México, DF.- El juez federal encargado del proceso de conciliación de Mexicana de Aviación aplicó el criterio contenido en las recientes reformas a la Constitución, acerca de que todos los juzgadores del país deben garantizar el respeto a los derechos humanos.

Por ello requirió de nueva cuenta a los secretarios de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, para que expliquen los motivos del desalojo de pilotos de esa aerolínea durante diversas manifestaciones el pasado 9 de noviembre.

En un acuerdo publicado hoy, “en sintonía con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en particular con el artículo Primero”, el juez requirió a los funcionarios para que en un plazo no mayor a 24 horas envíen un segundo informe sobre los hechos.

En este sentido, añadió que “la función más importante e imprescindible dentro de un Estado que se jacta de ser protector de los derechos humanos”, es que las autoridades “supervisen que el actuar de sus agentes, se ajuste o compatibilice con los tratados internacionales de derechos humanos”.

Requirió a Marcelo Ebrard para que informe quién ordenó el desalojo con el uso de la fuerza pública de las personas que se manifestaban “en ejercicio de su derecho fundamental a manifestarse consagrado en el artículo Noveno de la Constitución”, en las afueras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Asimismo, a Genaro García Luna para que explique la presencia de elementos de la Policía Federal en la Base de Mantenimiento de Mexicana MRO, “apercibidos que de no hacerlo en sus términos se les impondría una multa equivalente a 250 días de salario mínimo” a cada funcionario.

Dijo que la represión a la manifestación “no es un hecho aislado”, pues incide de forma directa en los interesados en el procedimiento concursal, debido a que “las justas demandas de los trabajadores manifestantes fueron suprimidas con la violencia y el temor”.

Subrayó que las autoridades de todos los órganos de gobierno, deben vigilar que los agentes policiacos no incurran en cualquier acto u omisión que afecte los derechos humanos, toda vez que las autoridades reconocieron los hechos, bajo el argumento de restablecer el orden y la paz pública, así como prevenir la comisión de delitos.

Sin embargo, Consuelo Soto puntualizó que en el primer informe requerido, el GDF no se señala quiénes eran las personas cuya integridad se debía salvaguardar, cuál era el orden que debía restablecer o de qué forma su intervención previno la comisión de algún delito, y en caso de que así fuera, en agravio de quien se cometería.

Añadió que dada la importancia y trascendencia que tiene la empresa en concurso “la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo ese actuar, pues los hechos fueron difundidos por la televisión, prensa y radio”.

El juzgador enfatizó que la Ley de Concursos Mercantiles le confiere facultades suficientes para emitir los acuerdos pertinentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre los contendientes, “entre ellos los pilotos trabajadores de la concursada”.