Ciudad de México.- De concretarse el Plan B de la Reforma Electoral, las consultas populares serán permitidas en materia electoral, pero quedan excluidos los rubros del Artículo 41 constitucional, como es la renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo, la estructura del INE y el financiamiento público de los partidos.

Con esto, se permitirá que “ciudadanos” puedan solicitar una consulta popular para la revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, para el tercer o cuarto año de Gobierno, y que se realice el primer domingo de junio.

La primera Mandataria busca que sea el 6 de junio del 2027, junto con las elecciones federales y locales, y no hasta el 2028 como está reglamentado.

El Gobierno federal también analiza modificar el calendario de la reforma judicial para que 850 juzgadores que inicialmente serían elegidos por voto popular en junio de 2027, sean votados hasta 2028, dada la complejidad electoral del próximo año.

Para 2027 ya están previstas elecciones federales para renovar los 500 diputados, 17 gubernaturas, 31 congresos estatales y ayuntamientos en la mayoría del país. Además, en 24 entidades también se contemplan elecciones judiciales.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que si bien el cambio de fecha está sobre la mesa, la modificación no formará parte del paquete que enviará el Ejecutivo, sino de una propuesta posterior.

Dado que la ley permite ajustar las reglas electorales hasta 90 días antes del inicio del proceso electoral, cualquier modificación para 2027 deberá darse antes del 31 de mayo.

Legisladores de Morena, PVEM y PT coincidieron en que en la mesa de negociación se discutieron varias salidas para no atentar contra los partidos políticos.

Por ejemplo, que cualquier consulta popular sobre temas electorales tenía que ser aprobada por una mayoría calificada en ambas cámaras, pero el Gobierno advirtió que tenía “complicaciones evidentes”, quedaba en manos de aliados.

Sin embargo, tras muchas horas de discusión, el planteamiento que más convenció fue el tercero: que nada de lo que establece el Artículo 41 de la Constitución podrá ser materia de consulta popular. 

Con esto queda atrás la intención de la Presidenta de que los ciudadanos decidan sobre el destino de los recursos que reciben los partidos, por lo que la legislación se mantiene y cada año tendrán más financiamiento público.

¿Nueva batalla?

Tambalean PT y PVEM

Al interior del PVEM y PT existe la inconformidad de permitir que la revocación de mandato se realice el tercer año de Gobierno, el primer domingo de junio. Esto porque empataría con la elección intermedia, por ejemplo, la del 2027, y el Presidente de la República en turno estaría en la boleta, beneficiando al partido en el Gobierno.

Petistas consultados aseguran que legisladores de su partido podrían votar en contra si se mantiene dicha redacción, pues podrían transitar si el ejercicio se realiza el tercer año, pero en agosto.

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Sí compartimos que sea el tercer o cuarto año de Gobierno, pero lo único que planteamos es que no puede ser el día de la elección, sino en agosto. En este caso, la Presidenta está identificada con Morena, y beneficiaría a ese partido. Y dijimos que ahí no avanzaríamos con ellos”, dijo uno de los petistas consultados.