Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) busca bloquear la difusión de las actas de resultados, observaciones a entidades fiscalizadas y minutas de reuniones practicadas en 2022 a Segalmex, Liconsa y Diconsa.

En esas dependencias se ha revelado el mayor fraude de la actual Administración federal.

El pasado 13 de septiembre, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) instruyó a la ASF a entregar versiones públicas de múltiples documentos generados en revisiones de la Cuenta Pública de 2021 a las tres dependencias, donde se han acumulado irregularidades que suman 9 mil 500 millones de pesos.

La Auditoría interpuso un amparo para evitar la entrega y, el pasado 5 de octubre, la Jueza Décima de Distrito en Materia Administrativa, Dinorah Hernández, desechó el recurso por improcedente, ya que no se puede usar para impugnar órdenes del INAI.

Esta decisión todavía puede ser revisada por un tribunal colegiado.

Los documentos fueron clasificados por la ASF como reservados, por lo que no se hicieron públicos, de ahí que se solicitaran vía la Ley de Transparencia.

Entre ellos están las actas de las reuniones entre las entidades fiscalizadas y la ASF para analizar, aclarar y solventar las observaciones detectadas, y los oficios e información proporcionada por las entidades fiscalizadas para aclararlas.

Para la Auditoría está justificado reservar la información, porque los documentos forman parte de procedimientos de seguimiento y solventación de observaciones, que pueden resultar en la reapertura de investigaciones si no se aclaran.

“El caso que nos ocupa ha tenido relevancia nacional, dado que en diversas notas periodísticas se han dado a conocer los presuntos actos de corrupción llevados a cabo por servidores públicos de Segalmex, Diconsa y Liconsa“, argumentó el INAI, para considerar que debe prevalecer el derecho de acceso a la información sobre las causas de reserva invocadas por la ASF.

Por este caso, se han librado al menos 26 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios y empresarios, pero el de más alto rango, aún prófugo, es el ex titular de Administración y Finanzas, René Gavira, pues la FGR no ha actuado contra el ex director general, Ignacio Ovalle, quien dejó el cargo en abril de 2022.