Ciudad de México.- Los proyectos del Plan General de Desarrollo (PGD) y del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) de la Ciudad de México deberán ser reelaborados desde cero, luego de que la consulta de ambos documentos provocó críticas y cuestionamientos por parte de activistas y organizaciones vecinales.

El titular de la Secretaría de Gobierno capitalina, Martí Batres, dio a conocer ayer que los documentos, cuya elaboración achacó al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), serán anulados y no se les enviará al Congreso de la Ciudad.

“ Se van a elaborar nuevos documentos, tomando en cuenta todas las críticas y observaciones realizadas y con nuevos procesos de participación ciudadana y comunitaria”, prometió el funcionario.

El 3 de diciembre cuando se llevarían a cabo las asambleas vecinales para someter a revisión ciudadana los documentos, algunas de las reuniones se suspendieron ante la protesta de vecinos, mientras que, en donde sí lograron instalarse, se registró baja participación ciudadana y falta de claridad por parte de los organizadores.

Para ese momento, los documentos ya sumaban cuatro meses de proceso.

“ Dichos documentos recibieron muchas observaciones, criticas por parte de colonias, pueblos y barrios”, reconoció ayer Batres.

Sin embargo, el anuncio de la reelaboración fue cuestionado por la organización Suma Urbana, que apuntó que la anulación debería incluir a la convocatoria que se emitió en junio del año pasado, pues esta ya incumplía con los tiempos establecidos por la Constitución.

“ La autoridad ya aceptó que ha habido muchas irregularidades, que hubo un rechazo generalizado, la reposición requiere la cancelación del aviso de la consulta anterior e iniciar de nuevo el proceso”, indicó la representante de Suma Urbana, Josefina Mac Gregor.

Enfatizó que los nuevos documentos tendrán que ser diseñados a partir de la participación ciudadana, por lo que no deben ser presentados por el Gobierno de la Ciudad.

De gira por Milpa Alta, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que uno de los problemas que planteaban el PGD y el PGOT era la categoría de suelo rural, la cual, refirió, fue establecida en la Constitución capitalina, emitida en 2017.