Ciudad de México.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo martes 10 de marzo un proyecto de sentencia que propone frenar una reforma vigente en Chihuahua desde 2021. La propuesta, elaborada por el ministro Arístides Guerrero García, busca invalidar la ampliación de facultades de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres, la cual actualmente también debe atender asuntos generales de “la familia”.

El proyecto responde a una acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores locales, quienes argumentan que mezclar la violencia de género con conflictos familiares genéricos constituye un retroceso institucional y vulnera el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Especialización bajo amenaza

El argumento central del ministro Guerrero García sostiene que las mujeres víctimas de violencia por razón de género tienen el derecho constitucional a ser atendidas por una institución exclusivamente especializada. Al incluir a “la familia” en su competencia, la Fiscalía pierde su enfoque diferenciado.

Puntos clave del proyecto de sentencia:

– Confusión de víctimas: El ministro señala que la violencia familiar protege a un universo plural (niños, hombres, adultos mayores), mientras que la Fiscalía Especializada fue creada bajo una obligación reforzada de atender la violencia estructural contra la mujer.

– Reproducción de estereotipos: Vincular automáticamente a la mujer con el ámbito doméstico o “la familia” invisibiliza el carácter de derechos humanos de la violencia de género y la desplaza injustificadamente a la esfera privada.

– Falta de idoneidad: La reforma no solo diluye la protección, sino que no ha logrado su objetivo primordial de reducir la criminalidad en el hogar.

Datos oficiales contradicen efectividad de la reforma

El proyecto utiliza cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para demostrar que la reforma no ha tenido un impacto positivo en la incidencia delictiva en Chihuahua:

Alcance de la resolución

De aprobarse el proyecto, se declararía la invalidez de la porción normativa “y a la familia” en las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General de Chihuahua. No obstante, el ministro plantea validar que dicha Fiscalía mantenga facultades específicas sobre los Centros de Justicia para las Mujeres en la entidad, reforzando su papel como órgano rector en la atención a víctimas de género.