De las tres acusaciones del “lavado de dinero de los cárteles” que lanzó esta semana el Departamento del Tesoro contra igual número de instituciones financieras mexicanas, la más grave y delicada es sin duda la que recae sobre la Casa de Bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo. Porque el empresario regiomontano está en la mira de la Administración Trump, no por sus negocios o su fortuna, sino por el vínculo directo que lo vincula al expresidente López Obrador y al partido Morena, del cual Romo fue promotor, operador y financiero de la campaña presidencial de 2018.

Porque al hacer públicas sus investigaciones sobre las operaciones “sospechosas” de la Casa de Bolsa de quien fuera el jefe de la Oficina de la Presidencia de México entre 2018 y 2023, bajo la figura del Acta Patriótica, lo que está invocando la Administración Trump es que los grupos terroristas mexicanos, denominados cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación, cártel del Golfo y cártel de los Beltrán Leyva, recibieron apoyo, a través del lavado de dinero, de Romo, que se convierte así en “colaborador” de un grupo terrorista al que le aplica la extraterritorialidad de la ley estadounidense y cualquier actividad, financiamiento o colaboración que haya realizado el empresario con otras organizaciones sociales, económicas o políticas, quedaría también bajo sospecha de “colaboración con el terrorismo”.

De inicio, el Gobierno mexicano rechazó los señalamientos y observaciones del Tesoro estadounidense, pero al mismo tiempo decidió intervenir los dos bancos y la Casa de Bolsa señalados por Washington, al mismo tiempo que afloraba un depósito de 42 millones de dólares que habría sido realizado por Genaro García Luna a Vector, que tienen documentado en Estados Unidos desde el juicio por narcotráfico en el que se condenó al exsecretario de Seguridad mexicano, y del cual, hoy se sabe, también tuvo conocimiento y lo investigó la UIF mexicana en el 2024.

Y ahí es donde el tema del Acta Patriótica vuelve a cobrar relevancia, porque si no existiera esa ley, Alfonso Romo podría alegar que él no estaba enterado de la procedencia del dinero de García Luna o de otras operaciones que le estén siendo observadas, y eso bastaría para que, por presunción de inocencia, las acusaciones pudieran ser desestimadas. Pero con el Acta que se aprobó después de los atentados terroristas de 2011 y el estado de excepción que conlleva su aplicación, la sola “sospecha” basta para que se pueda acusar e investigar a Romo y a su empresa financiera de “colaboración con el terrorismo”, y la carga de la prueba recae sobre él y no sobre el Departamento del Tesoro.

Eso es lo que no están entendiendo en Palacio Nacional ni la Presidenta ni su secretario de Hacienda y mucho menos sus operadores políticos o diplomáticos. Bajo los preceptos del Acta Patriótica, el Tesoro y el Gobierno estadounidense no están obligados a mostrar prueba alguna y mucho menos al Gobierno mexicano, y les basta la “sospecha” que ya documentaron en el informe del FinCen, para considerar al empresario mexicano como “colaborador del terrorismo” e investigar todos sus movimientos financieros y actividades para descubrirle vínculos con otras organizaciones.

Y ahí es donde viene el peligro para Morena, López Obrador y para la 4T en su conjunto: si se llega a probar o a encontrar que Alfonso Romo, a través de alguna de sus empresas o él mismo desde sus cuentas personales realizó algún tipo de aportación, depósito o transferencia de recursos al partido Morena, durante la campaña presidencial de 2018 o en cualquier otro momento, eso bastaría para que el partido gobernante en México, hoy todo poderoso, pudiera ser señalado también por el Gobierno de los Estados Unidos como “colaborador del narcoterrorismo”, con el que ya se vincula al empresario, amigo y exjefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel.

Hacia allá es a donde apunta todo el entramado financiero que están tejiendo e hilando fino en Washington, y eso es lo que nadie, ni la Presidenta ni sus asesores y colaboradores parecen estar entendiendo o al menos eso aparentan en público. Porque salir a exigir que “nos entreguen pruebas” o “nos den más información” no es una respuesta ni inteligente ni adecuada para el tamaño de las intenciones que esconde el fuerte golpe que le asestó Washington a las empresas financieras mexicanas.

Mucho menos es muy brillante repetir, como lo hacía el expresidente, eso de que “no somos piñata de nadie”, cuando cada vez es más claro que la Administración Trump, por más que mantenga la formalidad del “diálogo y la cooperación”, tiene una estrategia abierta y deliberada para proceder en contra de los cárteles de la droga mexicanos y contra todos aquellos que protejan, defiendan o mantengan cualquier tipo de vínculo, ya sea político, económico o financiero, con esas “organizaciones terroristas”, consideradas enemigas o adversarias de los Estados Unidos y sus ciudadanos.

Por eso no fue ni casual ni menor la declaración que hizo la Fiscal General de Estados Unidos, quien incluyó a México, junto con China y Rusia, como “adversario” o enemigo de su país y lo hizo justo el mismo día en el que se dio a conocer el informe del FinCen contra la empresa de Alfonso Romo y otros dos bancos mexicanos (Intercam y CIBanco), a los que se acusó de “lavar dinero de los cárteles mexicanos y facilitar el tráfico de fentanilo”, un día antes de que se conmemorara el Día Internacional contra el Tráfico ilícito de drogas instituido por la ONU.

Y, otra vez, la respuesta de la Presidenta en su conferencia mañanera, acusando a la fiscal Bondi de “estar desinformada”, no sólo fue inadecuada y casi infantil, sino que exhibió que la Gobernante no está entendiendo nada, ni ella ni sus asesores, sobre lo que está armando la Casa Blanca en contra de su Gobierno y su partido. La respuesta de Sheinbaum de que “México no es piñata de nadie” suena insuficiente, cuando en realidad el país podría estar convirtiéndose en el blanco principal de la cruzada de Trump contra el “narcoterrorismo” mexicano.