Campeche.- La fracción de Morena en el Congreso local se fracturó luego de que 10 de los 16 integrantes de esa bancada rompieron con la gobernadora Layda Sansores, a quien acusaron de persecución política. Y para evitar ser detenidos restauraron el fuero constitucional –abrogado en 2016– que los protegía de arbitrariedades en la aplicación de la ley.

El domingo, luego de la sesión para instalar el periodo ordinario de sesiones de la 65 Legislatura estatal, los alrededores del Palacio Legislativo fueron cercados por policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE); se afirmó que había orden de aprehensión contra al menos dos diputados, uno de ellos el líder parlamentario, José Antonio Jiménez.

Durante esa sesión, Jiménez denunció ser blanco de persecución política. Expuso que “la dignidad no se negocia ni se administra, incluso cuando hacerlo cuesta y duele”, y sostuvo que “la transformación no puede construirse con imposiciones y persecuciones”.

En respuesta a publicaciones de medios afines a la mandataria Sansores, en las cuales se le acusó de traidor, Jiménez aseguró que “resistir no es traicionar, sino legislar con el pueblo en el corazón”.

A mediados de diciembre pasado, luego de que el Congreso estatal recibió la propuesta de iniciativa de Ley de Ingresos 2026, que consideraba contratar deuda pública por mil millones de pesos, Jiménez planteó que se analizaría la propuesta con detenimiento, y el grupo parlamentario morenista buscaría alternativas para no endeudar al pueblo.

La mandataria atribuyó traición a Antonio Jiménez

Estos dichos contrariaron a Layda Sansores, quien atribuyó a Jiménez traicionar la confianza de quienes lo llevaron al cargo en noviembre de 2023, luego de que la fracción de Morena destituyera a su anterior coordinador, Alejandro Gómez, quien también tuvo diferencias con la mandataria y padecía una enfermedad terminal por la que murió.

A pesar de que el Congreso del estado autorizó por mayoría la contratación de deuda, una vez que los diputados le impusieron candados a la forma en que se ejercerá ese recurso, las diferencias con la gobernadora no se arreglaron.

Incluso el presidente estatal de Morena, Érick Reyes, declaró que Jiménez Gutiérrez era un traidor, y lo acusó de provocar la división en la bancada.

En una sesión efectuada el sábado anterior para elegir a la mesa directiva que presidirá el actual periodo ordinario de sesiones, diputados morenistas leales a la gobernadora se aliaron con las bancadas de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PT y PVEM, para imponer como presidente de la mesa directiva al diputado emecista Paul Arce. El legislador Jiménez y sus nueve legisladores afines votaron en contra, con lo que se confirmó el rompimiento.

Ministeriales cercaron el palacio legislativo

Aunque la FGE negó el domingo en un comunicado que la presencia de agentes ministeriales alrededor del palacio legislativo tuvo el objetivo de aprehender al diputado Jiménez, éste evitó salir a la calle para no correr riesgos. Se atrincheró en sus oficinas, donde pernoctó acompañado por algunos legisladores de su grupo.

Además, sesionó junto con sus 10 diputados leales para destituir como vicecoordinadores parlamentarios a los diputados Jorge Pérez y Verónica Roca, leales a la gobernadora. En sus lugares designó a Omar Talango e Ismael López.

Además, en sesión reservada, los diputados aprobaron ayer reformas a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para restaurar el fuero constitucional, eliminado en 2016.

Ningún diputado quiso confirmar la aprobación de esa reforma constitucional, con el argumento de que la ley les prohíbe hablar de temas aprobados en sesiones reservadas.

Jiménez no respondió a preguntas de reporteros y salió del Congreso escoltado por diputados de su fracción.

La restauración del fuero legislativo beneficia directamente a por lo menos tres diputados locales, uno de ellos el propio presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, José Antonio Jiménez, a quien la Fiscalía Estatal Anticorrupción investiga por presunto desvío de recursos. No se ha informado el monto del que se le responsabiliza escamotear, pero esa sería la causa por la que se mantiene al palacio legislativo bajo vigilancia permanente.

El diputado de MC Paul Alfredo Arce, actual presidente de la mesa directiva del Congreso, fue vinculado a proceso por un juez federal por supuestos desvíos cuando fue presidente municipal de Campeche en 2021, momento en el cual el entonces alcalde Eliseo Fernández fue candidato del partido naranja al gobierno estatal campechano. Al parecer ya se liberó la orden de aprehensión en su contra, pero no se ha ejecutado.

El diputado morenista Gaspar Nah enfrenta denuncias penales de su ex esposa y de sus hijos, presuntamente por no cumplir con el pago de las pensiones. Luego de que se alió con el grupo de diputados morenistas leales a Jiménez, se reactivaron las carpetas de investigación en su contra.

Sin embargo, una vez aprobada la reforma que les devuelve el fuero y que el decreto se publique en el Periódico Oficial del Estado, ya ninguno de ellos podrá ser detenido, a menos que se cumpla con el procedimiento del desafuero.

La otra posibilidad es que la gobernadora Sansores ejerza su derecho a vetar la reforma, con lo que no entraría en vigor.

Alcaldes

Este martes, siete alcaldes campechanos publicaron un desplegado para manifestarse contra la reinstalación del fuero de los legisladores de esa entidad, aprobado este domingo, luego de que 10 de los 16 diputados de Morena acusaron que existe persecución en su contra por parte del gobierno estatal.

El desplegado, firmado por los presidentes municipales de Carmen, Pablo Gutiérrez; Champotón, Claudeth Sarricolea; Seybaplaya, Magdalena del Socorro Jiménez; Tenabo, Mariela Sánchez; Escárcega, Juan Carlos Hernández; Calakmul, Guadalupe Acevedo, y Candelaria, Jaime Muñoz, quienes afirmaron que el fuero no debe ser un privilegio ni un blindaje político.

Con información de la Jornada y El Universal