Ciudad de México.- El Canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con los representantes de México en los dos litigios presentados contra armerías de Estados Unidos, para definir los siguientes pasos a seguir en las demandas.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los abogados del despacho Shadowen PLLC y de la organización Global Action on Gun Violence, Steve Shadowen y Jonathan Lowy, respectivamente, viajaron a México para informar del avance que han tenido los procesos que se desahogan en Boston, Massachusetts, y Tucson, Arizona.

“ Los abogados informaron a De la Fuente los avances procesales relevantes que han tenido ambos litigios, así como de la preparación de acciones futuras”, indicó la SRE.

Por su parte, el Canciller transmitió el apoyo del Gobierno federal a ambos litigantes para avanzar en los procesos, considerados como estratégicos para detener el flujo de armas.

En la reunión también estuvo presente el consultor jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha.

En 2021, el Gobierno mexicano presentó una demanda civil en contra de Smith & Wesson, Barret, Beretta, Century International Arms, Colt, Glock, Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group al considerar que han sido negligentes debido a que, a sabiendas de que sus armas son utilizadas en el País por integrantes del crimen organizado, las producen y dirigen al consumidor mexicano.

En 2022, se presentó una nueva demanda, esta vez contra cinco tiendas de venta de armas ubicadas en Arizona, bajo el mismo argumento.

El pasado 4 de marzo, resaltó la Cancillería, se celebró una audiencia sin precedentes ante la Suprema Corte de Estados Unidos en la que la representación legal mexicana expuso el caso contra las empresas manufactureras y distribuidoras de armas.

“ Personal de la Consultoría Jurídica y del equipo jurídico que representa a nuestro País sostuvieron diversas reuniones de trabajo con autoridades federales y locales para colaborar durante la etapa de recolección de evidencia, en la que México obtendrá información para probar la conducta negligente de las cinco tiendas demandadas”, detalló la secretaría.