México.- El secretario de Salud (SSA), José Angel Córdova Villalobos, se pronunció a favor de que se fiscalicen los recursos del Seguro Popular que se envían a los estados y son administrados por los gobiernos locales.

Interrogado sobre el uso inadecuado de recursos para programas sociales, entre ellos los del Seguro Popular, el funcionario federal aclaró que ese dinero lo maneja directamente cada entidad y la fiscalización corresponde a la Auditoria Superior de la Federación.

Incluso, citó en entrevista, algunos estados reciben hasta cinco mil millones de pesos al año por este concepto, por lo que también sería recomendable saber “cuánto dinero se les está dando”.

Tras reconocer que el Seguro Popular es un programa nacional, aclaró que el ejercicio de los recursos se realiza totalmente en los estados, por lo que planteó la necesidad de que los gobiernos locales den la información para revisar en qué entidades no hay mejora de los servicios de salud.

Consideró que si los recursos públicos como los del Seguro Popular no son bien aplicados ni comprobados por los estados, deberían de recortarse.

“Es parte de su obligación y finalmente la comprobación debe ser fiscalizada, ojalá y por la Auditoría Superior de la Federación, para ver que se estén aplicando en lo que dicen”, declaró el secretario de Salud.

Como parte de la fiscalización, señaló, es necesario que los tres Poderes de la nación -el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial- “nos pongamos las pilas para apretar en el ejercicio correcto de los recursos”.

En el marco de la ceremonia de entrega de premios a la investigación para prevenir y evitar la malformación congénita del Grupo de Estudio del Nacimiento, Córdova detalló también los objetivos de certificar hospitales, unidades y establecimientos de servicios médicos.

Explicó que el movimiento de la calidad va hacia la certificación de todas las unidades de salud del país, lo que toma tiempo, pero en el caso de las unidades que atienden a pacientes del Seguro Popular el compromiso es lograr el ciento por ciento de atención al final del sexenio.

La certificación, abundó en la sede de la SSA, debe ser desde las unidades de primer nivel, lo que actualmente hace la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, que tiene un avance superior a 50 por ciento de unidades acreditadas.

“Esto es un requisito precisamente para garantizar que las personas que tienen Seguro Popular sean atendidos desde pequeños centros de salud, que tienen toda la garantía de contar con los elementos para una atención correcta”, agregó.

Otro programa de certificación de la calidad que se impulsa para todas las instituciones públicas y privadas, consiste en lograr que todos los hospitales de los sectores público y privado se vayan acreditando.

Un motivo importante sobre todo para los hospitales privados es que el Consejo de Salubridad General haga estas certificaciones avalado por la Joint Comission International, que exige estándares de calidad equiparables a los países de primer mundo.

Finalmente, detalló que los establecimientos que ofrecen servicios de salud que no logren la certificación, representarán restricciones en el impacto presupuestal que pueden tener eventualmente.

“Desde el punto de vista privado ya lo están viendo, por ejemplo, aquellos hospitales privados que no se han acreditado y que tienen convenios con los seguros, pues no les dan el pago inmediato”, explicó.

“El pago será por reembolso hasta después, por lo que es del interés de los mismos hospitales privados de estar certificados para que el recurso llegue de inmediato”, concluyó el titular de la Secretaría de Salud.