×
Porfirio Muñoz Ledo
Porfirio Muñoz Ledo
ver +
Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (Ciudad de México, 23 de julio, 1933) es un político mexicano que ha ocupado una diversidad de cargos en México, actualmente es Asesor de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión y Coordinador General del Frente Amplio Progresista. Muñoz Ledo cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cursos de doctorado en Ciencia Política y Derecho Constitucional en la Universidad de París, fue presidente de los Estudiantes de Derecho de la UNAM y Secretario de la Revista Universitaria, y maestro de asignatura en la UNAM Entre los puestos gubernamentales que ocupo durante su trayectoria destacan, Subdirector de Educación Basica y Tecnológica de la SEP, Subdirector de IMSS, Secretario del Trabajo y Previsión Social, Secretario de Educación Pública, y Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional, en las gestiones de Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado. Asimismo, se ha desempeñado como consejero Cultural en la Embajada de México en Francia, Embajador de México ante la ONU (Presidiendo el Consejo de Seguridad, durante el tiempo que México formó parte de éste), Coordinador del Grupo de los 77, Embajador de México ante la Unión Europea a iniciativa de Vicente Fox. Fue miembro del PRI hasta que salió de sus filas y fundó, junto con Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, la corriente democrática, que más adelante se convertiría en el PRD. Fue una de las figuras más influyentes del partido hasta que decidió renunciar en 1999 tras pretender fallidamente la nominación a la presidencia de la República, que finalmente fue otorgada a Cárdenas por tercera vez consecutiva.

" Comentar Imprimir
27 Marzo 2013 03:00:57
Proyecto de energía
La cuestión petrolera ocupa una vez más el centro del debate público, en olvido de que el horizonte es más amplio en el tiempo y en la materia. Comprende no sólo los hidrocarburos, sino todas las modalidades de generación de energía, las reformas institucionales, las modificaciones fiscales y los avances científicos que permitan su expansión, transformación y sustentabilidad durante varios decenios. Un proyecto de país, en suma.

La expropiación petrolera comprendió un cambio fundamental en la evolución del país porque nos apartó de un modelo neocolonial de explotación y exportación de materias primas y, aunado a otras reformas trascendentales, hizo posible la industrialización en el marco de un programa de desarrollo endógeno. No olvidemos que desde 1939 –en las proximidades de la Segunda Guerra Mundial– nuestro país dejó de exportar petróleo crudo y así lo hizo durante casi seis sexenios: los tiempos del “milagro mexicano” en que la tasa de crecimiento fue tres veces mayor que la que tuvimos después.

No fue sino hasta mediados de la década de 1970 que se replanteó el esquema del uso del petróleo exclusivamente para fines de desarrollo interno. El proyecto exportador fue primero rechazado, junto con sus componentes de crédito externo e inversión foránea y se optó por la construcción de refinerías –Tula, 1975– y la erección de una importante industria petroquímica. Poco más tarde entraríamos en el delirio de la “administración de la abundancia”, aplazando una reforma fiscal ingente, desordenando el gasto público y cayendo después en un endeudamiento abultado, a causa del desplome del precio internacional de los hidrocarburos. Fue así como en el plano global se transitó de una “crisis petrolera”, superada por la sobreproducción, a una “crisis de la deuda” que otorgó supremacía a los círculos financieros internacionales y estuvo en la raíz de la imposición del ciclo neoliberal, con su cauda de privatizaciones, desregulaciones, apertura desventajosa del comercio, caída estrepitosa de la tasa de crecimiento, profundización de la desigualdad y migración galopante de mano de obra hacia el extranjero.

México mantuvo durante algunos años altos niveles de exportación de petróleo, pero las ganancias de Pemex fueron secuestradas por el fisco y con ello se dio la desinversión y la caída estrepitosa de las reservas así como de la producción. La rapiña también, que se ha convertido en pasatiempo favorito de la “cleptocracia”.

Las reformas que deben efectuarse en el sector son inaplazables. Desde luego la reintegración de la empresa y su autonomía financiera y de gestión, incluyendo la absorción de las deudas acumuladas, ampliar la exploración de nuevos yacimientos, disminuir la sobreexplotación de los existentes, construir las refinerías pendientes, retomar en serio la expansión petroquímica, relanzar la investigación científica y tecnológica, disminuir gastos superfluos y establecer sistemas rigurosos de rendición de cuentas.

Nada de ello tiene qué ver sustancialmente con la búsqueda de inversión privada nacional o extranjera, a no ser que el objetivo que realmente se persiga sea elevar en proporciones considerables la plataforma de exportación de hidrocarburos. Debiéramos, en cambio, emplear todas las capacidades disponibles para incrementar el valor agregado de lo que México produce y vende al exterior. Ello es lo que merece ser nombrado como “modernización”. Abandonar el doble lenguaje que nos presenta en el exterior como adalides del combate al cambio climático mientras que en realidad no hacemos algo sustantivo para reducir a escala nacional y mundial el empleo de combustibles fósiles y la generación de gases de efecto invernadero.

Nuestro país requiere una política energética integral que se funde en estimaciones verificables y en objetivos cuantificados y de largo plazo sobre nuestras capacidades no sólo en petróleo y gas, sino en todas las energías alternativas que resulten asequibles. Esa es, además, la puerta ancha para nuestro acceso a la sociedad del cocimiento. Hacer con dinero ajeno lo que ya veníamos haciendo con el propio no es, como quiera que se le disfrace, sino un reforzamiento de la dependencia.
25 Septiembre 2010 03:37:59
El rector
Las celebraciones del centenario de la Universidad Nacional constituyeron la única celebración digna de las efemérides patrias, por su sobriedad, introspección crítica y claridad de proyecto. Contrastaron con la mojiganga dispendiosa organizada por los poderes formales, carentes de legitimidad, de memoria y de consenso de los ciudadanos.

Sobresalió la presencia austera y convincente de la rectoría, encarnación de la trayectoria de una comunidad académica sin par, tanto como las aspiraciones colectivas que con lealtad ha servido. La palabra rector designa no sólo al “superior de una universidad”, sino también a “quien rige y gobierna una comunidad”. Es el caso.

La Constitución atribuye al Estado la “rectoría del desarrollo nacional” orientada al “crecimiento integral y sustentable, la justa distribución del ingreso y la riqueza, el fortalecimiento de la soberanía de la nación y de su régimen democrático, que permitan el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales”. Todo aquello que el gobierno ha sepultado durante tres decenios.

Por ello la sensación de rescate político y moral que campeó en el acto solemne del Congreso. Recinto que el Ejecutivo sólo mancilló una vez entre empellones, amagos militares, complicidades oficialistas y traiciones mercenarias. Esta vez acogió la autoridad indiscutible de una institución prestigiosa, con la entrega espiritual de huérfanos republicanos y el fervor esperanzado de quienes ansían valores compartidos y asideros respetables.

Los mensajes fueron dispares en el elogio así como en el contenido. De los recuentos memoriosos y la retórica exaltada hasta las exigencias funcionalistas, sin faltar las cosechas oportunistas de signo partidario. Destaco los discursos contextuados, dialécticos y con prosapia universitaria de los oradores de la izquierda: Alejandro Encinas y Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado del PRD subrayó, a más de su eminentes calidades académicas, la “esencia libérrima” de la Universidad y su brega “contra el autoritarismo, el presidencialismo y el partido hegemónico”. Rememoró el sacrifico de los estudiantes en 1968 y el castigo infringido a la educación por el neoliberalismo. Se sumó a la convocatoria del rector para construir un nuevo modelo de país y para refundar la República.

El legislador del PT trazó los rasgos de la crisis social y del “Estado fallido”. A contraluz, calificó el aniversario de nuestra casa de estudios como “celebración incluyente, horizontal y republicana”. Al lado de sus fortalezas enumeró su mayor debilidad: la marginación de los jóvenes sin acceso a las aulas. Invocó su misión de “formar ciudadanos libres, críticos y comprometidos” y demandó una “universidad radical que piense y coordine la transformación de la sociedad”.

Ambos coincidieron en que es deber inmediato del Congreso revertir las prioridades nacionales y proveer a la Universidad los recursos necesarios para su expansión. El doctor Narro abogó en ese sentido y recordó el propósito fundacional de la Universidad como “institución liberadora, capaz de dar al país emancipación mental y sustento para su progreso material”.

Citó las “responsabilidades esenciales” de la UNAM “en la custodia de la memoria histórica de México, el desarrollo democrático y la formación de liderazgos en todos los campos del saber y del quehacer humano”. Fue enfático en la condena de la desigualdad, la exclusión y la ignorancia, que impiden generar “el verdadero progreso”. Llamó a dar un “gran salto” hacia un México con equidad, solidaridad y justicia.

“Pensar en grande y para el largo plazo” fue su reclamo. Al escucharlo, vino a mi memoria el escrito que publiqué hace un año: “La Universidad al poder, donde propuse que el indispensable interinato de la Presidencia de la República recayera en el rector, “no sólo por ser la institución mejor librada de la debacle, sino por el conjunto de competencias que podría movilizar y su carácter de conciencia crítica de la nación”.

El aplauso unánime e irrevocable del Congreso parece hoy darme la razón. Es tiempo todavía de atajar el derrumbe, antes que nos aplaste con hórrido estruendo.

Diputado federal del PT


07 Agosto 2010 03:17:13
La danza macabra
El Ejecutivo parece decidido a confirmar una célebre frase de los surrealistas: “el pensamiento nace en la boca”. Cada declaración se contradice con la anterior y ninguna es fruto de una reflexión serena. En tres días del seminario “Diálogo por la seguridad” transitó de una insólita apertura a las críticas que le formularon a una reafirmación mecánica de las estrategias fracasadas, para rematar en una andanada elemental contra “los políticos” que resisten a embarcarse en una aventura cuya fragilidad él mismo reconoce.

Sorprendió su afirmación del primer día: “el debate sobre la regulación de las drogas es medular y debe darse en la pluralidad democrática”. Admitió las fallas de la comunicación oficial: “no hemos sabido explicar qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo”. Reconoció que “no se han generado los resultados deseables” y aceptó argumentos sobre la urgencia de estructurar una “plan B”, la equiparación a la legislación estadounidense sobre la legalización de la mariguana y el acento en el control de las operaciones financieras.

El segundo día reaccionó con virulencia a los juicios que le espetaron: “se está actuando en un vacío jurídico, muy peligroso para el país” y “apresuró usted la guerra sin un análisis y diagnóstico certeros para que ésta no nos atrapara”. Mauricio Merino lo llamó a proceder con “honestidad de Estado, para sacar este tema de la pelea electoral”. Acto seguido, Calderón comenzó a acantonarse en el rito auto defensivo: “cuando la gente es víctima de la violencia, créame que no hay mucho tiempo para la reflexión y el análisis”.

Al tercer día resucitó, con el concurso de la Iglesia, después de que un obispo lo había censurado severamente. Confundió a la sociedad civil con los clérigos y los invitó a “denunciar los vínculos de gobernadores, alcaldes y jueces con el crimen” ¿a violar el secreto de confesión? La cereza sobre la promiscuidad: se dijo interesado en “reclutar en la Policía Federal a los integrantes de las iglesias”, porque son “gente con valores trascendentales”. Cristeros uniformados: un himno a la laicidad de la República.

Desde el refugio de la curia, apostrofó contra los partidos que han “ignorado sus llamados para construir una política nacional sobre seguridad”, cuando no ofrece alternativas. En olvido además de que encabeza un gobierno de ridícula minoría, a partir de que estallaron sus complicidades con el PRI. Se indigna porque su iniciativa de reforma política no prospera en el Congreso cuando nunca intentó consensuarla. Otra vez la cantaleta foxista: “quítale el freno al cambio”.

En el trasfondo: una realidad cada día más despiadada. Conciencia universal de una derrota del gobierno en todos los órdenes. Estudios irrefutables que revelan “hoyos negros” en las diversas esferas del problema: fortalecimiento de las instituciones de seguridad, disminución del consumo de drogas, desarticulación de las organizaciones criminales y reducción de la mortandad mediante la recuperación de los espacios públicos y el ejercicio de la soberanía sobre el territorio.

El procurador asienta que “la violencia sigue creciendo” y acepta que “la lucha entre el Estado y las organizaciones criminales generó una contra reacción hacia la autoridad”. Reconoce que el aumento de la criminalidad no es un fenómeno social, sino que proviene de las políticas públicas adoptadas. Ignora no obstante los lazos de corrupción determinantes entre los más altos niveles de la política y el negocio de la droga.

Los decomisos de armas y vehículos y la detención o muerte de los capos no han disminuido los asesinatos y el número de usuarios ha crecido en un millón de personas en seis años. El recuento de los muertos publicitado por el Cisen asciende a 28 mil. En proyección, tendríamos que sufrir 12 mil más en los que resta de la administración. Una danza macabra que el país no absorbería. ¿Hasta cuando dejaremos que abusen de nuestra paciencia?

Diputado federal del PT
19 Junio 2010 03:07:10
El trasero del patio
Abrió la 49 reunión interparlamentaria entre México y Estados Unidos en el estado de Campeche bajo los peores augurios. Asesinatos de compatriotas nuestros, por electrocución masiva y tortura en San Diego y a mansalva dentro de territorio mexicano en Juárez. La alevosía y carácter emblemático de los crímenes definía el clima del encuentro y la confrontación parecía inevitable.

La delegación de Estados Unidos se adelantó a cualquier reclamación: con sensibilidad diplomática y tono convincente ofreció condolencias, pidió un minuto de silencio y ofreció que se haría justicia. Los mexicanos convinimos en no remachar los crímenes —que no estaban en la agenda— y en aprovechar el clima de arrepentimiento para profundizar en sus causas y exigir soluciones verdaderas.

Los debates fueron intensos, mas los resultados magros. La franqueza afloró, sobre todo en la contraparte, y la regla de tres minutos permitió un intercambio parlamentario; esto es, directo, vivaz y áspero por momentos. Siendo la mayoría de nuestros invitados de origen latino, era necesario remontarse a la negociación del TLCAN, cuando ellos mismos o sus organizaciones lo combatieron o intentaron enderezarlo.

Traté de centrar la discusión en el análisis objetivo de un acuerdo asimétrico y ventajista. La tasa histórica de crecimiento de nuestro país se redujo a menos de una tercera parte —de 6.4% a 2.1%—, la desigualdad condujo a una desintegración virtual del país, la economía nacional se contrajo a la exportación de drogas, el ingreso por remesas, la venta de petróleo y gas, la maquila y el turismo. La regresión hacia una economía primaria junto con la disolución del estado de derecho.

Los temas por que lucharon las organizaciones civiles de ambos lados fueron abandonados: la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, las condiciones laborales y la cuestión crucial de la migración, sin olvidar las demandas fronterizas que resurgen dramáticamente. Nuestros amigos reconocieron que su gobierno les aseguró entonces trasladar sus demandas a los “acuerdos paralelos”, cuya fuerza obligatoria resultó nula.

La estrategia de seguridad fue abordada de manera contrapuesta. Mientras el discurso estadounidense es unánime en sostener que nuestro gobierno es el demandante de apoyo militar para la “guerra” contra el narcotráfico, algunos mexicanos insistimos en el fracaso evidente de esa política que fue inducida por la parte norteamericana desde fines de los años 80, a partir del “caso Camarena”.

Se discutió la eventualidad de legalizar la mariguana y subrayamos la incongruencia entre el plan de Obama, fundado en la reducción de las adicciones en ese país y el combate militar del otro lado de la frontera. Al control de la venta de armas de asalto se nos respondió que no, por lo redondo. Respecto a la ley migratoria explicaron las dificultades para obtener una mayoría congresional. Nuestras demandas específicas en el plano comercial también están sujetas a factores políticos internos.

Se evidenció la inequidad política del tratado, que en Estados Unidos sólo tuvo 26 votos de diferencia y en México fue impuesto por el gobierno, con un solo voto en contra —el de quien esto escribe. Debiera ser revisado como el fruto postrero de un régimen autoritario, que no podría ser avalado por una democracia. Hubo reacciones positivas en cuanto a su actualización, pero no su apertura.

Quedó claro que el tratado fue instrumento de la política neoliberal —causante de la crisis— y medio de legitimación de un gobierno fraudulento. En conversaciones informales amigos “hispanos” evocaron la debilidad mexicana en las negociaciones y alguno añadió, fraternalmente: “El gobierno de Salinas entregó el trasero —las ‘nalgas’. Después de hablar con funcionarios mexicanos, pensamos ‘a éstos ya se los llevó la chingada’”.

Es la verdad histórica y el origen de nuestra decadencia política, económica y moral. Sólo un resurgimiento democrático, conducente a un nuevo consenso nacional, podría salvarnos de esta degradante cancelación de soberanía y dignidad.

Diputado federal del PT
29 Mayo 2010 03:49:41
Ejército y salud
La visita tardía del Ejecutivo mexicano a Washington fue cubierta —en decisión de última hora— con los mayores fastos y oropeles disponibles. Hasta de residencia lo cambiaron y a falta de protocolo monárquico ornaron la Casa Blanca con mariposas de esa misma designación pero de origen michoacano. En año electoral presidido por la mercadotecnia todo fue diseñado según las conveniencias del anfitrión y para darle una “manita” al visitante.

Desde los gestos protectores hasta los reclamos parlamentarios fueron calculados y pactados. Era menester ofrecer al “vecino, socio, aliado y amigo” —como se autocalificó el mexicano— un marco prestigioso que compensara en la pantalla la patética realidad del país y suplantara la imagen secuestrada del desaparecido —o a la inversa—. Desde luego, que resaltara la actitud recta, enérgica y protectora del presidente norteamericano.

Comentaristas sugieren que fue mucho el ruido para tan pocas nueces. En ello estriba la política virtual. Por primera vez exhibió Calderón gestos valientes, dentro del marco estricto de una estrategia impuesta desde hace decenios. Inclusive su exigencia de restablecer la prohibición de las armas de alto poder sirvió a Obama para ratificar al día siguiente la negativa, lo que —unido al envío de más tropas a la frontera— tranquiliza a los partidarios de la línea dura.

La polarización provocada en el Congreso norteamericano por el discurso era inevitable —como ocurriría si se dignara presentarse en el nuestro— y tal vez fue inducida. Lo esencial era la condena a la ley de Arizona y el pedido de relanzar la reforma migratoria, como un mensaje inequívoco a la población hispana, que el presidente del Senado mexicano simplificó en un llamado a votar por los demócratas. Amor con amor se paga, aunque sólo sean caricias.

Nada que anunciase el cambio de un paradigma fracasado, menos un diagnóstico del problema o el análisis objetivo de lo que está ocurriendo. Ni una alusión crítica a los términos de la relación económica o a los abismos de desigualdad que ha generado en México Ninguna respuesta a las críticas al TLC que crecen de aquel lado. Vivimos en el mejor de los mundos, aunque estemos en el peor de los infiernos.

La “corresponsabilidad” tiene cara de ley del embudo. Una guerra librada en territorio ajeno sin ningún muerto en casa. El tema crucial de la prohibición —como origen del comercio clandestino y la criminalidad— fue el gran ausente del encuentro, a pesar de que nuestro secretario de Salud manifestó su “extrañamiento” por la política “permisiva” ante las drogas de las autoridades de EU. Desde 1996 son ya 14 los estados de la Unión que han legalizado el consumo médico de la mariguana y pronto lo harán cuatro más.

La Estrategia dada a conocer por el gobierno norteamericano pretende reducir tanto el consumo de drogas entre la juventud como entre los adictos crónicos. Combina acciones preventivas, curativas y de reintegración social. Según el Washington Post “cambia el discurso de la guerra contra las drogas y reconoce que nuestra responsabilidad es reducir el consumo en este país”. En los hechos: más armas para los mexicanos y más salud para los estadounidenses.

Lorenzo Meyer recuerda que en los años 30 diseñamos una política innovadora. El doctor Salazar Viniegra probó que, contra lo afirmado por las autoridades norteamericanas, la mariguana no convertía a sus usuarios en dementes ni los inducía a conductas criminales. Planteó que el Estado proporcionara dosis de drogas a los toxicómanos mientras los rehabilitaba. Sostiene que por presiones diplomáticas el sabio mexicano fue despedido de su cargo.

Destacados especialistas proponen hoy la legalización de la mariguana —80% del consumo de drogas— y que los recursos destinados a la lucha armada se ocupen en un fenomenal programa de salud y educación que reduciría sensiblemente las adicciones. Esta sería una pieza maestra para refundar la República.

22 Mayo 2010 03:52:16
El mensaje
Hay hechos tan emblemáticos que determinan cambios históricos. Recordemos el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo que desencadenó la Primera Guerra Mundial. La opinión internacional sugiere que la desaparición de Diego Fernández de Cevallos es un suceso que obliga al gobierno de México a replantear su estrategia de seguridad. A repensar el camino sin salida en que ha enrumbado a la nación.

Hace tiempo que un acontecimiento no suscitaba tal unanimidad de la prensa. Todos los periódicos nacionales encabezaron al día siguiente sus ediciones con el relato de la agresión. La sensibilidad ciudadana calibró la magnitud del acontecimiento: confirmó la extrema vulnerabilidad de los poderes públicos y la indefensión que extingue potencialmente la vida de todos los mexicanos.

El discurso oficial corrió en sentido opuesto a la gravedad del atentado. El “apagón informativo” como resorte autodefensivo. El Ejecutivo y sus socios ratificaron la existencia de un estado de sitio. Decidieron encubrir sus debilidades por medio del silencio decretado, del mismo modo que lo hizo Bush en la guerra de Irak. Suprimieron el derecho a la información y abolieron el debate público sobre acontecimientos significantes.

Tapar el sol con un dedo fue la consigna. Los argumentos de Televisa son pueriles: para proteger a la víctima se suspendería toda información “hasta el desenlace”. Además, que no hay “hechos nuevos” que comunicar. La doble virtualidad en que se funda la televisión mexicana: la sobredimensión de acontecimientos banales y el ocultamiento de las realidades profundas.

El mayor vicio de la comunicación “factual” es la clausura de la perspectiva y la reflexión. Un atentado contra una personalidad política es un hecho político mientras no se demuestre lo contrario. Merece análisis y discusión sobre sus posibles causas y consecuencias. Trascender del “hecho diverso” al tejido de las relaciones que lo determinaron. Saltar de la anécdota a la categoría.

Con independencia del juicio que cada quien tenga sobre la personalidad de Diego y su papel en la transición, se trata de un miembro por demás prominente del partido en el gobierno. También de un hombre de enlace con personalidades del antiguo régimen, intereses privados y la judicatura. Por ello, la tesis propalada de que fuese además contacto con dirigentes del crimen organizado debiera cuando menos ser explorada.

Toda represión informativa alienta la especulación en vez de disuadirla. Las cuatro pistas de la investigación abierta por la Procuraduría carecen de seguimiento. La del secuestro por motivos económicos es poco plausible: los expertos coinciden en que el atentado a un político genera reverberaciones que frustran la operación. Las relacionadas con venganza personal, laboral o profesional no pueden ser descartadas, aunque se resuelven generalmente por un balazo; hipótesis que Manuel Espino manejó, aunque luego se retractara.

Los datos disponibles y la cronología de los acontecimientos hacen pensar en un acto perpetrado por el narcotráfico, a título de represalia o moneda de cambio. Comentaristas subrayan la coincidencia del levantón del barón de la droga Nacho Coronel con la desaparición de Fernández de Cevallos. Zapatero, después de hablar con Calderón, la califica como “secuestro”, condena la “criminalidad” y aplaude la “lucha ejemplar” del gobierno mexicano, aumentando la sospecha.

La reacción del Ejecutivo es particularmente confusa; rechaza la evidencia del secuestro, afirma que se trata de un “misterio” y termina con un llamado deportivo: ¡Vamos a encontrar a Diego Fernández! Podría haber otorgado al hecho tintes heroicos, aceptando su vinculación con la guerra que ha desatado, pero ha optado por la ambigüedad y el ocultamiento para ganar tiempo y dejar abiertos los espacios del intercambio.

Calderón sostiene que los criminales le “mandan mensajes por otras vías”. Habría que saber cuáles. A la sociedad le han enviado uno muy claro: su capacidad de desafío al Estado y tal vez su decisión de copar los procesos políticos. La advertencia es en extremo amenazante.

Diputado federal del PT
24 Abril 2010 03:56:56
La muralla constitucional
El respeto sacramental que el antiguo régimen inculcó respecto de la Constitución no era sino la coartada de su legitimidad histórica, ya que la modificaba sin recato ni pausa a conveniencia de los gobernantes en turno. Esa doble moral hizo de nuestra Carta Magna la más flexible del planeta y, a partir del ciclo neoliberal, escondió cambios drásticos de rumbo opuestos a su espíritu original.

En su 50 aniversario (1967) publiqué un ensayo que daba cuenta de las 180 reformas introducidas hasta entonces. Descubrí que los cambios habían caminado mayoritariamente en tres sentidos: el reforzamiento del Ejecutivo, la centralización del poder político y los ajustes obligados por técnica jurídica deficiente, como aquellos que fijaban el número de diputados en relación al de habitantes y eran constantemente rebasados por el crecimiento demográfico.

