Nueva York, EU.– En una decisión que impacta directamente la política comercial de la Casa Blanca, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos falló este jueves 7 de mayo en contra de los aranceles globales del 10 % impuestos recientemente por el presidente Donald Trump. La sentencia determina que el Ejecutivo no justificó adecuadamente el uso de facultades especiales bajo la legislación vigente.

El fallo: Un límite al poder ejecutivo

Con una votación de 2 a 1, el tribunal favoreció la impugnación presentada por un grupo de pequeñas empresas. El argumento central de la sentencia es que la administración Trump incurrió en un uso indebido de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Dicha normativa faculta al presidente para imponer gravámenes por un periodo máximo de 150 días, pero solo bajo circunstancias específicas:

– Corregir déficits graves en la balanza de pagos.

– Evitar una depreciación inminente del dólar.

No obstante, los magistrados determinaron que la naturaleza de los déficits comerciales citados por el mandatario en su orden de febrero no corresponde a los supuestos previstos en la ley de los años 70.

El trasfondo: La disputa por la Ley de Emergencia

Las empresas demandantes sostuvieron que estos nuevos aranceles, que entraron en vigor el 24 de febrero, fueron un intento de la Casa Blanca por evadir un fallo previo de la Corte Suprema.

El año pasado, el máximo tribunal ya había anulado los aranceles de 2025 impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, obligando a la administración a buscar rutas legales alternativas que hoy vuelven a ser bloqueadas.

Disidencia en el estrado

A pesar del fallo mayoritario, uno de los jueces emitió un voto disidente, argumentando que conceder la victoria a las empresas demandantes en esta etapa del proceso resultaba “prematuro”. Esta postura podría dar pie a que el Departamento de Justicia busque una apelación en instancias superiores.

Por ahora, la sentencia representa un alivio inmediato para los importadores y pequeños empresarios, quienes han advertido sobre el impacto inflacionario de estos recargos en la economía nacional.