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Publicado el viernes, 30 de enero del 2009 a las 06:40
Saltillo, Coah.- Ante la devaluación del peso y la falta de presupuesto, la idea de “universalizar” el uso de la urna electrónica en el 2011 se pospondrá; para allegarse dinero, el IEPCC venderá y rentará equipos, incluso propondrá a otros institutos formar “una vaquita” para juntar recursos para fabricar más equipos.
Las urnas electrónicas desarrolladas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tenían un costo cercano a los 2 mil dólares cada una y con el alza del dólar aumentaron un 40 por ciento.
Aunque minutos antes, en la sesión del Consejo General del IEPCC, el consejero Carlos Arredondo había anunciado que para la elección constitucional del 2011 la meta era que el cien por ciento de los votos se emitieran en forma electrónica, Jacinto Faya Viesca, presidente del órgano electoral, enmendó el comentario y aclaró que no sería posible.
En estos momentos, fabricar 3 mil 500 urnas costaría cerca de 80 millones de pesos, más el 40 por ciento de la devaluación del peso frente al dólar.
Explicó que la crisis económica impide concretar la universalización del voto electrónico, aunque trabajarán para lograrlo en nueve o doce años.
Añadió que promoverán la venta y renta de urnas electrónicas ante otros órganos electorales, partidos y organismos privados para allegarse recursos, sin descartar la posibilidad de crear un ente dedicado a esas actividades y que, supervisado por los partidos, haga el proyecto autofinanciable.
También propondría a otros institutos electorales formar “una vaquita” para sumar recursos y urnas que se intercambiarían en elecciones calendarizadas. De igual manera, buscarán financiamiento en Europa, Estados Unidos y con el propio Gobierno del Estado, así como registrar los derechos de propiedad intelectual del software de la urna.
Firma de colaboración con Universidad de León, en España
Por otra parte, se informó que el IEPCC firmó un Convenio de Colaboración con el Observatorio del Voto Electrónico de la Universidad de León, en España, para avanzar en la universalización del voto electrónico y auditar el software y los demás elementos electrónicos que conforman la urna electrónica.
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