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Grupo Zócalo
Publicado el jueves, 24 de julio del 2025 a las 04:19
Ciudad de México.- La transnacional española Iberdrola ya prepara su salida definitiva de México por la incertidumbre jurídica que ha generado el Gobierno actual sobre su operación, reveló el medio ibérico El Confidencial.
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Iberdrola sigue con su política silenciosa de salir de los negocios o de los países en los que no tiene la seguridad jurídica que garantiza la rentabilidad de sus inversiones. Según indican fuentes próximas a la operación, la eléctrica española ha contratado los servicios de Barclays Bank para vender las 15 plantas, principalmente de energías renovables, que mantiene en México después de que en la primavera del pasado año ya traspasara al país gobernado por la extrema izquierda una buena parte de sus activos”, indica la casa editorial.
Al respecto, El Universal solicitó una postura a Iberdrola, pero su área de comunicación no ofreció más información.
En su reporte financiero del primer semestre no se integran detalles de esta operación y en la conferencia con analistas realizada este miércoles, el presidente del Consejo de Administración, José Sánchez Galán, fue increpado sobre las versiones que han surgido en España y México, pero dijo que “no comentan sobre rumores”.
El inicio de su partida
A través de una operación que se llevó a cabo entre 2023 y 2024, la compañía vendió un total de 13 plantas al Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador por un monto de 6 mil millones de dólares. Ahora, de acuerdo con la publicación, Iberdrola quiere desincorporar 15 plantas más por otros 4 mil 700 millones de dólares.
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La eléctrica española negocia la venta de sus 15 plantas de renovables en el país para centrarse en mercados con mayor seguridad jurídica para garantizar sus inversiones”, añadió el medio español, que califica al actual gobierno mexicano como de extrema izquierda, populista y políticas agresivas.
La empresa eléctrica tenía activos importantes en el sector de generación eléctrica que vendía al Gobierno, pero desde el sexenio pasado comenzó una política de rechazo a Iberdrola que se amplió hasta instancias legales.
Una de esas fue la sanción de más de 9 mil millones de pesos que se le impuso a la compañía por vender energía a más de 400 empresas en Nuevo León, sin tener la autorización de hacerlo.
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