Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia revisará si la desaparición del Programa de Estancias Infantiles, ordenada en 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y su reemplazo por un nuevo programa de pagos directos a las familias, viola los derechos humanos de los padres, madres y niños beneficiarios.

Por tres votos contra dos, la Primera Sala de la Corte aceptó la solicitud del Ministro Juan Luis González Alcántara para reasumir competencia sobre el amparo promovido en abril de 2019 por la estancia Madagascar de la Ciudad de México, así como por 67 familias que usaban sus servicios.

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Este asunto permite a esta Suprema Corte analizar, con especial énfasis, la forma en que debe interpretarse el Artículo 18, párrafo tercero, de la Convención sobre los Derechos del Niño en lo que respecta al derecho de los progenitores y tutores a beneficiarse de servicios e instalaciones de guarda para niños.

 

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Lo anterior para determinar si los programas de subsidios establecidos en los actos impugnados cumplen con dicha norma internacional”, afirmó la mayoría.

La solución del recurso permitirá a la Corte definir los alcances del deber de asistencia del Estado para los progenitores y tutores en la crianza y desarrollo de los niños. 

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También permitirá establecer una serie de indicadores que garanticen si las medidas adoptadas son efectivas y consistentes con los derechos de los niños previstos en la Constitución y diversos tratados internacionales”, agregó.

El Gobierno reemplazó el programa de estancias con otro conocido como Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, que entrega dinero a padres y madres de familia, en vez de financiar las guarderías.

Lo que la Corte analizará, por tanto, son las Reglas de Operación de este programa, que para 2023 repartirá 2 mil 926 millones de pesos.

Si la Corte concede el amparo, solo beneficiaría a la estancia Madagascar, aunque un criterio adoptado por al menos cuatro ministros de la Sala, sería obligatorio para los jueces que conozcan de futuros amparos por este tema. 

Abigaíl Loera Guillén, representante de la estancia, fue quien solicitó a la Corte asumir el caso, pero al no estar legitimada, González Alcántara hizo suya la petición y la presentó a sus colegas. 

La Sala resolvió el 12 de abril, y requirió el voto del ministro Javier Laynez, integrante de la Segunda Sala, para romper un empate a dos. Arturo Zaldívar, el otro integrante de la Primera Sala se había declarado impedido para conocer del caso.