Desde entonces germiné el proyecto de una nueva Constitución, o al menos de una revisión integral de la vigente, que resolviera las contradicciones acumuladas, adoptara una nueva sistemática y la compactara en normas de carácter general. Desterrar del texto supremo la prolijidad y el detallismo, equilibrar potestades públicas con obligaciones correlativas y otorgarle una arquitectura coherente: un marco jurídico para la modernidad.

Así surgió la idea de una IV República mexicana —heredera de las de 1824, 1857 y 1917. Ese ha sido el combate central de mi vida pública. La propuesta ha sido diferida una y otra vez porque sobre las exigencias de la razón política ha prevalecido el tradicionalismo y la pequeñez, la ignorancia del derecho comparado y la incapacidad de la clase dirigente para imaginar una profunda reforma del Estado.

Nuestra errática transición ha tenido como causa y efecto la ausencia de un nuevo proyecto nacional y de un andamiaje institucional consecuente. En vez de reordenar el conjunto del orden legal se ha desatado una fiebre de improvisaciones sucesivas. En el paroxismo de la “parchomanía” estamos arribando a medio millar de reformas constitucionales y hemos dilapidado la oportunidad histórica del bicentenario.

Cuando abogué por la revocación del mandato presidencial algunos pensaron que se trataba de una revancha política o hasta de una inquina personal. No se entendió la necesidad de formar un gobierno interino de mayoría —conforme a las previsiones constitucionales— responsable de enderezar el rumbo y convocar en este aniversario a la reformulación general de nuestros propósitos colectivos y a su concreción en una Carta fundamental renovada.

El inmediatismo y la rapiña han vedado la construcción de un acuerdo nacional de mirada larga que a todos comprometa, cuando menos por una generación. En la más aberrante de las inercias sexenalistas pareciera que el 2012 marca la tierra prometida —o temida— de los políticos. Todo se acomoda desde perspectivas contrastantes a la emergencia de un nuevo sol, aunque todos los índices apunten a un ocaso de las esperanzas nacionales.

La Constitución se ha convertido en muralla a la que se practican orificios y añadidos sin orden ni concierto, pero que nadie tiene la voluntad de reconstruir. El tumulto de iniciativas que inunda al Congreso refleja posicionamientos electorales y estertores gubernamentales más que genuina disposición al cambio. Una reforma al capítulo de derechos humanos —con notables concesiones y faltantes— que no frena las exigencias militaristas. Dos proyectos de ley en materia de radio y televisión carentes de fundamento constitucional que prolongan añejas disputas de poder al margen de la sociedad. Una ley de tratados internacionales que elude la definición de una política exterior de Estado.

La cacareada reforma política naufraga en los intentos por conceder al Ejecutivo mayorías artificiales o liquidar el pluralismo representativo. Los extravíos se multiplican: es menester encuentro de un método que vincule ambas cámaras en una comisión constitucional responsable de elaborar —a la vera de las confrontaciones— un plan integrado de transformación, como lo propusimos en el 2000.

Diputado federal del PT
10 Abril 2010 03:45:37
Los medios y la Constitución
Los grandes temas del debate nacional conmueven hoy al Congreso de la Unión. La expansión de los derechos humanos y mecanismos efectivos para garantizarlos en contraste con el estado de sitio que ha capturado al país y la abusiva pretensión de las autoridades militares para legalizarlo. Un límite verdadero a los monopolios y una normatividad democrática para los medios de comunicación.

Este último ha estallado en tres distintas vertientes: la presión de las empresas sobre las comisiones respectivas de ambas cámaras para ampliar las prórrogas de las concesiones, una iniciativa ambiciosa de Ley de Telecomunicaciones y contenidos audiovisuales presentada por el diputado Javier Corral y un propuesta de reforma constitucional en la materia que he enviado al pleno.

Desde hace 40 años que publiqué mi primer escrito sobre la legislación mexicana de radio y televisión he sostenido su precaria —por no decir tramposa— justificación constitucional. La ley de 1960 pretende fundarse en la expresión “espacio aéreo de la nación” contenida en el artículo 27 y las facultades del Congreso de la Unión en el carácter federal que ese espacio tiene según el artículo 48.

Es claro que la actividad regulada —la comunicación electrónica— no está incluida en el artículo 73 que establece las competencias del Congreso y que no se realiza exclusivamente a través del espacio aéreo. La intención de sus autores fue equipararla con la apropiación de otros recursos naturales, como la minería o la explotación de los hidrocarburos, a efecto de otorgar con exclusividad al Ejecutivo la facultad para otorgar o retirar concesiones.

Quedó así sellada una relación perversa entre la Presidencia de la República y las empresas, dominada por el chantaje y el favoritismo. Dije al respecto que Televisa comenzó como un anexo de Los Pinos y que con el paso del tiempo Los Pinos terminaría convirtiéndose en un anexo de Televisa. Sustituir un órgano desconcentrado por otro subordinado, como lo hace la propuesta legislativa, es un absurdo.

Es ineludible la exigencia de crear un órgano de carácter constitucional, autónomo y ciudadano. En ese sentido se pronunció la Comisión de la Reforma del Estado en 2000 y ésa fue la propuesta formulada ante la CENCA en 2007. La Asociación Mexicana por el Derecho a la Información —tras de innumerables debates— ha adoptado la misma tesis. Sólo la conservadora Suprema Corte confirmó las potestades presidenciales cuando anuló parcialmente la Ley Televisa.

El argumento de que sólo son asequibles cambios en la legislación ordinaria es una coartada. Ignoran que toda reforma de Estado es por definición constitucional y que ése es el deber al que está llamado el Congreso. De otro modo, a pesar de los avances técnicos habrá retrocesos políticos y los problemas esenciales quedarán sin resolverse.

Los empresarios se consideran dueños, que no concesionarios, del espectro radioeléctrico. Así su pretensión incansable de ocuparlo a perpetuidad y de aprovechar automáticamente nuevos espacios. Una reforma constitucional permitiría contrarrestar la tesis de los “derechos adquiridos” y distribuir las autorizaciones de modo equitativo. Al respecto propongo que ninguna empresa podrá concentrar más del 25% de las frecuencias.

Es preciso volver al primer día de la creación. Pero democratizar los medios no significa solamente redistribuirlos entre entidades privadas, públicas, académicas y comunitarias. Implica que sus contenidos sean acordes con los principios y valores que la propia Constitución prescribe. Propuse al respecto en 1977, como secretario de Educación Pública, la inclusión de un mandato expreso en el artículo tercero.

Se trataría de afirmar los derechos de la sociedad, no las complicidades del poder. Estipular que los medios de comunicación electrónica son de servicio público y deben reflejar la pluralidad y los intereses superiores de la República. Vincularlos al derecho ciudadano a la información y convertirlos en instrumento privilegiado del desarrollo nacional. Ese es el fondo de la cuestión, no lo eludamos.

Diputado federal del PT
03 Abril 2010 03:36:34
Nostalgia del caudillo
La edición 122 de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial planteó esta semana en Bangkok, como tema central, la contribución de los parlamentos a la gobernabilidad y la reconciliación política. Escuchamos numerosos y dispares discursos, ninguno que diera lugar al optimismo.

La benevolencia de mis compañeros me llevó a la tribuna y creí prudente esbozar un análisis comparado de la cuestión. Definir primero que la gobernabilidad democrática es la capacidad efectiva de los sistemas políticos para ejercer las atribuciones del poder público y atender las necesidades de la población en un clima de paz, equidad y libertad.

Destaqué que la extensión del desorden económico a que condujo el periodo neoliberal, con la consecuente agravación de los problemas sociales y la profundización de la desigualdad, permiten hablar de una crisis de la gobernanza global. Así lo prueba la incapacidad de los Estados y de su articulación mundial para hacer frente a la inseguridad planetaria que amenaza la sobrevivencia de las especies, como quedó de manifiesto durante nuestra última reunión en Copenhague.

La organización internacional es notoriamente incompetente para atacar los problemas planteados. Aspira apenas a limitarlos, atenuarlos o mitigar sus más nocivas consecuencias. Resulta imperativo reconstruir los mecanismos globales para la toma de decisiones —que fueron diseñados hace 65 años— con la participación de los parlamentos, los actores sociales y los ciudadanos.

Las reiteradas cumbres de jefes de Estado y de gobierno sirven apenas para la fotografía de familia —como en los antiguos regímenes autocráticos— pero exhiben una patética impotencia política. Los legisladores son marginados, los activistas reprimidos y quienes carecen de vías para expresarse jamás serán escuchados.

La inoperancia se reproduce a nivel regional, nacional y local. Se antoja que la función de los parlamentos sería llenar ese vacío de representación política y honrar el depósito de la soberanía popular. Erigirse en enlaces efectivos y demandantes entre las sociedades y sus gobiernos y renunciar a la tarea servil de correas de transmisión entre el poder y los súbditos.

Nuestro deber orgánico es legislar con visión, eficacia y oportunidad. Necesitamos encarnar la pluralidad entera de nuestras naciones y sus diversos componentes y esperanzas, en vez de prestarnos a los juegos de balanza entre los intereses partidarios y los poderes económicos, por naturaleza oligárquicos.

Todos los regímenes existentes acusan hoy un déficit democrático: los autoritarios han sacrificado sistemáticamente derechos humanos y libertades civiles, los presidenciales oscilan entre el populismo y la ausencia de mayorías estables para gobernar y los parlamentarios han cedido a liderazgos mediáticos y burocracias políticas que coadyuvan al debilitamiento crónico del Estado.

No se trata sólo de asegurar el orden público y conformar una autoridad capaz de hacerse obedecer. Es menester la reconstrucción democrática de las instituciones públicas y el imperio del estado de derecho. Hoy son otros poderes los que han de ser equilibrados por los parlamentos: las potestades financieras, la dictadura de la imagen, las cortes tecnocráticas y los agentes transnacionales desbocados.

Es tiempo de promover procesos constituyentes que fortalezcan sustantivamente el funcionamiento y alcances de los poderes públicos, ensanchen los derechos ciudadanos y la participación social en el ejercicio del gobierno. Lo esencial es que la autoridad política escape al secuestro de los poderes fácticos. A los parlamentos corresponde habilitar las decisiones, exigir cuentas al poder e impulsar procesos de cambio económico y social.

Se requiere imaginación jurídica y probidad moral, contrarios a la búsqueda de mayorías automáticas que acompañen a los ejecutivos en sus desvaríos. Las cláusulas abusivas de gobernabilidad corrompen el sistema representativo y las segundas vueltas con elección legislativa de arrastre restauran ejecutivos sin contrapeso.

El nuevo diseño de las instituciones mexicanas no podría obedecer a la nostalgia del autoritarismo sin grave riesgo para el país. Es hora de un debate nacional sobre la crisis y salvación del Estado.
13 Marzo 2010 04:32:08
El lavadero
Como escandalosa parodia de un antiguo refrán, ahora la ropa sucia se lava en la Cámara de Diputados. En súbito reventar de vísceras, legisladores sometidos a un silencio complaciente —que habían venido difiriendo el debate político— exhibieron el sesgo patibulario de la clase dirigente y la insondable crisis de legitimidad que sufre el país.

Hube de exigir con energía que cese la degradación pública. No pude menos que recordar el espléndido relato, “Radiografía de un instante”, que narra la intentona del coronel Tejero en las Cortes españolas y sugerir que estamos realizando el sueño de los poderes fácticos: el desprestigio absoluto de la representación política y parecemos empeñarnos en cancelar la vía electoral.

La prolija y desbordada discusión será recogida por la historia. Entre confesiones a medias y mentiras completas emergió una gran verdad, hasta hoy celosamente resguardada: que por supuestas razones de “estabilidad” y evidentes conveniencias mutuas, el PRI y el PAN se coludieron en 2006 para convalidar elecciones fraudulentas y “sentar en la silla” a quien no había ganado en las urnas.

La devolución del favor recibido en 1988 nos ha colocado de nuevo al margen de la ley. Mal podríamos demandar la vigencia del estado de derecho si el poder público se ha erigido mediante violación constitucional. Por elemental congruencia deberíamos sacar las conclusiones de lo revelado: la reparación del daño mediante la derogación, tanto de los impuestos convenidos como la del impuesto en Los Pinos. La restauración también de la compañía de Luz y de la huelga minera.

De pactos y entrevistas secretas está pavimentada la falsificación del sufragio y la decadencia política. No había sin embargo ocurrido que se hicieran por escrito, imitando torpemente la consagración jurídica de las uniones libres. En el caso es infantilismo y —esperemos— autodescalificación electoral. Es también constancia de ilegalidad que debiera ser investigada por la autoridad competente.

Sería menester reconstruir la moral de la nación. En cualquier democracia habría motivos de sobra para que cayera un gobierno. Si aún no se legisla sobre la revocación del mandato están abiertos los caminos del juicio político y de la renuncia por causa de fuerza mayor. La Constitución prevé en esos supuestos la instauración —por mayoría de dos tercios— de un Ejecutivo de unidad nacional.

Si los acuerdos y cochupos se tejieron en aras de la gobernabilidad, ésta se ha quebrado por la ruptura de la “pecaminosa” alianza. En la circunstancia, el gobierno carece del oscuro respaldo que le otorgaba vida artificial. Pero si las partes optaran por olvidar la injuria y volver al amasiato, el agravio a los ciudadanos sería mayor. No es posible demandar obediencia desde el descaro y la violación del orden legal.

México no tiene por qué padecer más el desgobierno que lo ha lanzado por la pendiente del precipicio económico, la violencia institucionalizada, la pérdida de la esperanza y la disolución de la identidad nacional. Aplazar el rescate del país hasta el 2012 sería suicida. Nada hace pensar que lo resistiríamos. Asomó además la amenaza expresa de mantener el secuestro de la autoridad y contrariar otra vez la voluntad popular.

La reforma política propuesta ha perecido por descrédito antes de nacer: sus motivaciones verdaderas y ridículos alcances están a la vista. De igual modo, los procedimientos antidemocráticos, cupulares y tramposos por los que sería adoptada. Resultaría un engendro —fruto de la violación— aún más deforme que el bebé de Rosemary.

La cita es hoy: en 2010. La digna celebración que aguardan nuestros festejos centenarios. A despecho de los dirigentes que lo han engañado, el Congreso —en tanto depósito último de una legitimidad vulnerada— debiera recuperar su tarea histórica: ejercer los atributos de la soberanía y desencadenar un proceso constituyente para la salvación de la República.

Diputado federal (PT)
06 Marzo 2010 04:39:35
El dilema mexicano
A fines de los 60 se hablaba del “dilema mexicano” en dos vertientes: la modernización política por la superación del Estado patrimonialista y corporativo y nuestra inserción plena en la economía y el comercio mundiales. Del otro lado: la profundización de las reformas sociales y la prolongación del nacionalismo económico como plataformas de despegue.

No acertamos a encaminar la transición hacia la democracia y convertimos un autoritarismo compacto en impunidad desbocada. Nos abrimos al exterior bajo premisas asimétricas en desmedro del desarrollo interno y nos insertamos en la globalidad por vía de la subordinación y la progresiva desintegración de los componentes nacionales.

Hay extendida conciencia de que hemos llegado a una situación límite y nos obsede la gravitación de la memoria: la certeza de que el bicentenario es una cita implacable. Quienes habíamos propuesto su festejo por el establecimiento de un gobierno de unidad nacional —tras la revocación del Ejecutivo— fuimos agredidos, aunque ahora el clamor popular por la renuncia vaya en ascenso.

El debate pretende ser confinado a la precaria iniciativa de Calderón y a las respuestas de sus contrapartes senatoriales. En la Cámara de Diputados la izquierda ha presentado un proyecto alternativo que comprende las grandes cuestiones del Estado: la recuperación de la soberanía, los derechos humanos y la justicia, la democratización verdadera, la reforma social y el cambio del modelo económico.

Los ámbitos de discusión no son exclusivamente parlamentarios. A las universidades les importan el extravío de la identidad nacional y los síntomas alarmantes de la decadencia; a los actores económicos y sociales la pérdida irreparable de espacios y seguridades; a los jóvenes, la ausencia de destino. A todos, la impotencia colectiva.

Voceros oficiosos proponen adelantar el 2012 por una discusión en apariencia programática: “un futuro para México” lo llaman y ellos mismos contestan: la ampliación del TLC a todos los dominios. En vez de la “enchilada completa”, el hot-dog obligatorio: la anexión de México a Estados Unidos, en el supuesto de que éste la quiera.

El proyecto de unidad de América Latina y el Caribe aderezado en la cumbre de Cancún pareciera caminar en sentido opuesto. Encierra para nosotros una opción de integración hacia el sur y depende en buena medida de las decisiones que México adopte el ritmo y naturaleza del proceso iniciado.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños tiene aún contornos institucionales indefinidos y tiempos diversos de coagulación. Las propuestas formuladas son de tres niveles: la consolidación de un foro común y por tanto la desaparición del Grupo de Río, la creación de un “mecanismo” regional o bien la construcción de un organismo supranacional.

Los más avanzados se pronunciaron por la tercera hipótesis, a sabiendas de sus enormes dificultades, pero también de los organismos multilaterales preexistentes que podrían fundirse mediante una voluntad política clara. La mayor parte se conformaría por ahora con un arreglo institucional que permitiese avanzar seriamente hacia un estadio superior.

Ésa sería la posición promovida por el Brasil, a quien podríamos atribuir la paternidad de la criatura. Durante más de un decenio nuestra diplomacia vio con recelo los progresos del Mercosur y luego del Unisur, que excluían a México. Sería incongruente que hoy no empujásemos una propuesta que nos incluye de modo preponderante.

La ambivalencia de nuestra posición —que se expresa en relaciones dicotómicas entre Los Pinos y la Cancillería— obedece al vaciamiento del Estado y a la incapacidad de sus dirigentes para generar un nuevo consenso nacional. Les aterra la acusación falaz de que pretendemos enterrar a la OEA y alejarnos de Norteamérica.

La definición de una política exterior de largo plazo y de sus instrumentos constitucionales pasa al centro del debate público. Cómo recuperar el ejercicio de una soberanía dañada y compartirla con aliados históricos. He ahí la síntesis del dilema.

Diputado federal (PT)
27 Febrero 2010 04:27:39
Los Sisís
Dentro de los ritos del viejo presidencialismo nunca faltó la corte de los “apoyadores” acríticos. Toda propuesta proveniente del Poder Ejecutivo merecía respaldo automático y quienes osaban disentir descendían al inframundo de los “enemigos de México”. Cuando los respaldos provenían de intelectuales solía llamárseles “votos razonados”.

Una prolongada orfandad política induce en almas piadosas actitudes compasivas. Así, un destacado empresario —hoy “abajofirmante”— había llamado en víspera de las elecciones legislativas a votar por el partido del “pobre señor presidente” con el argumento de que éste había dejado de gobernar.

Ahora se amalgaman en documento insólito y rascuache No a la generación del no, una serie dispar de personalidades; desde intelectuales orgánicos hasta voceros del duopolio televisivo, empresarios exitosos, funcionarios del pasado y artistas despistados. Los une la condena a quienes tenemos ideas y proyectos diferentes a la propuesta política del presidente Felipe Calderón.

Queda en la bruma cuál es la generación contra la que arremeten. El promedio de edad de los que firmaron ese documento es superior a la de quienes ejercen liderazgos legislativos o partidarios, aunque compartamos el mismo horizonte histórico. ¿Habría que entenderlo como una autocondena o como un regaño a los más jóvenes?

Afirman que esa indeterminada Generación del No es “responsable de lo que no ha ocurrido en México”. Es obvio que muchos de quienes disentimos del desgobierno y los propósitos del Poder Ejecutivo hemos impulsado los cambios que sí han acontecido en nuestro país. Ellos mismos reconocen que las “reformas de fondo llevan trece años detenidas”: aluden a las que nosotros hicimos en el año de 1996.

No se preguntan por las causas del pasmo de la transición, a pesar de que son evidentes. A ninguno de ellos lo vimos protestando cuando fue el fraude de 1988, ni acompañando las difíciles negociaciones que nos condujeron al pluralismo, ni denunciando los desmanes de Vicente Fox, el abuso del desafuero, el atraco legal del 2006 y la insolente militarización del país.

No se tomaron el trabajo de revisar la iniciativa que promueven. Hubiesen descubierto que recuenta los antecedentes próximos de la reforma política: los esfuerzos de la LVII legislatura en 1998 y de la Comisión de la Reforma del Estado en 2000, los foros para la revisión integral de la Constitución del 2001 y las mesas negociadoras del 2005. Todos impulsados por quienes tenemos un genuino proyecto de cambio.

Tampoco averiguan las razones que hicieron abortar a la CENCA en 2007: 109 propuestas de reforma constitucional frenadas por la ambivalencia del Partido Revolucionario Institucional y el veto del Partido Acción Nacional. Menos aun sus contenidos, orientados a “beneficiar a los ciudadanos”, rediseñar, descentralizar y reconstruir al Estado en el rescate de su soberanía.

Las frases: “quien se opone a todo está a favor de nada y ¿vivimos acaso en el paraíso?”, son simplezas de catecismo, indignas de quienes estamparon su firma. La Asociación Nacional para la Reforma del Estado ha valorado la iniciativa de Calderón y la ha considerado “desarticulada, sesgada y mal intencionada”. Busca fortalecer el autoritarismo y elude cualquier modificación sistémica.

Hemos retomado la médula de las propuestas anteriores, avanzado una reforma cabal de las instituciones y replanteado el debate público, que se desenvolverá en los ámbitos parlamentario, universitario y societario. Están invitados a participar, aunque algunos corran el riesgo de ser vapuleados, como en el Senado.

Naturalmente que vamos a promover los cambios hasta ahora detenidos por quienes han “hecho improductiva nuestra democracia”: el grupo gobernante, sus secuaces y los poderes fácticos que los dominan. La súplica: “amigos legisladores: aprueben las reformas” es en cambio inconsecuente, sumisa e inaceptable.

Las generaciones de sisís son abolidas por las democracias. Ayer pidieron anular el voto, hoy pretenden anular el debate. Conminar a la oposición para que se rinda ante el gobierno y abogar por la obediencia parlamentaria es abrir el paso al fujimorismo y cancelar la libertad de la inteligencia.
20 Febrero 2010 04:40:01
Atasco legislativo
Los españoles emplean la palabra “atasco” para designar un descomunal congestionamiento de tránsito. Tiene en efecto el significado de “obstrucción” o “embotellamiento”. Podría referirme más propiamente al tráfico, ya que éste admite dos sentidos: “circulación de vehículos”, pero también “acción de traficar”.

Así la Cámara de Diputados, que padece de parálisis intermitente a conveniencia de sus jerarcas. No por ausencia de iniciativas —que las hay a granel— ni de entusiasmo de los legisladores, que suben por centenares a la tribuna. Es consecuencia —como en las ciudades— de normatividad insuficiente, fallas de infraestructura y escasez de transporte colectivo.

Manifiesta igualmente una patología redundante del tráfico: los asuntos sólo avanzan cuando se transan en otros ámbitos, como lo revela el penoso escándalo de los arreglos de Gómez Mont con la cúpula del PRI, que rebasaron con mucho la esfera hacendaria y se extendieron a tópicos como la supresión de la compañía de Luz y —apenas anteayer— a la privatización de Pemex.

Un Congreso que no hace respetar las prerrogativas queda a merced de cualquier tejero. El incendio del Reichstag fue instigado por los televisos alemanes de entonces, que habían hecho escarnio de las debilidades parlamentarias. Según las encuestas, muy pocos lamentarían hoy nuestra clausura si un golpe de mano ocurriera.

La reforma de la cámara es cuestión de sobrevivencia democrática. Como en las otras comarcas políticas, de la transición pasamos a la involución. Cuando se instauró la primera mayoría opositora, pluralizamos el trabajo parlamentario, modernizamos su operación y reemplazamos un personal oficialista por otro de carrera. El sistema de cuotas y cambalaches convirtió más tarde los espacios abiertos en cotos susceptibles de colonización por grupos y facciones.

En aquel tiempo creamos una Comisión de Régimen Interno para impulsar los cambios y ejercer control democrático sobre la administración. Con el tiempo la burocracia creció y generó innumerables oportunidades de botín. Es un Frankenstein alimentado por la codicia. Los “mandarines” de la cámara lo inflan pero no lo doman. A la Junta de Coordinación Política le preocupa sobre todo regular el debate parlamentario y aun sofocarlo, en contra de las disposiciones legales y a favor de los arreglos de cúspide.

La improductividad afecta siempre a los sectores menos desarrollados: en este caso los legisladores. Sus iniciativas se pierden casi todas en el laberinto de las comisiones, para hundirse luego en el pantano del olvido. Como en el antiguo régimen, prevalecen los proyectos del Ejecutivo, sazonados y condicionados por sus aliados circunstanciales.

