México, D.F.- Por realizar transferencias bancarias injustificadas a sus cuentas personales, nueve servidores públicos fueron sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), cinco de ellos con denuncias penales que pueden alcanzar hasta 14 años de cárcel, por haber provocado un daño patrimonial de 930 mil pesos.

La SFP informó que los involucrados estaban en la nómina de Caminos y Puentes Federales (Capufe), en la gerencia de Tramo Oaxaca y fueron sancionados económicamente con 4.5 millones de pesos, además de que seis fueron inhabilitados y el resto, suspendidos.

La asistente de proyectos de gerencia de Tramo de Capufe, María Patricia Iniestra, utilizó una clave electrónica bancaria de un ex funcionario para hacer transferencias a su cuenta personal y la de su esposo, Silvano Federico Mexiueiro, quien laboraba en la gerencia como analista de operación.

Tras una auditoría, Iniestra fue destituida del cargo e inhabilitada por 18 años con una sanción económica de más de 1.4 millones de pesos y Mexiueiro inhabilitado por 13 años con una multa de 6 mil pesos.

La clave bancaria estaba asignada para el pago de la nómina de los trabajadores y otros servicios, por lo que el personal involucrado alteraba los estados financieros del Capufe con documentos apócrifos para justificar gastos de operación de la gerencia.

Otros tres implicados son el titular de la Superintendencia, José Luis Flores Rivera, inhabilitado por 13 años, con una sanción económica de 206 mil pesos; Elpidio Gatica, técnico especializado que fue inhabilitado por 13 años, con una multa de más de 361 mil pesos.

Una más de las que recibió depósitos en sus cuentas personales es María Mendoza Jiménez y deberán pagar multas por un monto total de 611 mil pesos.

Asimismo, por omisión en cuanto a sus tareas de supervisión del trabajo de los involucrados fueron también sancionados el subgerente de Administración Fernando Ramos Viveros, quien fue inhabilitado por tres años y se le impuso una sanción económica por 206 mil pesos.

También el gerente de Tramo Oaxaca, Patricio Gómez Torres, el subgerente de Administración Juan Manuel González Urbieta y el superintendente de Recursos Financieros de Capufe José Luis Flores Rivera fueron suspendidos, entre 30 y 45 días, y deberán pagar sanciones económicas correspondientes al perjuicio que permitieron por omisos.

Además de las sanciones administrativas, el organismo afectado denunció penalmente por peculado a cinco de los servidores públicos involucrados, quienes podrían ser sancionados con penas que van desde los tres meses hasta los catorce años de prisión.

“Para prevenir y evitar nuevas conductas o actos ilícitos de esta naturaleza en el futuro, las Gerencias y Delegaciones Regionales de Capufe trabajan en el establecimiento de un sistema para el control de sus cuentas bancarias”, informó la SFP.