Bogotá, Colombia.– El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reúne este miércoles con sus ministros, el cuerpo diplomático y organismos internacionales en la frontera con Venezuela para llamar la atención de la comunidad internacional sobre los efectos humanitarios de la crisis con el país vecino.

La reunión está prevista para las 14H00 locales (19H00 GMT) en la ciudad fronteriza de Cúcuta, noreste, para que los convocados “constaten directamente lo que está sucediendo” en una crisis que ya deja 11.000 colombianos afectados según la ONU, dijo Santos en alocución pública en la noche del martes.

El encuentro tendrá lugar tras el “revés”, como lo calificó el propio mandatario, sufrido por Colombia luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazara el pasado lunes su pedido de una reunión extraordinaria de cancilleres para discutir el tema.

Colombia no logró obtener una reunión de emergencia esta semana de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) sobre el cierre parcial de la frontera por Caracas y la deportación de miles de colombianos de Venezuela.

“Seguiremos denunciando y reclamando por la dignidad y los derechos de los colombianos en cuantos escenarios sea posible”, agregó Santos, a la vez que aseguró que su gobierno recurrirá al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

Por otro lado, la fiscalía colombiana contempla “presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra miembros de la cúpula civil y militar del Gobierno venezolano”, añadió Santos, por “la deportación o traslado forzoso de población de colombianos, quienes fueron objeto de expulsión y otros actos violatorios del derecho internacional”.

La tensión bilateral comenzó el 19 de agosto con el cierre de algunos pasos fronterizos tras un ataque a militares venezolanos durante una operación anticontrabando, que en su momento Maduro atribuyó a “paramilitares colombianos”.

La medida fue seguida por la declaratoria venezolana de estado de excepción en diez municipios limítrofes y el llamado a consultas de los embajadores de ambos países.

El estado de excepción prohíbe el porte de armas y las “reuniones públicas que no hubieren sido previamente autorizadas”, al tiempo que permite allanamientos y escuchas telefónicas sin orden judicial.

Desde entonces y en ese marco, Venezuela ha deportado unos 1.100 colombianos, mientras otros 10.000 han cruzado la frontera por temor a ser expulsados sin sus familias y pertenencias, según la ONU.

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