Ciudad de México.- La organización Artículo 19 informó este viernes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un juicio de amparo promovido contra diversas disposiciones de la reforma de 2025 a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), al considerar que vulneran derechos constitucionales.
De acuerdo con lo difundido por la organización -que cuenta con el acompañamiento legal de Proyecto Justicia Común (Projuc)-, el expediente registrado bajo el amparo en revisión A.R. 474/2026 fue turnado esta semana a la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel, quien deberá elaborar el proyecto para determinar si los artículos impugnados contravienen los principios establecidos en la Constitución.
Según reportó Artículo 19, la acción legal busca revertir los retrocesos registrados desde la entrada en vigor de la reforma hace más de un año, periodo en el que las autoridades han podido negar información pública mediante causales amplias y ambiguas -como argumentar que su difusión “comprometa la paz social” o “cause daños al interés del Estado”- sin necesidad de acreditar un riesgo real ni transparentar quién toma la decisión.
Otro de los puntos impugnados es la reserva de información relacionada con investigaciones penales en curso y procedimientos administrativos inconclusos contra personas servidoras públicas, así como la restricción que impide divulgar datos sobre actos de corrupción mientras no exista una resolución firme que los dé por acreditados.
“Se considera confidencial el pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de quejas, denuncias y/o procedimientos administrativos seguidos en contra de personas servidoras públicas y particulares que se encuentren en trámite o no hayan concluido con una sanción firme”, señala el texto de la reforma cuestionada, disposición que, según la organización, impide la rendición de cuentas.
En su informe, Artículo 19 advirtió también sobre la falta de certeza jurídica derivada del traslado de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) hacia la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al señalar que la ley no estableció mecanismos claros para garantizar que los archivos públicos no fueran alterados, perdidos, ocultados o vulnerados durante el proceso.
Asimismo, el amparo combate los artículos transitorios que ordenaron la suspensión por 90 días de todos los trámites y recursos de impugnación en materia de acceso a la información, así como la paralización durante 180 días de los plazos en juicios de amparo en trámite sobre transparencia y protección de datos personales mientras se creaban juzgados especializados, medida que dejó en estado de indefensión a los promoventes.
Según lo planteado por las organizaciones, la ausencia de procesos seguros para resguardar la información pública y mantener su acceso continuo trasgrede además el derecho internacionalmente reconocido a una buena administración pública.
“Desde Projuc y Article 19 reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del derecho a saber, indispensable para combatir la corrupción y la opacidad y exigir transparencia y rendición de cuentas al Estado y a quienes nos gobiernan”, expresaron ambas agrupaciones en su posicionamiento.
“Confiamos en que la Suprema Corte ejercerá su papel como garante de los derechos humanos y resolverá este asunto a favor de la Constitución y de los derechos de la ciudadanía”, añadieron.