Saltillo, Coah.- Luego de que se diera a conocer la ambigüedad de la forma en la que se escribió la convocatoria para la elección del titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, y el proceso de impugnación al que será sometido, dos abogadas más, rechazadas por el comité, denunciaron de manera pública su inconformidad.

Se trata de Daniela Aguirre y Mayela Aldape, ambas activistas promotoras de derechos humanos que, a consideración del consejo de evaluación de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Autónomo de Trabajo, no cumplieron con los requisitos para continuar con el proceso.

Incumplen aspectos

De acuerdo con Daniela Aguirre que ha formado parte de organizaciones como Naciones Unidas, decidió postularse a título personal tal como lo dice la convocatoria, pero fue rechazada por no contar con el aval (por escrito) de una institución pública o privada.

“El inciso número cuatro de la tercera base general de la convocatoria es ambiguo y contradictorio con lo establecido en la base cuarta de la Convocatoria que a la letra dice:

‘Las personas interesadas deberán postularse por sí mismas, a título personal  con el respaldo de alguna institución, pública o privada; de grupos o colectivos de familiares de personas desaparecidas, o de otras personas que les avalen de forma individual, de conformidad con las bases específicas de esta convocatoria’”.

Por su parte Mayela Aldape, quien cuenta con experiencia basada en sociedad civil como defensora de derechos humanos en organizaciones como Casa del Migrante y Fray Juan de Larios, manifestó su inconformidad toda vez que, al igual que el licenciado Miguel Alejandro Morales de la Rosa, fue sacada del proceso “por problemas de interpretación”.

“Argumentaron que estoy ‘inhabilitada’ para el servicio público, sin ninguna base o fundamento”, explicó la activista.

Ambas postulantes hicieron del conocimiento del comité de selección sus inconformidades, coincidiendo en la falta de claridad en la redacción de las bases que, por el bien de los colectivos de familias, el proceso y las personas postulantes involucradas debieron ser puntuales desde un inicio.