Ecuador.- Sarita fue violada a partir de los 10 años por su propio padre, en una humilde localidad de las montañas de Ecuador, en la cordillera de los Andes; fue madre a los 13 años de edad.

Reveló a la BBC que al igual que su hermana, también menor de edad, era víctima de incesto y nadie lo sabía; no entendía por qué su padre “la agarraba” pese a que ella decía que no.

A los 12 años ni siquiera sabía por qué estaba embarazada, solo sabía que le crecía la panza y no entendía por qué. Finalmente, tras parir a los 13 años de edad, dejó a su hija bajo un puente, pero como nadie la recogió y se la volvió a llevar consigo.

Narra que su madre sintió celos pese a ser su propia hija cuando supo de los hechos y prefirió callarse, aun cuando el violador “es el hombre de la casa” y su mamá, también fue abusada.

Aborto en Ecuador

El 28 de abril la Corte Constitucional de Ecuador decidió despenalizar el aborto en todos los casos de violación y no solo cuando las víctimas eran mujeres con discapacidad mental, como hasta entonces recogía el Código Penal.

El fallo generó el enfrentamiento entre defensores y detractores de la despenalización que ha tenido lugar en los últimos años en otros países de América Latina.

Pero también recordó a Ecuador el infierno de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, especialmente en las zonas rurales y marginales, cuyos agresores son —en su mayoría— padres, tíos, hermanos, abuelos, padrastros.

Niñas que, como le indica a BBC Mundo la abogada Ana Vera de Surkuna, una organización de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, “tienen una falta de información tan brutal que no saben que su cuerpo va a cambiar, entonces no se dan cuenta hasta que el embarazo está muy avanzado”.

Incesto

En Ecuador el incesto se ha estudiado poco debido a que no está tipificado como delito, aunque sí se considera un agravante en delitos contra la integridad sexual y reproductiva, señala la psicóloga Fernanda Porras en el estudio “Cuerpos que sí importan”.

En cuanto a factores que hicieron que se normalizara en ciertas zonas está la idea de que es un problema que debe ser tratado al interior de la familia, así como la dependencia económica y emocional de las víctimas y sus madres con el agresor.

Para Ana Vera, el hecho de que ni el sistema de salud, ni el educativo ni la Justicia detectaran en su día el abuso a cuatro niñas (Sarita, sus dos hermanas y su prima) muestra la ineficacia del Estado para proteger a las menores, especialmente en zonas rurales.

A partir de la adopción de convenios y tratados internacionales, el Estado ecuatoriano comenzó hace 40 años a tomar medidas para terminar con la violencia de todo tipo contra las mujeres, adolescentes y niñas.

Se crearon comisarías para la mujer y unidades especializadas en la Fiscalía.

En 2007 la erradicación de esta violencia fue considerada, por decreto ejecutivo, una política estatal y, 11 años después, se sancionó una ley orgánica integral.

A pesar de esto, en 2016 la Fundación Desafío, una de las organizaciones que promovió la acción que culminó con el fallo de la Corte Constitucional, informó que Ecuador ocupaba el segundo lugar en la región (después de Venezuela) donde la tasa específica de fecundidad adolescente no había disminuido en los últimos años.