Ciudad de México.– El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que las recientes sanciones financieras impuestas por el Departamento del Tesoro contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas transnacionales dedicadas al robo y tráfico de combustible constituyen una prueba contundente del compromiso de la administración del presidente Donald Trump para combatir las estructuras financieras de los cárteles y frenar el flujo de fentanilo.

El pronunciamiento del jefe de la misión diplomática de Washington se dio luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) hiciera pública la congelación de cuentas y activos de los empresarios Óscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, un golpe financiero ejecutado en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.

Mensaje contundente a las redes de lavado de dinero

A través de sus canales oficiales, el embajador Johnson destacó el alcance estratégico del operativo financiero, vinculando de forma directa las ganancias del contrabando de hidrocarburos con el financiamiento de la violencia de alto impacto y la producción de drogas sintéticas.

” “Las sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas al CJNG reafirman el compromiso de Donald Trump para poner fin al tráfico de fentanilo y a la violencia que generan los cárteles”, aseveró el diplomático.

Johnson advirtió que el mecanismo punitivo envía una señal inequívoca a los actores económicos que colaboran con la delincuencia organizada en la región. Asimismo, subrayó que los esfuerzos bilaterales bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo se encuentran alineados para desmantelar de raíz estas operaciones de comercio ilícito.

El “huachicol fiscal”: La mina de oro del CJNG fuera del narcotráfico

De acuerdo con el informe de la OFAC, la red desarticulada operaba mediante la adquisición legal de combustible en territorio estadounidense, el cual era posteriormente introducido a México evadiendo el pago de aranceles e impuestos especiales en complicidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La inteligencia financiera de la Casa Blanca sostiene que este esquema de contrabando —conocido como “huachicol fiscal”— genera miles de millones de dólares en ganancias y se ha consolidado como la actividad económica lícita-ficticia más lucrativa para el CJNG, organización catalogada por Washington como un grupo terrorista transnacional.

Dentro de los objetivos designados destaca Óscar Guillermo Juraidini Silva, alias El Juraidini, identificado por las autoridades como un prominente contador y el presunto cerebro financiero de la organización criminal.

Según el Departamento del Tesoro, Juraidini Silva utilizaba su perfil empresarial para tejer e instrumentar la compleja infraestructura logística y de facturación que permitía el lavado de los activos energéticos en el circuito comercial formal de ambos países.