Washington, D,C.– La creciente ola de redadas federales para arrestar a inmigrantes indocumentados en ciudades de Estados Unidos, una medida impulsada por la administración del presidente Donald Trump, no solo viola los derechos de los inmigrantes, sino que también deja a los propios ciudadanos estadounidenses vulnerables a la detención, según advierten expertos en migración y derechos civiles.

Videos que circulan en redes sociales y medios de comunicación han mostrado a agentes encapuchados rompiendo vidrios de vehículos para detener a personas, lo que ha desatado una fuerte reacción. Pero además, se han reportado casos, negados por el gobierno, en los que agentes han arrestado a ciudadanos estadounidenses basándose en su apariencia física.

” Es muy difícil conciliar cómo funcionan estas políticas con esos derechos básicos”, afirmó Kathleen Bush-Joseph, analista del Migration Policy Institute (MPI), quien añadió que la presión sobre los agentes para arrestar y deportar “lo más rápido posible” incrementa el riesgo de errores.

Consecuencias para la comunidad hispana

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Sur de California presentó una demanda en la que acusa al gobierno de utilizar tácticas “inconstitucionales”, como detenciones basadas en la raza o sin orden judicial.

Uno de los casos documentados es el de Brian Gavidia, un ciudadano estadounidense de raíces hispanas, que fue detenido y tuvo que demostrar su nacionalidad para ser liberado.

La jueza liberal de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, se opuso a la decisión del máximo tribunal que revirtió una orden que restringía las redadas.

Sotomayor argumentó que la decisión “deja innecesariamente a muchas más personas vulnerables a arrestos basados en apariencia, su acento y el hecho de ganarse la vida con trabajo manual”.

Expertos legales coinciden en que, aunque la Constitución no ha cambiado, la forma en que el gobierno aplica la ley sí lo ha hecho, creando un “entorno hostil” que obliga a ciudadanos y no ciudadanos por igual a tomar precauciones. El abogado Allen Orr recomendó a los ciudadanos llevar consigo su pasaporte o certificado de nacimiento.