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Oscar Pimentel
Oscar Pimentel
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24 Diciembre 2012 04:00:19
Más que buenos deseos…
A fuerza de la inercia que se repite cada año y de los mensajes de los medios de comunicación, rigurosamente programados con la suficiente y oportuna anticipación, el espíritu navideño termina por establecerse en nuestra vida cotidiana. De pronto todo es sólo Navidad y año nuevo; todo se mueve en torno a la idealización de los momentos clímax de la cena navideña y del crucial instante de las doce horas del último día de este año y las cero horas del próximo. Y después lo mismo: el regreso al trabajo, a la escuela y a la misma rutina. Cambia algo? Nada ...o casi nada.

Para la mayoría de la gente la navidad y el año nuevo son fechas que se asocian con posibilidades de cambio. Aunque poco se hace por asegurar que así sea; más bien se confía mágicamente en que después de ese quiebre temporal todo será mejor. Y la verdad es que no; muy pronto todo vuelve a su lugar y las cosas no solamente no cambian sino que pueden, en muchos casos, incluso empeorar. Así visto, el sentimiento que trae consigo la navidad en muchas personas se devela como una actitud más bien superficial y rutinaria, adoptada para sumarse a lo socialmente correcto. No hay una conciencia autentica de la espiritualidad que significa la Navidad, y menos aún, de la capacidad que puede tener o la oportunidad que puede significar, para impulsar una transformación interior.

La actitud hipócrita de compartir y falsamente religiosa que tanto prolifera en estas fechas es, finalmente, una postura cómoda ante la vida. Ni siquiera se quiere saber, ni cuestionarse por ello, si deveras se cree en algo: solo se actúa para no aparecer diferente, para no quedar mal con los demás.

Bien haríamos en reflexionar. Nadie salva a nadie. Se puede ayudar por supuesto, pero finalmente el único responsable de nosotros mismos, somos nosotros mismos. Nacemos en la soledad y morimos en la soledad. Compartir y amar con la mayor sinceridad y profundidad no cambia las cosas. Saber qué hacer con uno mismo es, tal vez, el principal problema que estamos obligados a resolver. Por eso, la empatía, la capacidad de identificarnos con los demás, implica primero ser capaces de tener una identidad y, por supuesto, tener algo que aportar como personas a los demás. La comprensión hacia los demás y la generosidad, para ser autenticas, nacen de la fortaleza y de las convicciones que hemos sido capaces de forjar en nuestro interior; sin eso , no hay nada, solo conductas socialmente aceptables.

Yo creo que nuestro mayor reto es como gestionar, administrar, el desarrollo de nosotros mismos. Es la primera responsabilidad personal que nos viene con nuestra vida consciente. Si el estilo de gestión es relajado o desorganizado pocos resultados se pueden esperar. Si no hay una exigencia cotidiana de superación y de mejoramiento, uno se instalará en el confort, en la tibieza y en la mediocridad. Y desde ahí poco podemos contribuir al bienestar de los demás, a la transformación social, al desarrollo de nuestro país. Si desde la negligencia muy poco se puede aportar para mejorar el reino de este mundo, mucho menos para la salvación eterna.

Subestimarse o tener piedad de uno mismo no pueden ser actitudes para enfrentar la vida. Nuestra inteligencia, es un instrumento poderosísimo para definir el rumbo, y la voluntad, la herramienta más efectiva para edificar nuestro proyecto.

Más allá de las ideologías y de las ideas preestablecidas, siempre estamos obligados a pensar todo, a cuestionar todo, a preguntar por todo...como los niños que cada día descubren el mundo. Solo la inteligencia critica, libre, y la voluntad para contribuir a construirnos como mejores seres humanos, y edificar una sociedad prospera, nos pueden salvar del fatalismo en que nos hunden la mezquindad y la estupidez.

En esta navidad propongamos más que buenos deseos. Definamos propósitos de transformación de nosotros mismos. Comencemos por el principio. Feliz navidad!
10 Diciembre 2012 04:00:37
¿Competitividad sin equidad?
El Centro para la Investigación y la Docencia Económicas (CIDE) publicó recientemente su estudio Retos de la Competitividad Urbana en México, en el cual aporta resultados muy interesantes y reflexiones que, quienes nos interesamos en el desempeño del gobierno, debiéramos incorporar de inmediato al debate público.

Independientemente de las calificaciones que obtienen las 74 zonas metropolitanas analizadas en términos de su capacidad de ser competitivas, o sea su poder para atraer inversiones y talento a sus respectivas comunidades, son más aleccionadores los razonamientos que se desprenden del estudio de estas experiencias.

Dos cuestiones que pueden ser relevantes. Una, la evolución del concepto de competitividad, o cómo han cambiado las condiciones que se requieren para que una región o ciudad pueda concentrar mayores recursos de inversión privada y recursos humanos de alta calificación. Y dos, la evaluación que se puede hacer del desempeño de los gobiernos locales, especialmente los municipios, en términos de su contribución a la competitividad.

En la primera cuestión, el estudio es contundente. Lo que hace unos años se consideraba que eran muy buenas condiciones para atraer nuevas inversiones, tales como los salarios bajos, una población pobre y necesitada de empleo, bajos niveles de educación entre los trabajadores, laxitud en la procuración de la justicia laboral y la ausencia de sindicatos, leyes y normas ambientales ambiguas y negociables, y un marco institucional débil, que hiciera factible los acuerdos en la discrecionalidad y la opacidad, hoy son exactamente factores negativos en la calificación de lo que puede ser una ciudad competitiva.

Hoy, la competitividad implica certidumbre. Significa seguridad pública, confianza en las instituciones de la justicia, salarios justos y regulados bajo criterios adecuados, un alto nivel de educación de la población, ciudades ordenadas en su desarrollo urbano, transporte público moderno, servicios sustentables de agua y energía, cobertura y calidad en los servicios de salud, y esquemas adecuados para la protección del medio ambiente.

Cambió ya, o está cambiando, la idea de que una ciudad puede ser competitiva si permite que se explote a sus trabajadores, que no haya sindicatos o mecanismos de protección laboral, que se arrase con su medio ambiente para que las empresas puedan reducir sus costos. Debe cambiar la idea de que se es competitivo cuando se pueden aprovechar las “ventajas” de la pobreza y la desigualdad para que las empresas puedan maximizar sus utilidades, y los cacicazgos regionales sus ventajas políticas y económicas.

En el segundo tema, el estudio del CIDE coincide plenamente con el reporte, también reciente, del Instituto Mexicano para la Competitividad ( IMCO): la organización actual de los gobiernos municipales es obsoleta. No puede ya garantizar ni calidad ni eficiencia en los servicios públicos. Menos aun puede garantizar el desarrollo de una agenda para la competitividad. El municipio está atrapado en las redes de los intereses políticos de los partidos y difícilmente puede procesar proyectos de reformas de fondo que representen algún tipo de costo político.

La competitividad, como conjunción de factores que permiten impulsar el crecimiento económico, requiere una agenda de transformaciones en el ámbito institucional y en los diversos campos del quehacer productivo, cultural, educativo, del desarrollo social y del cuidado del medio ambiente. Sin equidad, sin Estado de Derecho y sin gobiernos de calidad, sin una participación activa de la ciudadanía en el fortalecimiento de la democracia, no hay competitividad.
03 Diciembre 2012 04:00:06
El otro PRI
Después de una larga travesía, finalmente el PRI regresa a Los Pinos. Algo para celebrarse en el ánimo de quienes militamos en este Partido, aunque el júbilo por el fin del sexenio de Felipe Calderón no se compara con nada.

El compromiso del nuevo Presidente y su gobierno es impulsar la transformación de México, lo cual exigirá una ruptura con el pasado. Con el pasado del PRI que gobernó durante décadas en un régimen político de partido único, y con el pasado inmediato de los gobiernos panistas, en el cual no solamente fue imposible avanzar en la transición democrática, sino que hubo lamentables retrocesos, sobre todo en la vida política de la mayoría de las entidades federativas.

Por esta ruptura y por las innovadoras propuestas del gobierno que inicia, seguramente muchos de los militantes del PRI sentirán que quienes hoy gobiernan son parte de otro PRI, muy distinto de la organización en la que han militado por muchos años. Y sí, tienen razón. Sin importar edades, la verdad es que quienes hoy tienen una participación destacada en el nuevo gobierno y en el propio Poder Legislativo, son políticos que han entendido, por la fuerza de las circunstancias, las condiciones que vive el país y las exigencias que plantean las nuevas realidades del mundo.

El desarrollo del país no se puede ya guiar por las viejas ideas que en algún tiempo tuvieron una justificación histórica. Muchas ideas y principios, hoy todavía plasmadas en los documentos básicos del PRI, han quedado obsoletas. El país y el planeta entero han cambiado.

Pemex, por ejemplo, debe ser una empresa estatal moderna y rentable, con participación de inversión privada, prácticas corporativas y tecnología de punta. Sólo así le puede servir a los mexicanos.

Superar la pobreza y la desigualdad, las grandes heridas de nuestra sociedad, hace necesario una reforma seria de las finanzas públicas y de las contribuciones fiscales para hacer posible los programas sociales de carácter productivo que dejen atrás el viejo asistencialismo, elemento corrosivo de nuestra productividad. Es también, la única manera de crear un sistema de seguridad social universal.

La eficacia del régimen político y la fortaleza de la democracia, exigen por su parte, una nueva manera de gobernar y reformas en la arquitectura del sistema político que reconozcan la creciente pluralidad de la sociedad mexicana, la diversidad de actores políticos y la importancia de los consensos y acuerdos para sustentar las políticas públicas. La firma del Pacto por México, a tan sólo unas cuantas horas después de que el Presidente tomara posesión de su cargo, es una muestra de esta nueva voluntad política del PRI para asumir acuerdos con todas las fuerzas políticas en aras del interés general.

La ciudadanía exige transparencia, honradez de los servidores públicos, administraciones gubernamentales ordenadas y apegadas a la legalidad, rendición de cuentas y sobriedad. Basta de payasadas para ganar popularidad, de manipular a la opinión pública y de malversar los recursos públicos con fines electorales.

El PRI está obligado a cambiar; sólo así puede encabezar la transformación de México sin dividirse. Se tendrá que desplegar todo un esfuerzo de renovación y actualización política e ideológica, incluido el debate para mejorar nuestros documentos básicos, de promover la inclusión de los jóvenes en nuestras filas, de renovación de los liderazgos, de impulso a una gran participación de las mujeres y de articulación permanente con las causas de la ciudadanía. Los priístas tenemos una gran responsabilidad. Todos debemos aspirar a ser parte del otro PRI. El otro PRI que sí apoya e impulsa la modernización de México. El otro PRI que puede ganar, por sus nuevas ideas y por sus hechos, la confianza de los mexicanos.
26 Noviembre 2012 04:00:41
Cuestión de instituciones…
Transformar el país para convertirlo en una nación moderna, competitiva y prospera, sin las enormes desigualdades sociales que hoy prevalecen, es el gran reto que tenemos los mexicanos de hoy y, particularmente, quienes pronto habrán de asumir la conducción del próximo gobierno.

En este gran desafío, lo más importante y lo más complejo será construir las instituciones, en su sentido más amplio, que nos permitan dar el salto hacia una democracia consolidada y acceder a mejores condiciones de crecimiento y bienestar.

Contar con las instituciones adecuadas es el gran factor que hace la diferencia en la manera y la velocidad con las cuales un país puede lograr un mejor desarrollo en todos sus aspectos.

Sin entrar a las discusiones académicas para dirimir si es la cultura, la religión o las condiciones materiales en que se desenvuelve una sociedad lo que determina su nivel de desarrollo, lo cierto es que poco puede avanzar un país sin un régimen de leyes e instituciones que garanticen el cumplimiento y la continuidad de las funciones del Estado, y una sociedad civil crítica y participativa.

No obstante el esfuerzo de institucionalización de las causas y los principios de las luchas revolucionarias del siglo 20, en México ha sido extraordinariamente difícil erradicar la cultura autoritaria de su sistema político y abrir cauces a la libre participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Siguen vigentes las prácticas caudillistas y patrimonialistas que demeritan los derechos políticos de la colectividad y hacen uso privado de los recursos públicos.

En una versión, el populismo exacerbado distorsiona el gobierno, las finanzas del estado y deteriora el sentido de la responsabilidad ciudadana. Nos lleva a la ruina.

En otra modalidad, las decisiones discrecionales de la autoridad en turno pueden desquiciar un país y llevarlo a la guerra más absurda y mortífera que se haya conocido en el territorio, en perjuicio directo de la seguridad de su población, como ha sido el caso de la fallida guerra al crimen organizado emprendida por el Gobierno federal que está por terminar.

Con instituciones consolidadas, México no habría sufrido el retroceso democrático que significó el feudalismo que encabezaron los gobernadores en los estados - sin distinción de partidos - durante los últimos más de diez años, ni se habrían deteriorado tanto el estado de derecho e incrementado como nunca la violación de las garantías individuales.

Habrá que añadir por supuesto el hastío y la desesperación de los ciudadanos que no ven una salida al final del túnel que representa esta crisis y que desconfían abiertamente de las instituciones, de los gobernantes y de los partidos políticos.

Las instituciones son las estructuras y normas que le dan organización y orden a una sociedad. Y sin ellas, todo esfuerzo por crecer y generar riqueza y bienestar, es endeble y vulnerable, efímero.

Hoy tenemos que reconocer que las instituciones desempeñan también el papel de fuerzas productivas que alientan y hacen posible las reformas económicas, las inversiones, el desarrollo científico y tecnológico, la adopción de nuevos valores y la transformación de los modos de vida. La modernización, pues.

Por esto, el reto más complejo para el gobierno que viene será construir y consolidar las instituciones que necesitamos para ser un país con una mejor democracia, moderno y próspero. Será necesario deja atrás la chabacanería y las decisiones viscerales, y asumir el gobierno como un asunto de estado, no de personas, grupos o partidos. México lo merece.
19 Noviembre 2012 04:00:27
Fin de ciclo
Estamos a unos cuantos días de que termine el gobierno panista encabezado por Felipe Calderón, con lo cual concluye el ciclo de gobierno más ominoso de la historia moderna de México. El legado que deja su estilo visceral de gobernar constituye un verdadero desastre.

Los mexicanos perdimos en estos años lo más valioso: la libertad y la certidumbre de respeto a nuestros derechos fundamentales, la vida incluida.

La guerra absurda contra el crimen organizado sólo se explica por un propósito político de legitimación que resultó contraproducente, mortífero y desquiciante.

Muchas familias han tenido que emigrar a otro país, especialmente los Estados Unidos, por necesidad de un empleo o por razones de seguridad. El clima de violencia e incertidumbre ha obligado a que la población en muchas ciudades del país cambie su modo de vida, se refugie en sus casas y limite al mínimo sus movimientos. Las libertades han quedado restringidas y se ha perdido la confianza en las instituciones.

El Estado ha fallado. Ha incumplido sus obligaciones primordiales de preservar la seguridad pública y el respeto a las garantías individuales.

El crecimiento económico mediocre de los últimos 12 años, que resultó de abanderar por encima de todo la estabilidad macroeconómica, nos condujo a los mayores niveles de pobreza y desigualdad que haya conocido el país en muchas décadas: más del 50% de los mexicanos se encuentran en la pobreza y somos uno de los países socialmente más desiguales del mundo.

Tenemos los más bajos resultados en la educación entre los países comparables al nuestro y un sistema de salud y seguridad social que no logra atender a la mayoría de la población que lo requiere. Las ciudades han crecido desordenadamente, por el impulso de los intereses de la construcción de vivienda alentada desde el Gobierno, sin criterios mínimos para un desarrollo urbano equilibrado que soporte una mejor calidad de vida y sin una política efectiva para la protección del medio ambiente.

El estilo de gobierno visceral conformó una administración federal caracterizada por el amiguismo, la ineptitud y la imposición de los intereses del PAN por encima de las cuestiones inherentes al bienestar general.

México vio pasar oportunidades de cambio trascendentes que no se pudieron concretar por el afán gubernamental de liquidar al PRI a toda costa. La obsesión antipriísta se quiso encubrir de aliento modernizador y sólo logró impedir los acuerdos que hacían falta para que, aunque mínimamente, funcionara nuestra democracia.

Ni el uso político y faccioso de las instituciones de la justicia y la seguridad, por fortuna, lograron criminalizar a las fuerzas políticas opositoras al gobierno panista, como era su pretensión. El estilo visceral de gobernar terminó por ser un componente altamente corrosivo para el propio PAN, para su candidata a la presidencia y para la misma imagen del gobierno. Así lo confirmó el voto ciudadano el primero de julio.

Ahora que inicia un nuevo gobierno, no puede pasarse por alto la lección que queda de este ominoso período de gobierno. El PRI debe encabezar una verdadera transformación: económica, social y política. No puede restaurar las prácticas del pasado del gobierno de partido único. Su misión es modernizar y consolidar la democracia en México.

Las diversas fuerzas políticas y la ciudadanía tienen un papel preponderante en esta nueva etapa que vivirá el país. De su compromiso y participación depende de que podamos construir una democracia que funcione a favor del bienestar de los mexicanos; una democracia eficaz.
12 Noviembre 2012 04:00:40
¿Privatizar el agua?
Por supuesto que no. Privatizar significa que el Gobierno venda o entregue a particulares la propiedad de algo, enajenar activos y recursos, perder todo derecho sobre su uso y destino.

Ésta no puede ser, bajo ninguna circunstancia, la opción para reformar los sistemas de agua potable y saneamiento en el país y resolver los problemas de abasto mediante su eficiencia y sustentabilidad financiera.

Privatizar no es una opción ni administrativa y operativamente conveniente, ni legalmente posible. Los municipios, facultados constitucionalmente para brindar el servicio de agua, no pueden en ningún supuesto, vender las fuentes de agua y la infraestructura asociada al abasto. Esto es muy claro.

Lo que sí se puede, y es a todas luces conveniente en aras del interés de la ciudadanía, es pugnar por establecer prácticas empresariales en el manejo del agua para despolitizar la prestación de los servicios, lograr mayor transparencia y someter los sistemas a la rendición de cuentas.

Los municipios pueden también incorporar la participación del sector privado en sus organismos de agua potable, sin enajenar la propiedad de los recursos e instalaciones. Esto les permite conseguir dos cosas muy importantes: recursos de inversión para mejorar el sistema, que de otro modo no es posible obtener por la limitación de los presupuestos públicos, y allegarse del apoyo técnico y administrativo especializado -experto- para lograr mayor eficiencia y fortaleza financiera.

En el país conocemos básicamente tres tipos de empresas de agua potable y saneamiento: empresas publicas que operan con practicas corporativas sin participación privada; empresas concesionarias a las cuales el municipio delega sus facultades en materia de agua al cien por ciento, sin que ello signifique venta o enajenación de activos, y; empresas mixtas, en las cuales el gobierno ostenta la mayoría de las acciones y se asocia con un socio privado para que aporte recursos de inversión y opere técnica y operativamente el sistema sin perder la rectoría del mismo.

En mi opinión, no obstante que lograr la eficiencia y la transparencia implica darle una mayor independencia a los sistemas de agua para despolitizarlos, el Gobierno no debe perder la rectoría de los organismos ni declinar su responsabilidad de velar por el interés de la comunidad. Por ello, las figuras más compatibles con este principio son la empresa pública y la empresa mixta, donde el Gobierno es el socio mayoritario.

La concesión al 100% del servicio representa un gran riesgo de no lograr lo que se pretende y de perder la rectoría del sistema; el fracaso de las concesiones convencionales en el transporte público municipal es una lección más que ilustrativa.

Aguas de Saltillo, una empresa mixta con más de 10 años de haber sido creada y donde el municipio tiene 55% de las acciones y el socio privado ( Aguas de Barcelona) 45% , representa un caso de éxito que ha permitido resolver lo que eran graves problemas se desabasto de agua en la ciudad, incrementar la eficiencia física hasta casi 80% y lograr una eficiencia comercial de 98 por ciento. Las tarifas no se incrementaron en 10 años más que el índice de precios al consumidor. De ser un organismo quebrado financieramente, hoy reporta utilidades al municipio.

Aguas de Saltillo ha sido reconocida como el segundo organismo más eficiente del país en el reporte elaborado por el Consejo Consultivo del Agua en 2011. El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en 2012 califica a la ciudad de Saltillo como una de las más competitivas de Mexico y señala como uno de los factores determinantes la solución del problema del agua mediante la empresa Aguas de Saltillo. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la destaca como una experiencia relevante a tomar en cuenta en lo que debe ser la reforma del agua en el país.

La propuesta de organizar los sistemas de agua en una figura empresarial, con la posibilidad de incluir la participación privada, no es privatizar el agua. Quienes así lo expresan lo hacen por ignorancia o por una clara voluntad de confundir a la ciudadanía con falacias y mentiras para llevar, precisamente, agua a su molino. No resisten la tentación del aplauso fácil.

Tampoco quiere decir que el Gobierno abdique de sus funciones primordiales. Al contrario: le implicará un gran esfuerzo de regulación y de vigilancia para asegurar que las empresas de agua cumplan con sus funciones. Quienes creen que el Gobierno debe hacer todo a través de su aparato burocrático, siguen anclados en el pasado, sin reconocer que la experiencia de predominio gubernamental omnipresente, que ahogaba a los particulares y a la propia sociedad civil, demostró ya su fracaso en todos los países, incluido el nuestro.

La reforma del agua en México debería tener como principios: garantizar la rectoría del Estado en los sistemas de agua potable y saneamiento; fomentar su organización como empresas; incluir la participación minoritaria del sector privado, de ser necesario, para sumar recursos de inversión y de gestión técnica; promover la participación ciudadana en los órganos de administración; garantizar transparencia y rendición de cuentas; asegurar su independencia respecto de los asuntos político electorales; alentar la asociación entre municipios de una misma región o de un estado para aprovechar las ventajas de las economías de escala y aprovechar mejor los recursos disponibles; establecer como obligatorio que cuenten con un plan de largo plazo y parámetros para evaluar su desempeño, y; establecer mecanismos de regulación a nivel federal y estatal para garantizar que cumplan con sus funciones a favor de la comunidad. Sí se puede.
05 Noviembre 2012 04:00:12
La reforma del agua: cambio de régimen (III)
La reforma de la política pública en materia de agua es indispensable para garantizar una mejor calidad de vida de la población y un desarrollo sustentable del país.

En consecuencia, se requiere una profunda transformación del marco regulatorio y de gestión institucional de los recursos hídricos, en particular de los sistemas operadores de agua potable que abastecen a la población urbana, que alcanza ya casi 80% del total de habitantes.

El propósito debe ser lograr el 100% de la cobertura de los servicios de abasto de agua potable, drenaje y saneamiento con eficiencia, sustentabilidad financiera y compatibilidad con el medio ambiente. La experiencia ha demostrado, ya fehacientemente, que alcanzar este objetivo no es posible mientras los sistemas operadores sean apéndices del aparato público administrativo, cuyas motivaciones fundamentales están asociadas a la política electoral y partidista. En esos organismos se pueden dar, ciertamente, periodos de gestión de eficiencia y fortaleza financiera, pero tarde que temprano se vuelven vulnerables ante los usos electorales y las desviaciones de recursos a otros fines.

Por ello, es necesario rescatar los sistemas operadores del terreno político-electoral y colocarlos en el campo de la política pública; con planes de largo plazo, escrutinio de los órganos de fiscalización y rendición de cuentas, transparencia, y participación ciudadana.

Lo anterior sólo se puede lograr con la voluntad política del Gobierno, bajo la presión o no de la sociedad civil, para emprender la transformación de los sistemas de agua potable y saneamiento.La decisión fundamental debe ser diseñar un nuevo régimen para los organismos que les garantice el espacio de independencia y autonomía, necesario para que puedan operar conforme a metas de eficiencia, autosuficiencia financiera, ajuste de tarifas y fortalecimiento institucional. La clave es la adopción de prácticas corporativas, como base para emprender procesos de mejora, profesionalización y modernización en todos los ámbitos.

Es decir, el nuevo régimen institucional de los organismos de agua debe sustentarse en prácticas empresariales que aseguren su viabilidad económica y la incorporación de los métodos y técnicas de gestión más avanzados.

Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, estos organismos deben contar con un Consejo de Administración cuyos integrantes sean representativos de la sociedad y seleccionados por su reconocimiento como personas comprometidas con su comunidad, sin conflicto de intereses ni militancia activa en partido político alguno, con preparación y experiencia.

Asimismo, el gerente de la empresa debe ser seleccionado de acuerdo con un perfil profesional técnico y de gestión que garantice la incorporación de recursos humanos calificados, nuevos sistemas de operación y administración, y tecnologías avanzadas. Es la única manera de desterrar el influyentismo, la incidencia de los compadrazgos y el amiguismo que tanto daño hacen a las instituciones públicas.

Proponer que los organismos del agua se conviertan en empresas, no significa en absoluto que sea condición indispensable la participación de la inversión privada. Ello es una posibilidad, pero no la única manera de organizar empresas; de hecho, pueden ser empresas totalmente públicas, sin capital privado, pero con las practicas corporativas, la participación ciudadana y la transparencia, esas sí indispensables, para que puedan ser eficientes.

Las empresas de agua potable y saneamiento deben contar con planes de largo plazo que contemplen los problemas de las reservas de agua para el futuro, los efectos del cambio climático y las proyecciones del crecimiento poblacional y económico para definir sus metas de abasto y las necesidades de nuevas inversiones en infraestructura y de procesos de mejora. Deben también establecer parámetros de desempeño para poder evaluar de manera periódica y sistemática sus avances y los obstáculos que se encuentren en el proceso.

Una decisión de gran importancia es determinar la cobertura territorial que deben tener estas empresas, en virtud del acelerado proceso de urbanización y metropolizacion que se observa ya en todo el país. Los municipios, facultados constitucionalmente para ofrecer los servicios de agua y saneamiento, debieran revisar con detenimiento sus capacidades para cumplir por sí mismos con esta tarea de manera regular, estable y eficiente o bien explorar la posibilidad de asociarse para constituir empresas de alcance metropolitano o estatal y así aprovechar las ventajas de las economías de escala, evitar duplicidades y reducir burocracia.

El cambio de régimen en las instituciones que actualmente administran el agua potable, requiere también de una seria revisión al marco jurídico y regulatorio para adecuar las normas a las nuevas condiciones y hacer factible la reforma que se pretende, así como para crear instancias de regulacion que supervisen el cumplimiento de las responsabilidades de las empresas de agua y vigilen que se preserven siempre los intereses de la comunidad.

Finalmente, un aspecto que no debe quedar en el olvido es que todo el esfuerzo por reformar los sistemas de agua debe contar con un enfoque ambiental que garantice la sustentabilidad en el manejo del agua y contribuya al cuidado y preservación de los recursos naturales.

La verdad es que ya estamos retrasados en nuestra respuesta a la sobreexplotación de los acuíferos y al deterioro de los recursos hídricos en el país. Cualquier titubeo y demora en las decisiones reduce las posibilidades de mejorar la disponibilidad de agua y con ello el bienestar de la población.

