Saltillo, Coah.- El Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para contar con un Gobierno más abierto al escrutinio ciudadano.

De esta manera, se extingue el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información y los derechos laborales de las personas servidoras públicas del ICAI serán respetados en términos de la legislación aplicable.

Los nuevos ordenamientos garantizan el derecho humano de acceso a la información pública, a través de los órganos encargados de la Contraloría o equivalentes en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los propios ayuntamientos y órganos autónomos.

Para esto se creará el Comité de Transparencia y el Consejo Estatal de Transparencia, responsables de supervisar, vigilar y coordinar los procesos relacionados con la transparencia y acceso a la información pública.

Consejo Estatal de Transparencia

El Consejo lo integrarán la secretaría encargada del control interno del Poder Ejecutivo, que lo presidirá, así como representantes de control interno de los poderes Legislativo y Judicial, de los organismos públicos autónomos y cinco representantes de los ayuntamientos, uno por cada región.

El Consejo Estatal de Transparencia sesionará trimestralmente de forma ordinaria y de forma extraordinaria, cuando así lo requiere su presidente o al menos cinco de los miembros.

Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público la información, los temas, documentos y políticas a través sus portales de internet, así como promover el ejercicio de los derechos de acceso a la información.

Los ordenamientos legales se armonizan con la legislación federal y garantizan el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública, al establecer procedimientos claros, plazos definidos y obligaciones precisas a los sujetos obligados, con mecanismos de revisión accesibles para la ciudadanía.

Cultura de la transparencia

El contenido de las nuevas leyes, propuestas por el gobernador Manolo Jiménez, elimina lagunas normativas, para dar certidumbre a los sujetos obligados y a la propia ciudadanía, a fin de fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas.

“Legislar en materia de transparencia y datos personales representa una apuesta por la consolidación de un gobierno abierto, donde la información pública no sólo es accesible, sino también útil para la participación ciudadana, el control social y la prevención de la corrupción, para una gestión pública más transparente y eficaz”.

“Además, estas iniciativas atienden al principio de progresividad de los derechos humanos, al ampliar las garantías, asegurar su exigibilidad y establecer procedimientos más expeditos”, señala el dictamen de aprobación.

Órgano autónomo

Además, con reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública de Coahuila, se creará un órgano garante local, con autonomía técnica, de gestión y decisión, en concordancia con el Sistema Nacional de Transparencia, para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Al mismo tiempo, se refuerza la seguridad jurídica de las personas en el tratamiento de su información personal, en un contexto donde las tecnologías digitales han ampliado los riesgos de vulneración de la privacidad.

Principios fundamentales

La regulación establece principios fundamentales como el consentimiento, la finalidad, la proporcionalidad y la responsabilidad, en alineación con estándares internacionales y con la legislación nacional, lo que posiciona a Coahuila como un estado comprometido con la tutela de los derechos digitales.