Las demasías de los legisladores se vierten en los llamados “puntos de acuerdo” por los que formulan cualquier clase de peticiones, desde las clientelares hasta las redentoristas. La ley habla de propuestas “no legislativas”, lo que ofrece la más amplia gama de opciones sin consecuencias prácticas. Debiera acotarse su contenido y establecer la obligación de ser respondidas por las autoridades competentes.

Existe no obstante y por obra de la propia frustración una convicción extendida de que hemos llegado a un punto límite que debemos remontar. He propuesto la creación de un grupo de trabajo especial, encargado de analizar tanto los estudios que se han hecho sobre la disfuncionalidad y el dispendio de la cámara, como los proyectos de reformas legales que se han presentado durante el último decenio. También valorar el mecanismo puesto en marcha para concretar la reforma hacendaria y establecer uno paralelo que sistematice las iniciativas conducentes a la genuina reforma del Estado.

Vendría enseguida el debate nacional organizado por la Cámara de Diputados sobre los grandes problemas del país en el año del Bicentenario. Podríamos concluir por la aprobación de una ley, como la que ha sugerido el diputado Jaime Cárdenas Gracia, para lanzar un proceso constituyente que involucre a la sociedad y nos permita saltar sobre el abismo al que parecemos estar condenados.

Diputado federal (PT)

13 Febrero 2010 04:23:09
Desgobierno
Las escenas dolientes y airadas de los juarenses, reclamándole al Ejecutivo haberlos hecho víctimas de “una guerra que no pidieron”, condensan la impotencia nacional. Dan testimonio de un estado avanzado de desgobierno y claman por una urgente recomposición de las instituciones y de la vida pública.

La “realidad virtual” desplegada por la televisión se quiebra ante tragedias inocultables, inundaciones diluviales y carencias alimentarias degradantes. La culpabilización externa se torna inmanejable: las catástrofes no vienen de fuera, sino que se gestan en una aguda descomposición interna.

A quienes negaban la mano a Calderón por ilegítimo se suman los que no se la ofrecen por incompetente. Las disculpas que presenta a los familiares de quienes calificó como “pandilleros” se le revierten editorialmente: “pandilleros son quienes han hecho de la política un botín y se disputan parcelas de poder como si fuesen territorios bajo control”.

Las desgracias ocurren en un panorama político dominado por la rebatinga y el cinismo: una clase dirigente diminuta que se disputa los restos de la nave mientras el país naufraga. A los excesos del pragmatismo en elecciones locales se añade la renuncia a su partido del secretario de Gobernación: un caprichoso desdoblamiento de personalidad por el que se deslinda de hechos objetivamente consentidos.

Se duda si sólo es la ruptura de un “pacto de gobernabilidad” o la disolución de la base de sustentación del régimen. La “entente” entre el PRI y el PAN se remonta a 1988, cuando éste brinda su apoyo a la calificación de las elecciones a cambio de una agenda común convenida en casa de Sánchez Navarro.

La rebelión zapatista, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y la crisis económica de 1994 cimbraron al sistema y propiciaron reformas políticas conducentes a la instauración del pluralismo. El movimiento ciudadano impulsó la alianza de las oposiciones para la transición: logramos establecer mayoría en la Cámara pero fallamos en una alternancia de amplia coalición.

No es exacto, como ahora se dice, que Cárdenas haya propiciado en 1999 una candidatura común: el único método posible era el acuerdo fundado en la evidencia de las encuestas. Creo en la versión de Adolfo Gilly: “La opinión de doña Amalia era escueta y terminante”. “No estuvo de acuerdo en la alianza con el PAN” y así “el PRD cedió su primogenitura en la lucha por la democracia y ni un plato de lentejas le quedó”.

La traición de Fox al proceso que lo llevó al poder contó de nuevo con la complicidad priísta. La aberrante historia del desafuero ilustra el inicio de una relación pandillera —de erráticos apoyos mutuos— que culmina en la entronización del presidente Calderón y en el modus vivendi que lo ha mantenido y ahora está en entredicho.

Las razones que Fernando Gómez Mont “se reserva” están a la vista. Los favores otorgados en el Congreso a iniciativas cruciales del Ejecutivo eran a cambio de sostener las extravagancias de los gobernadores y los secretos administrados por la PGR en materia de colusiones locales con los narcos, la espada de Damocles con que el centro se protegía de la periferia.

Ocurre que el acuerdo comprendía la abstinencia panista de “alianzas contranatura”, que el renunciante llegó a calificar como “fraudulentas”. Esto es: pavimentar el camino para el regreso a Los Pinos de sus antiguos moradores. Olvidan los frustrados conspiradores que el país no está para bollos y que la insurgencia ciudadana puede borrarlos a todos del mapa.

El tema es la ingobernabilidad, que en estos extremos lleva al colapso de los regímenes. Así sucedió en Alemania cuando la República de Weimar fue incapaz de contener la ira popular o en la caída de la IV República Francesa, cuando la autoridad fue impotente para dar curso a la descolonización. México necesita hoy convocar a sus Estados Generales para una reforma nacional.
Diputado federal del PT
30 Enero 2010 04:58:23
Golpiza preferente
La consideración expedita concedida en el Senado a la propuesta de Calderón sorprendió por el fuego graneado de los rechazos. Suponíamos que el PRI le había dado entrada inmediata a fin de sazonar el guiso a su conveniencia, pero después de la unánime descalificación, la complicidad se torna indecente.

Era propio del antiguo régimen otorgar prioridad a los proyectos del Ejecutivo sobre los que ya estaban a discusión en el Congreso respecto de las mismas materias. La “iniciativa preferente” no ha sido adoptada y hace apenas tres años se expidió una Ley para la Reforma del Estado, de amplia convocatoria, cuyas aportaciones aguardan todavía dictamen.

Fue en apariencia un plan con maña, destinado a desinflar la operación publicitaria por la que el PAN intentaba recuperar la iniciativa política. Se inscribe en la arena de las batallas electorales de este año y es parte de la reacción celosa y desmesurada con que respondieron los tricolores a las alianzas pluripartidistas anunciadas.

Se antoja un ejercicio de violencia intrafamiliar: la disolución aparente de un contubernio que legitimó elecciones fraudulentas y propició un cogobierno precario para deleite de los poderes fácticos. A no ser que, después de la golpiza, el macho pretenda llevar nuevamente la víctima a su lecho.

A pesar de la calidad de algunas participaciones, en Xicoténcatl se escenificó un verdadero aquelarre; “oficio de brujas y brujos con la supuesta intervención del demonio”. Por desgracia el maligno invocado es la decadencia nacional: el espectáculo de la frivolidad e incompetencia política frente a la necesidad imperiosa de lanzar un proceso constituyente.

El debate puso en evidencia la pequeñez de la iniciativa presidencial tanto como su carácter desarticulado y mal intencionado. Enviar al Legislativo un proyecto de reformas destinado a debilitarlo es una inocentada. Presentar una iniciativa escuálida en olvido de las propuestas avanzadas durante 10 años por especialistas, sociedad y partidos es un insulto a la inteligencia.

Carece de un enfoque sistémico y tiene un sesgo pendenciero. Ha desatado el pleito en vez de suscitar el consenso. Es sobre todo desproporcionada en relación a la magnitud de los problemas que el país afronta. Exhibe una ausencia patética de visión de Estado y entendimiento del proceso histórico.

Es este el año del Bicentenario que invita a una profunda reflexión nacional. México no requiere de más parches legales ni ocurrencias palaciegas, sino de la reconstrucción cabal de sus instituciones. Nuestra crisis es insondable y afecta hasta la médula de la identidad colectiva. Pone en juego nuestro destino.

Involucra al huevo y a la gallina. El declive dramático de la economía y el peligroso incremento de la desigualdad no pueden ser revertidos en ausencia de un Estado competente, suficiente y participativo. No hay glasnost sin perestroika y viceversa, a riesgo de la desintegración nacional.

El eje es la pérdida de soberanía externa e interna de las instituciones políticas. El doble secuestro de que son objeto por parte de las estrategias y decisiones extranjeras y de las fuerzas domésticas —legales e ilegales— que lo rebasan. La tarea: detener y remontar el círculo acumulativo de su degradación.

La crisis global ha demostrado que sin una nueva gobernabilidad los remedios serán cosméticos y terminarán devolviendo el poder a quienes generaron la catástrofe. Un modelo económico distinto supone la emergencia de un sistema de relaciones políticas capaz de promoverlo.

Los tres grandes campos de la reforma están interconectados. Es menester atacar simultáneamente la concentración abusiva de la riqueza, el debilitamiento del Estado y el imperio de la mediática. Se trata de una distribución democrática del poder que haga posible la toma de decisiones indispensables a nivel nacional y planetario.

En ese cambio gravitacional todos estamos implicados. Terminar con un “sistema cerrado” exige ante todo abolir la cerrazón mental y emprender la batalla frontal contra quienes lo encarcelaron. En una palabra: demanda grandeza.

Diputado federal (PT)
16 Enero 2010 04:22:38
La nueva cristiada
Decía un clásico francés que la laicidad del Estado es “una idea sencilla, una historia larga y una realidad complicada”. Es nada menos la frontera entre el ámbito de las creencias personales y la garantía de las libertades públicas. Es la plataforma sobre la que se ha erigido la modernidad, la evolución de la ciencia y el señorío del hombre ante su destino.

Ciertamente, la era posmoderna ha implicado la ruptura de certidumbres históricas y equilibrios alcanzados, junto con el regreso de fantasmas que creíamos enterrados. Así como el cambio climático recuerda los deshielos de hace milenios, la guerra desatada por la jerarquía católica parece convocar la furia inquisitorial incubada en los dogmas de la Edad Media.

Ratzinger cree que ha llegado el fin de una época de cambios para abrir un cambio de época. Mientras las autoridades públicas no aciertan a imaginar siquiera una nueva gobernanza mundial, las huestes clericales penetran los vacíos políticos generados por la crisis global. Una cruzada contemporánea: la otra cara del terrorismo musulmán.

A diferencia de su antecesor, para quien el “eje del mal” moraba en los estados socialistas, este Papa socava los fundamentos del Estado democrático occidental. No ignora que el “leviatán” se construyó para detener el poder terrenal de la Iglesia y que la expansión de los derechos civiles ha sido el antídoto posible contra la prepotencia del dogma y la desigualdad inherente a las sociedades jerárquicas.

En México, la batalla adopta gesticulaciones desafiantes que rememoran la “cristiada”. Exhibe además la alianza seminal del clero con el partido de la derecha y la inverosímil docilidad del otrora partido revolucionario, que vende una vez su primogenitura por un plato de votos. Es una campaña explícita contra las izquierdas.

Entre nosotros, como en todo el planeta, las guerras religiosas han sido las más cruentas. De ellas surge en el siglo XIX lo que hemos conocido como República Mexicana. La rebeldía eclesiástica contra la Constitución de 1917 fue apagada al fin mediante el acuerdo y el modus vivendi de 1929 selló la paz social y el predominio de las reglas no escritas sobre la ley.

Torres Bodet narra en Años contra el tiempo las delicadas negociaciones en 1945 que condujeron a la revisión del artículo tercero, en reemplazo de la “educación socialista”. Tal fue el cimiento de la “unidad nacional” y la definición constitucional vigente de nuestra democracia, sus principios y el carácter laico del Estado. Sin duda, un pacto histórico.

Ese acuerdo fue revisado por Carlos Salinas en aras de su legitimación política. Se reconoció a las iglesias personalidad jurídica y se establecieron relaciones con el Vaticano. Se mantuvo sin embargo la separación entre la Iglesia y el Estado, así como prohibiciones esenciales a los ministros de los cultos: no asociarse políticamente ni hacer críticas a las leyes y al gobierno.

Las bravatas del episcopado son violatorias de ese acuerdo y de la Constitución misma. Prueban que la clerecía no asumió el carácter —a la vez consensual y obligatorio— de esas reformas, sino las estimó como una victoria más en el camino de una estrategia hegemónica. Más exitosa mientras mayor sea la debilidad de las instituciones públicas.

Norberto Rivera llama a la “desobediencia civil” y a subvertir el orden jurídico: “No se puede obedecer primero a las leyes de los hombres que a Dios, porque Él es la ley suprema”. Sandoval invita a “prepararse para una guerra” y advierte éstas “duran cuatro, cinco o 10 años”. Sería menester reaccionar con energía legal ante semejantes afrentas.

La primera de las reformas políticas es el rescate de la laicidad del Estado: la adopción del capítulo consensuado sobre derechos humanos en la Constitución y la devolución al César de sus poderes por el pleno ejercicio de la soberanía popular.

Diputado federal (PT)
09 Enero 2010 04:46:25
Brasilula
La expresión compuesta que empleo designa la combinación exitosa entre la historia de una nación, el vigor de un pueblo y el liderazgo excepcional de una personalidad. Combinación que explica tanto la insólita presencia global de un país del sur, como el reconocimiento universal al talento político de quien ha sabido culminarla y concretarla.

Brasil fue el único país de América Latina que transcurrió un siglo XIX estable, gracias a la prolongación autónoma del imperio lusitano. Depósito de uno de los mestizajes más creativos de la tierra y de uno de sus territorios más feraces y diversos, ha sido lastrado por la desigualdad pero iluminado por su vocación de grandeza.

Su ecuación primigenia comienza a ser resuelta gracias a una política de inclusión social como fundamento de la expansión económica y la independencia política. Luiz Inacio da Silva la encarna biográficamente: hijo de una familia proletaria de ocho hijos, sufrió todos los penares de su clase hasta que encontró, en la solidaridad sindical, la vía de la autoestima colectiva y la realización profesional.

Propala la autoridad de una dirigencia auténtica y comprometida, por ende respetable. Cuando comenté su visita a Washington subrayé los términos naturales de igualdad con que enfrentó a Bush. Lula explicó que, según su experiencia, había que dialogar con los “patrones” mediante el reconocimiento expreso de las diferencias y desde la perspectiva polar de cada actor. En esa medida, habló por todos nosotros y reeditó el diálogo norte-sur.

Subrayé la acumulación de hechos históricos que dan peso a las palabras: la suma virtuosa de capacidades estratégicas, científicas, militares y hoy políticas que ha desplegado Brasil. Como afirma Rodríguez Zapatero: siguiendo el sendero abierto por su predecesor —Fernando Cardoso— ha transformado al Brasil, del “país del futuro en una asombrosa realidad”.

Ante los embates de la crisis, su gestión ha mantenido un crecimiento del 5% anual y combinado la confianza objetiva de los sectores financieros con el apoyo social y la credibilidad internacional. Su papel en la cumbre de Copenhague fue central: el desenlace ocurrió cuando Obama acudió a parlamentar con el grupo de los cinco —China, India y Sudáfrica, encabezados por Brasil y con la deplorable ausencia de México.

Lula es hoy merecedor de incontables reconocimientos internacionales. Le Monde lo ha designado “hombre del año” por su “recorrido singular de dirigente obrero hasta la cabeza de un gran país” y por su “lucha a favor del desarrollo, contra las desigualdades y en defensa del medio ambiente”, así como por su calidad de “abanderado de los países emergentes y de los menos avanzados, que lo perciben como un líder solidario”.

Me precio de su amistad desde hace 20 años. Recuerdo la fruición con que lo acompañaba a mítines sindicales en Sao Paulo, cuando me pedía “darle duro” a las políticas neoliberales desde la tribuna. También su rostro jocundo y su calidez ontológica, compendiada en el abrazo entrañable y sudoroso de manga corta.

He sido inquirido sobre las razones de su habilidad y su fuerza. Mi respuesta ha sido sociológica: reconozco la sagacidad y el poderío de los “liderazgos naturales”: los que emanan de la pandilla, la asociación estudiantil, la dirigencia sindical o la organización comunitaria. Con escasos asideros institucionales, pero necesitados de inventar otros nuevos.

Cabría reflexionar también en el significado profundo de la autoestima y en el valor moral de la redención como motivaciones de la acción política. La conjunción entre antiguos sentimientos nacionales y saberes populares con proyectos de ambición compartida. El éxito es quizá convertir el imperativo de una dignidad personal en plataforma de una dignidad colectiva.

Esa podría ser una reflexión fundacional del bicentenario que nos es común: cada generación debiera procrear las dirigencias que sinteticen nuestro pasado y contengan nuestras aspiraciones. En México, ello tiene la urgencia del patetismo.

Diputado federal (PT)
26 Diciembre 2009 05:03:58
El decenio trágico
Sorprendió a no pocos, tras el mal entuerto de la conferencia internacional, el alto nivel de vida en Dinamarca, que goza de primeros premios en estándares de igualdad, servicios públicos y civilidad. Un estado de bienestar que capta por la vía fiscal más de la mitad de su producto interno y se finca en un salario mínimo 20 veces mayor que el nuestro.

El repaso histórico de estas sociedades permite apreciar con nitidez sus orígenes: en este caso el fin de la era glaciar, con efectos físicos tan determinantes como los que ocurrirían con un mayor calentamiento global. También el enorme esfuerzo colectivo para vencer la adversidad, afirmar la autonomía y conquistar el esplendor.

La pregunta que cada civilización plantea alude a los estímulos de su ciclo vital, a sus alternativas verdaderas y a las causas de su decadencia. Cómo lograron remontar las más aciagas circunstancias o cómo se desintegraron sin remedio para formar parte de otras hegemonías o disolverse entre las venas de nuevas constelaciones culturales.

Mientras vibra la identidad nacional lo propio es referente cotidiano y con frecuencia angustioso, máxime en tiempos de comunicación satelital. A las noticias domésticas recibidas, se añadieron las entrevistas a distancia. Una en particular me desató consideraciones comparativas: ¿cómo definiría usted la década que va a terminar para México?

La respuesta fue casi instintiva: “catastrófica”, dije. Aunque luego pensé que podríamos llamarla: “el decenio trágico” en remembranza de los días que cortaron en flor nuestra esperanza democrática en 1913. No viene a la memoria otro periodo, desde la restauración de la República, en que sea más ominoso el cúmulo de infidencias y deserciones cometidas.

La década de los 70 fue tal vez la última en que tuvimos progreso, extraviado por la grandilocuencia irresponsable. A pesar de los lastres de la inequidad y el autoritarismo, el país crecía y parecía tener sentido. Vinieron luego la “década perdida” y la transición abortada. Nunca había sido —sin embargo— tan arteramente traicionada una expectativa de cambio como ocurrió en los comienzos de este milenio.

Casi 30 años de estancamiento económico, parálisis de la política igualitaria, disolución institucional, corrupción generalizada, transferencia de poder estatal hacia los intereses particulares y pérdida de los espacios de soberanía. Por ello la respuesta a la cuestión: ¿cuál es la solución para el país? resulta severa: probablemente nuestro Estado-nación no tenga remedio.

¿Qué hacer cuando la clase dirigente ha sido jibarizada por el vacío mental de la mezquindad? Ciertamente, los pueblos siempre tienen la última palabra, pero ésta ha de expresarse a través de movimientos contundentes capaces de erigir una construcción social distinta. Los declives sólo se detienen con un cambio de régimen. Aquí lo hemos nombrado Nueva República.

La última pregunta formulada: ¿qué piensa de la propuesta política de Calderón? se contesta por sí misma. Nada hay en la famélica iniciativa que guarde relación con la gravedad y dimensión de los problemas de México. No corresponde siquiera a esos pliegos tardíos de concesiones que suelen formular los sistemas en agonía. Es una trampa mediática mal intencionada destinada a mitigar una derrota electoral inevitable.

He llamado en exceso verbal “pozoleros políticos” a quienes descuartizan sin piedad el gran proyecto de reformar al Estado. Menos merecen quienes derraman el caudal simbólico del bicentenario en la pendiente de desviaciones ratoneras. El creciente consenso a favor de una nueva Constitución ha sido trocado en acertijo para atrapar a los aliados circunstanciales de un gobierno moribundo.

El régimen ha exhibido su pequeñez, la sociedad debiera empeñarse en mostrar su grandeza. Es hora de convocar, desde todas las organizaciones libres, estamentos oprimidos y personalidades independientes a un despertar comunitario. No hay más ámbito de esperanza que la edificación de una nueva mayoría desde la orfandad y la rabia.

Diputado federal (PT)
19 Diciembre 2009 04:45:17
El cisne de Copenhague
Cualquiera que sea el desenlace formal del enorme circo instalado en esta ciudad, la cumbre sobre el cambio climático habrá puesto en evidencia la incapacidad de los poderes públicos para enfrentar problemas de una magnitud que los enanece. También, la rabia de quienes encarnan la desesperanza humana.

Un estamento político fragmentado que mal oculta su impotencia en un juego de posiciones anacrónicas y ajenas a la naturaleza de la tragedia. Un sistema internacional concebido para evitar las guerras entre las potencias y absolutamente incompetente para dirimir cuestiones de las que depende la existencia de la especie sobre la tierra.

Conferencias van y resolutivos vienen, junto con acuerdos y protocolos. Candilejas no faltan y hasta puñetazos que nos expresan. El hecho es que los propósitos de Kioto no han sido respetados ni cumplidos por quienes más cuentan y que los endebles compromisos adquiridos ahora son insuficientes para atacar las raíces de la situación que afrontamos, o al menos mitigar sus alarmantes síntomas.

El presidente de Maldivas —país insular en vías de desaparición— afirmó que la cuestión no se resuelve con dinero, ni siquiera con marcos jurídicos vinculantes: “Es un mandato de la ciencia”. Requiere asumir que los patrones de crecimiento seguidos hasta ahora no son sustentables. No importa qué medidas correctivas se adopten, el “nuevo pacto con la naturaleza” supone una drástica reconversión de las relaciones económicas y sociales a nivel global.

De poco vale reproducir la confrontación norte–sur dentro de la hipótesis evolucionista que nos faculta para hacer lo que los otros ya hicieron. Tampoco resucitar con actores emergentes el dictado imperial que somete las disponibilidades naturales del planeta al servicio de las “locomotoras del progreso”. Menos invocar los fantasmas malthusianos que decretarían la eliminación de los más débiles.

El rompecabezas no puede armarse porque la mayoría de las piezas no están en el tablero de la negociación. Este no es un asunto exclusivamente ecológico; o bien, el deterioro escandaloso del medio ambiente es consecuencia de muchos otros factores concatenados y las verdaderas soluciones exigen reformas de gran calado. Se trata de una crisis sistémica que sólo podríamos afrontar mediante un cambio civilizatorio.

Pensar sólo en la reducción sustantiva de las emisiones de C02 por parte de los países industrializados y la transferencia de recursos y tecnología a los menos avanzados para la preservación de la naturaleza equivale a retardar el derrame sin cerrar el grifo. La avalancha será inevitable mientras no revirtamos un proceso milenario de explotación que se ha tornado exponencial.

Hace casi 30 años establecimos en la Conferencia mundial sobre fuentes de energía que el modelo de producción y consumo debía transformarse aceleradamente para evitar el agotamiento de las fuentes tradicionales y el sobrecalentamiento de la tierra. Los precios de los hidrocarburos fueron manipulados en sentido contrario, con objetivos políticos y financieros que determinaron el ciclo neoliberal. El cambio climático es así la cara profunda de la crisis financiera.

Todo está interrelacionado en este embrollo cuyo núcleo es la desigualdad, que a su vez genera la extrema vulnerabilidad de la inmensa mayoría y la excesiva concentración del poder y la riqueza en unos cuantos. Las instituciones políticas han sido rebasadas tanto por la frontera de la insatisfacción que los arrasa como por la prepotencia de los grupos de interés que los anula.

Surge a tientas una “ciudadanía global”, acicateada por la angustia y confinada a la protesta, en la búsqueda de cauces para instaurar una democracia radical, capaz de responder a la necesidad humana por la derrota de la corrupción y la mezquindad. Es éste también el canto del cisne de las Naciones Unidas: la prueba irrefutable de la carencia de una gobernanza mundial, indispensable para garantizar la seguridad del planeta.

Diputado federal (PT)
12 Diciembre 2009 04:37:10
La crisis de México
Empleo el título de un célebre ensayo de Daniel Cosío Villegas publicado en 1947 para esta reflexión. Decía que las metas de la Revolución se habían agotado y que el término mismo carecía ya de sentido. Señalaba la pérdida de una “carta de navegación” y de “autoridad moral y política de los gobernantes”.

Aunque describía la situación sin piedad, veía un “rayo de esperanza en la reafirmación de los principios y la renovación de los hombres”. Observaba un decaimiento recuperable mediante objetivos remozados y procedimientos convincentes. Proponía un aire nuevo para el régimen, ya que consideraba a la derecha absolutamente incompetente para gobernar.

El debate contemporáneo sólo entre los conservadores halla un propósito de continuidad con reparaciones. De manera semejante al análisis sobre la crisis global: quienes la consideran exclusivamente “financiera” se aferran al pasado, quienes la llaman “económica” se ubican en el centro y quien la estima “sistémica” es la izquierda.

Entre los diputados apenas se plantea el esquema de un acuerdo hacendario y fiscal y comienza a discutirse una reforma de las prácticas del Congreso. Se espera que el Ejecutivo envíe las iniciativas correspondientes a su anuncio de reformas políticas, aunque sean manifiestas la anemia y la intención tramposa de las propuestas.

