Texas.- Maxwell “Max” Sterling Jensen y Zachary Golden Jensen, quienes forman parte de un esquema de contrabando de combustibles procedentes de México y están acusados de lavado de dinero, se declararon este martes no culpables en la Corte de Distrito Sur en Brownsville.

Grupo REFORMA publicó hoy que la compañía Arroyo Terminals, ubicada en el sur de Texas, en la frontera con Tamaulipas, lavó al menos 47 millones de dólares a empresas ligadas al crimen organizado en México y al contrabando de combustibles robados en el País, de acuerdo con una acusación del Gobierno de Estados Unidos en la Corte de Distrito de Utah.

Luego de que el FBI encabezó la semana pasada un operativo en instalaciones de la empresa texana, nuevos documentos judiciales dieron más detalles del modus operandi de esta compañía propiedad de la familia de James Lael Jensen y su esposa, Kelly Anne Jensen, originarios de Utah.

Ante la Corte de Utah, a su vez, se acusó a Jensen, su esposa y a sus hijos “Max” Sterling y Zachary Golden, de blanquear el dinero proveniente de la venta de combustible.

“Max” enfrenta cargos de conspiración por lavado de dinero, complicidad de contrabando de bienes a los Estados Unidos y complicidad en la entrada de mercancía mediante declaraciones falsas.

La fianza le fue negada por el Juez Federal Ignacio Torteya debido a que durante el último año el acusado ha viajado en seis ocasiones a las Bahamas, destino que está fuera de la jurisdicción de los agentes estadounidenses.

A Zachary, su hermano, el Juez le concedió una fianza de 100 mil dólares con derecho a pagar el 10 por ciento.

Estaría en libertad, pero como medida se le impuso un monitor con GPS que deberá usar hasta que concluya el juicio en su contra.

Zachary enfrenta cargos por conspirar para lavar dinero, permanecerá en su domicilio de Utah una vez que quede en libertad y sólo salir de su casa por motivos de trabajo, educación o actividades religiosas.

Sus padres James y Kelly enfrentan cargos federales al obtener la libertad bajo fianza.

De acuerdo con la acusación, todos están acusados de conspirar para lavar dinero procedente de la venta ilegal de petróleo robado en México.

Dichos pagos, según se lee en la acusación, fueron dirigidos a negocios que operan presuntamente con el permiso de organizaciones criminales mexicanas.