesto necesario para atender las demandas de seguridad, incluyendo la instalación de luminarias, botones de pánico y detectores de metales, gracias a ahorros logrados por el “programa de racionalidad administrativa”.