Nos aprestamos a otro ciclo de parches, incapaces de conformar una arquitectura política diferente, ensayar un nuevo rumbo económico o sellar un ineludible pacto social. A pesar de la catástrofe, la clase dirigente patina en la arena de las pequeñas ganancias. Un bizantinismo inmune al diluvio. Voces más sensatas llaman a la refundación de la República y se extienden los llamados abiertos a la insurgencia. El conjunto no hace coherencia y quien debiera ejercer la convocatoria al diálogo se jacta de encontrarse en el “timón a pesar de la tormenta”, sin percatarse que el barco ya encalló y sólo sigue aferrado al ancla.

Entre tanta estrechez y desmesura he hallado un diagnóstico revelador de Guillermo Hurtado. El filósofo dice: “la crisis se debe a que hemos perdido el sentido de nuestra existencia colectiva”. No tenemos “cohesión, dirección ni confianza”. “Hemos “olvidado qué valorar” y por tanto extraviado “nuestra razón de ser”. La explicación es transparente: “México tuvo una visión de su historia, basada en un amplio horizonte de memorias y expectativas”. Esa visión despareció y hoy no hay lugar ni para el “preterismo” ni el “futurismo”, sólo para un desesperante “presentismo”. En víspera del Bicentenario, carecemos de un discurso nacional “homogéneo, congruente y motivador”. Afirma que la “fractura de nuestra historicidad” nos atrapa en una vivencia “asfixiante y confusa” y que la sociedad mexicana está “desintegrada, desorientada y desalentada”, ya que el tejido colectivo ha sido “desgarrado por la frustración y la violencia”. No abriga confianza en las instituciones surgidas de una “democracia electorera”, que sólo producen una “cacofonía de propuestas desconectadas”.

A diferencia de Cosío, no cree en la regeneración del sistema ni que alcanzaremos la democracia desde las “estructuras inoperantes que precisamente debemos transformar”. Afirma con Caso que necesitamos “alas y más alas”. “Volar alto para salir del fango”. Rechaza la violencia y aboga por una “nueva concordia”.

Sostiene que la tarea es urgente pero apuesta centralmente a la “educación cívica y moral de los mexicanos”. Nos deja el reto de combinar el corto con el largo plazo y confiar el salto histórico a una sociedad desmembrada. ¿Cómo hallar un “sentido colectivo” donde no existe y cómo revolucionar instituciones que se resisten al cambio?

Estas interrogantes definen el inmenso vacío de las próximas celebraciones marcadas por la orfandad, en las que algo habrá de ocurrir al margen de nuestras predicciones.

Diputado federal (PT)
05 Diciembre 2009 04:13:20
Juan Cristián Iturriaga
Hace muy poco falleció en Buenos Aires Juan Cristián Iturriaga, mientras jugaba con su hijo. Hombre joven e intelectual maduro, culminaba su doctorado en Ciencia Política y lanzaba “sueños formidables expresados como preguntas o como protestas”, al decir de sus compañeros que con él tejían el andamiaje teórico de una Latinoamérica posible, justa y digna.

Era nuestro entrañable amigo miembro de una dinastía profundamente comprometida con la ciencia y con el país. Su abuelo don José, precursor de la sociología mexicana, había sido a su vez maestro y promotor de nuestra generación. Aseguraba un hilo de continuidad histórica a la inteligencia nacionalista que ha sustentado el programa mexicano de liberación.

Lo conocí cuando sus correrías estudiantiles, al lado de mi hijo Alejandro, donde ensayaron sus primeros liderazgos: serio y jovial, sus respuestas siempre fueron meditadas y sus juicios rotundos. Estaba dotado de una sabiduría precoz y de un espíritu crítico y diáfano. Tenía un pacto insobornable con la verdad.

Portaba el talante austero y liberal del Colegio Madrid y lo alimentaba el gusto por las letras y las culturas, proveniente de su rama materna. Fue respetado por su calidad de pensamiento y querido por la afabilidad de su conducta. Solía disentir de sus maestros y compañeros, no por afán contestatario sino por obsesión de congruencia. Era un consejero por antonomasia.

Nos vinculamos en la conjunción del término de su segunda maestría y de mi segunda gran ruptura política, que me colocó en la candidatura a la Presidencia. Era urgente articular de manera novedosa y compendiosa la propuesta del Movimiento por la Nueva República. Juan Cristián se convirtió pronto en el eje intelectual de la empresa.

Encabezó un compacto Centro de Estudios Republicanos que nutrió el debate ideológico de la campaña. A él se debe en gran medida que hubiésemos optado por la claridad de las propuestas y desechado las candilejas de la confrontación. También, que hayamos sido implacables con las desviaciones que condujeron a la fragmentación de la izquierda.

Reanudamos después la tarea en la Comisión para la Reforma del Estado, que sirvió con autoridad y lucidez. A ello me referí cuando la presentación del proyecto en el Museo de Antropología: “Registro en la retina más íntima de la memoria la devoción y el compromiso de lo jóvenes; los signos que este recinto atesora son testimonio irrefutable de la grandeza mexicana. Sepan merecerla”.

Tarea semejante desempeñamos ante la Unión Europea en el rediseño de una relación igualitaria y fructífera con América Latina y en el acercamiento humano con Bélgica y Luxemburgo. Más tarde en la ordenación de la plataforma electoral de la coalición Por el Bien de Todos en 2006, y al año siguiente en la compleja elaboración de las iniciativas presentadas por la frustrada Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado.

Concurrió a todos los empeños recientes por dotar al país de un nuevo andamiaje constitucional y definir un genuino proyecto alternativo de nación. Encarnó un eslabón generacional y moral imprescindible que mantiene viva la esperanza de salvación. Su vida y su muerte simbolizan tanto la fragilidad de los esfuerzos emprendidos como la terca obstinación en reanudarlos.

El recuerdo de los caracteres y las obras de los mexicanos más valiosos siempre reconforta. El recuento de nuestras realizaciones colectivas casi siempre entristece. Son ambos testimonio de nuestra inmadurez civilizatoria: innumerables y espléndidos talentos que no acabaron de hacer verano mientras hacía agosto la ambición obscena.

Sobresalen por ello, de la incoherencia social y la estulticia gobernante, la fuerza y la perseverancia de ideal, que en Juan Cristián tuvieron un imbatible sembrador. Honrar su tránsito es mantener ante esta insondable decadencia nuestra voluntad intacta de cambio y actuar en consecuencia con incansable arrojo.

Diputado federal (PT)
28 Noviembre 2009 04:15:49
Elogio de la política
Es Mario Soares ejemplo de longevidad política, por la lozanía de su pensamiento y la templada bonhomía de su carácter. Es también la personalidad testimonial más lúcida del ocaso de las dictaduras y los imperios coloniales, el nacimiento de las transiciones y los estragos del neoliberalismo. Esto es: del mundo contemporáneo.

Acaba de enviarme un libro que dedica a los jóvenes: Elogio de la política. Contiene análisis justos sobre cuestiones cruciales de nuestra época y pretende demostrar que la política no es necesariamente esa “gran puerca”, de la que se habló en tiempos de la monarquía. Se trata en el fondo de una reflexión moral.

Considera que el descrédito de los políticos ha sido inherente al cambio democrático. En los regímenes autoritarios “hablar mal de la política equivalía a cuestionar los sistemas de gobierno”. Era “prohibido e ilegal” y los disidentes no eran sino “subversivos”, que debían ser “marginados, discriminados y perseguidos por antipatriotas”.

La crítica de la política es el aliento respiratorio de las democracias y exige un comportamiento particularmente estricto de quienes a ella se dedican. Es un termómetro de la congruencia, pero también de la apariencia. Demanda un alto componente ético, pero, como en la antigua Roma, los actores públicos no sólo deben ser honestos, sino también parecerlo.

La política combina “la ambición individual con el desinterés y la inserción en la realidad con la integridad del ideal”. Comporta innumerables riesgos personales y genera satisfacciones superiores. Es en ese sentido “una de las más nobles actividades del ser humano, si no la más noble”.

“La Política con P mayúscula está siempre relacionada con el Estado y, desde fines del siglo XVIII, con la Constitución y obviamente con la democracia”; un político que no rija su conducta por esos parámetros “difícilmente será un gran político y, desde luego, nunca será un demócrata”.

Anota que “las llamadas democracias liberales han sido corroídas por la crisis de valores: abandono de principios, exceso del marketing político, peso del dinero, negocios especulativos e invasión de los medios electrónicos”. La globalización las está convirtiendo en “oligarquías plutocráticas”.

Destaca la expansión del tráfico de influencias y lo atribuye a “la práctica norteamericana del cabildeo, que autoriza a los políticos y ex políticos para defender intereses de empresas, grupos o personas ajenos al interés público”. Así, la implantación de la “teología del mercado” llevó consigo la creciente corrupción de la política y la intención de “fragilizar al Estado”.

Los mismos mecanismos e intereses que contribuyeron a la prostitución de la política luego se cebaron en denunciarla. “La propaganda contra la política, achacándole todos los males, se ha intensificado en forma deliberada y sistemática a efecto de subordinarla al mercado”. Por esa vía, la “mano invisible nos condujo a la crisis global en que estamos inmersos”.

A ello se debe el clamor por la restauración del Estado y la primacía de la política. Tal empresa no será posible sin el “resurgimiento de los partidos, de los sindicatos y, sobre todo, de los políticos”. Ello exige a su vez el renacimiento del civismo, la información y el debate ideológico.

La sociedad ha de ser “implacable con el comportamiento de sus dirigentes” y “el poder que éstos ejercen ha de ser siempre transitorio”. Citando a Karl Popper, sostiene que la democracia no es sólo el sistema en que los ciudadanos eligen a sus gobernantes, sino en que pueden sustituirlos mediante comicios frecuentes y periódicos, juicios políticos y revocación de mandatos.

La falta de sanción al desempeño prevaricador o ineficiente conduce a la impunidad de los gobernantes y a la impotencia de los gobernados. Adelgaza a la ciudadanía, degrada la política y degenera el poder. Gracias a Mario por este recordatorio.

Diputado federal (PT)

21 Noviembre 2009 04:17:42
Muerte de la República Española
Hace días participé en un evento conmemorativo del 70 aniversario del exilio republicano español. Fui invitado a reflexionar junto con distinguidos compatriotas sobre la política mexicana y la República; por lo tanto, sobre el significado profundo que tuvo el poderoso vínculo que con ella establecimos hasta su desaparición.

El periodo es en rigor de 46 años: desde su instalación en 1931 hasta su muerte en 1977. Su fase inicial, durante los mandatos de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, fue entusiasta y fraternal, inspirada por el genio diplomático de Genaro Estrada y acogida por el imaginario colectivo y la trova popular como nuestra propia victoria democrática.

Tras el “bienio conservador”, la formación del Frente Popular coincidió con el ascenso de la corriente revolucionaria en el gobierno de Cárdenas, y la guerra civil con el proceso de cambios que aquí modificaron drásticamente la estructura de la propiedad y establecieron la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales.

En varios sentidos, la defensa de los republicanos encarnaba nuestras propias batallas, tanto como las simpatías por el franquismo exhibían la nostalgia de la reacción mexicana. Era para la mayoría de nosotros el reencuentro con la España humanista, ilustrada y generosa que amamos, en tanto que algunos se identificaran con el racismo oscurantista en que la derecha fue troquelada.

Javier Garciadiego destacó la importancia de la adhesión a la República en la visión estratégica de Cárdenas. Por mi parte abundé en su penetración del escenario internacional, dividido entre fascistas, liberales y socialistas, así como en la intuición del gran conflicto que se avecinaba y la semejanza de nuestra posición ideológica y política con la de España.

México era objeto de campañas de descrédito orquestadas por las compañías expropiadas. Éramos “tierra sin ley” para el paladar occidental de entonces. Como nunca, la política de principios desnudó en la Liga de las Naciones la ambigüedad convenenciera de nuestros adversarios. Igual en Abisinia que en la anexión de Austria o en la solidaridad con la República.

Fue también pieza clave de una gran política cultural. La educación popular, el indigenismo y la enseñanza tecnológica resultaban insuficientes sin la plena reconciliación con el estamento universitario, escindido por la “educación socialista”. Las luces del exilio y las moradas institucionales que lo albergaron sirvieron de fermento a la autonomía crítica y universalista de nuestros días.

Ese vínculo fue parámetro ineludible del pensamiento posrevolucionario. Al igual que el Estado laico, la soberanía sobre electricidad y petróleo o la supervivencia del ejido, se extendió durante seis sexenios. La muerte de la República coincidió con el fin de un ciclo histórico y nuestra relación con la monarquía se inserta en el periodo neoliberal.

Por desgracia, México rompió unilateralmente con la República un 18 de marzo para relacionarse con el régimen que nacía en España. Hubiésemos deseado que esa extinción fuera fruto del diálogo entre republicanos y demócratas españoles. Por ello luchamos mientras pudimos y tal obsesión influyó en mi salida del gabinete. Conocíamos la dificultad de conciliar la cuadratura de la monarquía con el círculo de la República. Pero pudo haberse construido un hilo de continuidad simbólica si hubiésemos jugado —con plenitud y oportunidad— el papel que nos correspondía como sede territorial del gobierno en el exilio.

Subrayó Tomás Segovia que la apología exagerada de la transición española obedece al deseo de olvidar la República y al rechazo a deslegitimar la dictadura. Recordé a propósito que la estatua del presidente Cárdenas en Madrid ostenta una placa de reconocimiento del “exilio español”, debido a que las autoridades cedieron a la presión para quitarle la palabra “republicano”.

Esperemos que esta vez no sea literalmente exacto que quien ignora el pasado está condenado a repetirlo.

Diputado federal (PT)
07 Noviembre 2009 04:16:06
Caciques mendicantes
Una vez más el rector de la Universidad Nacional ha hablado en voz alta: “Nuestro modelo de país está agotado; hay que refundar la República”. Ese era el objetivo de la transición que iniciamos en 1988 y de la reforma del Estado que planteamos. Ese ha sido el sentido del movimiento por la nueva República.

Desde entonces, la ignorancia y el interés bastardo han frenado la transformación verdadera y decretado la decadencia. Cada problema que hoy afrontamos tuvo en su momento diagnóstico preciso y propuesta pertinente. Muchas de las soluciones alcanzaron amplio consenso. Fueron, sin embargo, abandonadas en un concurso de mezquindades. Ningún espectáculo más degradante y paradójico que el desfile cotidiano de gobernadores en el recinto de San Lázaro. Aparecen, rodeados de vistosos séquitos, para solicitar a los diputados su apoyo para gastos locales en apariencia incuestionables. Parecen defender más sus intereses electorales inmediatos que las necesidades de sus gobernados.

Resulta incomprensible que, habida cuenta del poder territorial y político que acumulan, sean incapaces de modificar las reglas hacendarias de la Federación. Aunque se hayan erigido en modernas baronías, continúan atados por las sumisiones mentales del antiguo régimen.

A partir de los años 50, las entidades federativas fueron progresivamente despojadas de sus facultades tributarias en aras del presidencialismo y del partido hegemónico. Es inconcebible que dicha manumisión permanezca en nuestros días.

Las convenciones nacionales fiscales de 1925, 1933 y 1947 organizaron el reparto de competencias fiscales entre Federación, estados y municipios. Después: 60 años de silencio y abusiva centralización. La Conferencia Nacional de Gobernadores nunca entendió su carácter de organismo horizontal de contrapeso que debiera ser consagrado en la Constitución, como lo es en Europa y en numerosos países de América Latina.

Dominó a los gobernadores la obediencia secular y la inercia peticionaria. De las 362 conclusiones adoptadas en la convención de 2004, ninguna ha sido puesta en práctica. Nuestras autoridades locales han renunciado a las facultades contributivas inherentes al pacto federal.

Las convenciones internacionales son categóricas: “Las autoridades locales deben percibir recursos financieros adecuados y propios, distintos de aquellos correspondientes a otros niveles de gobierno, y disponer libremente de ellos dentro de sus competencias. Los ingresos propios de las entidades locales estarán en proporción razonable de sus responsabilidades”.

Deben ser “de naturaleza regular y constante, de modo a permitir una adecuada programación financiera. Cualquier transferencia de responsabilidades debe ser acompañada por asignación de los recursos requeridos para su cumplimiento”.

Todo sistema descentralizado, federativo, autonómico o provincial, refleja una recaudación propia de las autoridades locales de más de un tercio de los ingresos nacionales y una participación de 40% en promedio. Las erogaciones directas de las autoridades locales en sus distintos niveles rebasan en general 70% del gasto público total.

Padecen nuestros gobiernos locales una enfermedad sadomasoquista de origen edípico: ya no respetan a la madre, pero la siguen extorsionando. Son víctimas voluntarias de su mendicidad histórica. Incapaces de valerse por sí mismos y de replantear desde sus fundamentos un nuevo pacto federal. Si no hubiese presidente, tendrían que inventarlo. Fueron sostenes pragmáticos de la ilegitimidad del Ejecutivo y carecen de agallas y talento para convocar a una asamblea nacional constituyente. En estos festejos centenarios aconsejo la lectura del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y del Plan de Guadalupe.

La clase política no redimirá su descrédito sino mediante propuestas refundacionales que tenga el coraje de llevar a término. Ninguna instancia de gobierno debiera vincular su destino ni el de la nación al salvamento de un gobierno en bancarrota. Sólo la convocatoria a los Estados Generales haría posible la canalización institucional de la protesta y disuadiría la revuelta generalizada que se avecina.

Diputado federal (PT)
31 Octubre 2009 03:50:06
Tianguis legislativo
Cuando se inauguró el Palacio de San Lázaro, destinado al albergue de ambas cámaras, nos preguntamos por la lejanía del recinto. La respuesta se encontraba en el proyecto de construir una gran avenida que lo uniera a la parte posterior del Palacio Nacional. El diseño nunca aterrizó por el elevado costo económico y político que hubiese significado cercenar el barrio de La Merced.

Nadie imaginó que con los años la sede parlamentaria sería contaminada por los aires de los mercados circunvecinos. La rebatiña por el presupuesto y su condicionamiento a los actores políticos a cambio de apoyo para aprobar impuestos impresentables ha devenido en un tianguis legislativo.

El pecado original reside en que nuestro sistema propicia el vicioso funcionamiento de gobiernos de minoría —y aun de ridícula minoría—. Durante el régimen de partido hegemónico el Ejecutivo no tenía problemas con el Congreso para la aprobación de sus iniciativas legales, fiscales y presupuestales. Las resistencias estaban afuera.

El traslado de la mayoría legislativa a la oposición obligaba a reformas constitucionales que hicieran compatible el poder del Congreso con el ejercicio del gobierno. Así lo propuso la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, sugiriendo —como primer paso hacia un sistema semipresidencial— la creación de un jefe de gabinete, aprobado por el Congreso.

El presupuesto no es sino la expresión en cifras de un programa de gobierno; si éste carece de la mayoría parlamentaria para hacerlo aprobar, debe dimitir. Por ello es aconsejable un sistema de alianzas estables que otorguen al Ejecutivo el número de votos legislativos suficiente para gobernar con transparencia y eficacia.

En la 57 Legislatura la mayoría de oposición exigió que —conforme a la fracción IV del artículo 74— primero se discutieran las contribuciones y una vez determinadas se estableciera el presupuesto. De esta manera pudimos evitar durante escaso tiempo, y en espera de una reforma constitucional apropiada, el chantaje electorero y procaz que hoy denigra las relaciones de poder.

Como tránsito hacia un régimen distinto propusimos además que —a fin de evitar el mercadeo de partidas— se votase el presupuesto en bloque y, si fuese derrotado, los rechazantes presentarían uno nuevo. Es esencial para el juego democrático que los proyectos y compromisos partidarios sean claros ante la opinión pública y se reduzca el espacio para las complicidades ocultas que terminan en mutuas acusaciones verduleras.

Semejante proceso degenerativo se explica también por la deforme estructura hacendaria que instituye al gobierno central en el mecenas de los estados y los municipios. Éstos sólo tienen derecho a disponer de 15% de la recaudación fiscal, mientras que la Federación capta el resto. Ello es contrario al modelo que se pregona y a la práctica de regímenes análogos en todo el mundo.

Setenta años después de que se celebrara la anterior, tuvo lugar en 2004 la Convención Nacional Hacendaria, cuyos objetivos fueron la revisión de las potestades tributarias con criterio federativo y la reforma de los procedimientos para distribuir los apoyos nacionales compensatorios bajo reglas de equidad, descentralización y desarrollo compartido. Ninguno de sus 323 acuerdos ha sido aplicado.

Ante la parálisis de la reforma del Estado, florecen la irracionalidad y el contubernio. Los gobiernos de los estados litigan sus presupuestos con el gobierno federal, a cambio de favores políticos inconfesables, y éste aprovecha la influencia de los poderes locales sobre el Congreso para aprobar impuestos de los que aquéllos no son responsables.

La penuria fiscal que pretende subsanarse es fruto de una caída drástica del producto, junto al declive de las reservas y los precios del petróleo. De no modificarse el rumbo económico, en pocos meses ocurrirá la catástrofe. Ése debiera ser el debate del Congreso.

Diputado federal (PT)
17 Octubre 2009 03:56:59
Estrategia golpista
El debate suscitado en el Congreso sobre el decretazo para suprimir Luz y Fuerza del Centro arroja conclusiones irrefutables. Ha venido desmontando, una a una, las mentiras elementales esgrimidas por Calderón y desnudado una estrategia golpista de alta peligrosidad.

El análisis de las condiciones laborales impuestas al sindicato después de dos décadas de tope obligatorio revela una disminución neta del ingreso promedio de los trabajadores superior a 28%. La mitad de ellos gana menos de 6 mil pesos mensuales —tres veces y media el salario mínimo— que apenas rebasa la canasta alimenticia recomendable definida en el Instituto Nacional de Nutrición. Es, además, la tercera parte del salario mínimo en Estados Unidos.

Los argumentos referidos a la ineficiencia de la empresa son deleznables. Apenas el 10 de junio la Secretaría de la Función Pública valoró los resultados del Comité Mixto de Productividad y otorgó una calificación de 93.8% en el cumplimiento de las metas pactadas entre el sindicato, la empresa y las secretarías de Estado involucradas.

La negociación tripartita es, en tiempos de crisis, el método privilegiado para enfrentar situaciones semejantes en todo el mundo. No hay otro caso de declaración de guerra a las organizaciones gremiales y despido masivo de 60 mil trabajadores en momentos de agudo desempleo. La negativa de toma de nota de la sustitución de líderes sindicales no era sino un tramposo pretexto para proceder a la liquidación ilegal de la empresa.

Son varias las violaciones contra el orden constitucional. La desaparición de un sindicato por decisión administrativa es una afrenta contra el artículo 123 de la Constitución y las convenciones internacionales. La creación y desaparición de empresas paraestatales es facultad del Congreso de la Unión, con mayor razón cuando se trata de actividades estratégicas.

La falacia de que los 42 mil millones de transferencias federales a la empresa se destinan a subsanar la ineficiencia de los trabajadores ha quedado desmentida, ya que se utilizan íntegramente para costear la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad. Se ha evidenciado que, si la compañía cobrara las cuentas especiales, evasiones y concesiones de las grandes empresas, se obtendría una cantidad equivalente de recursos.

La pregunta que apenas empieza a responderse reside en las verdaderas motivaciones del régimen para estallar un conflicto de estas proporciones. Un drástico viraje ideológico y político al que no se habían atrevido anteriores administraciones. El objetivo es polarizar al país y enseñar la mano dura como promesa de futuro a los grupos oligárquicos.

Es también la reedición de la guerra sucia y del “peligro para México” que importaron los publicistas españoles de ascendencia franquista. Descalificar a los “rojos” y lanzar a las clases medias contra los obreros. La operación, dice Mauricio Merino, “habla más de un enfrentamiento abierto contra un grupo criminal que de la negociación y el arbitraje con una organización de trabajadores al servicio del Estado”.

Otros recuerdan que el conflicto de 1968 empezó, también, por un bazucazo, pero que el proyecto político era de gran envergadura e inspiración macartista. El gobierno avanza en el diseño de la militarización del país, la supresión de derechos humanos y la política por decreto. Trata de rebasar por la derecha el avance electoral del PRI y plantea a la izquierda un desafío insolente para orillarla a la confrontación.

El Congreso es hoy la línea institucional de resistencia y no debe ceder en el rechazo al autoritarismo. Las organizaciones de la sociedad han de actuar con la mayor firmeza y talante pacifista ya que se trata de una abierta provocación. Hay que detener el abuso y evitar que tiña de rojo una página más de nuestra historia.

Diputado federal (PT)

26 Septiembre 2009 03:56:56
Bloque conservador
Después del mensaje del 2 de septiembre algunos entendieron que Calderón retomaba la iniciativa después de su derrota electoral y pretendía exhibir a los priístas como “los verdaderos guardianes del orden injusto y autoritario”. Olvidaron que ambos navegan en la misma embarcación y sólo están disputando la gorra de capitán.