Como en muchos otros temas cruciales para el futuro de México, quienes tenemos algún tipo de responsabilidad pública, política o civil, no podemos quedarnos con los brazos cruzados.
29 Octubre 2012 03:00:45
La reforma del agua: cambio de régimen (II)
De acuerdo con las cifras de las Naciones Unidas, México tiene un grave problema de escasez de agua potable. Cada año el país consume el 17 % de sus reservas, mientras que Argentina, el país más similar en consumo, usa sólo el 3.5 %. Esto nos conduce de manera inexorable hacia una situación de colapso en la disponibilidad natural de agua potable por la imposibilidad de que se recupere el ecosistema. [1]

El Instituto Mexicano para la Competitividad, en su reporte 2012 del Índice de Competitividad Urbana, atribuye acertadamente este fenómeno de deterioro de nuestros recursos hídricos a las malas políticas públicas del Gobierno en todos sus órdenes, federal, estatal y municipal, lo cual ha propiciado un enorme desperdicio y uso irracional del agua.

El primer problema de estas políticas gubernamentales es la ausencia de un sentido de responsabilidad de los servidores públicos frente al futuro de la comunidad a la que se gobierna.

Lo más común en nuestra realidad mexicana son los políticos que evaden los diagnósticos claros de los problemas, y que no les interesa definir proyectos certeros que los comprometan a una solución determinada de los mismos. No, a ellos les gusta improvisar, porque los compromisos a futuro atan y obligan a trabajar con un sentido técnico y político que, si bien resuelve los problemas, también puede significar un costo político para quien adopte las soluciones de fondo que, aunque son indispensables, no son tal vez las más populares.

Eso es precisamente lo que pasa con el tema del agua. Abastecer de agua a una ciudad conlleva costos financieros muy significativos en infraestructura, equipo y organización de personas especializadas, que generalmente no se trasladan a los usuarios y es el Gobierno quien debe disponer de recursos fiscales para subsidiar a los organismos operadores del sistema de agua potable. Esta práctica merma la capacidad del gobierno para atender adecuadamente otros rubros socialmente necesarios, fomenta una cultura de no pago en los usuarios, condena a la descapitalización e ineficiencia a los propios sistemas operadores y promueve el desperdicio y el consumo irracional del agua.

Cuando los gobernantes se niegan tomar las decisiones que son necesarias en cada momento, piensan que atienden a los intereses de su comunidad, y eso hacen creer. No hay nada más falso. Realmente cuando los gobernantes se niegan a asumir el riesgo de una disminución de su popularidad por la adopción de un proceso de mejora, generan mayores costos sociales, políticos y económicos, para la comunidad a la que dicen servir. Los ejemplos sobran: desde los sistemas de pensiones y de seguridad social que no se reformaron a tiempo y dejan en la indefensión a miles de trabajadores; las concesiones fiscales populistas que debilitan las finanzas del gobierno, el negarse a cobrar el impuesto predial; la falta de acuerdos políticos para llevar a cabo las reformas fiscal, energética y laboral que rezaga la competitividad del país; el mantenimiento de tarifas de transporte y agua artificialmente bajas que perpetúan la operación de servicios ineficientes y de pésima calidad, y que conllevan mayores costos a los usuarios por los servicios alternos que debe contratar para resolver sus necesidades en estos rubros.

Lo lamentable es constatar que, a final de cuentas, es el cálculo político personal y de partido lo que determina las políticas públicas en materia de agua, y no los intereses de la población y del país.

La inacción del Gobierno tiene costos más altos para la comunidad que la adopción de procesos de mejora y de eficiencia de los servicios públicos. La ausencia de voluntad política para resolver los problemas tiene el efecto perverso de trasladar mayores costos económicos y sociales a los usuarios.

En este contexto, son alentadores los esfuerzos que realiza la Asociación Nacional de Empresas de Agua Potable y Saneamiento (ANEAS), para impulsar la profesionalización de los sistemas estatales y municipales, aportar a la mejora del marco jurídico y regulatorio del agua, y contribuir a la definición de las nuevas políticas públicas del próximo Gobierno federal en la materia.

Otros trabajos, como los estudios y consultas realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), apuntan también a perfilar lo que puede ser una reforma del agua en México. Una política pública que reconozca el alto valor del agua y la necesidad de que las tarifas incorporen, por el propio bien de la comunidad, los costos de la infraestructura, la operación y el mantenimiento; que fomente el cambio de régimen de los sistemas de agua y saneamiento para que sean dirigidas por empresas públicas administradas mediante prácticas corporativas, sujetas a planes de largo plazo y evaluaciones con parámetros de desempeño, y reguladas bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas; que deslinde el tema del agua de los asuntos político electorales; y que incorpore la perspectiva ambiental en todo el ciclo integral de la gestión del agua en el país.

Necesitamos cambiar nuestro modo de pensar respecto del aprovechamiento de los recursos hídricos. La escasez, el cambio climático y la gran ineficiencia que tenemos en el manejo del agua, son situaciones que deben obligarnos a redefinir las políticas públicas y a fomentar una nueva cultura ciudadana del agua, así como de su consumo responsable.
22 Octubre 2012 03:00:08
La reforma del agua: cambio de régimen I
El mal manejo del agua es uno de los aspectos de nuestra vida comunitaria que más ilustra el atraso cultural, político e institucional que caracteriza a nuestro desarrollo.

La sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, el uso ineficiente de las aguas superficiales, la contaminación de todo tipo de fuentes de agua, el desperdicio irresponsable cotidiano y la deplorable administración de los recursos hídricos, son problemas muy graves que harán más severas las crisis del agua que traerá consigo el cambio climático.

Ningún recurso como el agua es tan poco valorado cuando se tiene, pero tan apreciado como indispensable para la vida cuando es escaso.

Todavía prevalece la idea de que el agua es un bien natural que no tiene ningún costo económico y que su disponibilidad no tiene límites. Idea por demás errónea, porque no se considera toda la infraestructura, equipo y organización humana que debe desplegarse para garantizar que el agua llegue a los hogares y que implica grandes inversiones y costos de mantenimiento que convierten al agua en un bien de carácter económico. Por estas creencias, una gran cantidad de personas prefiere pagar refrescos embotellados, bebidas alcohólicas, cuentas de teléfono celular, televisión vía satelital o comida chatarra, antes que pagar el servicio de abasto de agua.

Aparejado a lo anterior, una mayoría de los gobiernos locales sobre los cuales recae ahora la responsabilidad de administrar el abasto de agua potable y el saneamiento, evaden la incómoda situación de cobrar el agua a los usuarios y prefieren subsidiar un mal servicio, en vez de comprometerse a reorganizar el sistema, hacerlo eficiente y cobrar una tarifa justa por el abasto.

Se genera así un círculo vicioso, en el cual los organismos operadores municipales no pueden mejorar porque no cuentan con los recursos necesarios y la gente no paga porque tiene un mal servicio. Esto se da en un contexto en el cual, generalmente, la propia autoridad local no valora la importancia de un servicio eficiente de agua potable. Se nombran directivos sin la experiencia necesaria, se utilizan los sistemas de agua como agencias de proselitismo político electoral, se desvían los recursos financieros a otros gastos, no se realizan las inversiones en la infraestructura, el equipo y la profesionalización del personal que son necesarias y, por supuesto, no se rinden cuentas ni se transparenta la información.

Las cifras son desalentadoras: a nivel nacional la eficiencia física promedio de los sistemas locales de agua potable no pasa del 55% y la eficiencia comercial no rebasa el 75%.

En este escenario, la tendencia que muestra la explotación de los acuíferos en las diversas cuencas del país, aunada a la incertidumbre que ya introduce el cambio climático, puede provocar un colapso de los sistemas de abasto de agua a la población en los próximos años.

Algunos conocedores de esta problemática, consideran que la reforma del Artículo 115 Constitucional que les otorgó la facultad del abasto de agua a la población, vino a generar esta situación, porque los municipios no pueden desarrollar una escala de operación que haga posible lograr la autosuficiencia financiera o de plano porque no tienen los recursos necesarios para subsidiar y cubrir las pérdidas que genera el servicio. Sin embargo, la historia de los sistemas estatales de agua potable, como operaban antes de su descentralización a los municipios, tampoco es un antecedente de éxito y eficiencia.

Ciertamente, la tendencia a la metropolización de las ciudades mexicanas está desbordando las capacidades municipales y hace necesario la creación de sistemas de carácter regional, y a lo mismo obligará seguramente la extraordinaria dispersión de cientos de pequeños municipios que francamente no pueden, ni podrán por sí mismos, otorgar el servicio de agua en condiciones de certidumbre, regularidad y eficiencia.

La discusión, sin embargo, no debe considerar como una disyuntiva si el servicio de agua debe ser estatal o municipal; esto no es el problema. Tan ineficiente puede ser un organismo de alcance estatal como uno de cobertura municipal. Las experiencias así lo demuestran.

El verdadero problema es el régimen institucional con el que operan la gran mayoría de los organismos, ligados orgánicamente a las estructuras de gobierno y sujetos a los vaivenes de la política electoral, sujetos a las decisiones discrecionales de la autoridad y sumamente vulnerables ante los intereses económicos de particulares. Sin planes de inversión y de mejora continua, sin parámetros para evaluar su desempeño, sin obligaciones de rendición de cuentas y de transparencia, sin capacidad de adoptar resoluciones para elevar la eficiencia y la sustentabilidad financiera.

El problema de los organismos de agua potable es que se les utiliza como instrumentos políticos y de gobierno, y en esa medida se les coloca en el terreno político electoral, cuando su razón de ser es ofrecer un servicio público eficiente de abasto de agua potable, por encima de los cálculos político electorales y por encima del influyentismo y de los intereses particulares.

En el fondo, la debilidad e ineficiencia de los sistemas operadores de agua potable en el país es un reflejo de la baja calidad de nuestra democracia, que no acierta todavía a construir el andamiaje institucional para garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos y la primacía de los intereses de la ciudadanía.

El problema de los organismos es el régimen institucional bajo el que operan. Un gobierno con visión de futuro y responsabilidad, está obligado a impulsar una agenda de reformas que permita este cambio de régimen y lograr una gestión del agua eficiente al servicio de las familias mexicanas. El abasto de agua potable debe ser considerado como un tema de primer orden en la política pública del Estado Mexicano.
15 Octubre 2012 03:00:06
Ciudades competitivas
El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) publicó recientemente su reporte anual del Índice de Competitividad Urbana como parte de un estudio más amplio que denominó “El municipio: una institución diseñada para el fracaso”. Propuestas para la gestión profesional de las ciudades.

Se trata de una investigación valiosa, cuyos resultados pueden ser útiles para enriquecer la agenda de los gobiernos locales y del propio Gobierno federal en el propósito de modernizar y hacer más eficaz la administración de lo público en México.

Por la integración del Consejo Directivo del IMCO y de su staff profesional se puede tener confianza en el rigor de la metodología de trabajo utilizada y en la seriedad de los resultados. El estudio es una aportación muy interesante para discutir la forma en que actualmente se administran las zonas urbanas más importantes del país, así como para valorar los avances y retrocesos que se obtienen con el actual desempeño de nuestro sistema de gobierno, y sus efectos en la vida cotidiana de la población.

El documento del IMCO presenta resultados medibles en términos de competitividad para las 77 zonas urbanas más pobladas del país, mediante 60 indicadores agrupados en los subíndices de: I. Sistema de derecho confiable y objetivo. II. Manejo sustentable del medio ambiente. III. Sociedad incluyente, preparada y sana. IV. Economía estable. V. Sistema político estable y funcional. VI. Mercado laboral. VII. Infraestructura. VIII. Gobiernos eficientes y eficaces. IX. Aprovechamiento de las relaciones internacionales. X. Sectores de innovación y sofisticación.

La competitividad implica la capacidad de una ciudad para maximizar la productividad - y así atraer inversiones y talento - y para garantizar el mayor bienestar posible a sus habitantes. En este sentido, y conforme a los indicadores utilizados, las 10 ciudades más competitivas del país en el 2012 son: Monterrey, Valle de México, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad del Carmen, Saltillo, Tampico-Pánuco, Colima-Villa de Álvarez, Guadalajara y Mexicali.

Es muy interesante revisar con detalle los resultados porque a pesar de que algunas zonas urbanas son actualmente muy competitivas, como Monterrey y el Valle de México, su competitividad no será sostenible si no enfrentan grandes retos como mejorar la eficiencia de sus gobiernos, garantizar la seguridad pública, resolver los altos niveles de contaminación o modernizar la gestión del agua. La lección que queda es que no basta con ser competitivo hoy, sino que es necesario incorporar una perspectiva y una agenda de sustentabilidad y sostenibilidad del desarrollo de las zonas urbanas.

Es alentador lo que menciona el reporte del IMCO sobre Saltillo: “La zona metropolitana de Saltillo –conformada por el municipio homónimo, además de Ramos Arizpe y Arteaga- es uno de los centros manufactureros más importantes del país. En años recientes, la industria automotriz se ha consolidado como la rama económica más importante de la ciudad. Sin embargo, la ciudad cuenta con una base industrial diversificada, competitiva y enfocada al mercado de exportación.

Entre las ventajas competitivas de Saltillo destaca la eficiencia de sus gobiernos, que se ve reflejada en un bajo nivel de deuda municipal, una alta proporción de ingresos por predial, un buen manejo de los residuos urbanos y un crecimiento ordenado de la mancha urbana. La ciudad también ofrece un nivel de vida relativamente alto a sus habitantes. En una segunda parte el estudio revisa la gestión profesional de las ciudades mexicanas, en donde sus conclusiones plantean ya con toda claridad la obsolescencia de la forma de gobierno municipal para hacer frente al proceso de metropolización que viven la mayor parte de las zonas urbanas del país: “...los municipios deben desarrollar instituciones profesionales y eficaces para gobernar y administrar las ciudades desde una perspectiva metropolitana”.

En la última sección del documento se presentan algunos ensayos sobre temas importantes para la competitividad: ciudades compactas, finanzas públicas, seguridad, transporte, gestión del agua y residuos urbanos. Nuevamente, se destaca a Saltillo por su experiencia en la transformación de su sistema de agua potable mediante la creación una empresa paramunicipal público- privada, Aguas de Saltillo S.A., cuyos resultados en eficiencia física y comercial le han permitido resolver lo que hace 10 años era el gran problema que bloqueaba el crecimiento y el desarrollo de la ciudad.

Las conclusiones del reporte constituyen una base muy útil para conformar lo que podría ser una agenda para la modernización de los gobiernos municipales y colocar su reforma por encima de los bajos impulsos de la política electoral.

Se propone la creación de la figura de un administrador urbano, equivalente al City Manager de los gobiernos locales en Estados Unidos; la institucionalización del servicio civil de carrera; desarrollar instrumentos para la medición del desempeño de los gobiernos municipales; utilizar los fondos federales en proyectos metropolitanos; definir políticas para transformar el actual patrón de desarrollo urbano y fomentar la formación de ciudades compactas más eficientes y con mejor calidad de vida; y, promover reformas a la Constitución para permitir la reelección consecutiva de los presidentes municipales.

El estudio del IMCO es una contribución que vale la pena tomar en cuenta, para constatar lo mucho que ha cambiado la realidad del país, y sus problemas, y lo poco que su clase política y sus gobiernos hemos sido capaces de impulsar los cambios que son necesarios. Asignaturas pendientes de nuestra democracia.
01 Octubre 2012 03:00:45
El cambio que inicia…
El bloqueo que prevaleció durante muchos años a las reformas que son indispensables para adoptar un nuevo rumbo de crecimiento económico y prosperidad, y para al fin impulsar la modernización del país, parece haber quedado desactivado con la aprobación por la Cámara de Diputados de la iniciativa preferente que envió el Ejecutivo el primer día del mes de septiembre para modificar la Ley Federal del Trabajo. Es un primer paso en un proceso de cambio que puede darle un nuevo perfil a México.

Las reformas aprobadas. aunque todavía falta que se discutan en el Senado, implican a una reconceptualización del trabajo en el sentido que lo define la Organización Internacional del Trabajo y que, aunque coincide en mucho con las definiciones de nuestro texto constitucional, permite incorporar los principios de respeto a la dignidad humana, la no discriminación por origen étnico o nacional, genero, edad, discapacidad, condición social, preferencia sexual o estado civil; garantiza un salario remunerador; el acceso a la seguridad social, a la capacitación y a mejores condiciones de seguridad e higiene. Asimismo, contempla el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.

El nuevo texto propuesto incluye muy importantes avances para regular situaciones que carecían de un marco normativo adecuado, favorece el tránsito del trabajo informal al mercado formal y pone énfasis en los derechos de las mujeres y de los trabajadores que van a laborar en el extranjero.

Aunque es muy difícil cuantificar los efectos que esta reforma tendrá en los niveles de empleo, es muy probable que servirá para lograr un crecimiento económico significativo en los próximos años con la previsible generación de nuevas inversiones nacionales y extranjeras.

Lo seguro es que México será un país con mayor productividad, más competitivo y con mejores regulaciones para preservar los derechos de los trabajadores, en especial de las mujeres.

La reforma laboral aprobada, no sólo tiene un gran valor en sí misma, por sus contenidos innovadores que actualizan los aspectos ya obsoletos de la ley vigente de 1970, sino por el mensaje político, de un gran significado económico, que se registra ante la propia sociedad mexicana y ante el mundo: los mexicanos somos capaces de vencer el miedo al cambio, de ponernos de acuerdo en lo fundamental, aun con las diferencias políticas que existen entre los partidos, y de fijar un rumbo a seguir en el contexto de la globalización.

Lo que resulta difícil de entender, aunque no sorprendente, es la postura de algunos sectores y personajes de la izquierda que sin ofrecer argumentos concretos se oponen a la reforma, descalificándola con el señalamiento, ya muy desgastado, de que va en contra de los derechos de los trabajadores. Sería muy útil que leyeran el texto aprobado por la Cámara de Diputados y que lo contrastaran con las situaciones de abuso patronal, de improductividad y de manipulación sindical que hoy existen.

La elección presidencial y el próximo relevo del Ejecutivo Federal, en lo que constituye la segunda alternancia en nuestra democracia, ha propiciado una nueva alineación de las fuerzas políticas que favorece los cambios en el andamiaje jurídico, institucional y político con los cuales hacer realidad las reformas que tanto se necesitan para alentar el desarrollo económico y la equidad en el país. Es el cambio que inicia.



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@oscarpime
http://oscarpimentel.wordpress.com/

24 Septiembre 2012 03:00:23
Los estados y el nuevo gobierno
El país va a cambiar. Eso es seguro. Y uno de los rasgos de la realidad política actual que mayores ajustes habrá de sufrir, es la relación de los gobiernos de los estados con el Gobierno federal.

Venimos de un largo periodo de conflicto, desorden y retroceso. Han sido 12 años de anarquía en los que se conjugan los efectos perversos de la alternancia, donde los gobernadores priístas se asumieron como soberanos e independientes sin la autoridad de un Presidente de su partido, la ineptitud para gobernar con una visión de Estado de los panistas y el predominio de la agenda personal de los gobernadores de todos los partidos, que se propusieron prolongar su poder político más allá de sus límites constitucionales, en ocasiones con resultados verdaderamente desastrosos.

La ciudadanía demanda un rumbo claro, armonía de todos los órdenes de gobierno y que cada quien cumpla con sus responsabilidades. No es demasiado pedir.

Uno. Que ningún gobierno se haga el desentendido con el tema de la seguridad pública, la lucha contra la delincuencia organizada y la reforma insoslayable, del sistema de justicia penal. Se requiere que todos los gobiernos estatales y municipales asuman su responsabilidad para garantizar la paz, la seguridad y la administración de justicia. A la población no le importa de qué orden de gobierno sean las facultades; lo que reclama es seguridad pública.

Dos. Que ningún gobierno maneje los recursos del Estado como si se tratara de finanzas personales, o como si con su administración se acabara el mundo. No, la vida sigue. El futuro de los estados necesita finanzas sanas, recursos para continuar con el desarrollo económico y social de las comunidades, para construir infraestructura, impulsar la educación, la salud, la cultura y la modernización de las ciudades. Urge cerrar el paso a la irresponsabilidad y a la corrupción. Para ello se requerirá perfeccionar las leyes, mejorar la comunicación de las autoridades federales con los gobernadores, redefinir funciones de cada orden de gobierno, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas y, por fin, lograr acuerdos en torno a una reforma hacendaria de largo aliento que reordene facultades fiscales y restablezca la responsabilidad del Estado con el desarrollo del país.

Tres. Que ningún gobierno se guíe por ocurrencias, como actualmente sucede en muchos casos, sino por un marco de políticas públicas consensuado entre la Federación y los estados, para impulsar el desarrollo de la nación y de sus regiones. Se requiere la definición de prioridades nacionales de desarrollo, de proyectos de inversión con visión de largo plazo, de proyectos estratégicos en los diferentes sectores y regiones. La economía, la seguridad y la justicia, la educación, el desarrollo social, el desarrollo urbano, el medio ambiente y la cultura, deben estar en el centro de las prioridades presupuestales y de ejecución del nuevo Gobierno federal.

Se debe evitar, entre otras cosas, la competencia entre los gobiernos de los estados por atraer a su entidad los grandes proyectos de inversión, como ha sucedido en los últimos años con la industria automotriz, lo cual ha generado costos financieros que no se pueden sostener por los gobiernos que han ganado estas batallas, en gran medida propiciadas por una política de favoritismo o de franca omisión del gobierno federal.

Cuatro. Que ningún gobierno asuma que los intereses de su partido político pueden ser más importantes que las acciones a favor del interés de la mayoría de la población. La ausencia de una actitud de Estado frente a los problemas, es uno de errores más graves cometidos por la clase política panista en estos últimos años.

Se va requerir de un gobierno federal competente y organizado. Con capacidad para establecer una interlocución productiva y edificante con los gobiernos de los estados. Con orden y compromisos responsables, de frente a un proyecto de lo que queremos lograr como nación.

Todos esperamos que pase ya la noche de la alternancia y del retroceso democrático, que trajo consigo la dispersión de nuestro ser nacional y el ascenso de los gobiernos locales sin contrapesos, hoy un lastre para nuestra democracia.

Esperamos, con razones fundadas, que el nuevo gobierno ponga los puntos sobre las íes. El Gobierno federal, los estatales y los municipales deben actuar como uno solo. Urge alinear sus esfuerzos y potenciar sus capacidades para impulsar los cambios que el país necesita. Este sí puede ser el inicio de la alternancia democrática que México necesita.
17 Septiembre 2012 03:00:08
Transparencia y rendición de cuentas
La opacidad, la administración unipersonal del gobierno, la corrupción y el ejercicio del poder político sin cortapisas ni contrapesos, son rasgos que desafortunadamente han caracterizado la vida pública de México durante toda nuestra historia.

La gran esperanza de que se pudiese completar el ciclo de transición a la democracia, y con ello superar las viejas prácticas de la vida política, quedó como una ilusión perdida por el fracaso de la alternancia, por la ineptitud y por la ausencia de una visión de Estado de los gobiernos panistas.

La alternancia y la tan esperada transición significaron en muchos sentidos un retroceso de la democracia. Como dice el dicho popular: “Estábamos mejor cuando estábamos pior”.

Con un Presidente de un partido distinto al de la mayoría de los gobernadores, se produjo un fenómeno de feudalización política del país que, en la mayoría de los casos, mediante la evasión o la franca manipulación de las leyes, se recrudecieron las practicas de gobierno más primitivas. Control del Poder Legislativo y del Poder Judicial por los ejecutivos estatales, control de los órganos electorales, de los órganos de transparencia y de derechos humanos, control de los medios de comunicación, desarticulación de todo tipo de contrapeso social o empresarial, y uso político de las instituciones de la justicia, son fenómenos comunes en la mayoría de los estados. Los efectos de este tipo de gobierno han significado un verdadero retroceso para las instituciones y han tenido efectos devastadores en su potencial de desarrollo y en la confianza de la población.

Y en el ámbito federal no se han quedado atrás. El Gobierno ha mantenido una total opacidad en el manejo de muchos proyectos, fideicomisos y fondos financieros. El manejo de los fondos de recursos provenientes del petróleo, la información de la deuda, fideicomisos para proyectos de infraestructura, la construcción de obras como la biblioteca José Vasconcelos, la Estela de Luz o programas como la Enciclomedia, entre muchos otros, han quedado como ejemplos de opacidad y manipulación de la información desde el poder gubernamental. También vale la pena citar la información siempre restringida y manoseada de los pésimos resultados y efectos contraproducentes que ha tenido la guerra fallida contra el narcotráfico del gobierno panista.

Por ello, una parte muy importante de las reformas institucionales necesarias para mejorar nuestra democracia es el perfeccionamiento de las leyes relacionadas con el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Los gobernantes tienen que asumir que su acción tiene apegarse a un marco jurídico que delimita sus facultades y establece obligaciones que deben cumplir. El poder no es un poder personal que se pueda ejercer de manera discrecional y sin límites, como lo hacen muchos gobernantes; el poder es un mandato de la ciudadanía para velar por el interés general conforme a la ley.

En este contexto, destaca la iniciativa de reformas constitucionales para dotar de mayor autonomía y facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) que el Presidente electo, Enrique Peña Nieto, entregó a las fracciones parlamentarias de PRI y PVEM en el Senado para proponerla a los legisladores que conforman el Congreso de la Unión.

Como parte del impulso de una transición a la democracia, durante las últimas décadas se han hecho cambios legislativos e institucionales para garantizar el derecho de acceso a la información gubernamental y la transparencia, así como para hacer realidad la rendición de cuentas de los gobernantes. La rendición de cuentas es un elemento central de la democracia moderna y constituye uno de los principales instrumentos para controlar el abuso del poder e inhibir la corrupción, la ineficacia, la ineficiencia, el dispendio, la corrupción, la opacidad y la impunidad gubernamental.

Un paso decisivo en esta materia se dio en 2002 con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), y la réplica en las entidades federativas de leyes y organismos equivalentes.

A pesar de que se han decretado reformas de segunda generación en materia de transparencia, encaminadas a facilitar la rendición de cuentas de todas las autoridades en los diferentes órdenes de gobierno, así como a garantizar el derecho a la protección de datos personales, lo cierto es que actualmente son insuficientes los mecanismos para exigir cuentas a sus gobernantes. Junto con ello, las instancias gubernamentales recurren a múltiples subrepticios legales para eludir obligaciones en materia de transparencia. Ello redunda en buena medida a que la calidad de los servicios gubernamentales al rendir pocas cuentas siga siendo muy baja, y prevalezcan prácticas corruptas.

Por ello, resulta muy importante la nueva iniciativa presentada por el Presidente Electo. Su objetivo esencial es dotar de plena autonomía constitucional al IFAI, para fortalecer y ampliar su independencia y margen de maniobra, y consolidar a este Instituto como el máximo organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en todo país.

De aprobarse la reforma constitucional, el IFAI contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena autonomía técnica, de gestión y para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna. Como órgano independiente, ampliará su competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de las autoridades, entidades, órganos u organismos de los poderes federales, y organismos con autonomía constitucional, a excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los partidos políticos, cuya acceso a la información de estos últimos se dará por medio del Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales locales.

