Los Ángeles.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó este miércoles que la mexicana Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la Guardería ABC en Sonora, donde en 2009 murieron 49 niños durante un incendio, se encuentra en proceso de deportación.

Un portavoz del ICE declaró que Téllez Nieves fue detenida el pasado 15 de enero por las autoridades de Inmigración en Arizona y ha permanecido bajo su custodia a la espera de su deportación.

El funcionario federal agregó que EU tiene conocimiento de que la mujer, de 51 años, es objeto de una Notificación Roja de Interpol y es buscada en México por abuso de autoridad, homicidio y lesiones por negligencia, en relación con un incendio ocurrido en 2009 en la Guardería ABC.

La confirmación de su proceso de deportación se da después de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informara la semana pasada que su gobierno pedirá la extradición a México de Téllez Nieves.

Sheinbaum hizo el anuncio luego de que padres de las víctimas y supervivientes informaron que la mexicana estaría solicitando un asilo político en EU, bajo el argumento de que su vida corre peligro en México.

Téllez Nieves es señalada en la tragedia, como socia dueña de la Guardería ABC. En 2016, la detenida fue sentenciada a 28 años, 11 meses y 4 días de cárcel, pero -tras varias apelaciones y amparos- su condena fue reducida a 5 años y 7 meses de prisión, aunque se encontraba prófuga de la justicia.

Desde febrero de 2022, Téllez Nieves tiene una orden de reaprehensión.

El 5 de junio de 2009, en Hermosillo, capital del norteño estado de Sonora, un incendio que comenzó en una bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal se propagó hacia la Guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En la conflagración fallecieron 25 niñas y 24 niños menores de cinco años, sobrevivieron más de 70 con quemaduras severas y más de 39 con afectaciones en su organismo.

La guardería tenía las salidas de emergencias bloqueadas e incumplía con las medidas de seguridad, pero nadie está en prisión por su responsabilidad en los hechos y, aunque se han fijado responsabilidades a más de 20 exfuncionarios públicos, muchos han muerto y quienes están vivos no han recibido sentencia.