Ricardo Raphael enumeró aquí los poderes reales que vedan la consumación de los cambios anunciados e impiden una reforma fiscal con vocación distributiva. Concluyó que “en las coordenadas donde cohabitan esos intereses se encuentra el anclaje del poder conservador mexicano”.

A cada coyuntura de riesgo se repite sin falla el abrazo de Acatempan. El pacto histórico de 1988 —documentado por Martha Anaya— que hizo posible la entronización de Carlos Salinas mediante el concurso del PAN y la implantación definitiva del ciclo neoliberal. Lo demás es esgrima verbal para deleite de galerías.

Así lo vivimos en el Congreso. La contundencia de los votos acalla las fanfarrias guerreras. Ayer, durante el prolongado eclipse de García Luna, observamos que seis grupos parlamentarios habían solicitado la renuncia del funcionario. Pedimos una votación en ese sentido y la mayoría de los diputados se retractó mediante el silencio.

La cuestión de la huelga de Cananea tuvo un desenlace afrentoso. Un legislador del Partido Verde presentó exhorto al Ejecutivo para que proceda a retirar la concesión a la empresa Minera México, demanda que ya había formulado otro del PRI. El rechazo fue aplastante: 85 votos a favor y 305 en contra.

La ratificación por el Senado del nuevo procurador —75 a favor y 27 en contra— entraña una imperdonable falta de decoro político. Mientras diputados del mismo partido descalificaban con ardor las acciones de seguridad pública, sus colegas de la otra cámara avalaban el nombramiento de quien manifiestamente llega para apuntalarlas.

Había quedado en claro que sus turbios antecedentes no lo hacían elegible para el cargo. El repudio social debiera alcanzar ahora a quienes lo aprobaron. Pretextar que si lo repudiaban el Ejecutivo podría enviarles otro peor es argumento pueril. Nada justifica que los legisladores se hagan corresponsables de un nombramiento artero.

Los líderes de los partidos involucrados propalan que ha llegado la hora de reformar el Estado en tanto que sus representantes eluden lo esencial del debate: una de las más urgentes asignaturas es la autonomía constitucional del Ministerio Público y su elección a cargo del Congreso. Sobre esa reivindicación inaplazable nada se dijo y nada se hará.

En la aprobación del paquete fiscal ocurrirán escenas semejantes. Sólo que la negociación habrá de ser más tortuosa por razones doblemente clientelares. Para sortear cualquier daño a los mayores intereses económicos por el lado del ingreso y para repartir los beneficios del egreso entre una legión de peticionarios encabezada por los gobernadores.

El impuesto del 2% es regresivo y demagógico, pero no es el peor de todos. Hacienda echó sus redes y el gobierno sus megáfonos para atrapar a los incautos y ofrecer salidas a sus cómplices. Es deplorable que traten siempre de pescar en las aguas de los que menos tienen y finjan ignorar que la elevada concentración del ingreso es la causa eficiente de la crisis.

El debilitamiento del Estado y su parálisis frente a los poderes de facto ha sido condición y consecuencia del modelo económico que nos fue impuesto. Imposible transformar éste si no se reconstruyen las instituciones públicas a partir de sus fundamentos. El bloque hegemónico sólo promoverá retoques ornamentales, como la erección de un jefe de gabinete, a fin de mejor compartir la dominación.

El edificio está a punto de desplomarse sobre nosotros. La solución ha de ser radical: venir pronto y desde la sociedad.

Diputado federal (PT)
05 Septiembre 2009 03:10:30
El monólogo
La ausencia de Calderón en la apertura de sesiones, a más de ser un desacato constitucional, evidenció el divorcio entre los poderes y el colapso del régimen presidencial. Signó la esquizofrenia política y la parálisis institucional que nos ahogan.

El espectáculo monárquico montado al día siguiente en Palacio reprodujo el monólogo del antiguo régimen. Los invitados de hoy reemplazan el aplauso lisonjero de los parlamentarios de ayer y el duopolio electrónico provee, como siempre, su amplificador servil. Una restauración teatral del Estado.

Exhibió además el estado de sitio que nos degrada: la utilería armada que acompaña al Ejecutivo como una jaula para protegerlo de la ciudadanía. Se invitó a los legisladores genéricamente, pero a pocos se les aceptó. Los que decidieron presentarse para leer un escrito fueron golpeados: varías garantías constitucionales violentadas de un solo golpe.

El primer actor llama a una “alianza entre los que conformamos los poderes”, aunque a los parlamentarios no los escuche y físicamente los agreda. Es inverosímil que pretenda pactar con quienes se empeña en romper relaciones y ofrezca transformaciones que competen al Congreso. Salvo que nos estime personeros de los convidados que lo rodearon.

En olvido de la pesadilla sudada durante tres años, el mensaje fue remedo de una toma de posesión. Lo que informa es falso, banal y sin referentes. Recuerda aquella frase imperial: “Soy responsable del timón, mas no de la tormenta”. También, la picardía popular que le respondió: “No importa el tipo de cambio sino el cambio de tipo”.

Tono inconsecuente con la minoría política a que lo confinaron los electores. Absurdo convocar a un “cambio de fondo” desde un sitial vacío de autoridad. La palabra “dimisión” es equivalente a renuncia, aunque admite el matiz de “abandonar una cosa que se posee”. La solicité para poder formar un gobierno de mayoría que hiciera frente a la catástrofe.

El sexenio ya terminó y encallamos en un peligroso interregno. Insta sin embargo a “quitarle el freno al cambio” a quienes no se lo pusimos. La propuesta sería procesable si supiéramos qué quiere y no disfrazara tras ampulosas frases modestos ajustes y modificaciones “estructurales”—hermanas menores de las que instalaron la crisis.

El decálogo de ocasión es tan vago como equívoco. No ofrece mecánica de realización, que habría de transitar por un programa global consensuado y un conjunto de iniciativas concatenadas. Él mismo y su partido han rechazado durante un decenio las reformas institucionales y la sustitución del modelo económico que el país demanda.

Si ahora las aceptan, habría que precisarlas. Por ejemplo, si es un cambio de rumbo, ¿qué significa “lucha frontal contra el crimen en el respeto al estado de derecho”? ¿Acaso mantener el Ejército en las calles, contrariando la Constitución? O tal vez estableciendo una comisión de la verdad que desnudara las alianzas entre el crimen y el poder.

¿A dónde alcanza “una reforma política de fondo”? ¿Qué comprende “una nueva generación de reglas electorales” y “una mejor relación entre los actores políticos”? Las propuestas del 2000 no han sido adoptadas ni refutadas. El oneroso ejercicio de 2007 dejó sin aprobación más de un centenar de iniciativas fundamentales.

La legislación por goteo sería un suplicio de tóntolos. La tarea es integral y debe incorporar a la inteligencia y la sociedad. Propuse un debate urgente e informado para analizar las causas y posibles salidas del hundimiento económico. Su sede sería el Legislativo, quien debiera dictar después las transformaciones correspondientes.

La reforma del Estado exige de determinación y método. Bien encomendando el proyecto a una instancia especializada del Congreso, como había sido acordado, o bien convocando a una Asamblea Constituyente. Lo demás es vacua palabrería.

Diputado federal (PT)
31 Julio 2009 03:25:39
La caja negra
Hay legislaturas que son bisagra histórica, como la que se instaló en 1997, que en un acto de concertación y valentía arrebató al gobierno el control político, material y comunicacional del Congreso. Otras han sido espacio para transacciones vergonzantes en olvido de reformas esenciales, como la que está a punto de concluir.

La que iniciaremos el 1 de septiembre es depositaria de las alternativas posibles en el corto plazo. Nadie podría esperar que el Ejecutivo convocara a atacar los problemas más urgentes mediante la suma de todos los actores. No lo ha hecho hasta ahora y dilapidó su oportunidad cuando rehusó el recuento de los votos.

Carece además de capacidad de rectificación y de independencia respecto de los poderes fácticos. Tratará de sobrevivir mientras el barco hace agua. Más que un “pato rengo” es ya un pato náufrago. Como en un laboratorio de ciencia política, ejemplificará la tontería que entraña disociar la mayoría política del ejercicio del gobierno sin tener siquiera el correctivo de la revocación de mandato.

Su propio partido le reclama autonomía de vuelo: situarse lo más lejos de la catástrofe para poder trasladar sus bártulos a la próxima embarcación. El PRI seguirá practicando, con mayor intensidad, la táctica exitosa de la extorsión política, ayudarlo lo suficiente para no cargar con el muerto, pero no tanto para resucitarlo. Erigirse a la vez en árbitro condescendiente y en mal imprescindible.

Es probable que la cámara se convierta en escenario convencional y receptáculo de los votos que se negocien en otros ámbitos. Dentro de la mayoría combinada estarán las terminales de televisoras, grandes empresas, gobernadores y aspirantes. El cabildeo ha sido reemplazado por el injerto: la implantación parlamentaria de los intereses reales. Lo demás es oratoria.

Las izquierdas no deberían desdibujarse en el mercadeo de las pequeñas concesiones, menos en la rijosidad cavernaria. Representamos intereses que nos rebasan: los del pueblo y la nación. Innumerables gentes de bien se ven reflejadas en nosotros y nos creen capaces de acciones heroicas y prodigios parlamentarios.

Nuestra tarea esencial es acrecentar los vínculos entre sociedad y Congreso. Hacer acopio de recursos mediáticos para asegurar una comunicación de dos sentidos. Incorporar en el debate los agentes económicos, sociales e intelectuales y multiplicarlo en universidades, organizaciones civiles y sindicatos. Refundar la polis, en una palabra.

Aspiramos a trasladar el Frente Amplio Progresista a la cámara, blindarlo contra infidencias y dotarlo de un proyecto común. Hemos conformado un consejo consultivo integrado ya por más de un centenar de especialistas y acabamos de distribuir una Agenda Básica para la Reforma del Estado que recoge y actualiza los avances conceptuales precedentes.

Algunos nos tachan de “maximalistas” y otros de intentar recuperar ejercicios fallidos. Estamos obligados a trazar el mapa de las reformas necesarias para la recuperación del país —muchas ya consensuadas—, puesto que los diversos problemas están conectados entre sí y no hay escapatoria más nociva que los parches mal pegados. Las iniciativas de coyuntura encierran casi siempre propaganda para ocultar retrocesos y arreglos clandestinos. Es indispensable presentar a la opinión pública opciones claras y cerrar las rendijas al disimulo. Las instituciones están carcomidas y el ciclo neoliberal terminado. Esos son los hechos.

Presentamos un programa ordenado para el salvamento de México. Nuestros objetivos: la restauración de la República, el nuevo pacto económico y la recuperación de la soberanía y el patrimonio nacionales. Las propuestas son explícitas y debieran ser debatidas por todos.

La próxima Legislatura será sin duda una caja de sorpresas, esperamos que abierta a la sociedad. Podría ser también la caja negra que diera testimonio de un accidente fatal: el desplome irremisible del país.

Ex embajador de México ante la Unión Europea
19 Junio 2009 03:36:19
Anular o revocar
El hartazgo difuso respecto al empleo irresponsable del poder ha desencadenado el debate sobre la anulación del voto. En el río revuelto de la indignación surgen las redes de quienes quisieran adelgazar aún más al Estado y los promotores de la amnesia sobre la ilegitimidad, los excesos y las torpezas del morador de Los Pinos.

Hace seis años Fox orquestó el descrédito contra un Congreso limitante de sus reformas “estructurales” y pidió “quitarle el freno al cambio”. Estrategia para apuntalar al partido del gobierno en las urnas, fracasada, que lo arrojó al contubernio con Madrazo a fin de urdir y ejecutar el desafuero de López Obrador.

En los sistemas presidenciales, las elecciones intermedias son instrumento de control democrático sobre el Ejecutivo. Ratifican una mayoría, la ajustan o la revierten y obligan a un cambio de política. Trance en el que, por ejemplo, Obama se verá el año próximo.

El carácter hegemónico del régimen mexicano las volvía casi inútiles y de ahí el abstencionismo. En 1997 nos propusimos arrancar la mayoría al Presidente y lo logramos. El mecanismo se pervirtió después, por la turbia alianza PAN-PRI, que no permite discernir si éste es socio del gobierno, oposición o todo lo contrario.

Cuando el drama nacional debiera otorgar a los comicios un sentido plebiscitario, a efecto de construir un nuevo bloque mayoritario, surge la iniciativa de descalificarlos. Es vasto el desprestigio del sistema de partidos, pero más aún el fracaso de la transición, la podredumbre del régimen, la catástrofe económica y el aberrante predominio de los poderes fácticos.

Tachar a los candidatos entraña un desahogo moral del que no se sigue proyecto político alguno. Es una reprobación genérica que elude la rendición de cuentas: las denuncias contra ex presidentes, las complicidades con el narcotráfico, la defraudación electoral, la incuria infanticida, el estado de sitio, la demagogia sanitaria y el lamentable desempeño de la cámara saliente.

Anular significa “dejar sin fuerza”, “suspender” o “desautorizar”. ¿A quiénes? ¿A los que todavía no son electos? Una suerte de aborto representativo alentado —en muchos casos— por los defensores del “derecho a la vida”. ¿No sería más consecuente revocar el mandato de quienes han fallado y comenzar así la demolición del castillo de la impunidad?

Conspicuos “anulistas” rescatan asignaturas de la reforma del Estado, según preferencias ideológicas, pero sin reclamo por el abandono del conjunto. ¿A quiénes exigiremos la introducción de cambios legales? ¿A legisladores fantasmas? O bien a los aparatos políticos y las cúpulas que saldrían beneficiadas con la operación.

La flecha va contra los partidos emergentes: a mayor número de votos nulos menor proporción de sufragios repartibles. Una revancha además de las televisoras, que ocuparían el espacio de las instituciones constitucionales, dictarían agendas y ahogarían la diversidad ciudadana.

Tenemos que encontrar la salida del callejón. El sistema electoral se ha corrompido y son inocultables los vicios de la partidocracia. Debilitar la legitimidad republicana sería pavimentar el camino del fascismo. Lo sensato es fortalecer el Congreso para equilibrar los poderes; lo absurdo, pretender la recomposición del Estado fallido con candidatos fallidos.

Queda un tiempo angustioso para reconstruir el Estado. Apostar a un movimiento insurgente sería suicida. Generar mejor un movimiento social capaz de modificar el rumbo sin arrollar la precaria institucionalidad. Devolver a los ciudadanos el ejercicio de la soberanía por la liberación de los medios de comunicación y la implantación de la democracia directa.

Requerimos acciones de aliento para evitar el colapso del bicentenario. Llamar el 1 de diciembre a un referendo revocatorio —o anulatorio— de Felipe Calderón y convocar la Asamblea Constituyente del 2010. A grandes males, iniciativas mayores.

Ex embajador de México ante la Unión Europea
12 Junio 2009 03:57:00
La muerte de Josafat
Alguna vez preguntaron a Javier Wimer por qué nunca había escrito sobre mí: respondió que era demasiado cercano para poder hacerlo. A mí me ocurre lo mismo, pero no debo callar. Fue mi más entrañable amigo y el componente esencial de nuestra generación, porque nos comprendió a todos en vida y a todos nos convocó en su muerte.

Inteligencia crítica, saberes penetrantes, sarcasmo generoso, patriotismo medular, orgullo irreductible, lealtad sin fisuras y vocación lúdica para tejer en la amistad las redes posibles de una sociedad en extinción. Personaje transgeneracional. El hogar de su madre, la poetisa Esperanza Zambrano, custodiaba la memoria del actor del cine mudo Miguel Wimer. Era una colmena abigarrada de artistas, escritores y periodistas de un México cosmopolita y legendario: el que acogiera a León Trotsky, entre otros ilustres asilados. Pronto se convirtió en la pista del despegue cultural de nuestra adolescencia.

Para muchos, Javier fue la prosa más estricta de nuestro entorno. Su obsesivo perfeccionismo y la pluralidad de sus quehaceres acotaron infortunadamente esa promesa. Produjo sin embargo artículos, ensayos, notas, prólogos y antologías memorables que atestiguan una visión afilada del mundo. Altas esferas del gobierno y la diplomacia se nutrieron además de su pluma contundente y su rigor conceptual.

Se le recordará por su obra editorial. La revista Nueva Política carece de parangón. Sus números sobre el fascismo en América, el sistema mexicano, el Estado y la televisión, el orden internacional y el marxismo contemporáneo son asombrosos por su calidad y vigencia. Por otra parte, los volúmenes sobre el galeón del Pacífico, Mezcala, el pirata Malaspina, Santa Prisca y Xochicalco son prodigio de equilibrio entre sensibilidad plástica y entendimiento de la historia.

La pasión política lo acosó y le otorgó con los años un eje vital. Dirigente juvenil de primera línea, presidió la Comisión Estudiantil para la Reforma Universitaria. Su incidencia en la función pública no fue efímera ni tangencial. Comenzó —como hombre de letras— por el Servicio Exterior. Luminoso enviado cultural en Costa Rica y Argentina, esmerado director del archivo histórico de la Cancillería y embajador integral en los años postreros de la antigua Yugoslavia.

Juntos emprendimos creativas encomiendas: la cultura para los trabajadores y la coordinación audiovisual del sistema educativo. Luego fungió como subsecretario de Gobernación responsable de comunicación social y presidente de la Comisión del Libro de Texto Gratuito. Sus tareas crecieron o se extinguieron en la medida de los espacios a personalidades progresistas durante las etapas postreras del viejo régimen.

Dos fueron nuestras conversaciones finales: el recuerdo intacto de nuestra estadía en Europa y —como insignia— el descubrimiento de Italia, el Adriático y los Balcanes. La última, el amargo reconocimiento de la decadencia implacable del país. Su dramática interrogante: ¿quiénes fuimos y para qué servimos? Su infinito desprecio por la derecha gobernante y la convicción —nunca antes expresada— de que nuestra corriente intelectual y política fue la última oportunidad viable de la izquierda para transformar a México, como nos lo prometimos en la juventud.

Sin reproches ni nostalgias, la certidumbre del fracaso histórico de la generación del Medio Siglo, con independencia de sus hazañas individuales. La dispersión del talento y la resaca alevosa de la ignorancia y el despojo. Se dejó morir con reciedumbre y hasta recóndita alegría. Por eso su despedida fue flor y canto.

Las mujeres de su tribu distribuyeron un cuento inédito: “Josafat”. La historia de un ogro que se dulcificó por el contacto con hembras transmutadas en animales y provocó la ruina de su feroz dinastía. Finalmente, el único triunfo plausible: el amor. Pensamos que nuestro hermano volvió a nacer este 5 de junio a las 11 horas.

Ex embajador de México ante la UE
05 Junio 2009 03:22:59
Ciclo histórico
La toma de posesión de Mauricio Funes cerró un ciclo prolongado de transición hacia la democracia en El Salvador. Fue sin duda una victoria histórica y moral de la izquierda y una derrota política de la derecha. Lejos se encuentran todavía de remontar los estragos económicos del periodo neoliberal, casi tan desastrosos como en México.

Finalmente se cumplieron los acuerdos “para una paz justa y duradera” signados en el Castillo de Chapultepec en enero de 1992. Éstos no pretendían sólo cancelar la guerra civil y emprender la reconstrucción económica y social. Instauraban la vía electoral para dirimir la contienda y suponían el triunfo de cualquiera de los bandos. A diferencia de lo ocurrido aquí durante 20 años, la izquierda no fue excluida por métodos fraudulentos del ejercicio del poder. Quedó atrás la “democracia hemipléjica”, que sólo puede voltear hacia la derecha. Fue obra de la organización, la paciencia y la determinación. También de la auténtica civilidad.

Como había presagiado el nuevo mandatario, llegaría el momento en que “un presidente conservador entregara la banda a un presidente socialista”. La dura reacción sabía que la falsificación del sufragio, por cualquier procedimiento, implicaría el retorno a la violencia. Así se lo hizo saber al gobierno la dirigencia del FMLN, de modo inapelable, el día de los comicios.

El mensaje de inauguración fue categórico en la denuncia de los errores del pasado y el fin de la impunidad. Prometedor en las medidas correctivas de la crisis, con acento en la política social y la atención a los pobres. Moderado en los referentes ideológicos con que busca ubicarse en la cartografía política del continente.

Los mayores elogios para los presidentes Obama y Lula da Silva. Fuentes de “inspiración política” y presumiblemente de soporte económico, que lo deslindan de las corrientes más radicales de la región. El contrapunto obligado: la reanudación de relaciones con Cuba el día mismo de su arribo al poder.

La más grata sorpresa: la incorporación esperanzada de los jóvenes a la lucha cívica, muchos de los cuales no habían nacido en los años del fragor bélico. La noticia más triste: la continua referencia a Sudamérica y Centroamérica —con exclusión explícita de México, tanto como la deslucida presencia de su gobierno, repudiada por los militantes.

Cómo no recordar el papel jugado por nuestra diplomacia en la pacificación del istmo. Cuando las hostilidades estallaron en 1980 presentamos ante la ONU —pese a resistencias internas— la primera resolución sobre violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Al año siguiente suscribíamos el comunicado franco-mexicano, por el que pedíamos reconocer a los rebeldes como “fuerzas políticas representativas”. Creamos, junto con Colombia, Panamá y Venezuela, el Grupo Contadora, dirigido a detener la intervención de EU y terminar los conflictos armados en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. También para promover la democratización, afianzar la seguridad regional, restaurar el desarrollo económico y establecer vínculos institucionales de cooperación.

Ese esfuerzo —ampliado por los países “amigos” que luego se sumaron— cumplió un trayecto memorable con respaldo unánime de la comunidad internacional. Más tarde se convertiría en Grupo de Río, el esquema integrador —nunca consumado— de las democracias nacientes a una plataforma política latinoamericana.

Hoy se nos mira en el rincón de la historia y en el limbo de la geografía. Nuestro pecado mayor: el abandono de una transición necesaria y la consecuente ilegitimidad de los gobernantes. La ruptura de los pactos democráticos y su reemplazo por las complicidades oligárquicas.

En el trasfondo: la clausura de la identidad nacional por las élites y el extravío de los intereses trascendentes del país. La negación de la vía pacífica para el cambio puede empujarnos al abismo. Estamos frente a la última oportunidad para devolver constitucionalmente el poder al pueblo soberano.

Ex embajador de México ante la Unión Europea
29 Mayo 2009 03:37:17
Estrado sin Estado
A un mes de las elecciones ha estallado una guerra política que exhibe la naturaleza sectaria del gobierno, agudiza las polarizaciones y pone en riesgo la estabilidad del país. En el trasfondo: una economía que se precipita hacia el abismo y una inconformidad social en los linderos de la violencia.

Todo evento infortunado es motivo para una campaña gloriosa. El rey anda desnudo y famélico, pero aparece rozagante y temerario en las pantallas. El aumento imparable en el número de ejecuciones sirve para ilustrar la bravura de la autoridad y el acierto de una política contraproducente. La reacción tardía y tramposa frente a la epidemia se trastoca en heroísmo mundial.

Las críticas a la demagogia sanitaria se disfrazan de “insultos” a México y los efectos colaterales del pánico sobre la producción originan faramallas de reactivación mediática, que no turística. Las declaraciones de Miguel de la Madrid se vuelven armas para golpear al adversario, y sus penosas retractaciones, razón para exaltar la ruinosa política económica seguida hasta el presente.

Los publicistas de la derecha reinventan la “sociedad el espectáculo”, que domesticó las conciencias en el regazo neoliberal. Convierten la “doctrina del shock” —fundada en el alarmismo, la sobre información y la falsificación de los hechos— en “doctrina del show”, destinada a suplantar la realidad por la virtualidad. Una suerte de largometraje montado para durar hasta el 2012, y si pueden, hasta el 2018.

En ausencia de Estado instauran la hegemonía del estrado. En sus dos acepciones: como “tarima cubierta de alfombras, sobre la cual se pone el trono” y “sitio en el que se fijan las notificaciones judiciales”. El proyecto comprende tanto la exaltación inverosímil del gobernante como el uso arbitrario de sus poderes remanentes para desacreditar a los otros en tiempos electorales.

Tras las revelaciones del ex presidente, el gobierno —que ha denunciado los vínculos de sus antecesores con el crimen— estaba obligado a iniciar las investigaciones conducentes. Se abstiene para no denunciar la fuente de su ilegitimidad. En cambio, extrae selectivamente expedientes secundarios para arrinconar a sus contrarios. El empleo de la justicia como último reducto de un régimen, a la vez autoritario y agonizante.

Un sabio afirmó que la conducta de Calderón “mucho tiene de pueril y por tanto de perverso”. Los aprendices de brujo terminan siempre entre los escombros de su acción irresponsable. En este caso, la polarización creciente de la política, la economía y la sociedad. Un gobierno que apuesta a la fragmentación del país con el propósito insensato de condensar sus poderes de facto en ilusiones neofranquistas.