Esta reforma puede ser un gran paso para hacer verdaderamente efectivo el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública, y con ello crear mejores condiciones para fortalecer las vías de participación social y el control democrático del poder político. Esperamos que nuestros legisladores estén a la altura de esta exigencia y aprueben pronto la iniciativa.
10 Septiembre 2012 03:00:00
La nueva estrategia de seguridad
Son ya demasiado altos los costos que paga el país por la espiral de violencia -epidemia, la llamarían algunos- desatada desde el inicio del actual gobierno panista. La guerra en contra del narcotráfico está dejando una secuela de muerte y violencia sin precedentes en la historia, pero también se ha convertido en un factor determinante de la pérdida de muchas oportunidades para impulsar el crecimiento económico y generar los empleos que se requieren. La inseguridad y la impunidad son un lastre para México.

Urge una revisión seria y objetiva, sin criterios de tipo político partidista, de la situación que guarda la lucha contra la delincuencia organizada y una nueva estrategia para recuperar la paz y la seguridad públicas que son indispensables para alentar el desarrollo.

Sin un régimen político e institucional que garantice el Estado de Derecho, con seguridad y justicia, no hay nada que hacer para conseguir mejores niveles de bienestar de la población. La función primordial del gobierno es garantizar la integridad física y patrimonial, a la par que el pleno ejercicio de las libertades y derechos de la ciudadanía.

Desde que el Gobierno declaró la guerra a los carteles del narcotráfico, fue evidente que la motivación principal era un afán de conseguir la legitimidad política que las reñidas elecciones no pudieron aportar. Por esa razón no se compartió desde un inicio la estrategia con los gobiernos locales, ni tampoco pareció importante considerar que las propias instituciones federales, responsables de la procuración de justicia y de la seguridad, estuviesen totalmente desorganizadas, sin las capacidades necesarias para una guerra de esa naturaleza, y además infiltradas por la delincuencia.

Todo ha sido un fracaso en esta guerra. Por el objetivo, definido desde el cálculo político partidista, centrado en el combate a las organizaciones del narco, no en cómo garantizar la seguridad de la ciudadanía; por el método, esencialmente punitivo, de focalizar la violencia y descabezar a las organizaciones, que no permite lograr avances sostenibles; y por los resultados, que son ya dramáticamente negativos para el país, tanto por la escalada de violencia que se vive, como por las más de 60 mil muertes que se contabilizan y los efectos que sobre la economía produce el terror y la incertidumbre. Hemos perdido lo más preciado, el ejercicio de nuestras libertades, la confianza en nuestras instituciones, la certidumbre de que el trabajo y la inversión son las palancas de nuestro desarrollo.

Por estas razones, urge una nueva estrategia para la seguridad pública y la justicia. Garantizar la seguridad de la población en todo el territorio y en todo momento, debe ser el propósito fundamental de la acción del gobierno. No puede haber ninguna circunstancia que justifique el colocar a la población civil en una situación de vulnerabilidad.

El primer paso debe ser formular una política de Estado en materia de seguridad, para rescatar el tema del debate de motivaciones partidistas y definir una estrategia que obligue a la coordinación de todos los órdenes de gobierno y poderes de la Federación. Gran parte del fracaso de la guerra en su diseño actual es la falta de coordinación con la cual se inició. Fue hasta que se constató el altísimo grado de dificultad que implicaba y para distribuir culpas a los gobiernos locales, que se reclamó una mayor corresponsabilidad de los estados y los municipios en la lucha contra la delincuencia.

Será indispensable replantear las situaciones y modalidades en que sea necesario el uso masivo de la fuerza, así como diseñar mejores sistemas e instituciones de inteligencia que permitan darle un sentido y rumbo, temporalidad, a la lucha contra la delincuencia organizada. Se requieren también mecanismos financieros y hacendarios para combatir el lavado de dinero y mermar la fortaleza económica del narco. Si no se destruyen los nodos económicos de la delincuencia, no hay avances reales en este combate. Y no parece justo que mientras soldados y marinos arriesgan su vida en la lucha contra el narco, las autoridades hacendarias y bancarias estén dormidas en sus laureles, sin desarrollar la inteligencia financiera y las acciones necesarias para combatir los delitos en esta materia.

Se necesita una reforma de las instituciones. Será muy importante reflexionar sobre la relación de la seguridad pública con los propósitos de la política interior y si eventualmente convendría reincorporar esta tarea a la Secretaría de Gobernación, depurar y reorganizar a la Procuraduría General de la República, revisar el papel que debe desempeñar el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, consolidar el Sistema Nacional de Seguridad Pública y darle un impulso definitivo a la reforma del sistema de justicia penal aprobada en el 2008, que es la más importante transformación institucional que nos puede llevar a modernizar nuestros aparatos de seguridad y de justicia.

Algo muy importante es la adopción de mejores sistemas y prácticas de coordinación y colaboración del Gobierno federal con los estados y los municipios. Debe existir una relación de confianza que permita actuar en conjunto y ser corresponsables de la seguridad de la ciudadanía de manera efectiva. Se necesita ir más allá de las atribuciones formales y lograr una coordinación efectiva. Lo que demandan los ciudadanos es seguridad, no les importa si los delitos son del fuero federal o local.

Ninguna reforma institucional tiene sentido si no se establece también una agenda para la recomposición del tejido social y para lograr una mayor participación social en el esfuerzo de la seguridad, así como para fomentar una nueva cultura de la legalidad. Es necesario que se articulen adecuadamente las políticas económica, social, educativa, de salud y de cultura con las políticas de seguridad pública y de justicia; fomentar la participación de la sociedad organizada en la gestión de estas políticas; y, promover con los gobiernos estatales y municipales la adopción de nuevas reglamentaciones de policía y buen gobierno que propicien mejores prácticas en la convivencia comunitaria para cerrar las puertas a la delincuencia organizada.

Hay mucho por hacer, y seguramente el próximo gobierno nos ofrecerá las respuestas que tanto demandamos los mexicanos para salir ya de esta crisis de violencia y horror que tanto nos daña, como personas y como nación. Hagamos votos para que así suceda.
03 Septiembre 2012 03:00:57
El reto de Peña Nieto
Finalmente, el viernes pasado el Tribunal Federal Electoral entregó la constancia de mayoría que declara como presidente electo de México a Enrique Peña Nieto.

A partir de ahora, el debate no será ya sobre las particularidades de la elección ni sobre la legitimidad de la nueva alternancia en el gobierno que le permite al PRI recuperar la Presidencia de la República, sino sobre la naturaleza y dimensiones del reto que habrá de enfrentar el nuevo presidente y su gobierno.

Aunque varían las opiniones en cuanto a los propósitos y los cómo, la mayoría de la población y en especial las fuerzas políticas organizadas coinciden en que se debe impulsar una gran transformación de México, su modernización en todos los ámbitos. Estas coincidencias conducen al primer compromiso que deberá contraer Peña Nieto: asumir una visión de Estado para impulsar la modernización del país que coloque el interés de la nación por sobre cualquier compromiso y circunstancia, personal o de partido.

Si bien el sentido de esta reflexión colectiva apunta hacia un proceso largo de cambios fundamentales en la arquitectura de nuestra sociedad, que nos permita hacer realidad lo que se ha llamado la transición democrática, también se coincide en que lo apremiante es garantizar la seguridad pública y la vigencia del estado de derecho, mejorar los mecanismos de la transparencia y la rendición de cuentas, de combate a la corrupción y de aliento a la participación ciudadana, así como impulsar las reformas legislativas que hasta hoy se habían entrampado por la falta de acuerdos entre los partidos políticos: la fiscal, la energética, la laboral y la del sistema de seguridad social.

La llegada de Peña Nieto a la Presidencia se percibe como una nueva y gran oportunidad para recuperar el rumbo de nuestra democracia. Es la posibilidad de que se adopten decisiones para crear un clima de certidumbre y un ánimo social propicio a las reformas que son indispensables, en sectores que hasta hoy siguen secuestrados por los privilegios y los intereses corporativos.

El reto que enfrentará el próximo presidente es muy complejo. Una de sus primeras preocupaciones será sin duda c’omo afianzar su base de respaldo político, sin que ello signifique detener el impulso de las transformaciones con las cuales está comprometido. Esto quiere decir que la primera ola de reformas y cambios que debe desplegar es dentro de su propio partido, para evitar que sea el cálculo político-electoral el criterio con el que se midan los efectos esperados de las reformas estructurales. Reformas que por otra parte, si observamos el contexto internacional, son apenas los primeros pasos para llegar a construir políticas públicas de mayor calado como las que ya se empiezan a generar en los países más avanzados en respuesta a la crisis global. O sea, que aun con las reformas que se pueden procesar en los próximos meses, de todos modos iremos rezagados. En el PRI deberíamos entender esto para respaldar al nuevo Presidente y alentar los cambios que son necesarios.

Por su origen partidista, por sus compromisos de campaña y por la convicción expresa que anima su quehacer político, el nuevo presidente deberá lograr una identificación permanente con la gente; la comprensión de sus condiciones económicas y sociales, una franca sensibilidad ante sus reclamos y aspiraciones, y definir un claro compromiso como líder de la nación para disminuir los altos índices de pobreza y desigualdad que prevalecen. Necesitamos un liderazgo responsable, con visión de Estado, moderno, pero con un indudable compromiso social. No debemos permitir que la izquierda, y menos su candidato perdedor, se apropie de las reivindicaciones sociales que demanda el México que queremos construir. La equidad debe ser, finalmente, el propósito central que anime nuestro proyecto de transformación del país.

Un gobierno integrado bajo el principio de la relación amistosa con el Presidente, independientemente de las aptitudes y capacidades para el cargo de los funcionarios, desorganizado e ineficiente, como el actual gobierno panista, no solamente genera desconfianza para unir los esfuerzos de la sociedad en aras de un proyecto común, sino que se convierte en un obstáculo y en una fuente de mayores problemas. La crisis del México actual es un claro resultado del fracaso de este tipo de gobierno.

Por ello, otro de los propósitos que seguramente habrá de plantearse el próximo presidente será lograr una organización adecuada del gobierno, tanto en su estructura como en los criterios de idoneidad de quienes designe en cada una de las tareas. Es un hecho que la actual organización funcional de la administración del poder ejecutivo federal ya no responde a las nuevas realidades del país. Hay temas como la planeación, el desarrollo urbano sustentable, la seguridad pública y la procuración de justicia, el agua, la política social y la política educativa, entre otras, que merecen una reconceptualización de su importancia y de su funcionalidad en el conjunto de la estructura gubernamental.

Por otra parte, la pluralidad de la sociedad y la vitalidad de la participación de los partidos hará necesaria una gran capacidad de lograr acuerdos con todas las fuerzas políticas en aras de concretar las reformas y garantizar un clima de gobernabilidad y normalidad democrática que garantice el desarrollo del país. Debe reconocerse que el discurso del próximo Presidente insista en este principio tan necesario para gobernar y que sus primeros pasos como candidato triunfante hayan sido por este camino.

Visión de estado, liderazgo, identificación con la gente y compromiso con la equidad, organización del gobierno para ser eficaz en la solución de los problemas y capacidad política para concertar la transformación de México, constituyen el gran reto del Presidente Electo Enrique Peña Nieto. Un reto que todas las mexicanas y mexicanos debemos contribuir a resolver, con madurez y generosidad para salir adelante.
27 Agosto 2012 03:00:11
La izquierda necesaria
Uno de los problemas de nuestro desarrollo político, aún con grandes carencias y rezagos, es el comportamiento sectario y errático de una parte importante de las organizaciones que se autodenominan de izquierda, influenciadas en su mayoría por las corrientes del pensamiento socialista en sus diversas expresiones.

Ciertamente, no es posible entender la historia del país, desde el siglo 20 a la fecha, sin tener en cuenta la participación de muchos grupos de intelectuales, trabajadores del campo y de las ciudades, estudiantes y núcleos de la clase media en las diversas organizaciones y partidos políticos en que se ha agrupado la izquierda mexicana. No obstante su postura en contra del orden establecido, no se pueden ignorar sus relaciones con el aparato de Estado y sus contribuciones para forjar un sentido de la identidad nacional e incluso una cultura de lo que se identifica como mexicano desde la fase postrevolucionaria. El nacionalismo revolucionario, hoy el sustento ideológico más socorrido de la izquierda para enfrentar el fantasma de la globalización, es en mucho una creación suya también, aunque el PRI sea su principal promotor y responsable de que se asimilara como la ideología oficial del Estado Mexicano.

De la misma manera, no se puede explicar el trayecto del movimiento obrero, de sus fracasos y sus grandes logros, sin reconocer la participación de la izquierda, ya sea propiamente comunista o de influencia cristiana, y su participación en el sistema corporativo que rige hoy las relaciones laborales en el país.

Pero también la alternancia y la reforma de nuestro sistema electoral para construir una democracia con una real participación de los ciudadanos, una mayor fortaleza institucional y nuevas reglas que garanticen la transparencia y la certeza de las elecciones, son resultado de un proceso político en el cual fue muy importante la participación de la izquierda.

Por todo esto, es muy lamentable que la izquierda mexicana no haya logrado consolidar en estos últimos años un liderazgo moderno e inteligente, acorde a lo que demanda la nueva realidad política que vive el país. Sorprende que aún con el gran capital político que ha logrado acumular en el Distrito Federal y el reconocimiento general a las obras e iniciativas de vanguardia que hoy le dan un nuevo perfil a la ciudad, la gran mayoría de los militantes de las organizaciones de izquierda continúen bajo el influjo de un tipo de liderazgo mesiánico, capaz de las mayores incongruencias con tal de acceder al poder.

Lo más grave es que la izquierda que encabeza el líder redentor y ex candidato a la presidencia, no propone un nuevo proyecto de nación: lo que plantea es el regreso a un pasado nacionalista y populista, mejorado con la decisión de combatir la corrupción y cancelar los privilegios. Como si ello fuera suficiente para sacar el país adelante.

La posición de este sector de la izquierda frente al proceso electoral lo retrata muy bien: incapaz de sostener su propuesta de conciliación y armonía e incapaz de sostener su compromiso de respetar los resultados de la elección y a las instituciones responsables de organizarlo. La incongruencia se ha convertido en el sello de su quehacer político. Sólo acepta lo que le conviene:”..que se repita el proceso electoral porque perdí..”, es su reclamo. No importa la gran diferencia de votos ni lo que digan las autoridades electorales.

La forma en que ha evolucionado el Yo soy #132 es otra prueba de incongruencia. Al inicio sobraron las voces que le daban la bienvenida a una nueva expresión política que prometía alentar la participación de los jóvenes en la política, hasta que la izquierda del líder mesiánico se apropió del movimiento y lo convirtió en otro brazo de su estrategia. Para la izquierda y para el # 132 sólo es criticable lo que tenga relación con el PRI o con el gobierno; si los dislates y las conductas reprobables son de algún miembro o simpatizante de la izquierda, se guarda silencio en clara actitud de complicidad.

La izquierda, como el PRI y los demás partidos políticos, tienen mucho qué hacer para acreditar mejores opciones políticas.

La sociedad mexicana demanda mejores organizaciones y proyectos en los cuales se pueda confiar y con los cuales se pueda construir un mejor futuro, libre de verdades impuestas y de temores frente a lo nuevo que se vive en el mundo.

La democracia mexicana necesita una izquierda inteligente, moderna y responsable. Su participación es un factor insustituible en las transformaciones que son necesarias para resolver la crisis y edificar el país próspero y justo que queremos.
20 Agosto 2012 03:00:07
Responsabilidad política para avanzar
En un clima de aparente estabilidad, cuyo origen es la percepción pública de que los altos niveles de violencia e impunidad y el mediocre comportamiento de la economía son ya una normalidad inevitable, la incertidumbre política sobre el futuro del país agobian a la población. El escepticismo y la desconfianza hacia lo político se enraizan y se endurecen.

El conflicto postelectoral no concluye y, a pesar de que el Tribunal Electoral seguramente validará las elecciones del primero de julio, no es factible que ello despeje en el futuro inmediato la sombra de la duda y las versiones de fraude difundidas de manera interesada y mezquina por el candidato perdedor de las izquierdas, no sin una alta dosis de cinismo y ridiculez. Asegurar que unos pobres pollos, borregos, patos y cerdos, así como diversos objetos utilitarios que presumiblemente fueron entregados en la campaña electoral por el PRI, constituyen pruebas fehacientes de un fraude, es un disparate mayúsculo. Ofende a los electores al suponer que no razonaron su voto y que carecen de las convicciones políticas para evitar ser manipulados electoralmente.

Hay, sin embargo, buenos augurios. El encuentro y posible entendimiento entre los futuros líderes parlamentarios de los principales partidos políticos, es un buen comienzo de lo que puede ser una legislatura que finalmente pueda concretar algunas de las reformas que son imprescindibles para que México pueda crecer sobre bases de mayor eficiencia en el uso de sus recursos y la modernización de sus economía y de las instituciones del Estado. Éste sería un gran logro que puede generar un círculo virtuoso en el proceso de transición política y, sobre todo, responder a la exigencia de la ciudadanía para que la clase política asuma cabalmente su responsabilidad, y cumpla con el mandato que los electores le impusieron al emitir su voto.

Vamos a iniciar un período de muy importantes cambios en diversos arreglos políticos e institucionales, entre los que destacan la muy necesaria redefinición de la relación del Presidente de la República con los gobernadores de los estados, con el Congreso de la Unión y con los grandes poderes fácticos que inciden en la marcha del país. Es muy posible que avancemos, como quiere la ciudadanía y lo abandera el candidato triunfante del PRI, hacia una mayor transparencia, el combate de la corrupción y una más clara relación con los medios de comunicación.

Vivimos un momento que exige definiciones claras de los actores políticos para avanzar y, sobre todo, compromiso con el interés colectivo y el futuro del país. La situación nacional demanda acuerdos para la gobernabilidad, la seguridad y el desarrollo, más allá del cálculo político, la mezquindad partidista y la ineptitud del gobierno que prevalecieron en los últimos años y que terminaron por generar la crisis mas grave y profunda que hallamos conocido en muchas décadas.

Hoy, los políticos y los gobernantes tienen una responsabilidad enorme. No pueden, no deben, fallar. No se trata de que hagan lo que se puede, sin enfrentar las dificultades y sin asumir los costos políticos que llevan consigo las acciones de gobierno; no, se trata de que hagan lo que tienen que hacer para resolver de fondo los problemas con una visión de largo plazo, lo cual implica imaginar y adoptar con responsabilidad las soluciones que son necesarias.

Evadir las decisiones difíciles, ejercer políticas complacientes y descuidar la administración de los recursos públicos por la búsqueda obsesiva de la popularidad, es una conducta que tarde que temprano arroja saldos negativos, tanto para el país como para los políticos que incurren en ella.

Tenemos que alentar cambios en el seno de la clase política para lograr, independientemente de su filiación partidista, un mayor sentido de responsabilidad en el cumplimiento de sus tareas, honestidad en el manejo de los recursos y, antes que nada, un claro compromiso con México.
06 Agosto 2012 03:00:53
La violencia contra las mujeres: la mayor tara de México
Según el diccionario la palabra tara alude a un defecto físico o psíquico, por lo común importante y de carácter hereditario, o bien se refiere también a un defecto o mancha que disminuye el valor de algo o de alguien. La violencia contra las mujeres es precisamente una tara de nuestro país. Tal vez la más importante y determinante de su atraso cultural, económico y social.

Existe mucha información estadística y testimonial que da cuenta de la violencia contra las mujeres y de la violencia intrafamiliar generalizadas que prevalecen en México y que, lamentablemente, han venido creciendo de manera alarmante durante los últimos años.

La urbanización salvaje, el empobrecimiento acelerado de millones de mexicanos, la desigualdad social cada vez mayor y la delincuencia organizada, son factores que agravan este fenómeno, en un clima de ausencia del estado de Derecho y de preocupante debilidad de las instituciones del Estado.

Ciertamente, la violencia en el país no es algo nuevo. Más bien, se puede decir que es un rasgo de nuestra cultura, alimentado por la ignorancia, el rezago económico y la iniquidad social. Los altos niveles de frustración individual y colectiva que derivan de la imposibilidad de satisfacer las expectativas de ascenso social y ,en la mayoría de los casos, de asegurar el sostenimiento individual y de la familia de una manera digna, derivan en condiciones que propician la violencia en todas sus formas y muy particularmente contra las mujeres.

El afán civilizatorio de la educación oficial, las reformas legales y las políticas públicas que se han propuesto acabar con este gravísimo problema no han logrado disminuir las expresiones de la violencia y las situaciones de discriminación que se ejercen impunemente contra las mujeres. Es la mayor tara del país.

Es una violación alarmante de los derechos de las personas, un problema humano de extrema gravedad y, sobre todo, el mayor obstáculo cultural de los mexicanos para edificar el país prospero y moderno que queremos.

Hace unos días la organización Amnistía Internacional presentó un informe en el cual señala que: “Las autoridades mexicanas no protegen a las mujeres de la violencia y la discriminación crecientes ni garantizan que los responsables respondan ante la justicia“. Asimismo, dice: “La situación de los derechos de las mujeres en México es alarmante“.

Tan sólo en 2009 se denunciaron casi 15 mil casos de violación, de los cuales solamente se investigaron y se condenaron 2795, sin considerar que la mayoría de las violaciones no se denuncian.

Más de 50 organizaciones no gubernamentales mexicanas han presentado informes ante la ONU para denunciar el incremento preocupante de la violencia contra las mujeres. Señalan que de 2007 a 2009 el número de asesinatos de mujeres creció en un 68% y de enero de 2010 a junio de 2011 se reportaron 3 mil 149 casos de desaparición forzada de mujeres y niñas.

En los últimos días del pasado mes de julio, el Comité de la ONU que evalúa el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer, hizo público un informe que documenta la violencia contra las mujeres en México, agravada ahora por la guerra fallida del Gobierno contra el narcotráfico

Sin mujeres con el ejercicio pleno de sus derechos no hay desarrollo. Menos con una mayoría de los habitantes disminuidos en su autoestima, dañados emocionalmente y presos de graves complejos de inferioridad y resentimiento por las prácticas de violencia y abuso que sufrieron en sus familias y que sufrieron sus madres.

Es imposible que en una nación donde se violenta física y psicológicamente a una gran parte de su población de manera cotidiana, se puedan desplegar las capacidades personales y comunitarias que son indispensables para ser productivos, creativos y con la determinación necesaria para impulsar el progreso del país.

Mientras no comprendamos esto cabalmente, y seamos capaces iniciar la transformación cultural que requerimos, en su más amplio sentido, no seremos una sociedad mejor, ya no digamos civilizada.

Hay mucho que hacer. Lo primero es reconocer y discutir abierta y públicamente el problema de la violencia contra las mujeres. Luego definir una voluntad colectiva para enfrentarlo bajo un amplio espectro de compromisos. Debe ser una de las políticas públicas de mayor prioridad del próximo gobierno.

El desarrollo y la democracia del país están juego. Todo el país esta en juego.
30 Julio 2012 03:00:48
La lógica de gobernar
En pocos meses más se iniciará un nuevo gobierno cuyos retos para fortalecer la gobernabilidad, recuperar la seguridad pública y darle una nueva dirección al desarrollo del país serán sumamente complejos.

Todos los signos de la política interna y de la situación del mundo, apuntan a que viviremos una fase de transición política y económica caracterizadas por la incertidumbre.

La fase postelectoral y de inicio del nuevo gobierno será crucial para el futuro de México. Será un gran desafío para el gobierno que encabezará el presidente Peña Nieto.

La única certeza evidente es que ya no se podrá gobernar con las mismas orientaciones y prácticas políticas con cuales se gobernó en el pasado.

Los propósitos definen los instrumentos. La legitimidad, la gobernabilidad democrática y la eficacia para avanzar en las transformaciones profundas que exige el país, serán condicionantes de una lógica de gobierno que deberá subordinar los compromisos e intereses que no coincidan con estas necesidades.

Al país le urgen definiciones claras y de largo alcance sobre su futuro: políticas de Estado blindadas ante la influencia de los afanes partidistas y los cálculos personales, compromisos colectivos para lograr metas concretas de beneficio común, decisiones clave que atiendan los reclamos más sentidos de la población.

Para el trayecto, el nuevo gobierno requerirá una hoja de ruta que le permita sortear con éxito las muchas dificultades que seguramente habrá de encontrar.

En la democracia no hay eficacia sin acuerdos. Por ello,

la lógica de gobernar demandará un gran esfuerzo de concertación y acuerdos con todas las fuerzas políticas, pero muy especialmente con las propias estructuras del PRI . A estas alturas, y más allá de la judicialización del proceso electoral, es necesario que el PRI comparta los propósitos que orientarán al nuevo gobierno y defina su propia agenda con los cambios internos que son necesarios.

En la nueva dinámica de gobierno, será indispensable una visión política moderna e incluyente, capaz de reconocer el valor de la contribución que pueden hacer los diversos actores políticos en un clima de respeto y pluralidad. Las reformas, que son ya impostergables, dependen en gran medida de esta capacidad para dialogar y concretar compromisos.

Un paso importante habrá de ser la transformación de las instituciones. No solo las modificaciones de las estructuras de la administración pública federal, de por sí indispensables, sino también aquellas que pueden darle una nueva arquitectura a nuestro sistema político y hacerlo más funcional ante las nuevas condiciones que vivimos.

Las declaraciones reiteradas del futuro Presidente de México en el sentido de romper con las ataduras del pasado, así como sus compromisos para combatir la corrupción, impulsar la transparencia y asegurar la rendición de cuentas, entre otros, anticipan una nueva lógica de gobernar que, aun con todas las dificultades e incertidumbres que viviremos los mexicanos en los próximos meses, significan una luz al final del túnel.
16 Julio 2012 03:00:51
El redentorismo irresponsable
La promesa del líder es que todo puede cambiar de un día para otro

El redentor es una persona que se asume como un ser superior. Puede ser en el ámbito religioso, donde pretende salvar a los demás de la condena de Dios y de la pérdida de su alma, o en el terreno social, donde busca rescatar al prójimo del flagelo de la pobreza y el sufrimiento.

Pero el redentor político, que cree en su propia grandeza y en su inspiración divina, se propone salvar a los pobres ciudadanos, ignorantes e ingenuos, de las garras de los poderes facticos, llámense partido político, televisión, empresarios, países extranjeros, sistema de gobierno e instituciones electorales. La promesa del líder es que todo puede cambiar de un día para otro: erradicar la pobreza y la desigualdad, crear empleos, crecer y mejorar el bienestar, basta con eliminar la corrupción, la ineficiencia y el neoliberalismo. Con el presupuesto del gobierno se debe financiar todo, aunque no tenga un respaldo que lo sustente. La responsabilidad y participación ciudadana no son necesarias; para eso está el gobierno. El líder es la única verdad, el único camino. O se está a favor o se está en contra. No hay razonamiento que valga. Es más, razonar atenta contra la integridad de las ideas del líder, no se vale. El cambio social tiene una fórmula sencilla, diría el líder redentor, voten por mí.

El líder político redentor es una amenaza para nuestra democracia. Las leyes y las instituciones son un estorbo porque implican normas, políticas, procedimientos y reglas que es obligatorio respetar y eso implica acotar el margen de acción de quien se asume como líder o gobernante, cuyas decisiones son infalibles porque están fundadas en la verdad.

