Ciudad de México.- Aunque sus Unidades de Investigaciones Sensibles (SIU) estuvieron penetradas por el crimen organizado al más alto nivel y su líder entre 2008 y 2016, Iván Reyes Arzate, trabajaba como informante de los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, la DEA en México niega cualquier responsabilidad en “incidentes” como la masacre de Allende.

La agencia antinarcóticos de EU sostiene que “no hay evidencia” que pruebe que desde el interior de las SIU se filtró la información que llevó a la muerte de decenas de personas en el poblado coahuilense, literalmente barrido del mapa por un comando de sicarios entre el 18 y el 20 de marzo de 2011.

Las conclusiones de la revisión hecha por la agencia estadunidense apuntan a que “no hubo ninguna evidencia que conecte a la unidad SIU de México y a la oficina de la DEA en el país con los hechos”, según se establece en la auditoría 21-109, lanzada por el Órgano Interno de Control del Departamento de Justicia.

Esa es la versión de la DEA, pero los auditores del Departamento de Justicia determinaron que la agencia antinarcóticos cometió numerosos errores que ponen en tela de juicio los resultados de su investigación.

Pese a que la pesquisa del Órgano Interno de Control no se centró en Allende, sino en la cultura corporativa y administrativa de la DEA a escala mundial, las respuestas de los agentes entrevistados y las observaciones de los auditores arrojan una nueva luz sobre cómo respondió la agencia antidrogas de EU en 2010 y 2011 e incluso dan cuenta de que también hubo errores en el manejo de ambas crisis.

Por ejemplo, en el análisis de las respuestas de la DEA el Departamento de Justicia encontró debilidades en la forma en que la oficina de la agencia en México reaccionó y determinó que “no tenía procesos establecidos para ver si hubo conexión entre los incidentes de 2010 y el 2011 con la SIU”.

Más aún, “no hay indicación de que la DEA haya intentado considerar la potencial conexión (entre la SIU y la masacre)”.

Incluso, la agencia estadunidense admitió que no investigó a fondo. “La DEA enfatizó que no tiene la autoridad legal para conducir investigaciones criminales o administrativas de personal extranjero en territorio extranjero”, argumentó.

Es decir, aun cuando les creó, entrenó y fondeó, la DEA reconoció que no revisó a profundidad si en Allende fue instrumental la actuación de las Unidades de Investigaciones Sensibles, integradas por alrededor de 250 policías federales en aquel momento.

De la auditoría se desprende que la oficina de la DEA en México tampoco consideró la masacre de Coahuila como hecho meritorio de atención de sus superiores jerárquicos en Washington.

En el caso, “no existe evidencia de que la oficina de la DEA haya notificado a (Washington) del incidente de Allende”.

Información por Milenio