Piedras Negras, Coah.- Desde 2013, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras ha registrado 407 casos de desaparición que datan de 2004 a 2020 en la Región Norte de Coahuila, donde la mayoría de los casos se concentran entre el 2010 y 2020, con picos más altos en 2011, 2012 y 2014.

Esta información fue presentada en el informe ciudadano “Contexto y dimensiones de la desaparición de personas en el norte del estado de Coahuila”, publicado por  Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF), Data Cívica y el Observatorio Etnográfico de las Violencias del CIESAS, con el objetivo de medir y comprender la magnitud del fenómeno de desapariciones en el norte de Coahuila.

Se informó que este registro surge debido a la falta de voluntad y las omisiones de las autoridades en la investigación de los casos de desaparición y por la participación directa del estado en las desapariciones y violaciones de derechos humanos.

El análisis indica que la mayoría de los casos se concentran entre el 2010 y el 2020 con los picos más altos en el 2011, 2012 y 2014. 

En el periodo registrado, el 41 por ciento de los casos, detalla el informe, los perpetradores son agentes de seguridad pertenecientes a distintos cuerpos policiales o militares.

Entre el 2010 y el 2012, en la mayoría de las desapariciones ocurridas se señala la participación de agentes particulares (o grupos criminales), muchas de éstas con la participación de entes del estado. 

Fue a partir del 2013 cuando la tendencia de los casos de desaparición cambia; dado que el 57 por ciento de los casos registrados son perpetrados por agentes de seguridad asociados a elementos de la Fuerza Coahuila y la corporación especial GATE (Grupo de Armas y Tácticas Especiales).

De acuerdo al documento presentado en el marco del Día Mundial de la Desaparición Forzada, en los casos documentados como desapariciones por particulares (grupos criminales), las mujeres victimizadas representan el 37 por ciento total de los casos.

Mientras que en las desapariciones cometidas por particulares (grupos criminales), la mayoría de los hombres victimizados tenían entre 30 y 44 años (al momento de desaparición), en los casos cometidos por agentes de seguridad, el 27 por ciento de los hombres victimizados tenían entre 12 y 23 años.

De acuerdo al informe ciudadano, existe un patrón criminal por parte de los agentes estatales, en el periodo documentado, que implica el uso de la tortura, la detención arbitraria y la desaparición forzada.

Se destaca que FAMUN ha desarrollado un mecanismo de búsqueda urgente ante la desaparición forzada, integrado por cuatro acciones: Una vez que las autoridades se niegan a dar información sobre el paradero de una persona detenida, se interpone una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila o a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual deja una constancia.

Posteriormente redactan un amparo indirecto y se presenta en un juzgado del distrito para que un juez requiera y les ordene a las autoridades señaladas como responsables, que proporcionen toda la información que resulte necesaria para la localización y liberación de la víctima.

Como tercer punto, indicó que el mecanismo se complementa con la denuncia ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas y el reporte presentado ante la Comisión de Búsqueda.

Finalmente, Familias Unidas comparte una ficha con fotografía y datos de la persona desaparecida por redes sociales y prensa, con el contacto de la asociación para evitar extorsión y otros abusos hacia las familias y con este mecanismo se ha logrado recuperar con vida al 32 por ciento de los casos registrados de personas víctimas de desaparición forzada en esta región.