Hablar de una reforma electoral en México siempre genera preocupación y discusión. Las reglas del juego democrático no son simples trámites, son el marco que define el acceso al poder público, la vigilancia y las condiciones que garantizan que la voluntad sea respetada. Cada vez que se plantea modificar el sistema electoral, el debate se vuelve intenso, lo que está en juego es la confianza en la democracia.

En los últimos años, la discusión sobre las reformas electorales ha girado sobre dos ideas que en realidad deberían convivir: la legitimidad democrática y el equilibrio constitucional. Por un lado, la intención de hacer más eficiente, menos costoso y más cercano a la gente el sistema electoral y por otro, la necesidad de mantener instituciones fuertes, autónomas y capaces de garantizar elecciones libres y justas.

La legitimidad democrática no se construye únicamente con el acto de votar, se construye con la certeza de que el voto cuenta, de que las reglas son claras y de que las instituciones funcionan. Cuando una persona acude a las urnas, lo hace confiando en que su decisión tendrá el mismo peso que la de cualquier otro ciudadano. Esa confianza no se genera de un día para otro, es resultado de años de construcción, de reformas que buscaron dar autonomía a las autoridades electorales y de un sistema que con errores y aciertos, ha permitido la alternancia en el poder y el reconocimiento de los resultados por parte de distintos actores políticos.

Ningún sistema es perfecto, la democracia es un proceso en constante evolución. La sociedad cambia, las necesidades se transforman y las instituciones deben adaptarse a nuevas realidades. Pensar en reformas no es necesariamente algo negativo, puede ser una oportunidad para mejorar, para corregir y para fortalecer.

Aparece la otra parte del debate, el equilibrio constitucional. Las instituciones electorales no sólo organizan elecciones, actúan como contrapesos. Son parte de ese sistema que busca evitar que el poder se concentre en un solo lugar. La Constitución, en su esencia, está diseñada para distribuir responsabilidades, establecer límites y garantizar que ninguna autoridad esté por encima de la ley.

Cualquier reforma que toque el sistema electoral, tiene que revisarse también desde la óptica constitucional. ¿Se fortalecen las instituciones o se debilitan? ¿Se garantiza la autonomía o se pone en riesgo? ¿Se mejora la representación o se generan nuevas dudas? son preguntas necesarias.

En ocasiones, el discurso se centra en el costo de las elecciones. Se habla de presupuestos y de la posibilidad de hacer un sistema más austero. Es un tema legítimo, pero reducir la discusión electoral al tema económico puede ser peligroso. La democracia cuesta, pero la falta de democracia cuesta más. El sistema electoral no le pertenece a un Gobierno, a un partido o a una generación, le pertenece a la ciudadanía y cuando las instituciones no generan confianza, el daño es social.

Desde el ámbito académico, las universidades, y en particular las facultades de Derecho, tienen la responsabilidad de abrir espacios para la reflexión seria y crítica desde el debate informado y la construcción de ideas para entender las implicaciones legales, políticas y sociales. Las decisiones que hoy se toman pueden marcar el rumbo institucional de México durante muchos años.

Las reformas constitucionales, deben pensarse con calma, no desde la prisa ni desde la presión. Modificar el sistema electoral es rediseñar una parte del país y eso exige responsabilidad, diálogo y compromiso. Se trata de cuidar la confianza y entender que la democracia se construye, se defiende y se fortalece todos los días.