Son páginas inéditas de la antología de la reacción mexicana. Mucho dolor pueden aun causar, pero no prevalecerán. Así como un modelo económico requiere una correlación de fuerzas que lo haga posible, un diseño político necesita una estructura económica que lo sustente. La que tenemos es el puente más seguro hacia el precipicio.

El compulsivo presidente del PAN declara “estar orgullosísimo de Calderón, de su labor de seguridad y su manejo económico”. ¿De qué alimentan su orgullo los tontos? ¿De la ceguera o de la abyección? Su jefe asegura que “vamos por buen camino en materia económica” y se adorna con un galimatías: “Estamos en proceso de transición hacia la recuperación”.

Todas las cifras desmienten esa hipótesis. A no ser que el proceso que lleva a la transición y luego a la recuperación abarque varias décadas. Es irrefutable el desplome del PIB en 8.2% y la pérdida de medio millón de empleos en el primer trimestre del año. El “desastre” sin salida del que habló el director de la OCDE en su locuaz conferencia de Madrid.

Se añaden los 6 mil millones de dólares que han abandonado el país, los 500 mil hogares mexicanos que han dejado de recibir remesas y 63% de caída en las exportaciones petroleras. Sin contar con las pérdidas multimillonarias en turismo y el descenso de las ventas al exterior provocado por el abaratamiento del dólar. Sólo el ingreso por narcotráfico está como quiere.

Con mentira y contumacia nada va a corregirse. Dependemos de variables externas fuera de nuestro control y únicamente un cambio radical de estrategia enderezaría la nave. Nos queda todavía un tramo angustioso para recuperar el Estado por la movilización y por el voto. Lo demás es el caos.

Ex embajador de México ante la Unión Europea
15 Mayo 2009 03:55:15
Diputados, ¿para qué?
Las opiniones de quienes consulté el ofrecimiento del Partido del Trabajo para ser candidato a diputado federal resultaron divididas. Las familiares fueron en general reticentes; las que obtuve de ciudadanos y actores políticos aconsejaron claramente —aunque por distintas razones— que aceptara la postulación.

Coincidió la presentación de mi biografía documental en el Archivo General de la Nación, el 26 de marzo, con el límite de la decisión. Había preparado un final definitorio por el que cerraba un ciclo de mi vida pública. Ratificaba mi lealtad intelectual a la causa en la que milito y anunciaba que no aceptaría en adelante cargos de representación política.

Modifiqué el guión y solicité la benevolencia del archivo para acoger nuevos testimonios: “Los últimos episodios de un transcurso existencial”. El cambio de proyecto no fue fácil y en mucho se debió al súbito agravamiento de las tendencias cínicas y autoritarias que campean en el escenario del país.

Fui miembro del Senado en los inicios de la transición, como parte de una exigua fracción que tuvo la convicción para desafiar a una mayoría aplastante. Me correspondió más tarde —en un vuelco histórico— presidir la Cámara de Diputados como dirigente de la primera mayoría opositora y cancelar solemnemente la hegemonía del Ejecutivo sobre el Congreso.

¿Cuál podría ser hoy la función de un legislador dispuesto a confrontar la derechización de México y promover modificaciones en su estructura política? Depende en gran medida de la inclinación del voto ciudadano, pero también de la calidad y determinación de los representantes populares.

Primero son los medios alternos de comunicación con los electores, a fin de contrarrestar la manipulación oficial. El IFE tiene la obligación constitucional de atajar el manejo tramposo de la epidemia y de otra contingencia pública. En seguida, la movilización de las mentes en torno a las cuestiones centrales que se juegan en estos comicios.

Dos deberes son ineludibles: recuperar la división de poderes y replantear la reforma de las instituciones. Ningún sistema democrático puede funcionar sin el juego transparente entre gobierno y oposición. Ocurre sin embargo que en 2006 el PRI convalidó la elección espuria del Ejecutivo y estableció un oscuro contubernio que falsea la vida nacional.

Esta elección no restablecerá la normalidad democrática: Calderón será ilegítimo “hasta el fin de los siglos”. La cámara que de ella emerja podría no obstante devolver el poder a la sociedad mediante fórmulas consensuadas de participación ciudadana, que incluyen la revocación de mandato. Tendría que elevar la mira, recuperar la intransigencia y erradicar la componenda.

Es menester democratizar la cámara, clausurar el mandarinato parlamentario y restaurar la libertad de palabra de los legisladores. La soberanía popular se expresa en la rendición de cuentas y el equilibrio político eficaz. Mientras el Poder Legislativo no encare a fondo la impunidad estará traicionando su encomienda esencial.

El Congreso habría de ser el refugio del estado de derecho. Su misión cardinal es el combate a la corrupción. El seguimiento penal de los delitos contra el patrimonio público, la ejecución de los juicios políticos, la estrecha vigilancia de las acciones petroleras y todo intento de entreguismo, así como la creación de un observatorio social contra el abuso del poder.

Su responsabilidad con los electores es la elevación del salario, la soberanía alimentaria, una política racional de seguridad, el respeto a los derechos humanos y la recuperación de un proyecto nacional de desarrollo. Convertir la educación, la ciencia y la tecnología en los ejes de un progreso compartido.

México se precipita en una recesión económica, política y moral que clausura la esperanza de otra generación. Hace casi 30 años vamos en picada. El enemigo común es el neoliberalismo y las complicidades que lo sustentan. Nada menos que la alianza documentada entre las corruptelas del PRI y las venalidades del PAN.

Hemos entrado en la pendiente de un fascismo rudimentario y depredador. Un enjambre de cacicazgos económicos, servidumbres palaciegas y ataduras internacionales que han liquidado la noción de Estado. Ahumada es hoy el testigo inducido pero inequívoco de una deriva sistémica y criminal.

Es hora del coraje cívico, como en 1988 y en 2006. Lo que no hagamos por la vía pacífica nos va a ser cobrado por la violencia. Sostengamos la continuidad institucional de México a través de un Congreso digno e independiente. Votar en conciencia es nuestro deber patriótico.

Ex embajador de México ante la Unión Europea
08 Mayo 2009 03:57:33
El parto de San Lázaro
Al iniciarme como senador de la República me asombró la rutina aprobatoria de los tratados internacionales en sesiones secretas; esto es, con las tribunas y las curules vacías. Terminada la atropellada lectura de las minutas, los legisladores eran llamados por una chicharra hasta completar el quórum de levanta dedos.

Así eran ratificados sin debate instrumentos de la mayor relevancia. Acudí al archivo para saber si lo mismo había ocurrido tratándose de la Carta de las Naciones Unidas o la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Corroboré que no habían merecido análisis del Legislativo mexicano. Me dediqué entonces a comentar todos los que fueron sometidos al pleno, lo que contribuyó a elevar a 749 el número de mis intervenciones en tribuna. Cuando se aprobó, por ejemplo, el Convenio 169 sobre pueblos indios, advertí sobre la trascendencia de sus disposiciones, que de haberse acatado, hubiesen ahorrado trágicas confusiones.

Volvemos hoy, por obra de la transa, a las oscuras prácticas del viejo régimen. ¿Alguien sabe que el 23 de abril la Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos primero, 11, 33, 89 y 102 de la Constitución? Las despachó sin posicionamiento de los legisladores ni de los grupos parlamentarios, para esconder el vergonzante parto de los montes de un gran proyecto, madurado y negociado durante años.

El tema “Derechos humanos y libertades públicas” se convirtió en el 2000 en la columna de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado. Formulamos 21 propuestas y planteamos reordenar el título I de la Constitución, incorporando derechos fundamentales dispersos —como los laborales— y trasladando a otro capítulo los de los artículos 25, 26, 27 y 28.

En 2008, la CENCA sumó la participación de expertos, organizaciones civiles y representantes de instancias internacionales competentes. Partimos de una propuesta integral elaborada bajo auspicios del Alto Comisionado de la ONU. Su titular fue poco después removido por la incidencia del texto en la cuestión del fuero militar. Se recibieron mil 395 documentos de la sociedad y 143 propuestas de los partidos. Celebramos 62 reuniones de trabajo y presentamos a la subcomisión redactora 94 iniciativas consensuadas sobre: reconocimiento y protección de derechos humanos, derechos sociales y derechos civiles y políticos. Estas fueron remitidas, sin discusión en el pleno de la CENCA, a la presidencia de la Cámara de Diputados.

Varios grupos parlamentarios —excepto el PAN— rescataron el texto en abril de 2008, mediante una iniciativa que descartaba los derechos sociales y reducía a una tercera parte la propuesta original. Destaca la omisión de las disposiciones referentes a la radio y la tv, la personalidad jurídica de los pueblos indios y la conversión de tratados en leyes nacionales.

Un año más tarde aparece la diminuta iniciativa que acaba de votarse, que además contiene errores elementales y retrocesos. Dispone que el título I cambiará de nombre, pero no dice por cuál, elimina facultades de refuerzo a la CNDH y —contra del derecho de gentes— considera la decisión administrativa para expulsar extranjeros como “definitiva e inatacable”.

La pésima recepción del proyecto entre los senadores hace suponer que no tendrá destino. Encallado como se encuentra el de federalismo y municipalismo y extraviadas el resto de las iniciativas, la CENCA resultó un fiasco. Insistimos en un proceso de rendición de cuentas y en la convocatoria a un periodo extraordinario para la toma de decisiones conducentes.

Bajo endebles argumentos de “realismo legislativo” se ha roto el equilibrio de poderes, aunque una mayoría artificial de la cámara condene los abusos de Fox. Ello explica el golpe de mano de Calderón al Congreso, al suspender por decreto garantías individuales sin acatar lo dispuesto el artículo 29 de la Constitución.

Las facultades concedidas a la Secretaría de Salud en caso de “epidemias de carácter grave” se limitan a la esfera de su competencia y no podrían afectar derechos fundamentales, como lo hace la disposición presidencial.

Ahora el Ejecutivo inunda los espacios de la comunicación con su “salvamento de la humanidad”. La propaganda ha de ser institucional y no para la promoción de funcionarios y partidos. Al IFE corresponde detener el agravio y no cohonestar otra vez la violación del sufragio.

Ex embajador de México ante la Unión Europea

01 Mayo 2009 03:22:58
Secuestro electoral
Cuando la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, en 1972, acuñamos una frase esclarecedora: “No hay peor contaminante que la miseria”. Queríamos prevenir cualquier operación de los países avanzados tendiente a imponer pautas de desarrollo a los demás y colocar además el énfasis en la injusticia económica internacional y la degradación material generada por la desigualdad.

Unas son las causas de las enfermedades —su etiología— y otras las condiciones sociales y la debilidad institucional que contribuyen a su propagación y lastran su combate oportuno y eficaz. El caso de la influenza A/H1N1 diseminada en nuestro país es un ejemplo palmario de la incuria y la decadencia como detonadores de una PANdemia.

Los estragos que el huracán Katrina —agosto de 2005— provocó en Nueva Orleáns evidenciaron la mortandad incubada en la indefensión de la pobreza. Un reducto del tercer mundo —en medio de la opulencia— pagó elevado precio por las condiciones de insalubridad, marginación, precaria infraestructura, servicios públicos insuficientes y descuidos culpables de la administración Bush.

La tragedia fue utilizada para desencadenar privatizaciones, de acuerdo con la estrategia descrita por Naomi Klein en Capitalismo de shock. Las crisis debían ser aprovechadas para profundizar el modelo neoliberal, que era —paradójicamente— la causa última del desamparo y la excesiva mortandad.

Sin contar con la cínica manipulación política de la que fueron objeto el derrumbe de las torres gemelas en Nueva York y el atentado terrorista de Atocha en víspera de las elecciones españolas. Cada quien padece el fundamentalismo que le toca. El “comité de salud pública” de los jacobinos franceses los condujo a la guillotina y el nuestro está programado para la entronización de El Yunque.

La acción eficaz, la transparencia y la mesura son pruebas de la racionalidad del Estado. En nuestro caso deslumbra la exhibición de lo contrario. Aparecen datos sobre el conocimiento que tenían desde hace tiempo las instancias médicas respecto del probable desencadenamiento de la epidemia y la existencia de brotes específicos a finales del año pasado.

Debido a que en Estados Unidos surgieron casos de esta influenza desde diciembre de 2005, sus autoridades determinaron las sustancias idóneas para contrarrestarla. El Boletín de Práctica Médica divulgó aquí en diciembre de 2006 un catálogo de “acciones básicas ante una pandemia de influenza” y el Seminario Internacional de Influenza de octubre último predijo que podría precipitarse en razón de “los daños causados por la situación económica que atraviesa el mundo”.

Es claro que el 18 de marzo “expropiamos” el virus procedente del Canadá y que de inmediato comenzó su propagación: hospitalizaciones, diagnósticos erráticos, decesos y comunicaciones cruzadas entre autoridades de salud. Nada se hizo público durante las visitas de Sarkozy y de Obama, que tuvieron sin embargo limitantes por razones sanitarias.

No fue sino hasta el 25 de abril que el Ejecutivo desencadenó un operativo sigilosamente preparado. Reunión del Consejo Nacional de Salud, adoctrinamiento a los medios electrónicos y aparición de Calderón otorgando facultades de excepción al secretario de Salud. Decreto ostentosamente violatorio de garantías constitucionales.

Sorprende el silencio cuando no la complicidad del Congreso ante esta “dictadura sanitaria”. Remedo de la militarización del país y la declaración de guerra al crimen organizado. Esta vez Calderón no se vistió de médico, como entonces lo hizo de general, pero tal vez se disfrace —antes de las elecciones— para anunciar que ha derrotado el mal.

Asombra más la declaración del propio Ejecutivo en el sentido de que el país carece de los medios técnicos “capaces de identificar el diagnóstico, el tratamiento y la estrategia preventiva”, pero que en 72 horas los tendría, plazo que se ha prolongado indefinidamente. Como en tiempos de la Revolución: “Primero disparas y luego averiguas”.

¿Por qué México produce el mayor número de muertos? Si no somos un Estado fallido, nos parecemos mucho. Obedecemos a la definición de Fukuyama sobre la debilidad institucional de los países periféricos —la otra cara de la globalización—, que combina en el mismo saco apocalíptico terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, éxodos migratorios y epidemias que amenazan al “mundo civilizado”.

El proceso electoral obliga a una reflexión colectiva y una acción responsable. No podríamos aceptar el secuestro de la conciencia pública y la desmovilización ciudadana por la manipulación mediática. Cubrebocas sí, “cubrementes” no. El manejo de la salud debiera quedar en manos de expertos y su difusión confiada a la pluralidad política. Conjuremos el golpe de Estado sanitario.

Ex embajador de México ante la Unión Europea

24 Abril 2009 03:29:27
Fraude legislativo
Los jóvenes inquieren sobre los orígenes de la aterradora impunidad de la clase política. Difícil explicarlo de modo sucinto. La respuesta última quizá sea el bajísimo nivel de ciudadanía que ha permitido la reproducción de los vicios del pasado sin control alguno de la sociedad.

La precaria mejoría de los procesos electorales no condujo a renovar costumbres, valores e instituciones del antiguo régimen. Predominó el síndrome de la piñata: que el recipiente estallara para que los actores aplicaran su codicia sobre las golosinas. El reparto de los despojos públicos para beneficio de los poderes privados.

El abandono de la reforma del Estado y, peor aún, la utilización demagógica y ratonera del proyecto resumen el fracaso de nuestra transición. Así lo manifestó la asociación dedicada a impulsar la revisión integral de la Constitución en audiencia con el presidente del Congreso este día 15 para exigir rendición de cuentas.

En un análisis estricto referimos los antecedentes de la Ley para la Reforma del Estado, cuya vigencia concluyó hace un año con frutos deplorables. Fue en la crisis de enero de 1994 cuando el gobierno propuso una revisión cabal del andamiaje institucional del país: la “Moncloa mexicana”, la llamaron, que por las premuras del proceso comicial se contrajo a una reforma electoral sustantiva. Esos cambios determinaron la validez de las siguientes elecciones, reconocida por todos. En mayo de 1995 los diálogos recomenzaron con una agenda de cuatro apartados: relaciones entre poderes, descentralización política, democracia participativa y comunicación social, así como la “reforma electoral definitiva”, única asignatura cumplida.

Gracias a ella los candidatos de oposición alcanzamos mayoría en la cámara y el partido del gobierno dejó de ser hegemónico. Su fruto más acabado fue la primera alternancia pacífica en el Ejecutivo en toda nuestra historia, con independencia de lo funesto que fuera su desempeño.

Quedó la tendencia de modificar las reglas de juego para el acceso al poder y su distribución, en detrimento de la forma de su ejercicio y el fortalecimiento de los derechos ciudadanos. A contraluz, se evidenció la necesidad de revisar en serio las estructuras y relaciones políticas para acceder a una genuina democratización. De ahí el solemne lanzamiento, en 2000, de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado.

El abandono de ese proyecto es síntoma de la pequeñez gobernante y causa eficiente de la catástrofe política. Por ello concedimos nuestro “apoyo crítico” a la iniciativa de destrabar el proceso mediante un mecanismo de excepción: la CENCA, establecida en abril de 2007. Atraía la mecánica participativa, que permitiría conjuntar los aportes de especialistas, organizaciones civiles y legisladores. Sobre todo, la igualdad entre grupos parlamentarios y el carácter abierto de las deliberaciones. Los partidos presentaron formalmente 532 proyectos y de los foros ciudadanos surgieron 5 mil 656 propuestas.

Instituciones académicas ponderaron los contenidos y éstos se socializaron entre expertos, parlamentarios y asesores, mediante una considerable inversión de tiempo y recursos. Pero los liderazgos dominantes actuaron al margen de las normas y tanto la reforma electoral como la de seguridad y justicia procedieron de fuentes distintas de las propuestas procesadas.

Las cuestiones capitales relativas al régimen de Estado y de gobierno fueron ignoradas, incluyendo la democracia directa y la reforma constitucional sobre medios. Los intensos trabajos sobre derechos humanos —96 iniciativas consensuadas— y un proyecto coherente de 15 puntos para la reforma federal y municipal hasta hoy no han merecido trámite legislativo.

Ninguno de los acuerdos tomados y sometidos a la CENCA se ha convertido en ley, aunque algunos circulen como carnada para otras transacciones. Por añadidura, las reformas regresivas adoptadas en ese tiempo son contrarias a las propuestas presentadas.

Podría hablarse de un fraude a la ley. El Congreso debiera valorar el cumplimiento de las disposiciones que él mismo dictó y proceder en consecuencia. Se considera un periodo extraordinario de sesiones para ese efecto. También en la exigencia de responsabilidades a los partidos ante las autoridades electorales. Sería absurdo que volviesen a circular de nuevo las monedas falsas de sus promesas traicionadas.

Habría que imaginar un método innovador para semejante tarea. Tal vez la convocatoria a la Asamblea Constituyente del Bicentenario.

Ex embajador de México ante la Unión Europea

17 Abril 2009 03:52:04
El comal y la olla
Las descalificaciones que se han lanzado mutuamente los voceros más ruidosos del PAN y del PRI tienen varias interpretaciones pero un solo sentido. El propósito es posicionarse de cara a las elecciones intermedias como dos entidades independientes y confrontadas a efecto de polarizar en dos opciones las preferencias ciudadanas.

Es una disputa por territorios de poder —y de no poder— que han compartido a lo largo de dos decenios, desde que Salinas se coludió con los panistas para enterrar los vestigios de la Revolución Mexicana. El objetivo que los unió entonces, como volvió a amancebarlos en 2006, fue la entronización de un gobierno espurio que cerrara el camino a la insurgencia popular.

Se trata de un pleito de familia con sabor a hollín, ya que según el refranero, el comal le dijo a la olla: ¡qué tiznada estás! Puede verse también como un regateo por el botín en la hora del reparto, pero sería más exacto asimilarlo a las querellas dinásticas que preceden la caída de las casas reinantes. Discútase el sexo de los ángeles o el color de los billetes.

La cuestión a dilucidar es la culpabilidad oficial respecto del avance irrefrenable del narcotráfico y la violencia. Esa acusación del panismo contra el régimen anterior no es nueva. Viene de la campaña del 2000 y se expresa en la diatriba elemental contra “víboras prietas y tepocatas”, así como en la “teoría de las ratas” que se apoderaron del domicilio mediante la complacencia de sus moradores.

Renace por cierto con la denuncia de Gómez Mont sobre las “omisiones” del gobierno foxista: “Se vivió una paz simulada”. Aunado a revelaciones en torno a los vínculos tejidos en ese sexenio con El Chapo Guzmán —el narco guadalupano—, que presumiblemente se prolongan hasta hoy a través de los escondrijos nunca investigados de la Secretaría de Seguridad Pública.

En la trifulca del “fuego amigo” las ráfagas cruzaron al campo contrario y rociaron a granel las maltrechas famas de notorios emisarios del pasado. Éstos reaccionaron por la inverosímil denuncia de los métodos de la actual administración que hasta entonces habían apoyado: “Les aprobamos incluso leyes de excepción, en contra de las garantías individuales”.

Asistimos tal vez a las postrimerías de una nostalgia de dos vertientes: una derecha falangista, que a falta de un “generalísimo” defensor de la fe se conforma con un generalito protector del hueso; y otra —retrógrada sin remedio— dispuesta a cuadrarse frente a la mano dura, garante de sus reductos feudales. No contaban con el convidado de piedra: el fantasma irreductible de la ilegitimidad del gobierno. “Están ahí porque nosotros quisimos”, sin relación alguna con el sufragio.

No es sólo, como diría el gobernador costeño, que “el PAN no sabe gobernar y el PRI no ha sabido ser oposición”, sino que nunca quiso serlo. Los asaltos iniciales de la transición derribaron el sistema de partido hegemónico, pero dejaron intacta la estructura de la hegemonía neoliberal, de la que ambos partidos son sirvientes gemelos —para no hablar de la “modernidad” que enarbolan los palafreneros de izquierda.

Ante tal coagulación oligárquica el juego electoral está falseado y corremos el riesgo de bendecir el contubernio por inadvertencia. Dice Harvey que tras tantos años de adoctrinamiento, todos somos neoliberales sin saberlo. Corremos el riesgo de que una propaganda abrumadora nos condene a la complicidad pasiva con el “haiga sido como haiga sido”.

Los comicios venideros no restablecerán la normalidad democrática. Dentro de una lógica categórica las fuerzas democráticas podrían haber llamado al abstencionismo. Conviene sin embargo a la paz pública y a la continuidad institucional que el Poder Legislativo encarne una legitimidad residual, extraída de las oquedades del IFE y a contrapelo de la manipulación y del cohecho.

La verdadera oposición en el Congreso habrá de ser reducto contra la opresión y extensión natural del movimiento social. De modo alguno aval solapado a las fechorías del bloque dominante. No más préstamos multimillonarios que hipotecan al país a despecho de la Constitución. No más centros conjuntos que trasladan al extranjero decisiones estratégicas y militares reservadas a la soberanía mexicana.

No más simulacros abortados de reforma del Estado, mampara de mezquinas combinaciones de caciques parlamentarios. En adelante, cada voto por la transformación democrática deberá tener un correlato de firmeza, de honestidad y aun de sacrificio en el ejercicio de la representación popular. Ese es el compromiso.

Ex embajador de México ante la Unión Europea

10 Abril 2009 03:47:57
Raúl Alfonsín
Fue Raúl Alfonsín amigo leal y demócrata sin tacha. Heredero de una limpia tradición liberal, adversario de una sangrienta dictadura y constructor de nuevas instituciones, creyó que el avance político “es la lucha permanente por la extensión y profundización de los derechos humanos”.

En su batallar contra el régimen autoritario generó la vía civil para el cambio con la consigna “Elecciones libres y sin proscripciones”, en contraste con la alternativa armada: “Ni golpe ni elección, revolución”. Su arribo a la Presidencia de la República en 1983 fue una bisagra histórica: clausuró los gobiernos militares y cerró la era de los golpes de Estado.

Alfonsín dirige una de las más complejas transiciones democráticas que hayan ocurrido. Resuelve el pasado sin turbias negociaciones y sólo condona lo necesario para salvar la paz; afronta un ejercicio de turbulencia política y desastre económico e impulsa la reforma del Estado con imaginativa lucidez en la conducción y la práctica incansable del diálogo.

En un país lastrado por el militarismo fue un humanista sin ejército. A diferencia de otras transiciones sudamericanas, decidió castigar a los responsables de los crímenes. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas produjo el informe “Nunca más” y un tribunal civil condenó a los principales culpables, incluyendo a las cabezas de las juntas: Videla, Massera, Viola y Lambruschini.

La resaca castrense se desató. El presidente sorteó amenazas de levantamiento a contraluz de la exigencia multitudinaria de mayores castigos. A ello se debe la expedición de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida que, sin decretar el indulto, cerraban el expediente. Logró la primera alternancia pacífica desde 1916 y al sucesor correspondió reabrir los casos.

Tan frágil embarcación fue embestida por la hiperinflación y la avalancha de la deuda externa. Principal promotor del grupo Cartagena, diseñó un club de deudores, encabezado por Argentina, Brasil y México, para enfrentar regionalmente la crisis. Ante la defección de nuestro gobierno, la moratoria colectiva se desactivó y dio paso a la dominación neoliberal.

