Loranca Muñoz es un magistrado adscrito durante más de veinte años a tribunales federales de Puebla, una entidad de intensa actividad en el robo de gasolina. Sus conexiones con líderes huachicoleros son conocidas públicamente e incluso han sido difundidas fotografías con delincuentes y presumiendo caballos y ranchos.

Loranca había sido destituido e inhabilitado por 15 años, pero el 9 de diciembre pasado se le notificó que era reinstalado. Ahora tendrá derecho a cobrar todos los salarios que dejó de percibir desde hace casi siete años, cuando fue suspendido para realizar la investigación.

La Corte determinó que todo el procedimiento contra Loranca se debió llevar con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que entró en vigor el 19 de julio de 2017, y no, como se hizo, con base en la vieja Ley Federal de Responsabilidades de 1982.

Pero no reparó en la acusación original de sus ingresos millonarios no aclarados.