Saltillo, Coahuila.- El 14 de octubre del año pasado, la diputada Delia Hernández Alvarado (Morena) propuso reformar el Código Penal para sancionar con cárcel y multa a padres o tutores de menores de edad que permitan que estos conduzcan motocicleta, iniciativa que sigue sin dictaminar.

““La propuesta surgió precisamente de la preocupación ante los accidentes en los que se encuentran involucrados menores de edad, y de la necesidad de generar mecanismos de responsabilidad para los adultos que permiten o facilitan estas conductas”.

Propuso adicionar el Artículo 211 Bis para castigar con multa y seis meses a tres años de prisión al padre, madre, tutor o persona que ejerza la patria potestad y que permita a un menor manejar este tipo de unidades, sin contar con la licencia o permiso correspondiente.

““La iniciativa también contempla una visión preventiva y de protección hacia los propios menores, mediante su canalización ante las autoridades competentes en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, particularmente la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, PRONNIF, cuando las circunstancias del caso así lo ameriten”.

Enfatizó que se respetan los tiempos y procedimientos legislativos, pero también se tiene claro que la vida y la integridad de los menores no pueden esperar indefinidamente,

““No se trata de criminalizar a nuestros menores, ni de realizar acciones meramente recaudatorias. Se trata de protegerlos, se trata de evitar que una conducta de riesgo termine convirtiéndose en una tragedia irreversible: la prevención debe llegar antes que la ambulancia, antes que la carpeta de investigación y, sobre todo, antes que el dolor de una familia que pierde a uno de sus integrantes”.

Urgió a que la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, así como las áreas municipales de seguridad pública, tránsito y vialidad municipales, refuercen la vigilancia y las acciones de prevención para evitar que menores de edad conduzcan motocicletas.

““Y cuando sean detectados, se apliquen las medidas y sanciones que correspondan conforme a la legislación vigente, incluyendo las responsabilidades que pudieran derivarse para las personas adultas que permitan o faciliten dicha conducta, así como la atención y canalización de los menores y sus familias a las instancias competentes”.

Se han realizado campañas de concientización y de prevención, pero son insuficientes para contener el problema y la presencia de menores conduciendo este tipo de unidades evidencia la necesidad de fortalecer la vigilancia y aplicar sanciones.