Latinoamericanista de excepción, al llegar al gobierno acató el laudo sobre el diferendo austral —rechazado por la dictadura— e hizo la paz con Chile. Promovió la integración con Brasil y fijó las bases para conformar el Mercosur. Articuló en ese hemisferio el grupo de apoyo a Contadora para la pacificación de Centroamérica, que desembocaría en el Grupo de Río.

En su libro Democracia y consenso narra la reconstrucción institucional. Como presidente cumplió la primera etapa de la “reforma pactada” mediante el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Los lineamientos del proyecto nos son familiares: límites al Ejecutivo, rendición de cuentas, fortalecer el Legislativo, descentralización federalista y municipal, regular a los partidos y democracia participativa.

El poder no le alcanzó para culminarlo. La Constitución se aprobaría ya en el periodo de Menem y Alfonsín arriesgaría su prestigio de opositor con la suscripción del Pacto de Olivos. El resultado no fue idéntico pero logró salvar lo esencial: establecer un “Estado legítimo”. Evitó una “reforma retrógrada” y “la constitucionalización del nuevo modelo económico”.

Aprendió que “para ser demócrata no basta con amar la libertad”, sino “crear los fundamentos para que ésta pueda realizarse”. Se alejó de los prejuicios “anticolectivistas” de su partido y asumió la doctrina del Estado de bienestar. Tuve ocasión de apoyarlo en el cabildeo —interno y externo— para el ingreso de la Unión Cívica Radical a la Internacional Socialista, de la que sería vicepresidente.

Raúl fue ante todo un hombre inteligente, cálido e incorruptible: “ética política y austeridad a toda prueba” fueron sus valores. El retorno a la democracia significó la repatriación de la diáspora argentina, coincidente con la de otros países del sur, que reverdecía el mensaje de Vasconcelos y propalaba la gratitud a México.

Varios comensales me relataron una escena social, en la que, de modo prudente, Alfonsín sugirió a De la Madrid que, frente a la emergencia del 88, tomara “el toro por los cuernos” e impulsara un salto democrático. A lo que éste respondió escuetamente que nuestro país era ya una democracia consumada.

La suerte de las transiciones depende en mucho del tamaño de sus dirigentes. La nuestra ha tenido, por la pequeñez y la codicia, un destino tan indigno.

Ex embajador de México ante la Unión Europea

03 Abril 2009 03:22:25
Derecho para matar
La intensa semana de declaraciones entre México y Estados Unidos transcurrió bajo el signo del doble lenguaje. Inaugurada por la glamorosa visita de la señora Clinton, en contraste con la contundencia acusatoria de la secretaria de Seguridad Interna, culminó con la entrevista de Obama, fuente adicional para interpretaciones encontradas.

Hillary vino a formalizar la conversación de Washington entre los presidentes, cuando uno no entraba todavía en funciones. Pretendía ampliar los puntos de la agenda, excesivamente concentrada en la seguridad. Pero su tarea primordial era la diplomacia pública: cautivar a la sociedad y decirle al gobierno que ellos no piensan lo que ostensiblemente piensan.

Mientras tanto, la señora Napolitano asentía con el senador McCain que está en peligro la “existencia misma de México”: la acepción de Estado fallido referida al país mismo, no sólo a sus instituciones. Reconoció el “plan de contingencia” destinado a responder “al peor de los casos”; iniciativa del Pentágono ante la posibilidad de un “colapso” de nuestro país que infestaría la Unión Americana.

En el otro extremo: la conciencia crítica estadounidense y la racionalidad del discurso demócrata. “Oscilan entre la histeria y el mea culpa”. Descubren, antes que nuestro gobierno, las falacias de la apertura neoliberal y de una estrategia catastrófica, fundada en la presión política contra el productor y el rescate de las divisas. Admiten, en fin, que es “un camino de dos sentidos”.

La confesión de la DEA, “el combate al narcotráfico en EU ha sido un fracaso”, abre puertas insospechadas. Tanto como el aserto de la secretaria de Estado sobre la incapacidad de su país para “evitar el contrabando de armas” y frenar “la insaciable demanda de drogas”, que “entrega cada año al crimen organizado un arma de 25 mil millones de dólares”.

De ahí a proponer un cambio de modelo dista un abismo. Se encuentran atrapados a un tiempo por la exigencia de seguridad de sus compatriotas y el llamado al rescate del agónico gobierno mexicano. Si optaran por la línea dura, no se limitarían a aportar el equivalente de un día de la guerra de Irak. Si decidieran cambiar radicalmente la tonada, no tendrían la cooperación de un vecino enconchado que rechaza la revisión del TLC.

En la circunstancia, imponen la creación de una sospechosa “oficina bilateral”, cuya naturaleza jurídica resulta indefinida. Más que expresión de responsabilidad compartida, se antoja un paso hacia la dilución de soberanía. Una medida en apariencia inocente pero cargada de sentido pragmático, como la pregunta de Hillary ante la espléndida imagen de la Guadalupana: ¿y quién la pintó?

La cereza sobre la confusión fue la comparación de Calderón con el legendario Eliot Ness. Si el ánimo de Obama hubiese sido exaltar a su homólogo, el símil hubiera sido con un estadista como Jefferson, un mariscal como MacArthur o un héroe de la justicia blanca, como John Wayne. Enfundarlo en las cartucheras de un agente policiaco no parece encomio sino emanación del subconsciente.

La entrevista tiene dos vertientes. Una, difundida de inmediato por las agencias internacionales, acentúa afirmaciones enormes: que “la violencia en México está fuera de control” y que, si bien “no es una amenaza existencial para las comunidades de la frontera”, es evidente que “se ha salido de las manos”. Otra —alentada por Notimex— destaca la infortunada comparación, con el propósito de servir al patrón. Llovido sobre regado.

La reacción doméstica fue errática. Desde quienes agreden: “No queremos un policía de presidente”, hasta quienes se indignan: “Obama está perdido en series de televisión” y piden una nota diplomática de protesta. La verdadera cuestión reside en el mensaje subliminal.

El declarante sabe que el arresto de Capone no terminó con el crimen, sino lo multiplicó. En sus palabras: “Enfrentamientos que frecuentemente generan más violencia... estamos viendo que eso estalla”. Sabe también que fue Roosevelt quien encontró años más tarde la solución por la legalización del alcohol y el combate a la corrupción.

Debiera recordar que el lema de los intocables era “permiso para matar”, esto es, autorización ilimitada para violentar los derechos humanos. ¿En dónde quedó la denuncia de las atrocidades de guerra y el cierre de Guantánamo?

¿Cuál congruencia entre la exculpación verbal del Estado fallido y el envío como embajador de un experto en ingobernabilidad? La aceptación de la mentira ajena es el comienzo de la propia.

Ex embajador de México ante la Unión Europea
27 Marzo 2009 03:56:35
Memoria y democracia
Ayer se presentó en el Archivo General de la Nación el conjunto de testimonios escritos y gráficos que dan cuenta de mi paso por la actividad pública. El fondo lleva mi nombre y queda enmarcado dentro del Programa de archivos contemporáneos de México, cuyo propósito es “incorporar acervos que permitan a los investigadores tener acceso a documentos de la vida política y social del país”.

El proyecto comenzó con la incorporación de la memoria fotográfica de la revista Tiempo y los 3 millones de fichas que Jaime González Graf elaboró para el Instituto de Estudios Políticos. La ceremonia fue un llamado abierto para que otras personalidades e instituciones contribuyan a poblar con testimonios plurales la futura sede del archivo.

Se acogió además la decisión de trasladar los documentos de Adolfo Aguilar Zinzer, hasta ahora depositados en El Colegio de México. Su clasificación y estudio permitirá, entre otros fines, la edición de una obra incluyente sobre nuestra presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

A ese propósito están hace tiempo preparados los textos relativos al periodo en que me correspondió (1980-1981), y la Cancillería se ha allegado los del pasaje de Luis Padilla Nervo (1946). Si no se vencen a tiempo las resistencias oficiales, originadas en el temor comparativo con el presente, habrá de ser empresa enteramente académica. Ese programa podría ser el eje de discusiones articuladas sobre el México actual. Un seminario permanente en torno al entramado cultural, político, económico y social que da cuenta del presente. Una ocasión para reunir las voces de los actores relevantes, generar aportaciones a nuestra historia oral y nutrir tanto la discusión política como la toma de grandes decisiones nacionales.

Estos empeños son coincidentes con los cánones de la transparencia, tanto en su sentido ético como en sus implicaciones prácticas. Se inscribe en la necesidad de fomentar una cultura ciudadana y de exigir responsabilidad cabal de sus actos a los detentadores de poderes públicos. Estoy convencido de que sin conciencia compartida no hay nación y sin memoria no hay democracia.

En palabras de Maurice Duverger: “Un obstáculo infranqueable para los investigadores son las cajas fuertes de los políticos”. Los de México no fueron proclives a ofrecernos revelaciones escritas ni biografías verosímiles. Hay excepciones notables de luchadores de oposición y altos funcionarios. Abundan libelos justificativos y pendencieros de actuales militantes; pocos son esclarecedores y de los secretos de Estado no existe rastro.

Los testimonios documentales de las tareas públicas no han corrido mejor suerte. La mayor parte, dispersos o desaparecidos; otros en domicilios privados o fundaciones, expuestos al olvido, la rapiña y la incuria. Los de mandatarios mayores, inhumados en extravagantes mausoleos, repletos de obsequios, diplomas, retratos y libros encuadernados, donde los documentos no aparecen.

El camino elegido por el archivo es promisorio: contribuir a la nacionalización del saber o, al menos, a la preservación y socialización de objetos de conocimiento irremplazables. Aligerar a los descendientes de una carga de manutención delicada y restringida consulta y fortalecer la dimensión educativa de las instituciones encargadas de custodiar nuestro patrimonio.

Estimo un singular honor ser el primer mexicano vivo cuyos testimonios han sido acogidos por el archivo. Jamás tuve afición por el coleccionismo, pero una formación rigurosa me indujo al trato cuidadoso con los objetos y respetuoso con aquellos producto del quehacer y del espíritu humano. A partir de mis primeras encomiendas como funcionario el gusto por preservar documentos se volvió responsabilidad en el ejercicio del cargo.

El acervo se multiplicó a la medida de puestos y encomiendas progresivamente relevantes o complejas. En las tareas diplomáticas es más preciso, por su propia naturaleza; en las funciones partidarias más difícil, ya que fue menester remontar la cultura del sigilo. La documentación parlamentaria resulta abrumadora, por el caudal de intervenciones a que me obligó una feroz oposición.

Los interesados hallarán fragmentos numerosos de arquitecturas inconclusas y algunos de faenas consumadas. Planes e iniciativas al lado de pesquisas intelectuales, debates políticos e informes de ejercicios cumplidos. No encontrarán “bazar de asombros” ni piedra de escándalos, pero tal vez sí una alacena de sueños. Ahí yacen trozos de vida disecados que cuentan una terca esperanza; piezas sueltas de un edificio por levantar y vislumbres entretejidos de nuestro proyecto esencial: la instauración de una nueva República.

Ex embajador de México ante la Unión Europea
20 Marzo 2009 03:30:11
Liderazgo continental
Más allá de las fronteras políticas aparece el imperio mutante de las civilizaciones. Los polos de poder se desplazan por la acumulación virtuosa de capacidades estratégicas, científicas, económicas o militares. Así ha ocurrido con el Brasil, cuyo liderazgo continental es hoy indiscutible.

La presencia de Lula en Estados Unidos marca el renacimiento del diálogo norte-sur, enterrado por la prepotencia neoliberal. No tanto porque su entrevista con Obama sea la primera que éste realiza —ya en funciones— con un líder de los países emergentes, sino porque el visitante habló por todos nosotros, de modo directo o indirecto, pero sobre todo en el alcance conceptual.

Suele hablarse de “química” en este género de encuentros, como ardid publicitario para exaltar una relación con argumentos intangibles, aunque nada importante haya ocurrido. Esta vez habría que hablar de bioquímica —sin alusión a la presencia del etanol en las conversaciones— por la evidente empatía libertaria y humana entre los gobernantes. Fueron el retrato vivo de la igualdad.

El encuentro generó guías preparatorias para las dos cumbres próximas: la del G-20 y la de las Américas. Las tesis sostenidas por el brasileño en Nueva York y refrendadas en Washington ubican la crisis más allá de la desregulación financiera y sus efectos devastadores sobre el crecimiento y el empleo. Apunta a la “irracionalidad de los conceptos económicos que se creyeron eternos” y llama a la “reforma cabal de las instituciones para una nueva gobernabilidad global”.

Ante la comunidad financiera dio lecciones de economía heterodoxa. Explicó las razones por las que su país ha salido ileso de la crisis y creado 11 millones de empleos en seis años. La reconversión energética y tecnológica, la primacía del mercado interno, la defensa de sus exportaciones, los controles sobre el sistema bancario, la integración regional, la coherencia programática y, sobre todo, la autonomía política que han ejercido.

Asumió la defensa de los latinos, “cuyo aporte es esencial en la edificación de la nación más rica de la Tierra”. Actuó como portavoz de los países de la región, a los que conoce —dijo— “como la palma de su mano”. Ninguno lo desmintió; antes bien, varios dirigentes se identificaron explícitamente con su línea política. Así Mauricio Funes, presiente electo de El Salvador.

Condecoró pomposamente al propio Álvaro Uribe y hasta le hizo un “quite” a Calderón. “La relación interregional no se reduce a la cuestión del narcotráfico —afirmó—, nuestro problema es el desarrollo”; “debemos construir una relación de confianza, no injerencia y compaginación política y económica”. “No la alianza para el progreso de los 70, sino una asociación de países prósperos”.

Expuso esquemas de cooperación horizontal y de producción a gran escala, tanto para el universo sudamericano como para Centroamérica, el Caribe y la misma Unión Americana. Casi todos relacionados con la generación de biocombustibles y combustibles mixtos, que en Brasil alimentan a más de 90% de los vehículos. Soluciones para todos como divisa.

La petición formulada a Obama de “aproximarse a Bolivia, Cuba y Venezuela” es una raya en el agua de la autoridad política. No hubo oferta de mediación, sino replanteamiento histórico: dar vuelta a una larga página que —mucho antes de la guerra fría— arranca con la independencia de nuestras naciones. Fue enfático: “No hay razón política o racional para que Cuba y EU no restablezcan relaciones”.

Ecos nostálgicos percibimos de lo que fue en tiempos idos la mejor política exterior mexicana. Los argumentos de hoy: “El crecimiento alto y sostenido de la mayoría de los países del sur” y “la rica experiencia democrática” que se despliega en América Latina. Las exitosas innovaciones económicas, diversas de los dictados del ALCA y la búsqueda de modelos políticos endógenos que se apartan de cánones liberales de importación.

Semejantes razones a las que exhibe hoy la política estadounidense para retirar sus tropas de Irak debieran conducirla a retraer añejas políticas imperiales en nuestras tierras. Ese es el mensaje que celebro como latinoamericano y amigo leal del Brasil. Pero ¿no sería el momento de adelantar un proyecto de integración, que trascendiera liderazgos personales, ideológicos o nacionales?

Duele el trazado implícito de un México enano. El drama de una gran historia suplantada por una irremediable pequeñez. El eje ancestral del continente transmutado en una Alaska montañosa, tropical y corrupta. Explica la emergencia de regresar cuanto antes al pueblo su soberanía para que elija gobernantes proporcionados a la coyuntura y a la dimensión del país.

Ex embajador de México ante la Unión Europea

13 Marzo 2009 03:10:30
El rescate fallido
Esta no ha sido la presencia más exitosa de un presidente de Francia. Ni para el visitante ni menos para el anfitrión. Imposible olvidar el mensaje del general De Gaulle en 1964, cuando desde Palacio Nacional confirmó el llamado hecho en Quebec por la independencia de las naciones latinas de este continente.

Giscard d’Estaing se mostró inteligente y eficaz durante su estadía en el momento más alto del boom petrolero (1979). François Mitterand hizo gala de enorme talento durante su visita durante la cumbre de Cancún (1981) y Jacques Chirac exhibió aplomo profesional en su visita de Estado (1998) y en las cumbres de Monterrey y Guadalajara (2004).

Ante la gravedad de la crisis y en la víspera de la reunión del G-20, tenía Sarkozy la oportunidad para la propuesta innovadora que asociara a los países emergentes. En vez de ello, el pensamiento retrógrada y la advertencia inútil: la invitación a “volver a los valores y fundamentos de la economía de mercado” y el rechazo a “toda tentación proteccionista” dirigido a quienes carecen progresivamente de divisas para comprar en el extranjero.

El talante del mandatario me hizo recordar la descripción del alcalde de París, Bertrand Delanoë: “Su principal virtud es la energía y aun sin ella, el gusto del poder”. “No es liberal, sino conservador; pretende imponer la presencia de un Estado que al mismo tiempo desmantela”. “Su inoxidable descaro y su inclinación a lo ruidoso no me parecen compatibles con la dignidad de su cargo”.

Hay algo en el personaje que sabe a liderazgo barrial, subrayado por la belleza felina de su conyuge. En el Senado fue él mismo cuando se apartó del texto escrito. Dos pasajes esclarecedores. El primero, la convocatoria para que cumplamos las “responsabilidades que nos incumben a escala global”. ¿Cómo? Pagando el “precio de la sangre” mediante el envío de soldados a operaciones internacionales. Ciertamente, “el mundo espera todavía más de México”. Nosotros también. No es sin embargo por las armas que vamos a refrendar nuestras contribuciones a la paz y a la vigencia del derecho de gentes. Requerimos la redefinición del interés nacional y una diplomacia creativa regida por una política soberana.

Las fuerzas armadas a que los estados deben contribuir son las que dependen del Consejo de Seguridad y no las “autorizadas” por éste. Existen además otras modalidades de “mantenimiento de la paz” en las que México participa y a las que aporta 32 millones de dólares anuales como primer contribuyente latinoamericano.

Naturalmente hay un debate interno sobre la salida de tropas al extranjero, pero es de carácter constitucional. Lo hay también en Francia, por lo que respecta al monto de sus efectivos en Afganistán. La oposición pugna por su reducción, mientras el primer ministro argumenta que son apenas el séptimo país contribuyente. ¿Pretenderán acaso que les ayudemos a cargar el costal?

Su otra tirada extendió los ecos de la legión extranjera al salvamento de una francesa. Acto de propaganda interna en asunto poco compatible con la visita de Estado. México ha defendido tenazmente a compatriotas sentenciados, por las vías diplomáticas o acudiendo a tribunales internacionales; no mediante el escándalo político.

A la acción aparatosa de García Luna cuando la captura había que responder con un gesto igualmente teatral. Tempestad en un vaso de vino. El gobierno francés no objeta la actuación de la justicia mexicana, ni en el fondo ni en el procedimiento. Sólo invoca una convención sobre traslado de personas condenadas.

Es uno de los acuerdos humanitarios del Consejo de Europa cuya suscripción promoví. Busca compartir la carga de la prisión entre el país juzgador y el de origen, a petición del interesado. Sólo es obligatorio en “razón de la edad o del estado físico o mental” del reo. El trámite es expedito, siempre que haya sentencia definitiva, lo que no es el caso.

El traslado no se efectuará cuando falten menos de seis meses para la extinción de la pena y procede cuando ha transcurrido un tiempo razonable de cumplimiento. Establece un comité para la “solución amistosa” ante cualquier dificultad”. A qué tantos brincos si la cárcel está tan pareja.

La “comisión binacional” concedida es una desmesura y una violación expresa de la convención. Ese es el tamaño de nuestros precarios gobernantes, incapaces de una negociación rutinaria e impotentes ante el primer golpe sobre la mesa.

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)
06 Marzo 2009 04:15:46
La megachafez
El desmesurado salario que se asignaron los consejeros del IFE ha desatado indignación generalizada e implacables descalificaciones. Destaca la desproporción entre la magnitud de las remuneraciones y la pequeñez de los beneficiarios, así como la desfachatez de los titulares de los órganos encargados de salvaguardar el orden democrático.

Las cifras agreden la sensibilidad de un país hambriento. Acusan el abismo entre un pueblo angustiado y un estamento tecnocrático, improvisado y voraz. Ofende más el desprecio que el dinero. Los “megasalarios” son expresión de una megachafez. Un acto “de mala estofa” que exhibe la “baja calidad” y la “burda naturaleza” de quienes lo perpetraron.

Autor central del engendro, Leonardo Valdés defiende la “legalidad” de la decisión, pero además su valor “moral”. Esto es —en su primera acepción—, que “no pertenece al orden físico o jurídico”, sino a la “apreciación de la conciencia”. Ésta es tan discutible que mejor valdría aplicar la segunda: “árbol que da moras”, siendo éstas “fruto de pulpa jugosa”.

La acumulación de agravios apenas deja espacio a la reflexión. Dos vertientes se imponen. La primera alude a una causa fundamental de la desigualdad: la diferencia astral entre los salarios, estimada por los neoliberales como un mecanismo del mercado, en olvido de que éstos derivan de políticas públicas deliberadas.

Según estadísticas continuas de la OIT, el país “con mayores diferencias salariales por región, rama de industria y unidad de empresa” es México. Estamos frente a una política de Estado, avalada por los congresos y expresada en los presupuestos. Por decreto, los de arriba deben ganar todo lo que sea posible y los de abajo sólo lo necesario.

La distancia salarial en el sector privado es ilimitada en ausencia de gravámenes proporcionales a los altos ingresos de las personas. En las dependencias federales, nominalmente es de 46 a uno; pero aunadas prestaciones puede llegar ser superior a 100 veces (más de 300 mil el secretario contra 3 mil el modesto empleado). La reconstrucción del régimen de castas por la ventanilla de pago.

Los organismos internacionales tienen como norma que esa diferencia no sea mayor de cuatro veces. El concepto de República exige que el funcionariato sea un cuerpo igualitario, regido por la ética del servicio. La “digna medianía” juarista, al margen de la codicia y de la puja mercantilista en que incuba la corrupción.

Se ha recordado que, al constituirse el IFE como órgano constitucional, los consejeros decidieron fijarse un salario inferior al que la ley permitía. Ello no menguó en nada su independencia, sino antes bien incrementó su autoridad. Al contrario de quienes se otorgan un ascenso descomunal, que exhibe doblemente su subordinación a los poderes reales.

Sugiere Navalón que los susodichos no son “jacarandas indias”; traducido al mexicano diría que no tiene la culpa el consejero sino el que lo hizo compadre. Lo que está en duda es su procedimiento de selección, los intereses a los que sirve y el perfil decreciente de los nombrados.

El acuerdo original de 1994 —refrendado en 1996— era que el Consejo se integraría por el consenso de las fuerzas políticas. Ello se tradujo en memorables designaciones que luego se degradaron en la rebatinga parlamentaria. Se impuso la práctica del veto, que a fuerza de descarte se convierte en un sistema de cuotas.

Veto es “el derecho a impedir una cosa” en tanto que consenso es un “asentimiento colectivo de acuerdo a objetivos compartidos”. Éstos eran asegurar “la máxima imparcialidad del órgano y la calidad de sus decisiones”. Ahora es una tajada en el botín patrimonial de los partidos.

El único avance cierto de la transición, la democracia electoral, está en entredicho. La sumisión de los órganos responsables a los poderes locales y nacionales es manifiesta. La corruptela mediática y la compra de votos se han enseñoreado nuevamente. Es preciso atajar la decadencia para salvar la paz.

La intervención de los partidos en la conformación de las instituciones electorales es propia de los periodos de cambio entre la hegemonía y la pluralidad política. Casi ninguna Constitución la consagra en las democracias maduras. La designación corresponde a consejos de Estado, a propuesta de entidades académicas y civiles.

Debiéramos volver al punto de partida. Reconstruir desde su segmento electoral el andamiaje de las instituciones. La sociedad enfrentaba antes un solo adversario político, ahora cuenta con tres. Habrá que derrotarlos.
27 Febrero 2009 04:30:30
El salario del hambre
Estuvo de moda en la segunda posguerra una cinta de Georges Clouzot: El salario del miedo. Sus personajes arrostraban riesgos insólitos a cambio de una paga miserable. Hace 40 años se ha instalado en México una política cleptómana, que ha despojado progresivamente a los asalariados del fruto de su trabajo.

Se ha configurado un “salario del hambre”, que retribuye a los trabajadores sólo una tercera parte de lo que percibían al inicio del ciclo depredador. El salario mínimo —en abierta contradicción con el mandato constitucional— ha perdido 78% de su poder adquisitivo, y el salario promedio, 63% desde 1982.

Al tiempo que abríamos las fronteras a la circulación de mercancías, servicios y capitales aceptábamos limitaciones indignas al tránsito de personas, en vez de incluirlas en el TLCAN, como ocurrió en la integración europea. Las disposiciones laborales de ese instrumento quedaron confinadas en “acuerdos laterales”, sin fuerza obligatoria alguna.