El redentor político utiliza como principal instrumento la mentira, la demagogia y el engaño cuidadosamente planeado, y más, estratégicamente ejecutado. Por ello, su principal característica es la ausencia absoluta de escrúpulos: sabe que debe mentir, lo calcula, lo ensaya. Mañana será otro día y habrá más y nuevas mentiras. Causar daño a las personas y a las instituciones es un propósito consciente y deliberado que se justifica por sus beneficios políticos, es decir por la posibilidad de tener cada vez más poder. Tiene todo el margen. Sin referentes éticos, sin principios consistentes, el campo está libre.

El redentor vive de la enajenación de las personas con su proyecto. Vive del culto a la personalidad: es el más inteligente, el más comprometido con las clases populares, el más amado y, por supuesto, el único con la capacidad de rescatar a la sociedad de la situación actual.

Se trata de un estilo de liderazgo basado en las ideas y decisiones personales, una forma totalitaria de imponer lo que se debe de hacer sin consensos ni contrapesos; que arrasa con el menor vestigio de resistencia. Así se ejerce el poder y se utilizan las instituciones en beneficio de una persona, ni siquiera a favor de un partido o de una causa.

Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto ser el redentor de los mexicanos. Nos quiere salvar. Ni siquiera importa qué pensemos los ciudadanos de lo que pasa en el país y de lo proponemos que se haga para salir adelante. De antemano estamos equivocados. Y si cometemos el sacrilegio de opinar algo distinto, es muy fácil: somos agentes de la derecha, corruptos y cómplices de lo más malo que pueda existir.

Nadie, en su sano juicio, piensa que las elecciones del 1 de julio fueron perfectas e inmaculadas. Estoy seguro de que la mayoría de los ciudadanos piensa que hubo irregularidades que se deben investigar para que se apliquen las sanciones que corresponden conforme a la ley y que, de ser necesario, sean el objeto de una nueva actualización de las leyes electorales. Pero de esta percepción, que se respalda al analizar la racionalidad del voto ciudadano que favoreció y castigó a todos los partidos, no se deriva la impertinente demanda del presunto redentor de que se anule toda la elección presidencial.

¿Por qué no se denuncia fraude en el Distrito Federal, en Tabasco y Guerrero donde el PRI hizo también su mejor lucha por ganar la contienda ? Sencillamente porque ahí ganó la coalición de izquierda encabezada por el PRD. La formula de AMLO es sencilla: si perdimos en algún lugar fue por fraude. No puede haber otra razón. Mi liderazgo está tan arraigado en todo el pueblo que la gente no puede votar por otro partido; es impensable.

Otra vez la megalomanía a todo lo que da. Así paso cuando perdió la elección para gobernador en Tabasco, así pasó cuando perdió la elección presidencial en 2006. Y, que curioso, cuando ganó Jefatura de Gobierno del D.F. no hubo fraude, no hubo denuncias; ni siquiera para recuperar la experiencia y contribuir a mejorar las normas electorales. No, esa elección fue perfecta: ganó él. Se cumplió el designio divino. Fue el ungimiento del redentor. ¿Cómo denunciar fraude? ¿Cómo desacreditar a las instituciones electorales si él ganó?

El redentorismo de AMLO es un ejemplo de opacidad y de uso de recursos públicos con fines electorales. (¿Cómo financió su actividad política en seis años?).Es un tipo de liderazgo que daña la credibilidad de las instituciones electorales y demerita la participación de millones de mexicanas y mexicanos que participaron en la organización y realización de los comicios.

Frente al embate del redentorismo de AMLO, la apuesta ciudadana y de los partidos políticos debe ser respaldar la tarea de las instituciones electorales y exigir que se revisen puntualmente las irregularidades, que se sancione a quien las cometió, y que se pueda actualizar la normatividad electoral para cubrir vacios y dar certeza plena a las elecciones, ejercicio clave de nuestra democracia.

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09 Julio 2012 03:00:06
Reformar al PRI para gobernar
...quien no tenga un compromiso firme con la democracia, las libertades y la transparencia, no tiene cabida en este proyecto para transformar a México: Enrique Peña Nieto

Pero el PRI tiene que cambiar ¿eh? Esta fue la expresión de una gran parte de los electores que quedó flotando en el ambiente político del país desde que el día primero de julio se comenzaron a conocer los resultados de las elecciones.

El PRI recuperó la Presidencia de la República y consiguió triunfos muy importantes al ganar algunas gubernaturas y un buen número de las senadurías y diputaciones en pugna, pero no logró una mayoría absoluta. Es una victoria acotada. En el trasfondo está el escepticismo ciudadano hacia la política, la desconfianza hacia los partidos, la creciente irritación social por la fallida gestión del gobierno panista y ,por supuesto, un voto de castigo por los malos resultados de algunos gobiernos en los estados. Ninguno de los tres partidos con mayor presencia quedó a salvo; se les castigó y se les favoreció. Fue un voto razonado en extremo; se cruzaron decisiones y se votó por más de un partido según la preferencia generada por sus candidatos.

La lectura del voto ciudadano es una clara voluntad de cambiar el rumbo de la nación para lograr la seguridad pública y la paz social. Es un voto a favor de que crezca la economía, se generen los empleos que se necesitan y se detenga el empobrecimiento de millones de mexicanos. Es un respaldo a la propuesta de salir del inmovilismo que nos mantiene atados al atraso, mediante reformas de fondo a la economía y a la arquitectura política del país. Por eso ganó el PRI la Presidencia.

Pero se votó también por un Congreso plural en el que sea necesario el consenso de las diferentes fuerzas políticas para resolver cualquier reforma legislativa. No se le da carta blanca a nadie para gobernar, pero si se expresa un mandato que todos los partidos deben acatar: cambiar las leyes y las instituciones que hasta hoy impiden modernizar el país y consolidar la democracia; es decir, sentar las bases de un futuro de certidumbre.

El PRI debe atender este precepto. No puede echar las campanas al vuelo por haber recuperado la Presidencia ni puede quedar por debajo de las expectativas ciudadanas expresadas el día primero. El proyecto de nación que deberá impulsar desde el gobierno y el compromiso que le significa el voto recibido en las urnas, le significan una enorme exigencia. Y lo primero que debe hacer es ratificar su compromiso con el cambio y la renovación, y acreditarlo desde el interior mismo de su organización.

El éxito del proyecto de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto dependerá en gran medida de la modernización del PRI. Será un factor crucial para lograr la credibilidad y la legitimidad de un gobierno eficaz, y para no resignarse a solamente administrar las diferencias políticas propias de un gobierno que no ostenta la mayoría legislativa.

Es posible que estemos frente a la mejor oportunidad que haya tenido el PRI en su historia para procesar las reformas que le permitan, por fin, ser un partido moderno y competitivo, comprometido con la democracia y el desarrollo del país. Un partido que encuentre su fortaleza cada vez más en la participación ciudadana, además de la que proviene de sus organizaciones y sectores. Un Partido que coloque el interés de México por encima de cualquier interés electoral, de corporaciones y sindicatos, grupos políticos y económicos y, por supuesto, de personas. Un partido con una vida interna democrática que enarbole las mejores causas políticas para transformar el país y alcanzar un desarrollo sustentable y prospero.

El PRI debe revisar profundamente su declaración de principios y actualizar una serie de propuestas ideológicas que las nuevas realidades del mundo y del país han dejado obsoletas y cubrir vacíos importantes en diversas materias con las cuales, por su origen e identidad política, el partido ya debería tener claras definiciones. El acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con el derecho universal al Internet, el compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sustentable, la mejor calidad de vida en las ciudades, la tolerancia y respeto a la diversidad, los derechos humanos, la equidad de género y el compromiso con los jóvenes son, entre otros, temas que se deben discutir y ampliar en nuestros documentos básicos.

Cumplir con la oferta política de nuestro candidato, en relación con las reformas estructurales en materia energética, fiscal y laboral, será un primera prueba que enfrentará el Partido para mostrar su nuevo rostro y su empeño a favor del interés general.

Su compromiso con la democracia debe demostrarse mediante nuevas iniciativas que nos lleven a perfeccionar la legislación electoral y se cancele de una vez por todas cualquier posibilidad de violentar la voluntad ciudadana, incluida la pretensión de quienes quieren chantajear para ganar en la mesa de la negociación lo que no ganaron en las urnas.

El Partido debe también tomar la iniciativa para mejorar los mecanismos de la transparencia y la rendición de cuentas, promover una mayor independencia de las instituciones de fiscalización y darle un nuevo impulso a la reforma en proceso del sistema de justicia penal, tan importante para restablecer el estado de derecho.

Reformar la política es la gran exigencia de los mexicanos que va implícita en su voto del primero de julio. Reformar el diseño de nuestro sistema, abrir espacios de participación a la ciudadanía, delimitar las tareas de cada orden de gobierno y mejorar los mecanismos de colaboración entre poderes y órdenes de gobierno, y reformar el Congreso para que cumpla cabalmente con su labor de control de los otros poderes, son algunos de los aspectos necesarios del cambio político que todos demandamos.

La única alternativa del PRI es ir hacia adelante y a la cabeza de las transformaciones que México reclama. Los priístas tenemos que estar a la altura de este compromiso.

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02 Julio 2012 03:00:56
Una nueva mirada al futuro… verde
Cuando se reflexiona en el futuro, como ahora que la decisión por quién votar fue una motivación importante, la primera conclusión es que no se necesita un análisis muy profundo para reconocer el enorme malestar que nos aqueja a los mexicanos con la situación actual del país.

Nuestro presente está saturado de demasiadas cosas que están mal. El recuento de los problemas es ya reiterativo e innecesario; la incertidumbre cotidiana y el miedo lo expresan todo.

El presente se ha vuelto indeseable, obsoleto. Necesitamos imaginar el futuro que queremos y ponernos de acuerdo en lo que tenemos qué hacer para hacerlo posible.

La gran inestabilidad que afecta a la economía de una gran parte del planeta es resultado de una crisis cuyos alcances van mucho más allá de los problemas financieros provocados por políticas gubernamentales equivocadas.

Europa se encuentra al borde del abismo y la economía norteamericana con un bajo crecimiento, en lo que parece ser una fractura del modo de producir cada día más ineficiente, menos rentable y menos competitivo.

La destrucción de los recursos naturales, el cambio climático y la crítica situación de desigualdad que prevalece en el mundo presionan cada día más a una respuesta global que renueve las bases del crecimiento económico mediante la innovación tecnológica, un indispensable compromiso con el medio ambiente y la adopción de nuevas políticas públicas que hagan posible un desarrollo sustentable.

No obstante el regocijo oficial con la estabilidad de los indicadores macroeconómicos en México, la transmisión de los efectos negativos de esta crisis no tardarán en hacerse sentir en el comportamiento de nuestra economía, ya de por sí maltratada por una década de crecimiento mediocre, desempleo y pobreza. La onda de choque es inevitable. Estamos ante el riesgo inminente de otra disminución del ritmo de crecimiento y la consecuente agudización de los problemas sociales y de inseguridad.

Las respuestas a esta tendencia no pueden ser las mismas de siempre. El propósito central de la equidad social de la nueva estrategia para el desarrollo y la gobernabilidad democrática, que seguramente adoptará el próximo gobierno, debe articular una política de corto plazo para reactivar el crecimiento y el empleo, con la adopción de una serie de decisiones estratégicas a largo plazo que permita construir un futuro sustentable, basado en lo que ya se reconoce como la economía verde.

En el contexto de la crisis global, la estabilización económica y las tan debatidas reformas estructurales en materia energética, fiscal,laboral, social y política, con todo y el esfuerzo de negociación que implicará su aprobación, serán ya completamente insuficientes para construir las bases de bienestar y prosperidad que requerimos.

Necesitamos anticiparnos e incorporar el tipo de soluciones que los países europeos ensayarán en estos años para reactivar y reconstruir sus economías, y para remodelar la organización de sus sociedades. Ir a la zaga del desarrollo de EUA, en espera de que sus ciclos económicos nos favorezcan, siempre ha sido una apuesta que nos condena al atraso. Necesitamos dar un gran salto hacia adelante.

Es hora de pensar en las soluciones de fondo. Es necesario imaginar las salidas a la crisis que vivimos y alinear nuestras decisiones a las iniciativas globales que surgirán desde los países más avanzados para generar la economía del futuro, fincada en la innovación y la sustentabilidad, la asimilación generalizada de las nuevas fuentes de energía - como la eólica y la solar-, tecnologías de nueva generación en los campos de la información y la comunicación, el desarrollo verde de las ciudades, el cambio de los estilos de vida para lograr una conciencia responsable en el consumo del agua, el manejo y aprovechamiento de los residuos, el ahorro energético y mejores formas de organización y convivencia comunitaria.

La escasez de recursos, el aumento de los precios de los alimentos y las materias primas, y los efectos del cambio climático, nos obligarán a desarrollar nuevos modelos de producción, comercio, transporte, distribución y consumo sostenibles. Será una prioridad alentar una economía con un bajo nivel de emisiones de carbono, para lo cual habrá que desplegar programas de acción medioambiental, de eficiencia energética y de incremento del uso de energías renovables.

Para todo esto, habrá que tomar decisiones clave en materia fiscal para sancionar las actividades contaminantes e incentivar las inversiones que permitan el desarrollo de una infraestructura verde y de un mercado de bienes y servicios verdes. Habrá que abrir paso a una fiscalidad ambiental como el instrumental más importante para conducir el desarrollo verde.

Tenemos mucho que hacer en el campo de las políticas públicas, la educación, la cultura y la organización social e institucional para construir el futuro que queremos. El desarrollo verde es la salida a la crisis global, y también nuestro camino para crecer, generar empleo y sentar las bases de nuestra prosperidad en el futuro.

Las decisiones ciudadanas del domingo de ayer, con la elección del próximo Presidente de México y los integrantes de la siguiente legislatura del Congreso de la Unión, pueden ser un paso muy importante en este camino.

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@oscarpime
18 Junio 2012 03:00:23
El cambio que viene…
Después del día 1 de julio nada será igual

La campaña electoral para elegir al próximo Presidente ha sido una oportunidad para que se expresen muchas tensiones acumuladas y las más diversas contradicciones en nuestra realidad política, así como para constatar el hartazgo de la ciudadanía con la crisis profunda que vivimos.

Todo ello parece anticipar una nueva etapa, intensa y turbulenta, de cambio en el arreglo político que hasta hoy ha prevalecido, y donde será vital una gran sensibilidad y capacidad de percepción de la clase política. Si se compromete la voluntad política, el cambio puede traducirse en una reforma sustantiva que respalde, ahora sí, la verdadera transición a la democracia y haga posible la adopción de nuevas estrategias para lograr progreso y bienestar.

Después del día primero de julio nada será igual. Más que nunca, será necesario que las fuerzas políticas contendientes asuman acuerdos y compromisos para la gobernabilidad del país. Se impondrán el reconocimiento a la pluralidad, la inclusión y la tolerancia como necesario punto de partida para construir mecanismos de colaboración y para definir una agenda de políticas públicas con las cuales se responda de manera efectiva a los reclamos ciudadanos, más allá de las identidades partidistas.

Lo paradójico, y para bien, será que la más intensa participación de todas las fuerzas sociales en el establecimiento de un nuevo arreglo de convivencia política, irá acompañada también de una exigencia de acuerdos concretos -medibles- en torno a lo que debe ser la agenda para sacar al país de la compleja crisis en que se encuentra. La pluralidad y la democracia no se conciben ya sin un rumbo, sin acuerdos y sin compromisos que nos permitan avanzar.

El fracaso de los gobiernos panistas, en gran parte por negarse a lograr acuerdos por encima de sus intereses electorales, y de sus experiencias simuladas de encuentro y de dialogo del gobierno con la sociedad civil con motivo de la inseguridad y la violencia, son más que aleccionadoras.

Al contar con la confianza mayoritaria, el PRI estará obligado a construir gobernabilidad y a negociar la agenda de cambios que demanda el país.

Son muchas las tareas. La inclusión será el primer paso para lograr acuerdos y mecanismos de colaboración. Tener presente que nadie gana todo y nadie pierde todo en la contienda electoral, será determinante para una nueva actitud que impulse la transformación política y la traduzca en nuevas reglas y en instituciones renovadas a la luz de las inéditas condiciones que vivimos.

Por ello, será indispensable edificar una nueva relación de equilibrio y de colaboración con los otros poderes de la Unión, que permita salir del inmovilismo y procesar los cambios estructurales que hacen falta para lograr la paz social, el desarrollo económico y la equidad.

Avanzar hacia un nuevo pacto político entraña también el gran reto de replantear nuestro sistema federal, revisar las facultades de cada orden de gobierno y acordar las bases de distribución de los recursos fiscales conforme a sus respectivas atribuciones. Afianzar la coordinación en todos los ámbitos del quehacer gubernamental es una condición insoslayable para lograr la eficacia que demanda la sociedad.

La gobernabilidad esta íntimamente ligada a la legitimidad, y ello conlleva respuestas contundentes a demandas sentidas de la población, tales como impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, combatir la corrupción en todas sus expresiones, garantizar el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia de las Garantías Individuales, transparentar la relación con los medios de comunicación , y alentar la participación de la sociedad en la gestión de los asuntos públicos, entre otros principios que conlleva el fortalecimiento de nuestra democracia.

El cambio que viene exige una conducción política clara y serena, con visión de futuro, capacidad de inclusión y de concertación y, sobre todo, compromiso con el país.
11 Junio 2012 03:00:49
Recapacitar en lo urbano
En las ciudades de México vivimos ya más de 75% de los habitantes del país. Aún así, es hora de que no contamos con una política pública para el desarrollo urbano que articule los esfuerzos de los diversos órdenes de gobierno, de las distintas dependencias responsables y de la propia ciudadanía.

El crecimiento de las zonas urbanas obedece a las pautas que establece el negocio de la especulación de terrenos y de la construcción de viviendas de interés social bajo el manto protector del Gobierno, más que a las necesidades de una mejor calidad de vida de la población. Prevalecen la improvisación ante la falta de planes y de reglas para ordenar la construcción de las ciudades, la depredación de los recursos naturales y las áreas forestales, la ineficiencia y la mala calidad de los servicios públicos, y la ausencia de la ciudadanía organizada en las decisiones que afectan a sus comunidades.

Tenemos ciudades cada vez más extendidas en su perímetro que obliga a llevar cada día más lejos los servicios como el agua, el alumbrado, la seguridad pública, la energía y el transporte, mientras que los centros urbanos son abandonados y quedan sin utilizarse grandes áreas de terrenos ya urbanizados por gracia de la especulación. Nuestras ciudades contienen gigantescos fraccionamientos de vivienda social sin la infraestructura de servicios comunales y las áreas verdes adecuadas y con miles de viviendas abandonadas. Si no se hace algo para evitarlo, la dinámica de conflictividad social que se vivirá en estos lugares dentro de pocos años hará que la violencia que se vive actualmente, desatada por la estrategia fallida del actual gobierno panista, parezca juego de niños.

El diseño de las ciudades y su infraestructura están hechos especialmente para el uso del automóvil, lo que resulta excluyente, contaminante, caro e ineficiente. Pareciera que en la visión del Gobierno no hay otro modo de resolver la movilidad de las personas que no sea mediante vehículos automotores de gasolina particulares. Por eso las principales obras que se construyen actualmente en las ciudades son de carácter vial; la movilidad es en automóvil y en vías rápidas.... es lo de hoy.

El transporte público ha merecido muy poca importancia del Gobierno. Prevalece un servicio caro, sumamente ineficiente, peligroso y sujeto al conflicto permanente de los concesionarios que siempre demandan más altas tarifas, privilegios fiscales, rutas más rentables y un trato que haga caso omiso de sus fallas y faltas constantes a la normatividad. El corporativismo en este campo ha hecho mucho daño y no ha aportado mucho a la fortaleza de los gobiernos.

Además de la conflictividad y la violencia social que se generan en la exclusión, la pobreza y la falta de expectativas de progreso en las ciudades, debe sumarse ahora la violencia del crimen organizado que se infiltra en el tejido institucional y comunitario y que termina por restringir las libertades ciudadanas y propicia un clima de incertidumbre que actúa como lastre en el desarrollo económico y social de las zonas urbanas.

El servicio de agua potable es altamente deficiente en casi todas las ciudades de la república con un promedio de eficiencia física que ronda apenas 50% y no más de 40% la eficiencia comercial. Ello sin contar los efectos negativos que ha traído consigo la sequía en varias regiones del país y las complejas situaciones que debemos esperar con el cambio climático.

Nuestras ciudades crecen sin orden en detrimento del bienestar de las personas, son cada día más inseguras, contaminadas, costosas e ineficientes. Y lo más grave es que no parece existir una conciencia clara en el Gobierno sobre las consecuencias tan graves que todo esto conlleva: el bienestar y la gobernabilidad están amenazados en las ciudades mismas. Urge hacer algo.

Es necesario que se defina una política integral para el desarrollo urbano sustentable y que se organice en el ámbito federal una instancia institucional que articule las políticas públicas que inciden en el desarrollo de las ciudades.

Y lo más importante, es indispensable impulsar nuevas prácticas de gobierno que nos permitan acabar de una vez por todas con el modelo político autoritario y excluyente que fue responsable del tipo de ciudades que hoy tenemos en México; la participación organizada de la sociedad es el factor clave para reivindicar el derecho a la ciudad y edificar el futuro que queremos.

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@oscarpime
28 Mayo 2012 03:02:27
Por una presidencia democrática: romper con el pasado
Quienes organizaron y continúan impulsando las manifestaciones de jóvenes en medio de la actual contienda electoral nunca se imaginaron que tendrían la respuesta de tolerancia y respeto que han encontrado por parte del PRI y de su candidato a la presidencia. Y más aún, no calcularon el efecto positivo que han tenido al propiciar que al interior del Partido se adopten compromisos políticos que demuestran un claro entendimiento de la realidad del país y de la condición de hartazgo e irritación que muestra una parte muy importante de la sociedad, en especial los jóvenes, por la falta de resultados de nuestra democracia; por el futuro amenazado y por la violencia que cancela toda posibilidad de edificar una nación moderna y con mayores oportunidades de bienestar.

Los priístas que pensaban que la recuperación de la Presidencia podría ser el inicio de una especie de restauración del régimen político anterior a la alternancia, ya se pueden despedir de un proyecto en el que –según las palabras de nuestro candidato- no estarán incluidos. Las expresiones de los jóvenes han venido a reforzar una propuesta política que ya había sido planteada al interior del Partido en innumerables ocasiones: la necesidad de que el PRI encabece una transformación profunda de la sociedad mexicana, en una tarea equivalente a la modernización del país que impulsó en el siglo pasado.

Es ineludible el reto de consolidar nuestra democracia con reformas a las instituciones políticas para garantizar su eficacia, cambiar la estrategia para garantizar la seguridad ciudadana y la vigencia del estado de derecho, establecer una nueva política de desarrollo económico cuya meta fundamental sea lograr la equidad, mediante el crecimiento fundado en la activación del mercado interno y la creación de empleo, y cambiar radicalmente el enfoque de las políticas públicas para abatir la pobreza y la desigualdad social.

La misión de dirigir y procesar los cambios que son necesarios es mucho más que una opción para el PRI, el voto ciudadano que se puede ganar mayoritariamente el próximo mes de julio la convertirá en un mandato de las y los mexicanos que reclaman un horizonte de certidumbre y de mejora efectiva de la democracia.

En este sentido, la semana que acaba de pasar ha sido determinante. El candidato Enrique Peña Nieto suscribió en Querétaro el “Manifiesto por una Presidencia Democrática”, un compromiso que hace explícitos los principios políticos bajo los cuales habrá de gobernar al ser depositario de la confianza ciudadana en las próximas elecciones. Ahí deja muy clara su vocación democrática y su voluntad de profundizar en los principios que hacen falta para mejorar nuestra cultura política: libertad de manifestación, libertad de expresión, nueva relación con los medios de comunicación, reformas para afianzar la vigencia de los derechos humanos, Estado laico y respeto a la libertad religiosa, no discriminación, fortalecer la división de poderes, garantizar elecciones libres, asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, y hacer más fuerte nuestro régimen federal.

Ningún candidato se ha preocupado por establecer este tipo de compromisos. Están tan ocupados en acosar al candidato del PRI que se les ha olvidado el para qué participan en estas elecciones. La candidata del gobierno está afanada solamente en demostrar que su partido no es el culpable del terrible desastre en que se encuentra el país; los culpables, en realidad, son los que no gobiernan. Un increíble enredo discursivo en el cual lo más normal es que se tropiece a cada rato. Y el candidato de las izquierdas en el oportunismo total. Pretende apropiarse, para su beneficio electoral, de todas las manifestaciones y propuestas que surgen de la sociedad y, en particular de los jóvenes como ha sido el caso recientemente.

En esta semana también, el candidato del PRI lanzó un importante mensaje desde la sesión del Consejo Político. “Es la hora de romper con el pasado”. “En el México que queremos no pueden tener cabida la corrupción, ni el encubrimiento y mucho menos la impunidad”.

Es alentador que el PRI asuma estos compromisos y que sepa responder abiertamente y con un sentido plural a las manifestaciones juveniles. Los jóvenes expresan el malestar de una nación que no quiere seguir más en la ruta de la ineficacia de la política, la lógica de los privilegios económicos y políticos, y la cancelación de un mejor futuro.
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21 Mayo 2012 03:00:32
Ineptitud para reformar, apremio para evadir la responsabilidad
El discurso del partido en el gobierno para responsabilizar a sus opositores de su falta de resultados y del desastre en que se encuentra la nación, no puede ser más falaz e incongruente. Después de doce años de presidir el poder ejecutivo en el país, el PAN no quiere asumir las consecuencias de sus actos y de su fracaso en el gobierno: opta por echarle la culpa a quien puede.

Si lo que se lamenta es la crisis de la seguridad y la violencia, los responsables son los gobernadores, los presidentes municipales y los gobiernos del pasado. No se reconoce, por supuesto, que la guerra absurda contra el narco, que ha cobrado ya más víctimas que la guerra de Viet Nam, se desató por el gobierno panista en un afán de lograr la legitimidad política que no obtuvo en las urnas. Se declaró la guerra de manera unilateral, sin mecanismos acordados de colaboración con los gobiernos locales, sin una estrategia para fortalecer las capacidades institucionales y sin un plan de cooperación internacional que asegurase el éxito de la iniciativa.

Ignorancia, ambición política e ineptitud, fue la peor mezcla de ingredientes para emprender una ofensiva contra le delincuencia organizada. Lo único que se ha logrado es reproducirla y fortalecerla hasta colocar al país en la quiebra económica, la descomposición social y el horror frente a la escalada constante de la violencia.

Cuando el gobierno panista habla de las reformas que México necesita para avanzar, como se habló en la reunión del G 20 realizada en México en estos días, los responsables de que no se hayan logrado materializar, son el Congreso y los partidos opositores, principalmente el PRI (aunque no se mencione el nombre del partido para evitar controversias electorales por violentar la ley).

En la visión del PAN, el fracaso es responsabilidad de quienes no están en el gobierno, de quienes tienen menos facultades que el Ejecutivo para impulsar y concretar las reformas. Los adversarios son los culpables. El argumento no puede ser más perverso y engañoso.

