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Agencias
Publicado el jueves, 9 de junio del 2016 a las 04:40
Noticias MVS | Ciudad de México.- Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, informaron que el encargado de la Oficina de Investigación de este caso, José Aarón Pérez Carro, fue sustituido por Alfredo Higuera Bernal.
En conferencia de prensa luego de reunirse con la Procuradora General de la República (PGR), Arely Gómez, mencionaron que a pesar de los cambios, no existe confianza en las indagatorias que desarrolló Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, pues consideraron la necesidad de darle mayor pulcritud a la “verdad histórica” que él mismo consiguió.
El representante de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales, precisó que la Visitaduría Ministerial es la encargada de realizar la investigación jurídica de la actuación de los funcionarios encargados del seguimiento del caso Ayotzinapa, por lo que de encontrar alguna irregularidad serán separados del cargo, como sucedió con la coordinadora de servicios periciales, Sara Mónica Medina Alegría.
“Lo importante para nosotros es que se van a seguir haciendo las búsquedas, quedó de manifiesto ese compromiso, se ha adquirido nueva tecnología científica que permita hacer una búsqueda más especializada concretamente con la tecnología líder que se va a estar utilizando en días próximas y de esa búsqueda se va a permitir que formen parte los padres de familia y la coadyuvancia”, apuntó.
Destacaron que la titular de la dependencia les dio a conocer aspectos de la investigación relacionada con los hechos ocurridos hace 20 meses
Por otra parte, la PGR informó, a través de un comunicado, que su titular, Arely Gómez entregó a los familiares de los normalistas “el Informe sobre el Caso Iguala, Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero”, conocido como el Libro Blanco.
Explicó que contiene un recuento de las acciones realizadas desde el inicio de la indagatoria el 4 de octubre de 2014, hasta el 30 de abril de 2016, encaminadas al esclarecimiento de los hechos, determinar el paradero de los jóvenes estudiantes, aprehender a los responsables y asegurar que esos delitos no queden impunes.
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