Cancún.- Legisladores federales de los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), responsabilizaron al ex gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, y al actual mandatario estatal, Roberto Borge, de dar entrada al megaproyecto “Dragon Mart Cancún” y emitir la autorización en materia de impacto ambiental para la obra, en contravención con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) vigente en su momento.

El senador por Yucatán, Daniel Ávila, y la diputada por Quintana Roo, Graciela Saldaña, acusaron a González Canto y a Borge Angulo de impulsar y proteger a la sociedad mercantil “Real Estate Dragon Mart Cancún”.

González Canto -recordó Ávila-, firmó con el presidente de Chinamex, Hao Feng -impulsor inicial y socio del proyecto- un Convenio de facilidades para la inversión, en materia administrativa y fiscal, el 22 de marzo de 2011.

Borge Angulo expidió -a través del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA) del estado- la autorización en materia de impacto ambiental el 06 de septiembre de 2012.

“Son responsables el ex gobernador de Quintana Roo, hoy senador por Quintana Roo (Félix González Canto), que firmó el convenio con los chinos. Hay que preguntar qué pasó con ese convenio”.

“Y el propio gobernador actual, autor intelectual del proyecto que iba a perjudicar a todo el ecosistema del estado. Beto Borge Angulo. No vamos a descansar hasta que se aplique todo el peso de la ley en contra de estas personas”, dijo el senador panista.

Ávila Ruiz, quien ofreció este miércoles una conferencia de prensa junto con la diputada del PRD, Graciela Saldaña, en la ciudad de México, destacó que además de los promotores del Dragon Mart Cancún, que han sido sancionados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), también debe castigarse a los funcionarios estatales de Quintana Roo y a los delegados federales involucrados.

“Hay funcionarios de Quintana Roo involucrados. Los que dieron los permisos locales para que pudieran entrar y deforestar el predio de 561 hectáreas; además, están los delegados de Semarnat, que en su momento se hicieron de la vista gorda para que los promotores devastaran ‘El Tucán'”, expresó.

Durante la época de la tramitación de permisos, fungían como delegados de Semarnat y Profepa, Gabriela Lima Laurents y Guy Piña, respectivamente. A nivel estatal, fue el entonces secretario de Ecología y Medio Ambiente (SEMA).

Una lucha de David contra Goliat

Omar González Castilla y Juan Pablo Ortega Ceballos, entonces director del INIRA, son los que expidieron la autorización de impacto ambiental y obstaculizaron el proceso de consulta pública, esto último denunciado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Saldaña Fraire subrayó que debe iniciarse un juicio de lesividad en contra de los funcionarios estatales y federales que permitieron el avance del proyecto, pese a violentar el marco ambiental vigente.

“El gobierno del estado violentó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Benito Juárez (Cancún) y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, ha sido omisa en dar seguimiento a dicha autorización”, sostuvo la legisladora federal.

Ambos reconocieron la determinación actual de la Profepa para ejercer las medidas necesarias para frenar un proyecto que, insistieron, violenta las leyes mexicanas y amenaza los ecosistemas ambientales de la región y la economía del país entero.

“Es una pequeña lucha que se está ganando; una lucha de David contra Goliat”.

“Todos nos decían que estábamos locos, que no íbamos a ganar frente al dinero de los chinos y promotores; no obstante, a más de dos años y medio de lucha, finalmente se clausuró totalmente el proyecto. No vamos a descansar hasta que sea cancelado definitivamente”, manifestó el senador Ávila Ruiz.

Está pendiente, recordaron, la resolución sobre la denuncia penal que la Profepa interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR), en octubre pasado, por la remoción sin autorización de vegetación forestal en el predio de 561 hectáreas, en donde se encontró humedal, especie protegida por las leyes mexicanas.

Juicio contra delegación de Profepa

Por separado, el CEMDA reconoció otra de las acciones emprendidas por la Profepa, en torno al Dragon Mart Cancún, consistente en el inicio de un juicio de lesividad en contra de la propia delegación de la dependencia, en Quintana Roo.

La Procuraduría consideró que “las inspecciones realizadas en 2012 fueron insuficientes, superficiales y omisas en la determinación del tipo de suelo que, a todas luces, de las nuevas inspecciones se aprecia que son terrenos forestales, ecosistemas costeros y humedales”, lo cual fue denunciado en su momento por el CEMDA.

La coordinadora regional de la agrupación, Alejandra Serrano, explicó que el juicio de lesividad inicia

lff