Ya no recuerdan en el PAN que se opusieron abiertamente en el año de 99 a la iniciativa del Presidente Zedillo para realizar la reforma más profunda del sector eléctrico que haya sido propuesta y que hubiese permitido iniciar un proceso de modernización del sector energético y liberar recursos fiscales para dedicarlos al desarrollo social. Ya no recuerdan los panistas, que por sus errores y su ineptitud, en las legislaturas posteriores se fueron por la borda importantes proyectos de reformas en los ámbitos fiscal, energético, laboral y político. Si algún partido ha interpuesto siempre sus posibles beneficios electorales frente a los intereses del país, ha sido precisamente el PAN, más que ningún otro.

Es tanta su inexperiencia e ineptitud, que pasan por alto la naturaleza jurídica y política de nuestro régimen presidencial, en el cual la responsabilidad del rumbo del país, y de lo que pasa o deja de pasar en su vida política, es del Presidente. Así está diseñado nuestro sistema gubernamental mexicano. El Presidente tiene un muy amplio instrumental institucional, jurídico, presupuestal y político para lograr precisamente los consensos y los acuerdos que se requieren para que el país funcione y marche bien. Sin exagerar, se puede decir que en nuestro sistema el gobierno es responsable hasta de lo que hace o deja de hacer la oposición. El ejecutivo está obligado a negociar incluso con los grupos y sectores más radicales en aras de asegurar el bienestar general. Su deber fundamental es garantizar la seguridad, la gobernabilidad y la unidad de la nación; exactamente lo contrario de lo que han hecho: fomentar la violencia, atentar contra la gobernabilidad y la democracia, y propiciar el encono político.

Cada vez que se ha estado a punto de lograr una reforma estructural importante, el gobierno panista boicotea los acuerdos con actos que violentan el orden constitucional y los acuerdos políticos previamente establecidos. Así fue con el famoso “michoacanazo” con el cual arraigaron a casi 40 presidentes municipales acusados de ser cómplices de la delincuencia, mismos que la justicia tuvo que liberar por falta de sustento en las acusaciones; así fue cuando el gobierno panista se le ocurrió mandar apresar sin orden judicial ni averiguación de por medio , en un acto ilegal de allanamiento y violación de las garantías individuales, al ex presidente municipal priísta de Tijuana, mismo que tuvo que quedar libre por lo torcido de los procedimientos. Así ha sido siempre: el gobierno panista no tiene palabra ni autoridad moral, menos política, para negociar las reformas que demanda el país.

Es responsabilidad del PAN que gobierna, por su ineptitud y mezquindad política, que las reformas de fondo en materia económica, política e institucional no se hayan podido acordar con las demás fuerzas políticas. Acusar al Congreso y a los partidos opositores es un acto de evasión y de incongruencia, es pretender repartir las culpas de su fracaso.

En el fondo, lo que ha prevalecido son los intereses políticos del PAN frente a las necesidades del desarrollo de México. Su móvil fundamental ha sido preservar el poder político, no obstante su ineficacia y su ineptitud para gobernar.

El PRI tiene un gran reto: ganar la confianza ciudadana en las próximas elecciones y dar impulso a una nueva manera de gobernar, en la que priven los intereses de los mexicanos y en la que sea factible un gran acuerdo con todos los grupos y fuerzas sociales para lograr la transformación del país.

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@oscarpime
14 Mayo 2012 03:00:25
Hora de poner orden
Poner orden. Tan sólo en dos palabras se resume lo que la gran mayoría de los mexicanos pensamos que urge para vislumbrar un futuro de certezas, y no la incertidumbre que hoy nos agobia.

Peña Nieto es el único candidato que ha tenido la sensibilidad y la inteligencia para retomar esta demanda y decir cómo piensa hacer realidad los cambios en el régimen político que son necesarios para que el país funcione bien.

Poner orden en la actualidad no puede ser un manotazo sobre la mesa en un acto de autoridad. Hoy son nuevos tiempos. Nuestra democracia –perfectible aún– exige atender el interés superior de los mexicanos, como un compromiso que debe estar por encima de las conveniencias de los partidos políticos. Ya no es admisible que el Gobierno se conduzca bajo la idea dominante de preservar las ventajas de su partido por encima del bienestar general de la nación, como lamentablemente ha sucedido en los últimos 12 años.

Esto es lo más importante. Una visión de Estado, no la mentalidad rencorosa y mesiánica de quienes creen que su dogma es la verdad universal. El interés de México debe prevalecer siempre. Y para esto no basta la voluntad ni la actitud de los principales actores políticos; es necesario concretar reformas a la legislación y al marco regulatorio de las instituciones como el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia y el propio poder Ejecutivo, para garantizar que prevalezcan los incentivos a favor de los acuerdos y los consensos en las decisiones fundamentales para cambiar a México.

Si es posible, como lo propone Peña Nieto, un Estado eficaz. Se puede construir un Estado eficaz, con una relación de colaboración entre los poderes y del Gobierno federal con los gobiernos estatales y municipales, siempre y cuando se revisen las atribuciones de cada orden de gobierno y se logre una mejor distribución de los recursos financieros. La pluralidad, el respeto y la institucionalización de los mecanismos de diálogo y de consenso son indispensables para cambiar la vida política del país. Solamente el PRI garantiza que se pueda poner orden, políticamente hablando, y lograr el clima de libertad y de entendimiento necesario para sacar adelante las reformas que hacen falta.

Orden y responsabilidad es lo que se requiere para, de una vez por todas, conseguir la reforma fiscal que tiene un efecto detonador tan importante en todos los ámbitos para modernizar al país. Redefinir la lógica de las finanzas públicas implica una verdadera manera de cambiar la forma de gobernar.

Que se generalice la contribución de todos los ciudadanos al erario público de manera justa y equitativa, sin privilegios ni exenciones injustificadas, es la decisión clave para adquirir la mayoría de edad como sociedad y como nación. Así es en los países con menos rezagos económicos y con mejores estándares de calidad de vida.

La reforma fiscal y la reorganización del Banco de México y de la banca de desarrollo, son indispensables para poner orden en la economía. Son el núcleo de la nueva estrategia de desarrollo económico que demanda el país. De ahí se derivan temas tan importantes como garantizar un crecimiento económico más alto que lo alcanzado en las últimas décadas y generar más empleos, el cumplimiento de los compromisos de lograr una seguridad social universal, la modernización de Pemex y el combate a la pobreza y a la desigualdad. Nada más ni nada menos.

Poner orden y fortalecer el régimen democrático, implica revisar a fondo la estrategia de combate al crimen organizado, reinventar la manera de garantizar la seguridad en la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, y renovar, con un verdadero sentido de servicio a la comunidad, las instituciones de la justicia.

Poner orden es una exigencia ciudadana. Ya basta de que la agenda del país se subordine a los intereses de los políticos y de los partidos. Ya basta de que prevalezcan los privilegios de los particulares sobre las necesidades del conjunto de la población mexicana. Por ello se requiere un gobierno para todos; un gobierno profesional, comprometido con las grandes reformas que son necesarias; un gobierno con visión de Estado y sentido de responsabilidad; un gobierno comprometido con el futuro de México.
07 Mayo 2012 03:00:21
El voto: un instrumento de cambio
Las próximas elecciones de julio constituyen un momento crucial en la definición del rumbo que seguirá México en el futuro. Las opciones ya están claras: la continuidad del gobierno panista, no obstante sus pésimos resultados, lo cual es poco probable; la recuperación de la Presidencia de la República por parte del PRI para impulsar un cambio de fondo en la conducción del desarrollo del país; o bien el ascenso de los partidos y tribus de las izquierdas al poder, en cuyo caso nadie tiene certidumbre de nada ni garantías de nada para nadie, una aventura con demasiados interrogantes.

En este contexto, el debate pudo ayudar a esclarecer el perfil y las propuestas de cada partido y de los candidatos, aunque no será de ninguna manera definitivo para decidir los resultados electorales.

El respaldo mayoritario que muestran ya las encuestas a la candidatura del candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, responde ciertamente a su gran capacidad de liderazgo y carisma personal, pero no se pueden disociar –como pretenden nuestros adversarios-, de su experiencia política y de su pertenencia al partido que posee el más profundo arraigo en la historia y la mayor identidad con la población mexicana. El candidato del PRI encabeza una propuesta política y un proyecto del país que queremos forjar en los años que vienen. Esta propuesta implica un cambio de ruta y, evidentemente, de destino.

Se trata de apostarle al cambio. Cambio en la estrategia de desarrollo económico para privilegiar la equidad como objetivo central de las políticas públicas, la ampliación del mercado interno y el empleo, el incremento de la productividad y una mayor competitividad en el mercado global. Cambio en las formas de combatir la pobreza y la desigualdad mediante los instrumentos de la política fiscal, la renovación de la política laboral y la transformación de las instituciones de la seguridad social. Cambio en los propósitos y en las formas de garantizar la seguridad pública y la procuración de justicia, para colocar en el primer plano la seguridad de las personas y la impartición de justicia mediante una reforma de fondo a las instituciones; una política de estado, no instrumento político electoral del gobierno.

Se trata de apostarle al cambio de las instituciones políticas para lograr mayor eficacia, transparencia y participación de la sociedad; consolidar nuestro régimen democrático. En la realidad de hoy, el reconocimiento y la intervención de todos los actores políticos es indispensable. Como se dice, “cuando se gana, no se gana todo y cuando se pierde, no se pierde todo”, lo cual implica que se deben perfeccionar los mecanismos de diálogo y de colaboración con otras fuerzas políticas, y entre poderes y órdenes de Gobierno, para que la pluralidad apuntale la mayor eficacia de las acciones del Gobierno.

El cambio que hoy necesita México, lo abandera el PRI. Pero además, es el único partido con la experiencia y los cuadros políticos y profesionales para hacerlo posible. Su derrota en el año 2000 y su recuperación en estos doce años, le permiten contar con una mentalidad distinta, la convicción de que el triunfo electoral y la confianza ciudadana nunca son para siempre: se tienen que acreditar con buen gobierno.

El reto es de la mayor trascendencia para el país y para el PRI. Al ganar la Presidencia, el partido está obligado a responder con eficacia a las demandas más sentidas de la población en el contexto de una nueva estrategia de desarrollo y para la gobernabilidad. Será necesario reconocer y alentar todos aquellos factores que permitan generar un sano contrapeso a las iniciativas gubernamentales y, algo clave para afianzar la confianza, fortalecer los mecanismos de transparencia de la información y de la rendición de cuentas.

Por todo esto votar el próximo uno de julio es tan importante para el futuro. El voto es un verdadero instrumento de cambio cuyo alcance trasciende las anécdotas de las campañas y de los debates entre los candidatos. Con nuestro voto podemos transformar a México.
30 Abril 2012 03:00:22
El liderazgo político que se necesita (II)
La falta de honestidad y de compromiso con la comunidad, la ineptitud y la soberbia, son las fallas más graves que la ciudadanía condena en quienes ejercen las tareas de liderazgo político.

Hay quienes opinan, y creo que no les falta razón, que todas las desviaciones de quienes aspiran a ser líderes se derivan de una manera de asumir su quehacer caracterizado por una de esas fallas: la soberbia. Una actitud de superioridad que humilla y desprecia a los demás y que implica altanería, altivez, arrogancia, endiosamiento, pedantería, insolencia e intolerancia. Exactamente la antítesis de lo que se requiere para ejercer con buenos resultados el oficio de la política. Por eso, tarde que temprano, quienes toman este camino terminan por perderse irremediablemente.

En una sociedad como la nuestra que aspira a ser democrática, no sólo por garantizar el respeto a la voluntad ciudadana que se expresa en las urnas, sino también por alentar la participación de la gente en la toma de decisiones en un marco de pluralidad y tolerancia, no es una opción el establecimiento de liderazgos de tipo autoritario o mesiánico. México necesita de líderes políticos con una nueva mentalidad y con una nueva actitud. No es exagerado decir que la tan ansiada transición democrática, que permita hacer coincidir finalmente la existencia de instituciones y prácticas políticas renovadas con una mejor calidad de nuestro desarrollo, depende precisamente de la posibilidad de que podamos contar con líderes capaces y de un gran compromiso con el futuro del país.

La honestidad es uno de los rasgos que la gente señala como verdaderamente indispensable en sus líderes. Su ausencia es imperdonable bajo cualquier punto de vista. No hay concesiones. Pero además, es parte de toda una conformación y estructura ética que la sociedad exige a quienes pretenden dirigir. Implica que quienes ejercen liderazgo posean valores, convicciones y formas de pensar claras, sólidamente arraigadas en su persona. No hay nada peor que aquello que como broma solía decir Groucho Marx: “Pues bien señores, estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros”. (Cualquier parecido con las expresiones de una candidata a la Presidencia es pura casualidad).

Se necesitan líderes con valores. Políticos de fines y de proyectos asociados al bienestar presente y futuro de la comunidad a la que sirven, en contraste con quienes solo aspiran ser políticos por el estatus social de distinción que puede otorgar, por un afán de enriquecimiento ilícito o por el deseo de ejercer el poder por el poder mismo. Es común observar a quienes no acaban de asumir una tarea de carácter político o administrativo y ya su preocupación más importante es como escalar el peldaño que sigue, sin importar los resultados de la tarea encomendada.

Necesitamos líderes con sentido de responsabilidad y con visión de futuro, capaces de tomar las decisiones que son necesarias para resolver los problemas de manera sostenible y con la entereza para asumir los costos políticos inmediatos que se puedan generar. La búsqueda obsesiva de la aceptación y la popularidad personal solo provoca decisiones irresponsables, degrada a las instituciones y demerita a la ciudadanía. El populismo es un engaño: una persona por sí misma, por más carismática y brillante que pueda ser, no puede sustituir la capacidad transformadora de la sociedad en sus conjunto. Además de estas cualidades que la gente exige a los líderes políticos, existen muchas virtudes más que se consideran ideales para desarrollar un verdadero liderazgo. Por supuesto que sean humildes, que escuchen, que tengan respeto a la dignidad humana, que se identifiquen con la gente sin importar su nivel socioeconómico ni cualquier otra condición. Hoy más que nunca es necesaria una verdadera conciencia de la equidad de género para reconocer y tomar en cuenta la necesaria participación de las mujeres en todos los ámbitos, así como una autentica actitud de apertura frente a las expresiones y formas de ser de todos los grupos que conforman la comunidad.

Se requiere sensibilidad frente a la situación de las demás personas; compromiso social para comprender las carencias y desigualdades que nos mantienen en el atraso; capacidad de trabajo y preparación; disciplina de estudio permanente para entender las nuevas realidades, manejar la nuevas tecnologías de información y contar con los instrumentos conceptuales necesarios para analizar los problemas y procesar las mejores decisiones. Es necesario un interés genuino en las aportaciones de la cultura en todas sus disciplinas, no por un propósito de refinamiento ornamental, sino por la utilidad que ello representa para adquirir una conciencia plena de la realidad que vivimos y de cómo podemos transformarla.

Se necesitan líderes que cumplan lo que prometen, con eficacia, organización y disciplina, con un sistema de gestión de su propia persona y de su equipo de trabajo. Con capacidad de dialogar y conciliar, de anteponer los intereses del país y de su comunidad por encima del interés propio y de su partido.

No cabe duda que tenemos un gran reto. Los partidos políticos y quienes aspiran a gobernar, deben tomar en cuenta esta exigencia de la sociedad: que el liderazgo político se convierta en un factor que impulse la renovación de nuestras instituciones y la transformación de México.

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@oscarpime


23 Abril 2012 03:00:28
El liderazgo político que se necesita (I)
El proceso electoral en curso constituye una gran oportunidad para el debate político, como un ejercicio que coloque el futuro del país y las aspiraciones de los mexicanos, en el centro de una agenda con la cual se comprometan todos los candidatos que participan en esta contienda. Es también un momento propicio para discutir sobre el tipo de líderes políticos que demanda esta etapa de la historia de nuestro país.

El liderazgo político ha sido desde siempre un concepto que suscita todo tipo de reflexiones, desde algunas de carácter propiamente filosófico que abordan su sentido ético y trascendencia, hasta definiciones estrictamente pragmáticas que anteponen la eficacia como el fin supremo de su quehacer.

La evolución política de México en el siglo pasado y los pobres resultados de los gobiernos de la alternancia en los últimos años, han generado una gran insatisfacción con la clase política en su conjunto y con los propósitos no explícitos que orientan su liderazgo, generalmente asociados al cálculo electoral que permite favorecer a sus partidos y a la gestión de intereses particulares. Por esta razón, las instituciones del Gobierno y los partidos políticos son igualmente objeto de duda y de desconfianza.

La verdad es que, entre la mayor parte de la población, prevalece el escepticismo hacia lo político. Por experiencia, se le relaciona con situaciones de corrupción, abuso de autoridad, ineficiencia, incumplimiento, frivolidad, opacidad e incompetencia, entre muchas otras percepciones negativas.

Aunque esto, que puede suceder en la mayoría de los países, lo cierto es que el tipo de liderazgo político que ha prevalecido en México sufre una seria crisis de credibilidad. El avance de la democracia y las nuevas exigencias por parte de una sociedad cada día más informada, demandante y participativa, han hecho que las prácticas más comunes de los líderes tradicionales queden obsoletas, sean objeto de un profundo rechazo por parte de la ciudadanía y, sobre todo, resulten ser ahora de una enorme ineficacia. El tipo de liderazgo tradicional, arraigado más o menos por igual en todos los partidos políticos, simplemente ya no sirve para enfrentar los retos cada vez más complejos de la crisis profunda que vivimos.

Urge un ejercicio serio de crítica y autocritica que, sin miramientos ni concesiones, sea capaz de develar con toda crudeza los graves defectos y desviaciones de las prácticas y motivaciones del actual liderazgo político, para proponer lo que debe ser un movimiento de renovación y la formación de nuevos cuadros políticos capaces de entender los retos y de impulsar los cambios que son necesarios en el país.

A pesar de todo, la política sigue siendo el gran instrumento para conducir los procesos sociales y darle rumbo y sustento al desarrollo de las naciones. Es la única vía para consolidar la democracia, alentar el crecimiento y generar oportunidades de bienestar para la mayoría de la población; es la única alternativa para construir instituciones fuertes que, en un marco de participación ciudadana, garanticen la paz, la seguridad y la gobernabilidad.

Por ello, si queremos impulsar el cambio y la modernización de México, la primera gran tarea es renovar nuestros liderazgos políticos.

Ya no caben los estilos autoritarios, voluntaristas y sin límites a las decisiones discrecionales de Gobierno que dominaron ciertas etapas de nuestra vida política de partido único y que, paradójicamente, en este último gobierno panista se han reeditado de manera verdaderamente intensa y refinada, aunque con una muy dudosa eficacia.

Tampoco son ya concebibles los liderazgos cuyo único afán es el enriquecimiento ilícito mediante la desviación de los recursos del erario público y que además quienes lo ejercen carecen de una verdadera vocación política y de servicio. Igualmente, es inaceptable ya la improvisación, la falta de preparación y la ausencia de capacidades personales para ejercer el liderazgo con responsabilidad, sensibilidad y sentido de conciliación para lograr consensos en la pluralidad. La eficacia de un liderazgo debe fortalecer, no eludir, las prácticas de la democracia.

El país necesita un liderazgo político en el que pueda tener confianza. Que genere certezas; claridad en el rumbo, orden y procesos de cambio responsable. No más aventuras personales que amenacen la seguridad de los mexicanos y nos dividan; no más afanes partidistas que se coloquen por encima de la gobernabilidad y de la posibilidad de mejorar la calidad de nuestro desarrollo.

Los mexicanos debemos asumir como un gran desafío la renovación y cambio de los modelos de liderazgo político que hasta hoy han dominado la actividad política y el gobierno. No es una responsabilidad exclusiva de los políticos y de los partidos, la sociedad y la ciudadanía organizada debe participar y hacer el contrapeso necesario para garantizar que se cumplan eficazmente los programas de gobierno, en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas a que obliga la ley.

¿Cuáles son las características de los líderes políticos que México necesita para fortalecer su desarrollo y su democracia? Pregunté en Facebook y en Twitter. Las respuestas son muy interesantes. Lo comentaremos en “El liderazgo político que se necesita II” el próximo lunes.

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@oscarpime
16 Abril 2012 03:00:25
Ante el retroceso, el cambio
En pleno proceso electoral, cada día se fortalece más entre la ciudadanía la convicción de que es necesario un cambio para que el país se recupere del retroceso en que hemos caído durante los últimos años.

Si no fuera porque los medios de comunicación y las actividades de todos los candidatos nos conducen a discutir también las preferencias partidistas, esta convicción podría ser la base de un consenso general con alcances mucho más amplios que la sola decisión de por quién votar el próximo 1 de julio.

La demanda de un cambio en la forma en que hasta hoy se ha gestionado el desarrollo del país no es gratuita. Son ya muchos los indicadores de que las cosas no van bien y del incremento del malestar de la población.

México esta reprobado en casi todas las calificaciones que a nivel nacional y mundial miden los distintos aspectos del desarrollo de las naciones.

El Informe de Competitividad Global 2010-2011, elaborado por Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, señala que México cayó seis lugares en la lista de las economías más competitivas, al pasar de la posición 60 a la 66. Argumenta que el país “…necesita mejoras continuas con el fin de no perder terreno en competitividad frente al resto del mundo”.

De la misma manera , el Índice de Libertad Economica2011 que elabora la Heritage Foudation y el The Wall Street Journal, señala que México retrocedió siete lugares en el fomento de oportunidades y prosperidad económica, al pasar del lugar 41 a la posición 48. El Índice de Libertad Económica 2011 informa sobre el desarrollo de políticas económicas desde la segunda mitad del año 2009 en 183 economías. El indicador evalúa 10 medidas que van desde la apertura económica, el estado de derecho y la competitividad.

En el Network Readiness Index 2009-2010, un índice del Foro Económico Mundial que mide el impacto de las tecnologías de la información en el proceso de desarrollo y la competitividad de las naciones, se concluye que México ha retrocedido, al pasar de la clasificación 67, que ocupaba en 2008-2009, a la 78 que ocupó en 2009- 2010 y mantenerla en 2010-2011.

En el Índice de Democracia que elabora la Unidad de Inteligencia de la prestigiada revista The Economist, México es calificado como una democracia defectuosa al analizar lo relativo al proceso electoral, las libertades civiles, el funcionamiento del gobierno, la participación política y la cultura política.

El reporte 2011 de la Corporación Latinobarómetro, una organización no gubernamental chilena, concluye que en México se presentan los más bajos niveles de satisfacción de la ciudadanía con la democracia(23%),solo comparables con los que prevalecen en Guatemala.

En el nuevo índice que utiliza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para medir el grado de satisfacción y bienestar de los habitantes, Índice para una vida mejor, México se encuentra entre los que tienen peor calidad de vida. El índice muestra una serie de deficiencias que colocan a México por debajo de los estándares de bienestar que mide la OCDE, solo por encima de Turquía, que está en el fondo de la medición. Nuestro país destaca también por tener los más altos índices de pobreza y desigualdad social de las naciones que integran la OCDE, así como por tener las tasa más elevada de pobreza infantil y el mayor atraso de su sistema educativo.

En materia de corrupción, México bajó nueve lugares en el Índice de Percepción de Corrupción 2010, elaborado por Transparencia Internacional, al pasar del lugar 89 en 2009 al lugar 98 en 2010. Según Transparencia Mexicana, el país registró en el 2010 el índice más elevado de corrupción en los últimos 10 años.

En un informe de 2011 denominado “Ni Seguridad, Ni Derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México”, la organización Human Rights Watch concluyó que la estrategia de seguridad que emprende el Gobierno Federal para combatir el crimen organizado fracasó, ya que no logró reducir la violencia y además generó un “incremento drástico” de las violaciones graves de derechos humanos.

La política de seguridad del Ejecutivo federal ha fracasado, pues no ha logrado reducir la violencia y además ha generado un incremento drástico de violaciones a los derechos humanos, las cuales difícilmente se investigarán adecuadamente.

También señala que “México ha sufrido un incremento dramático de la violencia”, tras un descenso sostenido que se mantuvo durante casi dos décadas, la tasa de homicidios aumentó más de 260% entre los años 2007 y 2010.

Es lamentable la situación del país. Internacionalmente y domésticamente se ha documentado de manera fehaciente el retroceso en los años de los gobiernos de la alternancia. Es indispensable un cambio de gobierno, un cambio de estrategias y un cambio de políticas públicas para el desarrollo. Hagamos de este proceso electoral una oportunidad para reflexionar y recapacitar sobre lo que conviene verdaderamente al país. Expresemos nuestra decisión en las urnas el próximo mes de julio.

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@oscarpime

09 Abril 2012 03:00:04
Gobierno de la alternancia; irresponsabilidad e ineficiencia
La alternancia en el gobierno de la República se gestó por las crecientes expectativas de cambio y las grandes esperanzas de la mayoría los mexicanos de que se podría iniciar una nueva etapa de desarrollo con una mejor calidad de la democracia. La decepción ha sido mayúscula.

Los pésimos resultados en todos los frentes del quehacer nacional, que mantienen el país a la deriva, se explican por los altos niveles de irresponsabilidad e ineficiencia con los que se ha conducido el Gobierno.

Independientemente de las filiaciones políticas, debe lamentarse que hayamos perdido tantos años sin poder establecer, y acordar en la pluralidad que nos caracteriza, un rumbo de certidumbre y desarrollo para México. A todos nos preocupan la crisis económica y el desempleo, la inseguridad y la violencia, la pobreza y la desigualdad o la debilidad cada vez más preocupante de las instituciones.

Por ello, es necesario analizar los problemas que se deben enfrentar para corregir los errores y definir una agenda de lo que se debe hacer para sacar al país del desastre en que se encuentra.

Uno de los rasgos más sobresalientes de los gobiernos de la alternancia, es la enorme irresponsabilidad, desorganización e ineficiencia con que se han conducido.

El gasto público es un indicador muy importante. El gasto del Gobierno se incrementó de 19.8% como porcentaje del Producto Interno Bruto en 2006 a 25.6% del PIB en 20011. El mayor incremento corresponde a la actual administración del Gobierno federal que se ha gastado todos los ingresos extraordinarios provenientes del petróleo y los del fondo de estabilización petrolero. Otros países como Noruega y Chile reservan estos recursos en fondos que les permiten enfrentar situaciones financieras extraordinarias.

Incrementar el gasto se justifica cuando se invierte productivamente en infraestructura y proyectos que generen crecimiento, pero no ha sido así. El Gobierno federal ha privilegiado el gasto corriente en lugar de la inversión productiva. En sueldos, salarios y gastos de operación eroga (junio de 2011) más de 3 billones 100 mil millones de pesos, mientras que para infraestructura carretera solo destina 54 mil millones, o sea 4.1% de lo que gasta en sueldos y salarios.

El Gobierno federal incrementó el gasto corriente en términos reales en 30% de 2006 a 2010. El presupuesto en sueldos, salarios y gastos se incrementó en 1 billón 300 mil millones de pesos para sostener una plantilla de 8 mil 217 burócratas de mandos superiores de la administración panista.

Los mandos superiores se incrementaron en casi 100 por ciento. En el 2001 había una plantilla de 4095 funcionarios de este nivel y en el 2010 eran ya 8217 entre subsecretarios, directores generales, directores generales adjuntos y directores de área.

