Río de Janeiro.- La presidenta brasileña Dilma Rousseff celebró hoy una reunión con parte de su gabinete para tomar acciones destinadas a frenar la caída de popularidad del Ejecutivo y contener la crisis política por la falta de apoyo a sus planes en los partidos políticos aliados.

Se trata de la tercera reunión que Rousseff convoca con sus ministros en apenas tres semanas, mientras el clima en el Ejecutivo se torna más complejo por los malos indicadores económicos, las disputas en el Congreso –que frenan la aprobación de medidas por parte de Rousseff- y la caída de la popularidad.

Nueve ministros y el vicepresidente Michel Temer participaron este día en “la encerrona” en la sede de la presidencia brasileña, el Palacio del Planalto, donde Rousseff pidió una vez más que haya una contención del gasto público.

La cita fue celebrada un día después de que las encuestas volvieran a mostrar la inconformidad de la población con la mandataria.

Un sondeo publicado ayer señaló que el 84 por ciento de los brasileños estima que Rousseff conocía el escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras, mientras el 61 por ciento de los entrevistados por el Instituto Datafolha piensa que la presidenta permitió sin hacer nada que se sucedieran los desvíos de dinero en la compañía.

Otra encuesta señaló la semana pasada que la aprobación del gobierno de la presidenta, reelegida hace apenas cinco meses, cayó al 13 por ciento, y el 86 por ciento de brasileños considera su gestión “mala” o “regular”.

De esta forma, el rechazo popular al gobierno de Brasil es el mayor desde 1992, cuando Fernando Collor de Mello fue obligado a dimitir por el Congreso a causa de los escándalos de corrupción.

En un clima de débil crecimiento económico y de escándalo mediático por la imputación de decenas de políticos en la trama de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, dos millones de personas salieron a las calles el pasado 15 de marzo para protestar, y se espera un nuevo acto masivo en abril.

Rousseff multiplicó desde entonces sus apariciones públicas, y la semana pasada envió al Congreso un paquete de reformas para luchar contra la corrupción, penalizando por ejemplo la existencia de ‘cajas B’ -es decir, la contabilidad paralela- en las formaciones políticas.

Sin embargo, el frágil apoyo a Rousseff en el Congreso, donde su formación, el Partido de los Trabajadores (PT), maniobra para tener una mayoría con múltiples acuerdos con formaciones, puede poner en peligro los planes de la presidencia.

El aspecto de mayor divergencia es el recorte en el gasto presupuestario, cometido del ministro de Hacienda, Joaquim Levy, quien estima que el país debe realizar un recorte en sus cuentas de unos 20 mil millones de dólares.

Ello como consecuencia de que Brasil tiene uno de los mayores déficits nominales -que incluye el pago de los intereses de la deuda- del mundo, en torno al 6.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), un dato muy por encima de la media de los países emergentes (1.9 por ciento), según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, el PT y sus bases aliadas temen que, en un clima de contracción económica, ello provoque un impacto en el gasto social, repercutiendo en su base electoral.

Así, varios congresistas del propio PT se manifestaron en contra de las iniciativas de reducir el gasto, y algunas formaciones aliadas amenazan con retirar el apoyo a partido gobernante si no hay un cambio de rumbo.