Washington D.C.— El marcado incremento de fallecimientos de personas migrantes bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos y especialistas médicos, quienes señalan graves deficiencias en los servicios de salud y un deterioro general en las condiciones de los centros de detención durante la actual administración federal.

Un recuento realizado a partir de los registros oficiales publicadas por la propia agencia contabiliza 57 decesos entre el 23 de enero de 2025 y el 23 de agosto de 2026. Por su parte, un informe conjunto publicado por Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights (PHR) registró al menos 52 decesos hasta el 4 de junio de 2026.

Centros con mayor incidencia de decesos

El análisis de las organizaciones civiles e instituciones académicas identifica focos críticos en instalaciones de internamiento a lo largo del país:

– Adelanto ICE Processing Center (California): Registró cuatro fallecimientos entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. Las víctimas perecieron tras ser trasladadas de urgencia al hospital local Victor Valley Global Medical Center.

– Krome North Service Processing Center (Florida): Un análisis de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) identificó cuatro muertes bajo custodia en este complejo de Miami entre enero de 2025 y julio de 2026.

– Camp East Montana (Fort Bliss, Texas): Esta instalación registró tres fallecimientos desde su apertura en agosto de 2025 hasta inicios de junio de 2026, según el reporte de HRW y PHR.

Tasa de mortalidad crece 140% entre la sobrepoblación de reclusos

El informe conjunto advierte que el aumento de las muertes coincide con un acelerado crecimiento del sistema de detención migratoria. La población bajo resguardo de ICE pasó de 40 mil a más de 71 mil personas —un incremento del 77%—, mientras que la tasa de mortalidad aumentó cerca de un 140%.

Un análisis médico sobre 39 expedientes disponibles reveló posibles negligencias y demoras en el acceso a servicios de urgencia. Entre los casos documentados destaca el de Maksym Chernyak, ciudadano ucraniano de 44 años que sufrió un accidente cerebrovascular y cuya muerte se atribuyó a la tardanza en su traslado a un hospital especializado. Asimismo, la familia de Lorenzo Antonio Batrez Vargas, de 32 años, denunció opacidad tras su deceso por COVID-19 luego de permanecer 12 días aislado sin acceso a reportes médicos claros.

Exigen supervisión independiente y reducción de detenciones

Tanto Human Rights Watch como Physicians for Human Rights denunciaron que la falta de transparencia y el retraso en la publicación de reportes oficiales dificultan deslindar responsabilidades sobre la atención brindada a los internos.

Ante este escenario, las organizaciones solicitaron formalmente al gobierno estadounidense reducir el volumen de detenciones migratorias, garantizar mecanismos de supervisión independiente y reformar de manera urgente los protocolos sanitarios en los recintos federales.

Con información de N+ UNIVISION