Otro ejemplo de cómo se utilizan los recursos del erario en conceptos que no responden a prioridades del país, ni responden a criterios de austeridad y de racionalidad son los señalamientos que hace la Auditoria Superior de la Federación en el informe de la Cuenta Pública 2010 sobre la partida 3701 de comunicación social y que comprende la difusión de mensajes sobre programas y actividades del Gobierno federal, misma que se incrementó en 498% de 2006 a 2010.

La deuda del Gobierno federal se disparó de 2005 a 2010: pasó de un billón 951 mil millones, a 5 billones. Esta deuda genera diariamente un servicio de mil 233 millones de pesos. La deuda total de las entidades federativas equivale a sólo el 0.72 % del total de los compromisos financieros que tiene contratados la administración panista.

Como lo denuncia el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados: “ La baja recaudación, el ineficiente combate a la evasión fiscal, la ejecución discrecional del gasto, el aumento del gasto corriente y de la burocracia, la falta de transparencia, el mayor endeudamiento sin un uso claro para beneficio de la población, así como la carencia de una adecuada evaluación del desempeño de la administración de las finanzas públicas, son un fracaso más de los gobiernos panistas”.

El próximo gobierno estará obligado a rectificar muchas de las decisiones equivocadas que se han adoptado por la pretensión de continuar en el poder a pesar de los resultados negativos. Será ineludible establecer un plan de choque para reorganizar el gobierno, cancelar privilegios y dispendio, revisar el manejo de las finanzas públicas y adoptar un modelo de administración que garantice austeridad, racionalidad y eficiencia en el gasto. Y sobre todo, deberá asegurar la transparencia y la rendición de cuentas que exigen los ciudadanos.
02 Abril 2012 03:00:23
Crisis del agua, fracaso de la política
Desabasto, contaminación, desperdicio, conflicto social e ingobernabilidad, son algunos de los rasgos que ya definen la crisis del agua que vive el país y el mundo. Esto es resultado de la falta de planeación responsable y de la incapacidad de las instituciones para dar al tema del agua la prioridad que merece y para organizar sistemas de gestión eficientes con los cuales garantizar la sustentabilidad en el largo plazo.

No podrá existir una solución al problema de la escasez, la sobreexplotación y el suministro de agua a la población, sin una clara determinación para impulsar profundas reformas institucionales que permitan rescatar el tema del agua del uso político y clientelar, así como evitar que prevalezcan la corrupción, el influyentismo y la ineficiencia.

La crisis del agua no es algo que probablemente ocurra, es un problema de la mayor gravedad que ya está sucediendo. En el mundo existen mil 100 millones de personas que no tienen acceso al agua potable y la contaminación de los afluentes superficiales y subterráneos, propicia que cada día mueran 3 mil 900 niñas y niños en el planeta a causa de enfermedades curables transmitidas por el agua. En México existen 12 millones de personas sin acceso al agua potable y 24 millones carecen de drenaje sanitario, lo cual significa un gran problema de salud pública y de calidad de vida.

Lo más lamentable es que vivimos ya un proceso de sobreexplotación de las cuencas hidrológicas y de nuestros acuíferos y no existen, a la fecha, políticas públicas adecuadas ni instituciones que puedan garantizar acciones efectivas para detener y revertir esta situación. De los 653 acuíferos que existen en el país en 1975 se encontraban 32 en condición de sobreexplotación; en 1980 la cifra se incrementó a 80; y, en 2009 eran ya 100 los acuíferos sobreexplotados. De estos acuíferos se extrae el 60% del agua que se dispone para todos los usos.

La escasez natural de agua en la mayor parte del territorio, la sobreexplotación y el efecto de las megatendencias asociadas al cambio climático, van a representar problemas muy graves en futuro para el desarrollo del país. Más aun con las proyecciones que señalan que de 2007 a 2030 la población de México crecerá en 14.9 millones de habitantes y que casi el 60% de la población residirá en 36 núcleos urbanos con más de 500 mil habitantes. La población urbana representará 82% del total. El cómo garantizar agua en la cantidad y calidad necesarias para estas metrópolis, y para todo el país, es un problema que al día de hoy no está resuelto. La incertidumbre acecha el futuro.

La crisis actual del agua es una expresión del enorme fracaso que ha tenido la política en nuestro país para ofrecer soluciones concretas, eficientes y duraderas a los problemas de nuestro desarrollo. El predominio de los intereses particulares sobre el interés colectivo ha sido abrumador. Desde los grandes proyectos hasta las modestas administraciones de los organismos municipales han estado determinados por la discrecionalidad, la opacidad y la conveniencia política, y lejos de los intereses auténticos de los ciudadanos y de una visión responsable del futuro.

El haber hecho del agua un artículo de intercambio político y objeto principal de las políticas de carácter populista, es un error que tiene hoy un altísimo costo para el país. Nada será más difícil que revertir las conductas de irresponsabilidad en el aprovechamiento y consumo del agua, detener la contaminación y crear una nueva conciencia ciudadana que reconozca que el agua es un bien económico y un factor vital de nuestra vida comunitaria.

Por estas razones debemos repensar el problema del agua. ¿Cómo crear instituciones para que prevalezca siempre el interés colectivo, la transparencia, las soluciones técnicas más adecuadas, la eficiencia y la rendición de cuentas en la gestión de los asuntos del agua? ¿Cómo superar los prejuicios ideológicos que todavía consideran que toda solución debe provenir de una mayor presencia del estado y del gobierno en la administración de los a asuntos comunitarios, e invalidan las valiosas contribuciones de la participación ciudadana y de la inversión privada? ¿Cómo alentar que eche raíces una nueva cultura ciudadana del agua para el consumo responsable y el cuidado del medio ambiente, a la par de nuevas formas de intervención del gobierno en la solución de estos problemas?

Finalmente, debe quedar claro que atender la crisis del agua es insoslayable. Ya está demostrado el fracaso de las instituciones y de las prácticas que propiciaron la corrupción, la ineficiencia y la sobreexplotación de nuestros recursos hídricos. Es el momento de discutir y de reinventar las soluciones que nos reclama el futuro.

http://oscarpimentel.mx/
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26 Marzo 2012 03:00:09
Un país en vías de destrucción
El país se encuentra en proceso de destrucción. En casi todos los ámbitos prevalece el deterioro, la aniquilación, la pérdida, el desgaste, la descomposición.

La sobrepoblación y desorden en el crecimiento de los centros urbanos, donde vive ya la mayoría de los mexicanos, genera nuevos modos de vida que en el mediano y largo plazos están destinados a generar malestar, enfermedad y violencia. La destrucción de los recursos naturales, de la flora y la fauna, de los bosques, las selvas, los ríos, los lagos, del mismo desierto, al parejo de una creciente contaminación del aire, el suelo y el agua, cancela un futuro de calidad para las próximas generaciones.

Cada día crece el número de familias que se incorporan a la condición de pobreza y de pobreza extrema, cada año ratificamos nuestro casi último lugar mundial en materia educativa, cada vez son más los jóvenes sin oportunidades de trabajo y educación, los mexicanos con sobrepeso y obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, las mujeres y niños que sufren la violencia social e intrafamiliar. La violencia del gobierno, y su nula atención a la seguridad de la ciudadanía, alimenta el crecimiento exponencial de la delincuencia organizada y deja de lado la prioridad de la justicia. Hoy como nunca en la historia del país se violentan de manera impune las garantías individuales y los derechos humanos; se ha hecho cosa de todos los días el allanamiento, la detención, el maltrato y la violencia en todas sus expresiones, el asesinato. México retrocede en su economía. No tiene una estrategia para crecer y el cálculo político del gobierno, de las elites económicas y de los partidos, que no han logrado acordar las reformas necesarias, lo mantiene en una inercia que día con día destruye sus cadenas productivas, se genera mayor informalidad y se minimiza su productividad. El desempleo y la desigualdad son consecuencias de una política económica que maquilla su mediocre desempeño con el discurso de la estabilidad macroeconómica.

Las instituciones políticas han quedado obsoletas. El Ejecutivo detenta privilegios ya incompatibles con un régimen verdaderamente democrático, hasta el extremo de poder designar funcionarios de primer nivel de comprobada incompetencia en forma discrecional, con la justificación de que cuentan con la amistad personal del Presidente. Las facultades en materia presupuestal, y las metaconstitucionales que se derivan de su cargo, convierten al país en rehén de los caprichos personales de quien ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo. Su relación con el Legislativo y el Poder Judicial no modera ni acota la discrecionalidad de sus decisiones. No hay equilibrio de poderes. El Congreso no ejerce a cabalidad sus funciones de control del gobierno como lo establece la Constitución. Se limita a aprobar el presupuesto con algunas modificaciones que finalmente quedan en manos de la Secretaría de Hacienda, que hace todo lo posible por anular en los hechos las propuestas de los legisladores. Los resultados de la cuenta pública, aunque señalen francas irregularidades y desviaciones, no derivan en sanciones ni votos de censura hacia el Ejecutivo. Todo se diluye en la negociación por la ausencia de un órgano verdaderamente autónomo que audite y vigile el ejercicio del presupuesto y garantice una autentica rendición de cuentas por parte de los tres poderes.

En el ámbito de la justicia las cosas van todavía peor. Nadie puede confiar en las instituciones de la justicia por su proclividad a la burocracia, la opacidad y la corrupción. Gana quien tiene más recursos económicos. En las cárceles hay mucha gente inocente, pobre e ignorante. Paradójicamente, la reforma del sistema de justicia penal ha encontrado sus principales obstáculos en el propio Poder Judicial que se niega a transparentar su funcionamiento, y en el Poder Ejecutivo, cuya estrategia punitiva, no le permite distraerse, ni asignar los recursos necesarios, en la única salida que podríamos tener para restaurar la paz y la seguridad en México.

Las instituciones electorales, que hasta hace poco tiempo eran de lo poco que se había salvado de este proceso de depredación que ya vivimos en forma acelerada, han entrado también en una dinámica de deterioro creciente. Nadie entiende las reglas ni las decisiones diferentes que se toman para casos iguales según parece convenir en el momento. Nadie entiende un periodo de silencio antes de las campañas electorales con los precandidatos de todos los partidos en intensas giras de proselitismo por las diversas regiones del país y apareciendo todos los días en los medios de comunicación. Nadie entiende tampoco porque no se cierran los vacios normativos que hacen posible que las campañas políticas puedan financiarse con recursos del erario público y que la participación ciudadana en el proceso electoral sea hoy un asunto de prebendas, dadivas y compra de voluntades por quien detenta más recursos económicos. Nuestro federalismo hoy es disfuncional. Desde el mismo Poder Ejecutivo se han minado las bases de confianza que son necesarias para afianzar colaboración entre los diferentes órdenes de gobierno. No hay coordinación. No hay objetivos compartidos. El gobierno panista solo tiene en sus agenda mantenerse en poder aunque al país le vaya mal. Y los gobiernos estatales se han feudalizado. Hay un retroceso del federalismo.

La democracia está en riesgo. El mal desempeño del sistema político en los últimos años es motivo ya de descontento y desconfianza de la ciudadanía. Parecería que la democracia es sinónimo de ineficiencia, desacuerdo, desorden, fortalecimiento de los privilegios, desigualdad y pobreza, atraso económico e ingobernabilidad. Lamentablemente, casi no hay procesos sostenibles de mejora en los aspectos sustantivos del desarrollo. Por eso es apremiante un debate serio y sin eufemismos de la realidad actual de la nación. A mayor objetividad para comprender lo que pasa, mayor capacidad habrá para definir un rumbo y una nueva estrategia para transformar el país.
19 Marzo 2012 03:00:11
Pemex y el futuro
Se requiere una reforma energética, seria y profunda

Casi todos sabemos que Pemex es una empresa clave en el desarrollo de México. Además de representar nuestra principal fuente de energía y aportar un sinnúmero   de materias para la industria, la empresa aporta más del 40% de los ingresos fiscales que le permiten al gobierno completar el presupuesto necesario para solventar los programas, servicios y proyectos de inversión pública destinados a sostener y alentar el desarrollo del país. 

Las condiciones de la historia política del país durante una buena parte del siglo pasado, hicieron de Pemex la entidad más emblemática de nuestra soberanía y del profundo sentido nacionalista de los mexicanos.

Las nuevas realidades del mundo durante las últimas décadas, y las propias circunstancias en que ha evolucionado la empresa petrolera, han venido a plantear nuevos desafíos. Estos implican una manera muy distinta de concebir el papel que debe desempeñar Pemex en el desarrollo de la nación y la manera en que debe inscribirse en una estrategia energética del país que sea acorde con el  nuevo contexto  mundial.

Gracias a los acuerdos que se han logrado en las tres últimas legislaturas del Congreso Federal, poco a poco se han venido removiendo los obstáculos que impiden a Pemex ser una verdadera empresa al servicio de los mexicanos; con la autonomía, organización y régimen fiscal que le permitan ser eficiente y explotar de manera planificada y rentable nuestros recursos petrolíferos.

Sin embargo, estamos todavía muy lejos de la situación que  presume el Gobierno federal, en un afán que parece más bien motivado por el interés político electoral, en el sentido de que está garantizada la viabilidad de Pemex en el largo plazo, gracias a que se  logró una restitución de casi el 100% de las reservas probadas.  

La verdad es que Pemex está prácticamente en quiebra. El problema es que su función primordial, más que ser el centro de una estrategia para el desarrollo y el aprovechamiento de la energía, es aportar recursos financieros a la hacienda pública y compensar las grandes fallas del sistema fiscal caracterizado por los regímenes de exención y de privilegios, una reducida base de contribuyentes y un laberinto de cargas fiscales y procedimientos. Un sistema fiscal que refuerza los mecanismos que generan la desigualdad social y obstaculiza el crecimiento duradero de la economía.

Por ello, Pemex sigue sujeto a las decisiones del Congreso en materia presupuestal y a las necesidades de ajuste financiero que deba resolver en cualquier momento la Secretaría de Hacienda, y no a las políticas que establece su Consejo de Administración, como es lo normal en cualquier empresa del mundo.

La situación financiera de Pemex es muy preocupante: debe alrededor de 121 mil millones de dólares y sus activos son del orden de los 112 mil millones de dólares, de tal manera que tiene un capital negativo de casi 10 mil millones de dólares.

En la Evaluación de la Cuenta Pública 2010, elaborada por la Cámara de Diputados, se destaca que el Gobierno federal extrae de la paraestatal el 111% de su rendimiento de operación en cobro de impuestos y derechos, con lo cual se generan pérdidas netas recurrentes, un patrimonio negativo y una acumulación de pasivos que no se compara con ninguna otra empresa petrolera del mundo.

En el mismo estudio se establece que el deterioro financiero de Pemex ha sido progresivo desde que el gobierno federal decidió financiar sus egresos presupuestarios con ingresos provenientes de la venta de hidrocarburos, a través de la creación de un régimen fiscal para esa paraestatal.

De acuerdo con las cifras de la propia empresa, durante 2011 Petróleos Mexicanos acumuló una pérdida neta de 91.5 mil millones de pesos, como consecuencia de un aumento en los impuestos, derechos y aprovechamiento por un monto de 221.9 mil millones de pesos. Refirió que esta situación se debió a la depreciación del peso respecto al dólar estadounidense y de la carga tributaria, que representó 58% de los ingresos totales. Ninguna empresa en el mundo paga tantos impuestos como Pemex.

Frente a los retos de sustentabilidad ambiental, resulta preocupante que  el 90% de la energía que se consume en México corresponde todavía a hidrocarburos, lo cual nos habla de nuestro retraso en diversificar las fuentes de abastecimiento de energía  y  reducir los efectos en el cambio climático.

El futuro de México será en gran medida lo que determinemos que sea el futuro de Pemex.

Se requiere una reforma energética, seria y profunda, asociada necesariamente con una reforma integral de la hacienda pública, y con una clara visión del país que queremos construir. Y en esta reforma, Pemex es la pieza fundamental.

El mundo está empeñado en liberarse de los combustibles fósiles como el petróleo y de encontrar fuentes alternas de energías, menos contaminantes y con un enfoque de sustentabilidad. Si no resolvemos pronto el debate sobre lo que debemos hacer con Pemex, es muy posible que cuando resolvamos, ya el petróleo no será un elemento indispensable en el mercado mundial. Es necesario plantear una estrategia energética para el desarrollo integral de México y abordar, con responsabilidad y visión de estado, la reforma del sistema fiscal para que sea un sustento del proceso de crecimiento y de la mejor calidad de vida a la que aspiramos los mexicanos.

Por esta razón, son tan importantes las ideas de Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la Presidencia de la República, en las que propone valorar la necesidad de incorporar inversión privada en el desarrollo de Pemex, sin perder la rectoría del estado y con pasos audaces para impulsar una verdadera reforma energética. Esta reforma es crucial en muchos sentidos para México. De ella depende nuestro futuro.
12 Marzo 2012 03:00:17
Desarrollo urbano y fractura social
En las últimas décadas México se ha transformado profundamente. A pesar de que la mayoría de sus políticos e intelectuales parece no haberse percatado de los cambios radicales que ha sufrido la población, al concentrarse preponderantemente en zonas urbanas por la expansión de la actividad industrial y de los servicios, y el olvido del campo en la política de desarrollo, los graves problemas del crecimiento de las ciudades y áreas metropolitanas se imponen ya como temas cruciales e ineludibles de la agenda del gobierno y de la sociedad.

Hoy cerca de 80% de los mexicanos vivimos en las ciudades, a diferencia de 1980 en que éramos 55%.

El patrón de crecimiento ha generado extremos que hablan de la profunda desigualdad y polarización que caracteriza el ordenamiento territorial del país donde coexisten metrópolis como la ciudad de México y una enorme dispersión de 185 mil pequeñas localidades, a las cuales es muy difícil dotar de infraestructura y servicios.

Las ciudades han crecido de manera anárquica y sin plan alguno, siempre bajo la lógica de los intereses particulares que, frente a la improvisación y los yerros de la política gubernamental, minimizan el interés general e imponen un modo de crecimiento costoso para la población: ineficiente, contaminante, destructor del tejido social y de las practicas comunitarias, inseguro y violento, e inequitativo.

Todo esto se deriva de un concepto de la forma de vivir que el sistema económico ha generalizado como una cultura que conjuga las expectativas de ascenso social y las aspiraciones vitales que caracterizan a la clase media, y en la cual destacan el uso del asfalto, el concreto, el automóvil, la televisión la comida rápida, la telefonía celular y las nuevas tecnologías de la información, y en la que prevalecen el individualismo, la violencia, la discriminación y el consumismo.

Nuestras ciudades se rigen por las reglas que impone el uso del automóvil; no existen banquetas seguras y cómodas para caminar; se desprecia a los ciclistas y a los peatones; la mayoría de los habitantes padece de sobrepeso, obesidad, diabetes y problemas cardiovasculares; el transporte público es pésimo y caro, las distancias que se deben de recorrer para ir al trabajo y a la escuela son cada vez mayores, así como el tiempo que se le dedica.

Lo más preocupante, sin embargo, son los procesos de descomposición y de violencia que van aparejados a la desigualdad social, a la presencia generalizada del crimen organizado y al entorno que se ha creado en las ciudades por el urbanismo salvaje que se ha propiciado en las últimas décadas. La falta de oportunidades de educación y de empleo reproduce la pobreza, la exclusión y la desigualdad social, propicia la incorporación de miles de jóvenes a las redes del crimen, expulsa a miles de niñas y niños a la calle, alienta la drogadicción, la trata de personas, el alcoholismo, el suicidio y la violencia en todas sus expresiones, especialmente la violencia contra las mujeres.

Contrario a lo que muchos pensaban, en el sentido de que la urbanización sería un proceso de modernización con mayor bienestar para la sociedad mexicana , ha venido a ser en realidad un proceso de fractura social con la destrucción de los valores y principios elementales de la solidaridad y la convivencia comunitaria, de aniquilación indiscriminada del entorno natural en donde se asientan las áreas urbanas, de alta emisión de gases de efecto invernadero, así como de pérdida irreparable del patrimonio histórico de las ciudades.

La organización de las ciudades en México es un verdadero fracaso. No existe planeación urbana y cuando se realiza no se respeta. En la mayoría de las localidades las áreas urbanas crecen sin control por la concentración de la tierra en pocas manos y la especulación inmobiliaria, con lo cual se generan altos costos en los servicios públicos que, por supuesto , deben asumir los gobiernos municipales o, lo que es lo mismo, la ciudadanía. La falta de regulación propicia que haya una transferencia neta de recursos fiscales, es decir recursos de la comunidad, hacia quienes especulan con los terrenos y cobran altas indemnizaciones por permitir la ejecución de obras públicas que finalmente incrementan el valor de las propiedades.

Gran parte de los fraccionamientos de interés social donde viven los trabajadores, la fuerza laboral que mueve a este país, son ejemplo de construcciones precarias y difícilmente habitables, al menos sanamente, donde apenas si hay áreas verdes y espacios comunes, las calles son lo más estrechas que fue posible hacerlas y donde no se han fomentado formas de organización y convivencia vecinal que permitan mejorar el entorno.

La calidad de vida no mejora para la gran mayoría de los mexicanos que viven en las ciudades. Al contrario, cada día que pasa se agravan los síntomas de malestar y de deterioro de las condiciones de vida, así como de desgaste del régimen político e institucional que no acierta a garantizar certidumbre en materia de seguridad y de justicia.

No es exagerado decir que la posibilidad de alcanzar un estado de mayor progreso y de mejor calidad de vida, depende de la determinación y el sentido con los cuales se establezca una política de largo alcance para orientar y regular el desarrollo de las ciudades y de las zonas metropolitanas. Es preciso colocar esta preocupación en el centro de la agenda con la cual queremos construir el futuro de nuestro país.
27 Febrero 2012 04:00:01
El rumbo equivocado, por no atender lo básico…
El problema inicial a resolver siempre que se pretende lograr algo es el cómo hacerlo. El tema del método es una discusión inevitable en la ciencia en todos sus campos, pero también debe serlo en cualquier otro quehacer humano. El método nos auxilia en la preparación de un plan básico que, ejecutado con una sensata administración de recursos y esfuerzos, nos permite alcanzar resultados óptimos, especialmente en el campo de lo público.

Asegurar el dominio de lo básico, es el principio fundamental demostrado por la experiencia cuya aplicación garantiza, casi de manera infalible, el logro de resultados tangibles y positivos.

Muchos de los rezagos y de las distorsiones que podemos observar en el desarrollo de nuestro país, se originan precisamente en un problema de enfoque –de método, finalmente– cuando se pretenden traducir los propósitos colectivos en políticas públicas.

No encaramos, y en consecuencia no resolvemos, los aspectos básicos de nuestro desarrollo, lo cual propicia que sigamos entrampados en el atraso y la confusión que produce la falta de un rumbo claro.

Los esfuerzos que hoy hacemos los mexicanos no están orientados a construir un futuro mejor; son energías que se perderán sin resultados porque el método está equivocado. Prevalece la improvisación, el afán de querer resultados en el corto plazo para darles un uso político, la corrupción en todas las formas imaginables y, sobre todo, el cálculo del interés particular y partidista que impide la adopción de las políticas estatales que son necesarias para replantear el rumbo y salir la crisis profunda en que se encuentra el país.

Queremos combatir la pobreza y la marginación con dádivas y subsidios, en vez de proponernos generar riqueza con educación, capacitación, empleo y proyectos productivos. El crecimiento económico se levanta sobre bases firmes de infraestructura y servicios que demandan un mayor flujo de recursos de inversión, pero no somos capaces de reformar la hacienda pública para eliminar los privilegios y las exenciones, lograr una contribución fiscal justa de todos los mexicanos y fortalecer las finanzas del Estado. Nos irrita tener que pagar altas tarifas de energía eléctrica, teléfono, gasolina y servicios bancarios, pero no enfrentamos la necesidad de reformar las leyes y establecer verdaderas regulaciones para que funcione de mejor manera el mercado y para acotar el dominio de los grandes monopolios.

Es una verdad universal que ningún país puede garantizar el bienestar de su población si no produce los alimentos que necesita, pero en México el campo está abandonado y dependemos casi por completo de las importaciones.

Son muchos los ejemplos del descuido de lo básico que contrasta, sin embargo, con lo rimbombante y ambicioso de los objetivos que nos trazamos. Queremos tener campeones olímpicos sin que el deporte sea una prioridad de nuestra vida y una política permanente y sistemática; queremos ser civilizados y modernos, pero no hacemos nada para cambiar las prácticas de discriminación y exclusión social que padecen los grupos indígenas y los pobres, firmemente arraigadas en nuestra cultura; queremos estar a la altura de la autoestima personal y colectiva de los habitantes de los países más avanzados –sin complejos– pero no hacemos mucho para resolver el grave problema que significa la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar que dañan nuestro desarrollo como personas; queremos un país sano y fuerte, pero no atendemos la necesidad de adoptar hábitos saludables de alimentación y de activación física que nos permitan reducir los altos índices de obesidad y de enfermedades asociadas como la diabetes, entre otras.

En educación nuestro país es un gran fracaso precisamente por no atender los aspectos básicos. Nos mantenemos en los últimos lugares de todas las mediciones internacionales. En su gran mayoría nuestros jóvenes, incluidos los que han tenido oportunidad de cursar una carrera profesional, no saben leer, escribir, calcular y expresarse correctamente. El interés por la ciencia, la lectura y la cultura en general son verdaderamente escasos.

Mucho podríamos avanzar en materia educativa, por ejemplo, si se toman decisiones para atender aspectos básicos como capacitar adecuadamente a los maestros, incrementar la jornada escolar, reducir el número de alumnos por grupo, reforzar la enseñanza de los lenguajes como el español, las matematicas y el inglés, y garantizar una mejor dirección de las escuelas. No hay buenas escuelas con malos directores.

Lo mismo aplica en materia de seguridad pública, donde hemos llegado a la mayor crisis de violencia que haya vivido el país en su historia. Es necesario replantear la estrategia. Urge lo básico, como la reforma del sistema de justicia penal, la profesionalización del ministerio público, la organización y capacitación de los policías. Es apremiante definir el camino para construir instituciones confiables y eficaces.

Y algo fundamental: fomentar una nueva cultura ciudadana de respeto a la legalidad. Comenzar por lo básico. Todos con licencia de manejo y placas actualizadas, prohibición de los vidrios polarizados, respeto de los señalamientos de tráfico, uso del cinturón de seguridad, tolerancia cero al manejo en estado de ebriedad, colaboración y participación para recuperar los espacios públicos y para mejorar la seguridad en las escuelas, entre muchas cosas más que se deben hacer. En una comunidad ordenada, respetuosa de la legalidad y participativa la delincuencia no prospera; y al revés, en donde nadie respeta las normas de convivencia, no se distingue a los delincuentes de los ciudadanos comunes.

Y así en casi todos los frentes. La estrategia que no considere los aspectos básicos de los problemas que nos aquejan, está equivocada. Nuestro gran problema no es que avancemos lentamente en el desarrollo del país, la cuestión es que vamos mal porque estamos en el rumbo equivocado.

