La autoridad judicial determinó que el Estado cuenta con un plazo de 24 horas a partir de ser informado para dar a conocer el cumplimiento de esta disposición.

El documento emitido por el juez federal especifica que la suspensión de plano a Transportes Progreso es exclusivamente para efecto de que no se proceda con la requisa o confiscación de sus bienes.

Sin embargo, a pesar de este anuncio, no se especifica si el Instituto de Movilidad debe devolver el control de la ruta al permisionario, ya que previamente informó que solo se había recibido una amenaza de requisa.

El pasado 1 de julio, el gobierno de Nuevo León requisó la ruta 400, que cubre el trayecto de Santa Catarina al centro de Monterrey, por aumentar de manera injustificada la tarifa de transporte, y mantenerla, por al menos 3 días, en 15 pesos para pago en efectivo.

Información por Milenio