Es nuestra responsabilidad como generación de mexicanos cambiar la manera como enfrentamos el atraso y las limitantes estructurales. No tenemos mucho tiempo para ponernos de acuerdo en una nueva estrategia y en un rumbo que genere certeza, que coloque en la agenda los temas básicos de nuestro desarrollo, antes de que los efectos devastadores de la crisis que vivimos se traduzcan en una situación de ingobernabilidad y de insurrección social.
16 Febrero 2012 04:00:57
Ramos Arizpe y su legado político
Sin lugar a dudas, uno de los personajes históricos más importantes y decisivos en la conformación de la nación mexicana es José Miguel Ramos Arizpe. Su influencia intelectual, moral y política es una aportación determinante en el gran movimiento social que universalmente provocó el pensamiento liberal, humanista y democrático, cuyas expresiones son aún vigentes e inagotables. El debate de las ideas que se inició en las Cortes de Cádiz hace 200 años no solamente no ha concluido, sino que cada día se enriquece más ante las nuevas realidades y desafíos que plantea el desarrollo humano, y la búsqueda constante de las mejores formas de organización política de la sociedad que lo haga posible.

Este año se cumple el 237 Aniversario del Natalicio de don Miguel Ramos Arizpe: un hombre sencillo y recio, formado en el trabajo y en el estudio, de firmes convicciones personales y políticas, y de un arraigo apasionado a su terruño.

El legado de Ramos Arizpe puede ser calificado conforme a la expresión de Diego Rivera, en el sentido de que la única manera de lograr una contribución a la cultura universal es identificarse profundamente con las raíces de la comunidad local a la que se pertenece.

En septiembre de 1810, Miguel Ramos Arizpe fue electo diputado por Coahuila a las Cortes de Cádiz como uno de los novohispanos que concurrieron a formular la Constitución de 1812 que se proponía reformar el sistema de organización política y social e la metrópoli española y sus dominios coloniales.

Frente a la situación de vacío de poder que se produjo en España por la intervención de Napoleón con el secuestro de Carlos IV y Fernando VII, la Suprema Junta Central de Sevilla buscó la manera de unificar a toda la península y los reinos de ultramar para oponerse al intruso emperador francés, para lo cual a, a través de una regencia, convocó a todas las provincias españolas, incluidas las de América, a nombrar diputados para integrar las Cortes de Cádiz.

Del trabajo legislativo de estas Cortes surgió, hace ya 200 años, la primera Constitución española promulgada el 19 de marzo de 1812, popularmente conocida como “La Pepa”, por coincidir con el día de San José. Esta legislación, inspirada en la Constitución Francesa de 1791 y aún más avanzada y progresista, es la simiente fundamental de los conceptos políticos que permitieron la organización política del Estado fundado en la soberanía del pueblo; el reconocimiento de los derechos civiles como la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, el sufragio universal masculino indirecto, la libertad de expresión, la libertad de imprenta y el derecho a la educación; las bases del régimen federal y republicano con la división de poderes y el reconocimiento de los gobiernos locales.

Esta Constitución Española vino a darle un nuevo impulso a la influencia del pensamiento liberal en toda Europa, y especialmente en América, donde fue la base para impulsar los movimientos de independencia y la formulación de las constituciones de las nuevas naciones.

Ramos Arizpe fue el miembro más distinguido y líder de la diputación americana en Cádiz. Al “impetuoso y altivo republicano” (a juicio del historiador Julio Zárate) se le confió, además de la novohispana, la representación ante las cortes de los intereses de Puerto Rico, Caracas, las Californias y las Provincias Internas de Occidente.

Alma republicana, adversa al colonialismo, sostuvo con calor y celo la causa de la independencia de América, encabezando a los diputados liberales contra los serviles, luchó por la igualdad de derechos, en la metrópoli y sus dominios, de europeos y americanos.

Ramos Arizpe redactó el proyecto de la Constitución de 1824, en la cual quedarían plasmados el concepto de soberanía, el sistema político con división de poderes, la república representativa, popular, federal y la primera generación de derechos civiles del país.

A 237 años del natalicio de Don Miguel Ramos Arizpe y a 200 años de las Cortes de Cádiz, es necesario valorar la contribución política de quien con justicia ha sido declarado el Padre del Federalismo y Benemérito de la Patria; es muy importante, conmemorar el bicentenario de un movimiento político e ideológico cuyas repercusiones en nuestra vida política y en el futuro de nuestro país son de una importancia crucial.

Hoy la organización política de nuestro país demanda una revisión a fondo para atender a las nuevas realidades que impone la pluralidad y la vida democrática, así como las demandas ciudadanas de participación en los asuntos públicos, transparencia, rendición de cuentas y mayor eficacia de la acción gubernamental.

Nuestro reto fundamental es construir un país donde prevalezca una mayor equidad y donde la economía crezca y se generen los empleos que son necesarios, donde se fortalezca el mercado interno y podamos contribuir de mejor manera a sustentar una nueva manera de abatir la pobreza y la desigualdad. Pero este propósito demanda una revisión seria del modo en que los mexicanos seguimos gestionando nuestro sistema político: una revisión de las atribuciones de cada orden de gobierno para fortalecer el federalismo; una revisión de los mecanismos de colaboración entre los poderes de la Unión para lograr los acuerdos políticos que nos permitan eliminar los obstáculos a nuestro desarrollo; y una profundización de la reforma al sistema de justicia penal, como única vía para recuperar la paz, la seguridad pública y la impartición expedita de la justicia.

En Coahuila, con el ejemplo de las convicciones y la herencia política de Miguel Ramos Arizpe, el Gobernador Rubén Moreira se ha propuesto sentar las bases de una nueva institucionalidad gubernamental, que garantice la certidumbre en el rumbo de nuestro desarrollo, que restablezca con decisión la seguridad como base del trabajo productivo y de la vida comunitaria, que permita desarrollar las políticas públicas con eficacia para responder a las demandas de los coahuilense y desplegar el gran potencial de desarrollo de nuestro estado.
06 Febrero 2012 04:00:42
Asia: el eslabón necesario
Durante los últimos años se ha discutido hasta el hartazgo el problema del por qué la economía de nuestro país no puede crecer a un ritmo que le permita satisfacer los mínimos de empleo y bienestar que demanda su población.

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que significó un gran paso en la modernización de nuestra base productiva y su articulación con el exterior, hoy es una fase incompleta de la integración de México con la economía global, lo que se hace patente en su vulnerabilidad frente a las oscilaciones de la economía norteamericana y en las oportunidades que se pierden por no participar activamente en el gran dinamismo que muestran las economías de Asia. Países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, dan cuenta de los altos niveles de crecimiento que se pudieron lograr gracias a su eslabonamiento con estas economías.

Por la importancia de su actividad y el tamaño de su economía, Asia será pronto la región con mayor hegemonía en el planeta. Actualmente, tres de las cuatro economías más poderosas del mundo se encuentran en este continente: Japón, China e India. En tanto Corea del Sur encabeza el grupo de los países denominados “tigres asiáticos” (Singapur, Hong Kong y Taiwán) y ha logrado una transformación sorprendente y ejemplar, de su economía y de su sistema político. China será antes del 2020 la economía más grande del mundo. La evolución de los mercados internacionales ya indica que estamos en un proceso de desplazamiento del eje dinámico de la economía mundial hacia la región Asia–Pacífico.

A diferencia de México, varios países latinoamericanos han entendido muy bien estas tendencias y han definido una política expresamente orientada a integrarse al dinamismo del continente asiático. Para Argentina y Brasil sus exportaciones a China convierten a este país asiático en uno de sus dos socios comerciales más importantes. Chile, Perú, Colombia y Uruguay sostienen también un intercambio de gran dinamismo con el continente asiático. En México será necesario trazar una estrategia inteligente para, sin exponer la fortaleza de nuestra planta productiva, aprovechar las ventajas de la expansión asiática en el mercado global. De ahí la importancia de identificar proyectos específicos de inversión y ramas productivas que puedan incorporarse a una agenda para crear un sólido eslabón con Asia.

En el debate sobre por qué no crecemos, se termina siempre por reconocer, entre otras causas importantes, la gran dependencia que tiene nuestra economía respecto del mercado norteamericano. Y por lo general, nuestras crisis se agravan por la política económica del gobierno que simplemente toma como un dato el crecimiento del país vecino sin proponerse estrategias alternativas. Pareciera que nada podemos hacer.

Las expectativas de crecimiento para 2012, cada vez se ajustan más conforme se divisan los nubarrones de la economía europea y sus efectos posibles en America del Norte. El Gobierno se ha visto obligado a refugiarse en el discurso de la estabilidad macroeconómica para evadir los problemas ya estructurales que nos mantienen en el estancamiento, y en cada vez mayores condiciones de pobreza y desigualdad social. Lo positivo de todo esto es que, por exclusión, queda sobradamente comprobado que con un manejo de la política económica como el que ha hecho el actual gobierno federal no se puede crecer ni avanzar en resolver los rezagos del país. Ya podemos estar seguros: cuidar la estabilidad macroeconómica por sí misma no es el camino correcto.

Es indispensable un cambio responsable de la estrategia de desarrollo económico de México. Uno: ya esta claro que no basta el propósito de mantener la estabilidad macroeconómica, es necesario plantear de manera explícita el objetivo de crecer, generar empleos, diversificar la planta productiva, aumentar la productividad, modernizar las capacidades de producción. Dos: ya esta claro que no podemos depender solamente de la dinámica de la economía externa, y menos cuando la mayor parte de nuestro intercambio es con Estados Unidos. Se requiere fortalecer el mercado interno para apuntalar el crecimiento y para avanzar en el abatimiento de la desigualdad. Tres: Además de lo anterior, tenemos que ligarnos con las economías de Asia que están al frente de la gran transformación mundial de las fuerzas productivas, en su más amplio significado: Cuatro: ya esta claro que el mercado no lo resuelve todo. Además del reciente ejemplo de la crisis financiera del 2008 y 2009, donde los gobiernos tuvieron que intervenir contra toda la lógica de su propia política económica precedente, está también el ejemplo mexicano de abandono gubernamental de la agricultura cuyos resultados se dejarán sentir con la crisis alimentaria y la hambruna que se puede presentar en este año. Y finalmente, cinco: las reformas pendientes como la energética , la fiscal, la laboral, de regulación económica y de las telecomunicaciones, así como las de carácter social en materia de salud, seguridad social y educación son indispensables para empujar al país en una dinámica de crecimiento sostenido y de participación competitiva en la economía global. Pensar en crecer sin estas reformas es simplemente una broma de mal gusto. Y la verdad, ya no estamos para vaciladas.

Es preciso que se adopte la decisión de cambiar el rumbo económico del país y se defina una nueva estrategia que privilegie el crecimiento económico con equidad, y que mire hacia el continente asiático como el nuevo eje dominante de la economía planetaria. Asia puede ser el eslabón que necesitamos.
23 Enero 2012 04:00:27
Abandono del campo y crisis alimentaria
Nada refleja con tanta claridad los desaciertos de la política económica del Gobierno de México como la situación critica que se vive en el campo. La migración a las ciudades y hacia Estados Unidos, la pobreza y la marginación social que afecta a millones de compatriotas, es resultado de la destrucción del modo de vida de las comunidades rurales basado en la producción agrícola, eje de subsistencia y de contribución al mercado nacional.

Son ya varias décadas de una estrategia económica fundada en conceptos equivocados, cuyos efectos, combinados con factores naturales adversos y el comportamiento de la economía mundial, veremos en este año traducidos en una grave crisis alimentaria.

Las ideas que postulan nuestra integración a la economía global, sin considerar las desventajas de la producción agrícola nacional para competir sin los apoyos, subsidios y medidas de política económica de carácter compensatorio, como los que están establecidos en la mayor parte de los países desarrollados, han demostrado su rotundo fracaso. Su afán de arrasar con cualquier obstáculo al “libre” funcionamiento del mercado, se tradujo en un verdadero olvido del campo en las políticas gubernamentales. Prevaleció, erróneamente, el principio de que la producción que no lograra ser competitiva globalmente merecía desaparecer. Así se produjo el proceso de destrucción de nuestra agricultura y de progresiva desintegración de nuestras comunidades rurales.

Para lección de nuestros funcionarios idolatras del libre mercado, la economía global también amenaza con generar muy serias restricciones para conseguir los alimentos que serán necesarios para la subsistencia del país. El cambio climático y la mayor frecuencia de perturbaciones meteorológicas, serán un factor que limite la oferta de alimentos en el mundo y que, aunada la mayor demanda de biocombustibles, serán causas de un importante incremento de los precios agrícolas. En 2009, por ejemplo, se destinaron 120 mil toneladas de maíz a las destilerías de etanol, producción que hubiera permitido alimentar a 350 millones de personas, y según los reportes del Banco Mundial y de la FAO, los precios de los productos agrícolas se incrementaron en 15% de octubre de 2010 a enero de 2011.

Y el futuro no pinta nada bien. De acuerdo con el documento del Proyecto Foresight. “The future the food and farming” en los próximos 40 años las tierras agrícolas se perderán como consecuencia de la urbanización, el aumento del nivel del mar y la creciente salinización del agua en la que pocos cultivos se pueden desarrollar. Hoy estamos en el umbral de una grave crisis alimentaria en México porque, además de la ya situación estructural de abandono del campo en que incurrimos en las últimas décadas, las inundaciones, las heladas y la sequía nos han hecho perder más de 70% de la superficie cultivada en el país. Tan solo en Sinaloa se perdieron 500 mil hectáreas que podrían haber producido 2 millones de toneladas de hortalizas, frijol y papa. Una gran parte del territorio nacional se ha visto afectado por la sequía que, según los reportes de la Comisión Nacional del Agua, se prolongará hasta el próximo verano.

Debe preocupar que no obstante lo grave de la situación que seguramente viviremos en este año en materia alimentaria , y consecuentemente , desde el punto de vista social y humano, no estemos tomando las previsiones que son necesarias para no hacer mas crítica la ya de por si lamentable realidad de pobreza e iniquidad que vivimos en México. Desgraciadamente, la disputa por el poder político en el proceso electoral que culmina el próximo mes de julio, ha secuestrado casi todos los temas de la agenda nacional en los cuales debiera prevalecer el interés por lograr acuerdos y definir políticas públicas eficaces a favor de los mexicanos.

Que los países desarrollados tienen una economía basada en la agricultura es una verdad que no podemos olvidar. Apostar por un modelo que no incluye este principio es un error que ya debemos corregir. El crecimiento basado en la agricultura, según los especialistas del Banco Mundial, es de 2 a 4 veces más eficaz para reducir la pobreza que el crecimiento basado en otros sectores. ¿Qué esperamos?

Ya es hora de revisar nuestra estrategia de desarrollo económico. La integración a la economía mundial y la estabilidad financiera no lo son todo. Tenemos muchas asignaturas pendientes que estos dogmas no han resuelto ni podrán, en condiciones aún más complejas, resolver en el futuro. Urge una política agropecuaria que tenga como propósito nuestra seguridad alimentaria, el crecimiento económico y la mayor fortaleza del mercado interno; que se oriente por el principio ineludible de mejorar la vida de los habitantes del campo y de fortalecer las comunidades rurales. El campo y la seguridad alimentaria de los mexicanos demandan respuestas.
09 Enero 2012 04:00:32
2012: zona de turbulencia
Aún sin dar crédito a los vaticinios apocalípticos, el año de 2012 será un periodo verdaderamente difícil para México. Atravesaremos por una zona de turbulencia severa. Deterioro económico y desempleo, violencia e inseguridad, polarización política, crisis alimentaria, mayor pobreza y desigualdad, y creciente tensión en la relación con EUA por la cada vez más difícil situación migratoria, son algunos de los problemas que serán motivo de preocupación para millones de mexicanos.

Y no se trata de asumir un estado de ánimo proclive al pesimismo o que busque anticipar la fatalidad. Lo que se necesita es adoptar una visión realista e informada, y propugnar por la adopción de políticas públicas que permitan amortiguar los efectos de las condiciones adversas para colocar al país en la ruta correcta de su recuperación.

Después de varios meses en que las autoridades económicas se negaron a reconocer el riesgo inminente que alberga para nuestro país la crisis financiera europea y la muy posible desaceleración de la economía estadounidense en el próximo año, finalmente el director del Banco de México tuvo que aceptar que nuestros márgenes de maniobra se agotan: nuestros índices de crecimiento estimados para 2011 y 2012, de 3.5 o 4.0 % y de 3.5 o 4.5 % respectivamente, no alcanzarán a mitigar nuestros rezagos en materia de empleo y de pobreza.

El Banco Mundial acaba de señalar en uno de sus recientes informes que México es el único país latinoamericano donde en los últimos cinco años se redujo el Producto Interno Bruto por habitante. No obstante que en 2010 y 2011 hubo un moderado crecimiento, este no fue suficiente para disminuir la pobreza. El PIB por habitante se contrajo en 1.3% en 2011 en comparación con 2006, a diferencia de países como Brasil en donde creció en 14.8%, Argentina en 23.3% y Uruguay en 28 por ciento.

Las perspectivas no son nada alentadoras. El propio Banco Mundial anticipa lo que puede suceder el próximo año: “Una nueva desaceleración económica puede minar la disminución en la pobreza, incluso más de lo que hizo la crisis de 2009, dado que los mercados laborales se deterioran, en especial para los pobres, y también por el hecho de que los gobiernos enfrentan más restricciones fiscales que en 2009, lo que hace más difícil aumentar las transferencias compensatorias”.

Ahora sí, después de que las autoridades financieras mexicanas habían proclamado la estabilidad macroeconómica como nuestra gran fortaleza para navegar en aguas turbulentas, se acepta que no es una condición suficiente para crecer y superar la crisis. Se reconoce también la necesidad de impulsar el mercado interno y completar un nuevo ciclo de reformas estructurales. Lamentablemente, es muy probable que los tiempos y las prioridades del Gobierno ya no permitan en el corto plazo una reformulación de la estrategia económica.

La mayor incertidumbre que sufrimos los mexicanos se deriva, sin embargo, de la violencia criminal, de los procesos de descomposición social que ha generado la guerra contra el narcotráfico y del clima generalizado de inseguridad que ha obligado a cambiar nuestros modos de vida y que provoca un declive persistente de la actividad económica de las diversas regiones. Algunas fuentes no oficiales hablan ya de una cifra cercana a los 50 mil muertos al final del presente año, resultado de la estrategia del gobierno para combatir al crimen organizado.

Será necesario un proceso de reconstrucción de las capacidades institucionales del Estado para reformar el sistema de justicia penal y sanear los cuerpos policiacos, y lo más importante, será ineludible poner en marcha una vigorosa política social que haga posible recomponer la vida comunitaria y resolver los factores de desigualdad social que propician los fenómenos delictivos.

En este año los mexicanos elegiremos Presidente de la República y renovaremos el Congreso de la Unión, en una contienda electoral que desde ahora se vislumbra como una gran polarización política que pondrá a prueba la fortaleza de nuestras instituciones y nuestra capacidad para procesar estas decisiones en el marco jurídico que regula nuestra democracia. Preocupa desde ahora la obsesión del gobierno panista por mantenerse en el poder, y la posibilidad de que trate de lograrlo mediante una estrategia de criminalización de los partidos de oposición y el uso electoral de las instituciones de la justicia.

La sequía, las inundaciones y las heladas del año que terminó afectaron al 70 % de la superficie cultivable del país. Esta situación se suma a la tendencia mundial de incremento de los precios de los alimentos, de tal manera que en 2012, según los expertos, se pueden presentar alzas en los precios de estos productos de hasta 100 a 150 %, lo cual podría generar una grave crisis alimentaria con el consecuente mayor deterioro de la calidad de vida de la población, especialmente de más de la mitad de los mexicanos que viven ya en condiciones de pobreza.

El veto del Ejecutivo Federal para que los estados afectados por la sequia ejerzan los 10 mil millones de pesos autorizados por el Congreso para atender este desastre natural, es una muestra de cómo los cálculos electorales pueden agravar la situación económica y social del país.

La baja en la actividad económica de Estados Unidos prevista para 2012, las leyes antimigrantes que se han expedido recientemente y un desenlace de las elecciones presidenciales que favorezca a los republicanos, pueden crear una situación muy difícil para los más de 12 millones de mexicanos que residen en aquel país, con la consecuente disminución de las remesas que envían a México y la siempre posible deportación masiva. Adicionalmente debe considerarse la posible declaratoria de que la delincuencia organizada equivale a terrorismo, lo que conjuntamente con el problema migratorio, provocaría una situación para la cual no estamos preparados y que sería seguramente motivo de una mayor complicación de nuestra relación con el país vecino del norte.

Frente a este panorama de lo que puede ser 2012, los mexicanos debemos alentar un cambio en la manera en que se abordan los problemas. El futuro del país y la compleja coyuntura que viviremos en este año demandan una visión estratégica de quienes son responsables de las decisiones clave, anteponer el interés de la nación a los propósitos de los particulares y de los partidos políticos y, sobre todo, un alto sentido de responsabilidad frente a la ya grave situación de México. Y, por supuesto, abrocharnos el cinturón de seguridad...

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26 Diciembre 2011 04:00:32
Asociaciones público privadas: un avance
No es una regla, pero es bastante común que las obras y los servicios públicos a cargo del Gobierno se caractericen por una dudosa calidad y, en el caso extremo, por ser resultado de decisiones inadecuadas. En un país con recursos financieros escasos y grandes necesidades de su población aún por resolver, la corrupción y la ineficiencia en la administración pública constituyen un lastre que nos condena a permanecer en el atraso.

Esto se agrava cuando los intereses políticos se apoyan en prejuicios ideológicos, que impiden la adopción de nuevos mecanismos y modelos de administración, mediante los cuales el Gobierno podría responder de mejor manera a las demandas sociales y resolver problemas muy importantes de la realidad nacional. Por esto seguimos sin aprovechar adecuadamente nuestros recursos energéticos; sin poder construir toda la infraestructura de comunicaciones que hace falta para el crecimiento; y, sin lograr la cobertura universal de los servicios de salud y mejorar los servicios públicos en muchas áreas como agua potable, cuidado del medio ambiente y transporte público entre muchos otros.

Por ello es muy alentador, y signo indudable de avance, que el Congreso de la Unión haya aprobado el pasado día 14 de este mes la Ley de Asociaciones Público Privadas propuesta por el Ejecutivo mediante una iniciativa enviada el 9 de octubre de 2009.

La nueva ley pretende crear un marco jurídico para formalizar asociaciones entre el sector público y el sector privado en proyectos de inversión orientados a construir y administrar infraestructura y servicios cuya prestación son responsabilidad del Gobierno. Esta modalidad para el desarrollo de proyectos no es solamente una manera de enfrentar las restricciones presupuestales, propias de un país que no ha podido organizar adecuadamente su hacienda pública, sino que representa la posibilidad de contar con la experiencia, los conocimientos y las tecnologías que pueden aportar los particulares, además de que obliga a la adopción de estructuras de administración más eficientes y transparentes.

La asociación público privada permite realizar inversiones a largo plazo en las que se incorporan técnicas y se comparten riesgos, objetivos y recursos, para desarrollar infraestructura productiva y garantizar un prestación de servicios públicos de calidad.

Otros países han obtenido grandes ventajas con estos esquemas de inversión. En Europa es muy común la operación de servicios públicos y la realización de grandes proyectos de infraestructura bajo el modo de asociación público privado. En el Reino Unido, por ejemplo, operan más de mil contratos con un valor superior a los 90 mil millones de dólares; Brasil ha invertido más de un trillón de dólares en infraestructura; Chile, Colombia, Sudáfrica, Canadá, Australia y hasta la Cuba socialista, operan ya proyectos y servicios con este tipo de asociaciones.

Este esquema tampoco es nuevo en México. Ya desde la década de los 90 los municipios comenzaron a organizar algunos servicios con esta modalidad, principalmente en el sector de agua potable y saneamiento, recolección y disposición de la basura y, posteriormente, transporte público. El Gobierno federal desarrolló a través de Banobras los programas de modernización de los organismos operadores de agua, el programa de residuos sólidos y de infraestructura. Sin embargo, estas primeras experiencias no contaban con un marco jurídico que diera certidumbre a las empresas participantes y al propio Gobierno, ni tampoco existía un marco institucional que permitiera regular y verificar la calidad en la operación de los proyectos y en la prestación de los servicios.

Por lo anterior, y en el clima de parálisis e incertidumbre que vive el país, es muy meritorio que la interlocución entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo haya fructificado en el caso de esta iniciativa. Es una ley que desata los nudos que existían para generar nuevas modalidades de inversión con recursos y capacidades del sector privado, bajo un marco normativo de certidumbre y regulaciones que protegen el interés público.

La Ley de Asociaciones Público Privadas será un instrumento valioso con el cual impulsar una mayor eficiencia del Gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones fundamentales, desterrar las practicas de la corrupción y la ineficiencia, minimizar el uso clientelar y con fines electorales de los servicios públicos e incrementar la capacidad de la administración pública para asimilar los avances del conocimiento, las nuevas tecnologías y las mejores experiencias de gobierno. No puede haber ningún argumento, y menos la función social del Estado, para no exigir que los servicios que ofrece el Gobierno sean de calidad y económicamente eficientes.

No obstante el gran avance que significa esta ley, habrá que poner especial atención en fortalecer las tareas de control y de vigilancia del Congreso, crear nuevos organismos reguladores en las áreas donde hacen falta y fortalecer a los ya existentes, así como, algo muy importante, alentar la participación ciudadana en la supervisión y evaluación de los proyectos para asegurar que cumplan con sus propósitos. Un reto inmediato para las autoridades locales será ponerse a la altura de estos cambios e impulsar reformas similares, y aquellas que complementen este marco jurídico, en los estados y en los municipios.


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12 Diciembre 2011 05:06:13
Cálculo político y crisis económica
A Manlio Fabio Beltrones Rivera

El cálculo político en la lucha por el poder entre los partidos y al interior de la elite económica, ha determinado un estado de estancamiento e incapacidad para procesar las respuestas que son necesarias en México ante las nuevas realidades y las demandas de su población. Los rezagos sociales, el crecimiento insuficiente y el clima de incertidumbre, miedo y deterioro de las instituciones que caracterizan la grave crisis que vivimos, son resultado de esta lógica de la política nacional en la que prevalecen los intereses partidistas y los privilegios de los grupos económicos más poderosos.

Así, no es extraño el comportamiento de nuestras autoridades que, presionadas por el cálculo político para 2012, y a pesar de la adversa situación financiera que enfrentan los países europeos y los efectos nocivos que puede tener sobre la economía de Estados Unidos y sobre México, pretenden convencernos de que la estabilidad que muestran los principales indicadores macroeconómicos y las altas reservas del banco central, permitirán proteger al país de las turbulencias de 2012 y hacer que crezca la planta productiva.

No obstante las advertencias de los especialistas del propio Fondo Monetario Internacional, cuando la presidenta de este organismo visitó el país en días pasados, en un acto de corrección política exaltó la disciplina financiera y las políticas de estabilización de nuestro gobierno. No dijo nada, por supuesto, del problema del crecimiento mediocre que hemos tenido en la última década, ni de la pobreza que afecta a más de la mitad de los mexicanos o del lamentable segundo lugar en el registro de los países con mayor desigualdad de la OCDE, y no habló tampoco de la desarticulación de nuestros procesos productivos ante la apertura comercial indiscriminada, el embate de la economía china y la dependencia respecto a EU.

Lo que habría que preguntar a quienes toman las decisiones de política económica es: ¿Desde cuándo se puede considerar exitosa la gestión de un gobierno que mantiene la estabilidad pero no es capaz de hacer que crezca el producto interno, generar los empleos necesarios ni abatir la pobreza y la desigualdad? Cuidar la estabilidad es apenas una parte de la tarea. Falta lo más importante, lo que sí redunda en un mejor desarrollo del país– y que no se está haciendo– que es impulsar el crecimiento, cuidar nuestra planta productiva, fomentar la competitividad y alentar el mercado interno.

El problema es grave. Se niega la realidad; se evita el verdadero diagnóstico que, si se asumiera con responsabilidad de Estado, podría conducir a una nueva estrategia económica. Se mantienen las medidas de estabilidad, con una fe ciega en que podrán protegernos de la fase aguda que se espera de la crisis económica mundial; como si ello pudiera evitar la recesión que nos puede ocasionar la baja actividad de la economía norteamericana. Pero lo peor es la versión triunfalista del gobierno que busca el reconocimiento público en aras de su cálculo político para conservar el poder, aún a costa de posponer las medidas radicales de política económica son necesarias para reencauzar nuestro desarrollo. Y se repite una vez más la creíble y triste historia: lo que importa es mantener el poder o acceder a él, no el avance del país.

Hay que lamentar, sin embargo, que el cálculo político no es sólo del Gobierno, aunque sea – por mandato de los mexicanos– el que tiene mayor responsabilidad.

Los partidos políticos y sus expresiones en el Congreso ya habrían podido decidir una política fiscal y un presupuesto de egresos para fortalecer las finazas públicas, reducir los privilegios, cambiar el enfoque asistencialista del gasto social y asumir un enfoque anticíclico mediante programas de infraestructura y de aliento al mercado interno. Pero no se hace porque tiene costos políticos y lo que importa son los votos, aunque la situación siga igual o empeore.

En la misma dinámica, y aún en forma más burda y grosera, es la postura de las élites económicas que reclaman como derecho concesiones, condiciones monopólicas, exenciones, descuentos fiscales y privilegios que afectan el erario público, ahondan la desigualdad y distorsionan los mercados. Son privilegios sin una fuente de legitimidad que son un lastre para el país y su democracia.

Frente a esta realidad es necesario el desarrollo de nuevos liderazgos que entiendan lo que esta pasando y se decidan a trabajar por la transformación del país. Que comprendan la obsolescencia de nuestras viejas instituciones y su incapacidad para responder a las demandas ciudadanas de eficacia, transparencia y responsabilidad en el ejercicio del poder público; que puedan entender la nueva vida plural de nuestra sociedad, trabajar por la consolidación de la democracia y alentar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Necesitamos cambiar los partidos, para que su fortaleza provenga de la capacidad y compromiso que tengan para contribuir al desarrollo de la nación.

Es indispensable reformar el Congreso para que los incentivos políticos de los legisladores se reorienten al trabajo parlamentario que fortalezca nuestras leyes y rescate las funciones de control que debe ejercer el Congreso sobre el resto de los poderes de la Unión.

Más allá del cálculo inmediatista de costos y beneficios, es necesario que las diversas fuerzas políticas asuman su responsabilidad con el futuro de México y acrediten fehacientemente su voluntad de cambio. Este debe ser el criterio para valorar sus propuestas y sus compromisos en el proceso electoral de 2012.

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27 Noviembre 2011 05:04:12
Democracia en reversa y federalismo
Son muchos ya los signos de que nuestra democracia no va bien. No es solamente una percepción subjetiva como lo muestran distintos sondeos de opinión. No va bien un régimen político que no ha sido capaz de dinamizar la economía y de reducir los preocupantes índices de desigualdad que frenan el desarrollo del país. La democracia, no puede florecer en medio de la violencia, la amenaza al ejercicio de las libertades y la debilidad crónica del Estado de Derecho.

Algo muy preocupante es que la transición a la democracia, esperada con ansias después de la alternancia, se ha malogrado como proyecto y parece llevarnos en reversa a realidades políticas que creíamos ya superadas. Un caso muy claro de esta situación, es el federalismo disfuncional que conduce a la deriva la relación de las entidades federativas y los municipios con el orden federal de gobierno, sin propósito ni rumbo claros, y donde además se generan graves distorsiones de concentración del poder político, exclusión de amplios sectores de la comunidad en la toma de decisiones , opacidad en el manejo de la información y los recursos públicos y retroceso en la eficiencia de la administración gubernamental.

Si algo avanzó la democracia en el plano nacional con las reformas electorales, la creación de instituciones como el Instituto Federal Electoral(IFE), el Tribunal Federal Electoral(TRIFE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH), el Instituto Federal de Acceso a la Información(IFAI), los organismos reguladores, la pluralidad en el Congreso y su nueva relación con el Poder Ejecutivo, así como un papel mucho más protagónico del Poder Judicial, en los estados por el contrario, se ha generado un proceso de feudalización y de concentración de poder sin contrapesos que inhibe el afianzamiento de la democracia.

Gran parte del problema es que las reformas necesarias a nuestras instituciones nacionales, siguen detenidas en el debate de las conveniencias partidistas y en el cálculo de los riesgos electorales. Seguimos operando un país plural, participativo y pluripartidista con las instituciones propias del siglo 20, surgido de un régimen de partido único. La crisis que vive el país en todos los frentes, no es solo un problema de falta de competencias y oficio político de los gobernantes del PAN - caracterización que se han ganado a pulso- , es consecuencia también de la arquitectura obsoleta de nuestras instituciones que ya no sirven para enfrentar los nuevos retos de la democracia.

El sistema federal actual es un buen ejemplo de lo anterior. Se han sobrepuesto diferentes cambios y decisiones con objetivos distintos, con lo cual se generan desequilibrios entre los órdenes de gobierno, incentivos que fomentan prácticas negativas en la administración pública y falta de aprovechamiento del potencial que representa la participación ciudadana en el fortalecimiento de las comunidades locales.

La descentralización de los servicios de salud y de educación del Gobierno federal a los estados, por ejemplo, si bien es una medida muy acertada porque acerca a la comunidad el manejo de estas dos áreas tan importantes para el bienestar social, significa un factor de desequilibrio de la finanzas estatales, por la insuficiencia de los recursos que aporta el gobierno federal. Y lo mismo se puede decir de otros programas como el seguro popular, de seguridad y justicia, y las aportaciones financieras que deben hacer los estados y los municipios a programas de infraestructura y servicios.

El actual sistema de coordinación fiscal, en el cual la mayor parte de las facultades tributarias las concentra la autoridad federal, es ya inoperante. Los estados no pueden continuar supeditados a la negociación con el gobierno federal para obtener los recursos que son necesarios para su desarrollo, ni los gobiernos locales pueden seguir evadiendo su responsabilidad de recaudar por temor a los costos políticos. Las entidades federativas recaudan solamente 7 % de sus ingresos totales. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los gobiernos locales recaudan 9 % del PIB, mientras que en México es de apenas 1 por ciento.

Otro problema que se produce por este desequilibrio fiscal es que los estados y los municipios se ven obligados a recurrir al financiamiento bancario como única forma de enfrentar sus compromisos, tanto los que se derivan de sus facultades propias como aquellos derivados de los programas federales

descentralizados o en los cuales concurren los distintos órdenes de gobierno. Esto es más evidente en los gobiernos estatales y municipales que tienen proyectos de gran visión para construir infraestructura, promover la economía o abatir la pobreza. Aún así, la deuda pública de las entidades federativas representa apenas 2.4 % del PIB del país y su servicio anual no llega ni siquiera al 0.35 %, mientras que la deuda interna y externa del Gobierno Federal se ubica por arriba de 35 % del PIB.

La resistencia natural de la ciudadanía a una reforma fiscal de fondo, que podría en mucho apuntalar el desarrollo del país y fortalecer las finanzas de los gobiernos locales se explica en gran medida por los altos niveles de opacidad con los que se ejerce el gasto público. Se informa a medias y los mecanismos de rendición de cuentas son muy escasos o bien están diseñados a modo.

El sistema federal disfuncional es un lastre para la democracia. Necesitamos actualizar y modernizar nuestro federalismo: revisar las facultades de cada orden de gobierno; impulsar un verdadera reforma hacendaria que aporte los recursos suficientes para que los gobiernos cumplan con sus facultades; establecer mejores sistemas de planeación nacional , regional y estatal, para orientar el gasto publico conforme a prioridades validadas socialmente; establecer sistemas de fiscalización independientes, mecanismos para una verdadera rendición de cuentas y de transparencia de la información; fomentar la profesionalización de la administración publica en los gobiernos estatales y municipales,y; alentar la participación de la sociedad en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

Para consolidar la democracia necesitamos emprender la transformación de nuestras instituciones políticas y renovar el federalismo. Solo así podremos construir mejores comunidades locales y sentar las bases de un nuevo desarrollo para México.
21 Noviembre 2011 04:00:21
Reformar la justicia: única salida
Garantizar a la sociedad seguridad y justicia es la obligación primordial del Estado. Cuando se fracasa en el cumplimiento de esta tarea, como es el caso de México, se genera un clima de incertidumbre, impunidad e ingobernabilidad que frena el desarrollo del país y mina la confianza en las instituciones de nuestro régimen democrático.

En junio de 2008, después de un largo proceso de estudio, consultas con la sociedad civil y deliberaciones en el seno del Congreso, las diferentes fuerzas políticas lograron acuerdos y aprobaron modificaciones al texto de la Constitución para impulsar una importante reforma en materia de seguridad y justicia penal.

Se trata de una nueva forma de concebir la impartición de justicia, su procuración y, en consecuencia, la función policial.

Mediante un sistema acusatorio y oral, que garantiza transparencia y reduce notablemente los tiempos de la impartición de justicia, las reformas constitucionales buscan superar el viejo modelo en el cual el acusado es culpable de inicio y debe demostrar su inocencia, donde todo el proceso es documentado por escrito y cuyos tiempos de procesamiento de sentencias son extraordinariamente largos, sin considerar las practicas de corrupción e influyentismo que deforman el aparato judicial mexicano y determinan resultados favorables al mejor postor.

La reforma implica una transformación profunda de las instituciones responsables de administrar justicia, del Ministerio Público y de las policías que deben investigar, prevenir y combatir a la delincuencia.

El Legislativo estableció un periodo de ocho años para que el Gobierno federal y los estados pudiesen completar la adopción de las reformas en todo el país. Sin embargo, hoy es hora de que el propio Gobierno federal y los gobiernos de los estados –salvo muy pocas excepciones– no acaban de asumir estas reformas con la prioridad que ameritan para renovar las capacidades institucionales y con ello garantizar la seguridad pública y la justicia efectiva y expedita.

Precisamente, cuando más necesaria es esta transformación para darle una nueva dirección al sistema de justicia y avanzar en la recomposición de los aparatos de inteligencia y seguridad en todos los ordenes de gobierno, el país continúa entrampado en una estrategia fallida de combate frontal a la delincuencia, en la cual lo que menos importa es la seguridad de los mexicanos y sus familias.

Los resultados de la estrategia del Gobierno no pueden ser más dramáticos. De 2006 a la fecha se reportan más de 40 mil muertes por la actividad del crimen organizado, y se estima que en 2012 podrían ascender a más de 64 mil muertes.

En 2008 y 2009 la tasa de homicidio se incrementó en 50 %, lo que ha hecho retroceder casi veinte años al país en esta materia.

El número de carteles de la droga se han fragmentado pasando de 6 a 16, se han fortalecido con más armamento y con el reclutamiento de miles de jóvenes –en ello invierten un mayor porcentaje de sus utilidades, y se han extendido en todo el territorio nacional.

Los plantíos y la producción de marihuana y amapola se han incrementado notablemente por la participación del Ejército en las áreas urbanas y las graves fallas de coordinación institucional.

Eduardo Guerrero, ex asesor del CISEN e investigador del Colegio de México habla ya de “la violencia como epidemia“, puesto que de 2007 a 2011 el número de municipios con mas de 12 muertes vinculadas al crimen organizado pasó de 53 a 227. Según la última encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad ( ICESI ), más de la mitad de los mexicanos –66%– ha dejado de hacer alguna actividad por temor a ser víctima de algún delito.

Declarar la guerra al narcotráfico desde la improvisación y sin el marco institucional necesario sólo ha  venido a empeorar la ineficiencia que ya existía en las áreas de seguridad y justicia. Guillermo Zepeda, un estudioso del tema, señala que de 1996 a 2000 el índice de impunidad en el país fue de 96%, mientras que para 2007 se incrementó a 98.76 %. La probabilidad de que el autor de un delito sea llevado ante un juez es apenas 2.9 %, sólo 20 % de los delitos se reporta, 26 % de las averiguaciones previas se concluye y se pone a disposición del juez a 55 % de los probables delincuentes.

A lo anterior debe agregarse la sobrepoblación del sistema penitenciario, en donde más de 50% de las personas recluidas no han sido procesadas y la mayoría de los que cumplen sentencias lo hacen por robo simple, y otra parte importante son personas adictas acusadas de comerciar pequeñas cantidades de droga.

Habría que señalar también la ola creciente de violaciones a los derechos humanos, cometida por las fuerzas de seguridad, la perdida de competitividad en la economía mundial asociada a la inseguridad, y el cada vez mayor hartazgo de la ciudadanía con el gobierno, las instituciones y la propia clase política, que no logran establecer una política de seguridad y justicia que genere certidumbre y consiga la paz social que tanto se anhela.

La única salida para superar la violencia es fortalecer al Estado mexicano en el propósito central de garantizar la seguridad de las personas.

Es necesario definir una política y una estrategia de Estado sin partidismos, y sin usar la justicia como arma política y electoral; acordar la unidad de propósitos y de acción de los gobiernos federal, estatal y municipal; alentar la participación ciudadana en la definición, ejecución y seguimiento de las políticas publicas, y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Es imprecindible edificar una nueva cultura de la legalidad y afianzar el Estado de Derecho.

Si de verdad queremos salir de esta terrible crisis, necesitamos dar un nuevo impulso a las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia penal ya aprobadas por el Congreso y asegurar la transformación de nuestras instituciones para que prevalezca la justicia, la seguridad y la paz a las que tenemos derecho.

Es la única salida.


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13 Noviembre 2011 04:00:14
El saldo de la incompetencia
México esta atrapado en el círculo vicioso de un crecimiento económico mediocre y una creciente pobreza y desigualdad. El Estado y los partidos políticos no ha sido capaces de procesar los cambios que son necesarios en las políticas públicas para garantizar el progreso económico y la mejor distribución de la riqueza. Las condiciones en las que vive el país son un reflejo directo de la incompetencia de su clase dirigente para concretar las reformas necesarias y avanzar en una nueva estrategia para el desarrollo y el bienestar colectivo.

Durante los últimos 10 años el Producto Interno Bruto nacional apenas si ha crecido a una tasa promedio anual del 2.9%, en todos sentidos insuficiente para crear los empleos necesarios, mejorar el ingreso de las personas y alentar el dinamismo del mercado interno. La crisis recurrente, y el pésimo manejo de la política económica del gobierno para contenerla, llego a provocar las tasas mas altas de desempleo de la última década, hasta 5.3% en 2010.

Según las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el número de personas en condición de pobreza pasó de 48.8 a 52 millones de 2008 a 2010 como consecuencia de la crisis económica que se inició a fines de 2007, lo que significa que hoy más del 46% de la población mexicana se encuentra en la pobreza. El porcentaje de mexicanos con carencia de acceso a la alimentación pasó de 21.7% a 24.9% y la proporción de la población que dispone de ingresos inferiores a la línea de bienestar se incremento de 49.0% a 52.0% en el mismo periodo.

De los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el segundo lugar más alto en cuanto a la desigualdad social, sólo superado por Chile. El mexicano más pobre percibe hasta 27 veces menos ingreso que el más rico. La grave iniquidad se expresa en que 10% de la población mexicana más pobre acumula cerca del 1.3% del ingreso disponible, mientras que el 10% de la población mas rica acumula el 36 por ciento.

La persistente desigualdad en el país es evidente al medirla con el denominado Coeficiente de Gini que se ubica en el 0.45, el nivel más alto de los países de la OCDE. El lugar más bajo lo ocupa Suecia con menos del 0.20. El coeficiente es una medida estándar de la desigualdad de ingresos y es un número entre 0 y 1, en donde 0 corresponde a la perfecta igualdad –todos perciben el mismo ingreso– y 1 cuando todo el ingreso lo concentra una persona.

Nuestra tragedia es no poder crecer al ritmo necesario y que el tipo de crecimiento que se logra, aunque insuficiente, refuerza la concentración del ingreso y la desigualdad. No crecemos de manera duradera porque en un país de tanta pobreza no se puede tener un mercado interno que dinamice la economía, así que nos ciclamos en un circulo vicioso: somos una población pobre porque la economía no crece, y la economía no crece porque con una población mayoritariamente pobre no se puede fortalecer el mercado interno, ni generar las condiciones y competencias que son necesarias para el desarrollo del país.

La lección mas dura que nos deja la reciente crisis mundial es que México no puede sustentar su progreso solo en su participación en el mercado externo, y menos en una relación de dependencia con la economía norteamericana. Es necesario cambiar la orientación de nuestro crecimiento y entender de una vez por todas que no podemos salir adelante sin un mercado interno vigoroso y que su impulso debe provenir de un esfuerzo deliberado y planeado.

Alcanzar mejores condiciones de equidad social es entonces un reto económico de la mayor importancia, sin lo cual no se puede sustentar el aumento del consumo, la demanda interna y el mercado nacional. Lograr la equidad no debe ser sólo un propósito de política social, una deuda moral y un compromiso ético, es una condición insoslayable para emprender un desarrollo económico sustentable y duradero.

De ahí la importancia de que la equidad se convierta en el eje fundamental de nuevas políticas publicas para salvar los escollos que seguramente interpondrá el futuro de la economía mundial y para darle un piso firme al crecimiento con empleo y con una mejor distribución de la riqueza.

Es necesario un compromiso de los actores políticos con la agenda de cambios que demanda el país para salir adelante y superar la inercia del inmovilismo conservador y de la incompetencia. Son muchas las tareas que se deben considerar: una nueva estrategia para el desarrollo económico, la reforma de las instituciones que mejore la gobernabilidad y el Estado de Derecho, y la reforma de la política social para desterrar sus acciones asistencialistas y darle un sentido productivo, entre las más importantes.

Hoy la disyuntiva es muy clara entre mantener el rumbo del crecimiento mediocre, la pobreza y la desigualdad, la violencia y la incertidumbre, el deterioro de la democracia y sus instituciones, o bien emprender un proceso de transformaciones con un rumbo claro, audacia y compromiso con el progreso del país. Ya es hora.

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23 Octubre 2011 04:10:31
Reformar el poder
No cabe la menor duda. El año 2012 será determinante para el futuro de los mexicanos. El proceso electoral se presenta como una oportunidad para que se ventilen muchas propuestas sobre el camino que debemos seguir. Más allá de lo que podrían significar la coyuntura política, las posiciones de los partidos y las promesas de los candidatos, lo que hoy puede ya constatarse como una necesidad ineludible del país y una demanda generalizada de los mexicanos es el cambio de rumbo, el cambio en la forma de gobernar y el cambio profundo de la política.

México va muy mal en todos los frentes y no puede seguir así. La economía no crece y nos acercamos cada vez más a la orilla de otra crisis global que augura un escenario de mayor desempleo, empobrecimiento y ruptura de las cadenas productivas. La inseguridad y la violencia, provocada por la guerra absurda del gobierno panista contra el narcotráfico, han despojado a la población de las certezas más elementales sobre su vida, su patrimonio y su futuro. La incertidumbre y el miedo dominan el ánimo de la sociedad mexicana. Pareciera que no existe Estado de derecho en nuestro país. Prevalece el crimen y la ingobernabilidad. Es la peor crisis de México en las últimas siete décadas.

El debate que actualmente se presenta sobre la necesidad de transformar nuestro régimen político y las diversas opciones que puede haber para ello, refleja el malestar de la sociedad con todo lo que pasa en el país; expresa la gran insatisfacción con la incapacidad del Gobierno para garantizar la vigencia de las garantías más elementales y los derechos de las personas, pero también con los partidos políticos, las instituciones del Estado y, en general, con todos quienes ejercen la política, por su incompetencia para generar decisiones que impulsen el desarrollo económico y social.

Ciertamente, en el trasfondo de las insuficiencias y los graves problemas que enfrentamos, se encuentra el naufragio de la política como instrumento para construir el Estado que requiere el país y, con ello, hacer posible el crecimiento económico, la equidad y un nuevo tipo de desarrollo de la Nación. Sólo desde la arrogancia o la ignorancia (o desde ambas) se puede soslayar la indignación y la desconfianza de la población hacia la clase política.

Sin embargo, no podemos desconocer que esta situación forma parte del proceso mismo de consolidación de nuestra aun incipiente democracia y de los pasos que debemos dar para edificar un nuevo régimen político. Un régimen que nos permita avanzar con certezas y superar las distorsiones que produjeron un largo periodo de dominio de un solo partido político y una fase de alternancia que no produjo al menos no hasta ahora las reformas necesarias y que, por el contrario, nos sumió en el mayor desastre económico, social y político que hayamos vivido después de las luchas revolucionarias del siglo pasado. Por esa razón, no existe más alternativa para acabar con la crisis que padecemos que una salida política. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia.

Urge pues intensificar el debate sobre las reformas a las actuales formas de gobierno y de las instituciones del Estado mexicano. Las viejas reglas y la arquitectura institucional vigente ya no funcionan. Necesitamos un régimen que haga factibles los acuerdos y los consensos en una sociedad plural y participativa; que permita reordenar las atribuciones de los órdenes de Gobierno federal, estatal y municipal para renovar el sistema federal y redistribuir el poder político; que haga factible concretar la reforma de la justicia para hacerla efectiva y expedita; que sea la base de nuevas políticas públicas para impulsar el crecimiento y la creación de empleos, reformar a fondo la educación, el sistema de salud y la protección social y, de manera muy relevante, contar con las instituciones que son indispensables para garantizar la seguridad pública, el respeto a la vida y a los derechos humanos de los mexicanos, entre otros propósitos.

Los partidos políticos no deben soslayar esta necesidad de cambio. Es imprescindible su compromiso con la reforma del poder político en México, como única vía para materializar las aspiraciones de bienestar y progreso de los mexicanos. Es indispensable su compromiso para garantizar que los próximos gobiernos tomen medidas radicales de austeridad, transparencia, rendición de cuentas y, muy importante, para garantizar un desempeño gubernamental eficaz que atienda los reclamos y la indignación de los ciudadanos.
08 Octubre 2011 03:00:07
Partido moderno y competitivo
Después de gobernar durante siete décadas en el siglo 20 como la organización política que impulsó la construcción del Estado mexicano surgido de las luchas revolucionarias, y de ser un activo promotor de la democracia, el PRI se encontró ante una situación completamente inédita con los resultados electorales que le fueron desfavorables en el año 2000 y que abrieron paso a la alternancia política. Muchos mexicanos, incluso los propios priístas, pensamos que podía ser el inicio de una verdadera transición democrática y de una nueva etapa de transformaciones en el desarrollo del país.

El PRI ha tenido que procesar situaciones adversas atribuibles a su desgaste en el Gobierno y asumir las consecuencias de sus derrotas electorales. Recorrió una “larga travesía en el desierto” en la que afloraron contradicciones, errores, desviaciones y confrontaciones internas, momentos de debilidad y hasta impulsos para retornar al pasado. Finalmente, el partido ha logrado avanzar en la configuración de una nueva vida interna más participativa y de decisiones consensuadas, así como en la redefinición de los términos de su inserción en la sociedad, para afianzar su identidad con los intereses de los ciudadanos como el principal referente de de su quehacer político.

Durante los últimos años, y en paralelo con una desastrosa administración de los gobiernos del PAN, se han generado condiciones francamente favorables para que el Partido recupere la Presidencia de la República en el 2012.

El PRI tiene ante sí una gran responsabilidad inmediata cuyo cumplimiento será determinante de su futuro. Por una parte, acreditar su compromiso con la democracia mediante un activo respaldo a las iniciativas que permitan mejorar el régimen de partidos y una mayor preeminencia de la ciudadanía en el sistema político y, por otra parte, ser capaz de presentar una plataforma electoral que responda a los graves problemas que vivimos y que ofrezca certeza de un rumbo viable para el desarrollo del país.

Hoy menos que nunca puede dejar que la nostalgia por el régimen de partido único o la demanda generalizada de eficacia en el gobierno, sean motivos para detener los procesos políticos de cambio que, por lo demás, ya cuentan con un amplio consenso de la sociedad.

La ciudadanía demanda una nueva visión política, propuestas de gobierno diferentes, sobriedad y cercanía de los políticos con la gente y, sobre todo, compromisos concretos con una más alta responsabilidad en el desempeño del Gobierno, con la transparencia y con la rendición de cuentas. La incertidumbre y la irritación social que provoca la falta de resultados de quienes ejercen la política deben ser un llamado de atención y un acicate para impulsar la transformación del PRI.

Además de un compromiso explícito con la democracia, el PRI deberá presentar una propuesta electoral que avale su experiencia y su capacidad para conducir el poder público, sujeto a los fines del progreso y el bienestar de los mexicanos y que justifique cabalmente su vocación de gobierno. La jornada electoral del 2012 debe ser una contienda de ideas y de proyectos sobre el futuro del país; una confrontación política que trascienda el ámbito personal y anecdótico de las campañas de proselitismo electoral, y aborde los temas sustantivos de nuestra realidad nacional.

No obstante, el trayecto hacia el 2012 no está exento de obstáculos y dificultades. Pensar lo contrario sería simplemente ingenuidad o franca ignorancia de la compleja trama de fuerzas políticas e intereses que estarán en juego en la próxima contienda electoral. No habrá más factores que sean determinantes en el triunfo del Partido que nuestro propio esfuerzo: el compromiso con las causas fundamentales de los mexicanos, la unidad interna, la estrategia política, la organización y la tarea de nuestros candidatos.

Por experiencia, tenemos claro que uno de los desafíos más importantes y determinantes en los resultados electorales, es preservar la unidad de los priístas. La unidad ya no se puede derivar de una disciplina impuesta verticalmente, o de una actitud acrítica de institucionalidad. La unidad en la participación y en la democracia nos compromete. Por ello la importancia de que se conciba la vida interna del PRI como el ámbito primordial en el cual se procesen los consensos que reafirmen nuestra identidad con las causas ciudadanas y que nos permitan avanzar en el terreno electoral.

Además de garantizar la unidad, los priístas tenemos que contar con una estrategia que identifique con claridad las dificultades con las cuales nos vamos a enfrentar, que reconozca la realidad política, económica y social del país, así como nuestras ventajas y fortalezas para lograr el triunfo. La lógica del gobierno panista de conservar el poder a toda costa y su obstinada postura de evitar que el PRI recupere la Presidencia, será sin duda uno de los obstáculos de mayor magnitud con el que nos enfrentaremos.

De cara al futuro, el PRI enfrenta el reto de afianzar su presencia como un partido moderno y competitivo, con nuevas ideas y propuestas para gobernar, sacar al país de la crisis en que se encuentra y construir un nuevo rumbo para el desarrollo del país. Es la hora de acreditar su vocación de cambio, de afianzar su identidad con las preocupaciones y aspiraciones de los mexicanos, y de reafirmar su compromiso con una práctica renovada de la política a favor de la nación.

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