El diferencial de salario básico entre EU y México —que en los 70 llegó a ser de cuatro a uno— hoy es de 15 a uno. La migración se ha vuelto una catapulta transfronteriza que compensa el valor del trabajo en el mercado regional, cuando debiese haberse dispuesto —como en Europa— su igualación gradual a efecto de frenar el éxodo mediante el desarrollo.

Semejante patología es causa eficiente de la crisis. Deprime la demanda, estrecha el mercado interno y castiga a la producción en beneficio de la economía financiera y la concentración monopólica. La salida del atolladero exige una recuperación drástica del salario, que a su vez sería reproductora del empleo y cimiento de la cohesión social.

Entre nosotros la política salarial es una obligación de Estado por disposición de la Constitución. Así, la fijación de los salarios mínimos, aquellos “suficientes para satisfacer las necesidades de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación de los hijos”. Actuar en contrario es una severa violación del estado de derecho.

Es también imperativo que la rectoría económica conduzca a “una más justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos y las clases sociales”. Resulta apenas creíble que, al tiempo que se promulgaban estos deberes constitucionales en 1983, comenzaba a imponerse en el país el dictado neoliberal de la desigualdad. La apoteosis de la simulación.

Todo modelo económico reposa sobre un sistema de relaciones de poder. El vaciamiento social de la política económica obedeció a la entronización de tecnócratas que suplantaron los fundamentos populares de la soberanía por la entrega al extranjero de las decisiones estratégicas y la supremacía de los intereses privados. El pecado mayor de la transición fue su incapacidad para transferir poder a los ciudadanos.

Se discuten la extensión, profundidad y duración de la crisis. Menos las transformaciones políticas que requerirían implantar cambios económicos sustantivos. De las grandes depresiones y conflagraciones han emergido nuevos regímenes, como el socialismo, el fascismo y el populismo. También los equilibrios que en su tiempo alcanzó la socialdemocracia.

La era del liberalismo político llega a su fin. Sobre ella se encaramaron los poderes fácticos ahora desacreditados. Se barrunta el surgimiento de nuevos actores colectivos que no pueden ser únicamente el poder mediatizado del sufragio ni los movimientos de masas. El péndulo apunta hacia el robustecimiento de las identidades y poderes locales y hacia una enérgica reaparición de las organizaciones de clase.

En 1938 Keynes escribió al presidente Roosevelt sobre las medidas de recuperación económica: “El crecimiento de la negociación colectiva resulta esencial”. En esa línea, Obama ha reiterado la necesidad de revertir políticas antagónicas al sindicalismo: “No veo a las organizaciones de trabajadores como parte del problema; son parte fundamental de la solución”. Los salarios y condiciones de trabajo efectivamente pactados entre empresas y sindicatos han sufrido, incluso en México, mucho menor deterioro que el resto de las remuneraciones. Los países, desarrollados y emergentes, que han preservado mecanismos de democracia social reflejan tasas más elevadas de crecimiento y mejores índices de recuperación.

Ante la agresión del gobierno contra la estabilidad en el trabajo debe articularse una respuesta eficaz de la sociedad civil y de las organizaciones gremiales. Debe limpiarse ante todo la cloaca corporativa que ha sido cómplice de la explotación.

20 Febrero 2009 04:12:04
Minisexenio
La celeridad con que ocurren todo género de desgracias, ejecuciones, protestas, críticas y torpes reacciones de una autoridad acorralada hacen pensar en el estertor del gobierno. La tragedia es que nada hay previsto para reemplazarlo y que la escasa esperanza disponible comienza a depositarse en dudosas elecciones intermedias.

La autoestima nacional ha llegado tan bajo, que sólo se ofrece a la población confiar en instancias que notoriamente desprecia: la clase política coagulada en partidos. A pesar de los “vividores”, “con esos bueyes hay que arar”, expresó el empresario ultramontano Lorenzo Servitje, e hizo votos porque una “copiosa votación” saque al Ejecutivo del atolladero.

Como éste “no tiene el apoyo de la ciudadanía y la labor del Congreso va a ser mínima”, apela a una suerte de plebiscito inspirado en la caridad cristiana. Afirma con sabor a presagio: “El pobre señor Presidente está a punto de terminar su mandato —digo algo muy serio—, lo va a terminar de hecho, no de derecho, es muy probable”.

El pobreteo, que no la confianza en el liderazgo, como salida de la crisis. Y lo más agudo: el pronóstico de un minisexenio ante la impensable eventualidad de que la ciudadanía aclame en las urnas al mandatario menguante. La aceptación de que México está a punto de ser una nación descabezada y a merced de la voracidad de políticos feudales reciclados, intereses privados insolentes y criminales regocijados por el hundimiento del PANtanic.

Da pena ajena escuchar las mentiras y gracejos pueriles con que Calderón y sus corifeos pretenden evadir realidades inocultables. Igual se trate de la respuesta visceral a Carlos Slim —que confirmó presagios advertidos por las agencias internacionales—, del exorcismo cotidiano contra “todos los catastrofismos” o de la metáfora del “infarto en el corazón financiero”, según la cual nuestro país sería sólo un entramado de venas periféricas.

Azora el páramo intelectual del Ejecutivo para ponderar incluso problemas de origen anterior a su ejercicio. Así, los efectos de la adhesión servil al Consenso de Washington, reconocidos hoy por sus mismos promotores, o la corrupción acumulativa que ha corroído el aparato del gobierno y capturado sus decisiones. Ello explica que culpe a la ciudadanía, esto es, a “la tolerancia de la sociedad”, la “penetración de la barbarie en pueblo y gobierno”.

El país vive un tiempo de concentración histórica del que depende la viabilidad del Estado-nación. Es preciso ser rigurosos en el juicio y creativos en la propuesta. Distinguir los niveles y causas de la degradación de las instituciones públicas, la disolución del tejido social y el naufragio de nuestra economía, para poder atacarlos a la vez de manera específica y concatenada.

Rechazar sin análisis la expresión Estado fallido es propio de avestruz amedrentada. Ciertamente, su empleo desde el exterior tiene resonancias intervencionistas, pero no así su connotación técnica. En el índice de la Fundación por la Paz se clasifican así los países “con mayor riesgo de colapso por sus problemas sociales, económicos, militares y políticos”.

Noam Chomsky, en el libro de ese título, considera estados fallidos “aquellos que carecen de capacidad para proteger a sus ciudadanos de la violencia, se consideran más allá del alcance del derecho y padecen un grave déficit democrático que priva a sus instituciones de auténtica sustancia”. Un anillo para nuestro dedo.

La definición de Foreign Policy, usual en el lenguaje estratégico, dice “un Estado que fracasa es aquel en que el gobierno no tiene control real de su territorio, no es reconocido como legítimo por parte importante de la población, no ofrece seguridad interna y servicios públicos esenciales a sus ciudadanos y no tiene el monopolio del uso de la fuerza”. Es esta descripción la que nítidamente nos enmarca.

A partir de ella se han elaborado 12 indicadores, casi todos aplicables a México: éxodo crónico de la población, altos índices de desigualdad, declinación económica severa, pérdida de legitimidad del gobierno, deterioro de los servicios públicos, aplicación arbitraria del estado de derecho, extensas violaciones a los derechos humanos, aparato de seguridad independiente del poder público, preeminencia de élites sobre el Estado e intervención de actores políticos externos.

En abono de esa decadencia conspiran inercias ancestrales, debilitamiento estructural del Estado, inadecuado diseño institucional y mediocre desempeño de los dirigentes. Todos confluyen en la vulnerabilidad extrema, pero ninguno es resoluble sin el reemplazo de los gobernantes fallidos y la emergencia de nuevos paradigmas. Ese es el desafío inmediato.

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)
07 Febrero 2009 04:31:30
Vacancia presidencial
Entre los dislates a los que Fox nos tiene acostumbrados, el último es particularmente revelador respecto al abandono de la institución presidencial: “Yo encargué por seis años la oficina de Los Pinos a alguien. Muy poco estuve ahí; se puede hacer eso”. Confesión retrospectiva que ilustra el descabezamiento del Estado.

Llevado por el impulso de su verdadera vocación —de vendedor ambulante—, a poco de acceder al gobierno de Guanajuato se dio a recorrer el mundo y a urdir fábulas sobre inversiones foráneas inexistentes. Pronto confió a sus allegados que, siendo aburrido e infructuoso el oficio de gobernar, prefería ausentarse para intentar una nueva aventura electoral.

Quien fuera secretario particular de la Presidencia, Alfonso Durazo, ha descrito tanto la incapacidad del mandatario para concentrarse en una reunión de trabajo como su regocijo pueril al dejar la oficina y decirle: “Ahí te encargo el changarro.” También las nefastas consecuencias de un “activismo presidencial sin dirección ni visión de conjunto”.

En su libro Saldos del cambio subraya la ausencia de un concepto de Estado y la práctica casuística, publicitaria y parroquial de la autoridad. “En ese páramo —afirma— Marta Sahagún y Ramón Muñoz se convirtieron en la brújula intelectual del gobierno y en sus ideólogos de cabecera”. Más tarde, en los depositarios efectivos del Poder Ejecutivo federal.

La declaración es oportuna. Exhibe la degradación ontológica de los gobiernos panistas y esclarece el extravío aberrante de su heredero en las montañas de Davos. Acudir en solitario a un encuentro que concentra las prepotencias financieras generadoras de la crisis no es sólo escapismo necrófilo sino contumacia reaccionaria. Postularse como exégeta tardío de las más nocivas prácticas neoliberales es signo de un insondable desamparo cultural. Erigir a Zedillo en alternativa teórica de Keynes es un grito de orfandad. Proponer como receta del futuro la réplica global de Fobaproa es una afrentosa apología del despojo. Tal vez no fue por error tipográfico que la agencia austriaca de noticias lo llamó “Felipe Caldillo”.

Se ha dicho con razón que es faena de “pozolero económico” mezclar restos de cadáveres sociales insepultos para seguir alimentando la injusticia. Desde esa temperatura moral es explicable la desesperada autocondena: “Gobernar es un infierno”. Llamar a sus diminutos colaboradores “jinetes en la tormenta” y calificarlos como “el mejor equipo del mundo” es síntoma de autismo o de desequilibrio mental.

Lo es también la pretensión de hablar a nombre de “nuestros hermanos de América Latina”, cuando los más conspicuos dirigentes de la región asistían —en búsqueda diametralmente opuesta— al Foro Social de Belem do Pará. Resulta más ominosa la propensión a evadirse para confirmar, en la ausencia recurrente del país, la vacancia del Ejecutivo. Textualmente: “Cargo o empleo que está sin ocupar”.

La reforma perpetrada por el PAN y sus cómplices autoriza el abandono del país por el presidente sin control parlamentario. La limitación de siete días consecutivos es una torpe coartada, ya que bastaría que volviera a pisar el territorio para continuar viajando indefinidamente. En rigor, sólo necesitaría permanecer en México 54 días al año para ajustarse a la ley.

Hasta el trágico avionazo era claro que la suplencia presidencial correspondería al primero en la jerarquía del gabinete, en el afecto y en la confianza: el secretario de Gobernación. Ahora y habida cuenta de la militarización del país, el encargado de facto sería el secretario de la Defensa, lo que entraña una defección inconsciente o deliberada del poder civil.

Cobran relevancia los pronunciamientos de las agencias duras del gobierno de EU en el sentido de que México y Paquistán “son hoy las mayores amenazas” a su seguridad. Con la diferencia de que aquél es un país geográficamente distante y el nuestro es “colindante” y que mientras en la nación asiática impera “un régimen castrense” en el nuestro todavía no ha ocurrido. El debate sobre el “Estado fallido” no es una veleidad académica sino una clasificación internacional que podría desencadenar una “intervención justificada”. La soberanía nacional, del modo más estricto, se encuentra en grave riesgo.

Es esta circunstancia definitoria para la supervivencia de la nación. Razones sobradas hay para una movilización de la conciencia pública que, como en 1913, tendría por objetivo común la deposición constitucional del gobierno espurio y la reconstrucción, desde sus cimientos, del Estado mexicano. No podríamos fallar a esa misión.
30 Enero 2009 04:18:14
Golpismo constitucional
Al despuntar el año se abrió el debate sobre una cuestión jurídica de inmensa trascendencia y actualidad: el sistema de sustitución del presidente de la República. Prominentes congresistas y destacados juristas se pronunciaron, pero súbitamente entrevistas ya realizadas dejaron de publicarse.

A pesar de que los voceros parlamentarios advirtieron que el tema “no lleva dedicatoria”, “ni debe ser tabú”, sino que es parte de la pospuesta reforma institucional, la discusión fue silenciada. El epitafio fue la declaración del presidente del Senado en el sentido de que “no es un problema fundamental para el país”.

Como asegura Diego Valadés: “La doctrina mexicana ha tratado este asunto de manera muy superficial”, por considerarlo “espinoso” y por las implicaciones palaciegas que tiene. Es consecuencia de la “cultura política del Tlatoani, ya que éstos no sólo son intocables e infalibles, sino imperecederos, cuando menos durante seis años”.

Durante nuestra trayectoria constitucional nos hemos dado las soluciones más diversas y circunstanciales. En 1824 se estableció la vicepresidencia, cuyo titular era quien había ocupado el segundo lugar en la contienda y por tanto fuente natural de conspiraciones. Las constituciones de 1836 y 1843 la suprimieron, dejando al Senado la tarea de nombrar al interino, obviamente del mismo partido.

En 1857, al cancelarse esa cámara, quedó la suplencia en el presidente de la Suprema Corte —electo por el mismo método que el Ejecutivo—, de donde derivó la legitimidad de Benito Juárez a la renuncia de Comonfort. En reformas sucesivas de 1876, 1882 y 1896, la eventual suplencia fue rotando del presidente del Senado al secretario de Relaciones, al de Gobernación o al que la ley designara, hasta que el Congreso nombrase el definitivo.

La Constitución de 1917 suprimió la suplencia automática y dejó al Poder Legislativo la tarea de elegir, según el caso, al provisional o al interino, según estuviese o no reunido el Congreso. Si la falta ocurriese durante los dos primeros años, se procedería a convocar nuevas elecciones, pero si fuese posterior el suplente fungiría como sustituto y completaría el mandato.

Esa temporalidad no fue modificada a pesar de la ampliación del periodo presidencial a seis años. Se confirmó más tarde que si la falta ocurriese en los últimos cuatro años, el designado por el Congreso permanecería en el encargo. Grave precedente de un largo ejercicio del Ejecutivo por acuerdo político y al margen de la soberanía popular.

Concluida la hegemonía de un solo partido, el sistema resulta altamente riesgoso. Mientras no se pongan de acuerdo los grupos parlamentarios para alcanzar la mayoría de dos tercios, la Presidencia estaría acéfala. Algunos proponen un método de votaciones decrecientes —muerte súbita— y otros sugieren volver a la suplencia automática.

Recordando su vivencia de mandatario, Miguel de la Madrid propone la restauración de la vicepresidencia. Sostiene que gobernó en “angustia permanente”, pensando que, como el Ejecutivo se deposita en una sola persona, si ésta falta desparece todo un poder. Carpizo considera “nefasto olvidar y repetir ese error”, y sugiere en cambio una suplencia temporal a cargo del presidente del Senado.

Ambas propuestas corresponden a la tradición estadounidense, que reúne los dos cargos en un mismo individuo. Hay otra, adelantada por la CERE en el 2000: que la suplencia recaiga nuevamente en el presidente de la Corte, entendido como un “encargado del despacho, cuya función primordial sería organizar las elecciones de modo imparcial y en el plazo más breve”.

Lo esencial es que el único reemplazo democrático es el que decidan los ciudadanos en las urnas. Recordemos que ésta se produce por cualquiera de las causas previstas: renuncia, muerte, incapacidad, pero también desafuero, juicio político y —en su caso— revocación de mandato. Según el actual sistema, podría ocurrir que dos partidos decidieran remover al Ejecutivo y sustituirlo por otro. Una suerte de “golpismo constitucional”.

La sola posibilidad de que suceda convierte al presidente en rehén de sus potenciales verdugos. En ello reside el arma secreta del PRI y la clave de su ansiada jefatura de gabinete. Así lo reconoce Emilio Gamboa, cuando sostiene que apoyaron a Calderón en su toma de protesta “para evitar una crisis constitucional”.

Lo hicieron para cohonestar la violación del sufragio, someter al Ejecutivo a su merced y recuperar en la maniobra el terreno perdido por el rechazo ciudadano. Es, pues, gracias a la pequeñez de unos y la mala fe de otros que ha naufragado la reforma del Estado y, con ella, la solvencia de las instituciones políticas.

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)
23 Enero 2009 04:47:25
País de espurios
La “legitimidad de ejercicio” invocada por la derecha pretende encubrir la primacía de los intereses personales

La segunda vuelta del juramento de Obama ante el presidente de la Corte, al día siguiente de su asunción, sugiere un cuidado escrupuloso de los requisitos legales necesarios para el ejercicio del poder. Contrasta con el desaseo manifiesto en la elección de su antecesor, inicio de la secuela de crímenes y mentiras que marcaron su desempeño.

La legitimidad es la calidad que adquieren los actos ejecutados “conforme a las leyes”, que así devienen “ciertos y genuinos”. En lo concerniente a la autoridad pública —ya se trate de legitimidad monárquica o democrática—, encierra un sistema de valores. Como sugiere Rodrigo Borja: “Es la credencial ética para mandar y ser obedecido”.

Contrario sensu, la ilegitimidad original del poder induce a la degradación de la autoridad pública: la instauración del “haiga sido como haiga sido” en todas las esferas de su ejercicio. En cambio, el no reconocimiento de los falsos títulos que recubren a los gobernantes de facto es expresión de dignidad ciudadana y plataforma para la restauración de la moral republicana.

El debate suscitado por Martha Anaya sobre el fraude del 88 no es curiosidad arqueológica, sino vehículo de salud pública. La aparición de Carlos Salinas en defensa de una causa perdida exhibe por igual el placer de las candilejas que un cinismo fundacional. A sabiendas de que miente, emplea el más falaz de los argumentos: que las actas depositadas en el Archivo General de la Nación prueban su triunfo.

Pretende refutar el dicho de un antiguo colaborador en sus dos vertientes: que “nunca se conocieron los recuentos de las casillas” y que “el PAN aprovechó la debilidad de Salinas y forzó un acuerdo para que el PRI gobernara con su programa”. Ambos hechos irrefutables sobre los que se erige la perversidad de nuestro presente político.

En su Radiografía del fraude, el científico José Barberán describió la “operación de emergencia y cirugía mayor” iniciada el 6 de julio y efectuada durante los ocho días posteriores “por todos los aparatos del Estado: las dependencias y organismos descentralizados del Ejecutivo, los gobiernos locales y las organizaciones corporativas del partido oficial”.

Las actas invocadas no dan constancia veraz de lo ocurrido por la simple razón de que casi todas fueron falsificadas. Las boletas incineradas hubiesen sido más reveladoras, aunque muchas de las auténticas habían sido destruidas o reemplazadas. Ahora ha quedado al descubierto la anuencia de las oposiciones: una disfrazada de “limpieza”, en busca de incrementar el número de escaños, y la otra en la conquista del poder real, bautizado como “victoria cultural”.

La frase de Castillo Peraza, “no importan los números sino la ideología”, recuerda la adhesión demócrata-cristiana a Pinochet e ilustra tanto la falsedad de una prédica redentorista como la catadura moral de su discípulo predilecto. Las negociaciones particulares de otras cúpulas partidarias, estimuladas por la defección de quien había sido electo por el pueblo, fueron señal indiscutible de la escasa prioridad que conceden al estado de derecho las izquierdas acomodaticias.

La “legitimidad de ejercicio” invocada por la derecha y la legitimidad diferida, que en los hechos practica la izquierda, son dos variantes para encubrir la primacía de los intereses personales, económicos o doctrinarios sobre el respeto a la ley. Consagran además un adefesio teórico que ha lastrado la historia nacional: la Constitución es un programa, y su cumplimiento, aspiración de futuro.

A pesar del esfuerzo ciudadano y de los avances liminares de nuestra transición, el reparto impúdico del poder entre los actores y el abandono de la reconstrucción democrática nos han precipitado en la más amenazante de las decadencias: aquella que instaura la falsedad como razón de Estado. Sus vástagos consentidos: la corrupción, la impunidad y el cautiverio de las instituciones.

En un libro imprescindible, País de mentiras, Sara Sefchovich formula un recuento abrumador de las modalidades del engaño consustanciales a la acción política. Escribe: “Después de este recorrido, la única conclusión posible es que en este país la democracia no existe”. Y añade: “El poder es un sistema autónomo, sostenido en su propio ejercicio”. “La democracia no es entre nosotros una cultura, es una simulación”.

Afirma: en México “no queremos recordar. Hay una cómoda desmemoria colectiva que permite que vuelvan a suceder cosas que ya sucedieron”. Primero como tragedia y luego como farsa, diría Marx. Para evitar esa circularidad de la historia, sería menester abolir el país de espurios. Sería imprescindible reemplazarlos pacíficamente para edificar sobre sus escombros una constitucionalidad verdadera.

16 Enero 2009 04:27:28
La anguila y la ostra
Hace algunos años quien había sido embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, compendió en un libro aleccionador y pícaro su experiencia diplomática. Lo llamó El oso y el puercoespín para retratar la relación entre un país que arrolla aun sin querer y otro que se defiende aun sin ser atacado.

Lejos estamos hoy de esa metáfora, ya que ambas especies habitamos en el mismo plancton. Un proceso avasallante de integración, que ha desbordado la regulación de los estados, nos hace recordar la descripción de Jeff Faux: “Es imposible volver a meter la pasta en el tubo”. Habría cuando menos que remodelarla con inteligencia, equidad y previsión.

El encuentro entre Obama y Calderón no parece una contribución significativa a ese propósito. Concebida para la foto prestigiosa de este lado y del otro para el gesto amable hacia el vecino, fue un típico round de sombra. Instalado en las “generalidades”, sirvió al estadounidense para medir a su contraparte y al mexicano para desplegar sus prejuicios.

Las imágenes y revelaciones del encuentro invitan a una nueva definición zoológica, que podría ser: “la anguila y la ostra”. Es el primero un pez alargado, escurridizo y poderoso que se alimenta de especies más débiles y su variante tropical es la “morena”. El otro es un molusco acéfalo de sangre descolorida, apreciado comestible que se protege con una concha, pero capaz de incubar perlas para provecho ajeno.

Acusa Felipe invencible querencia hacia lo parroquial y anacrónico. Apenas ayer la exhibió en su afrentosa aparición con la más rancia derecha y su llamado lastimero a la protección papal. En Washington fue reticente y encogido frente a la sugerente suavidad del presidente que viene, y en cambio distendido, jovial y zalamero con el cadáver político de Bush.

Afirmar que “el éxito fue la foto” es falso. Porque hubo dos y ambas retratan las caras de un mismo rechazo al futuro. Ya había advertido Castañeda que sólo convenía para efectos mediáticos un encuentro con Obama durante el mandato republicano. La recuperación de un ritual sin agenda ni compromisos, menos acuerdos ni seguimientos verificables.

La naturaleza múltiple de la relación obliga a que la presencia del Estado mexicano y de su Ejecutivo haya de ser también diversificada. “Diplomacia de pueblos”, la llamaba José Martí, que incluye en este caso el Congreso, los poderes locales, la academia, los sindicatos, las organizaciones civiles, los medios y ante todo los distintos segmentos y liderazgos de las comunidades mexicanas.

A todos ellos debiéramos dirigirnos y no sólo a un gobierno entrante, por más prometedor que parezca. Para ello habría que definir antes una estrategia proporcionada a los graves problemas que padecemos, lo que conlleva la redefinición del interés nacional. Sólo así podríamos disponer de una propuesta nueva para tiempos nuevos, que mereciera a su vez el consenso de los actores domésticos.

La cuestión central es el abismo de legitimidad que separa a los dos mandatarios. Los contextos políticos tan opuestos que enmarcan la relación. En Estados Unidos, la recuperación del ímpetu social en la política, con la que Obama habrá de hacer frente a toda suerte de resistencias. En México, la ausencia de un poder representativo y la debilidad extrema de las instituciones públicas, a merced de los oligopolios legales, ilícitos y criminales.

Allá se intenta poner en marcha un Estado fortalecido por el apoyo ciudadano para salvar la economía nacional y reciclar su poder mundial. Aquí campea el más huero triunfalismo verbal y un angustioso empeño de supervivencia mediante la administración de los restos del pasado y la complicidad degradante con la feudalidad interna. El debate gira en torno a los resultados de la política económica instalada hace 20 años. Quiénes han sido, en los tres países, los ganadores y quiénes los perdedores durante el ciclo neoliberal. Según el discurso demócrata los beneficiarios fueron las corporaciones y los damnificados los trabajadores. De acuerdo a la visión oficial mexicana todos hemos ganado y por lo tanto el modelo debe permanecer intocado.

Las posiciones son incompatibles. El dilema no es la revisión o la preservación del TLC, sino la abolición de una política concentradora e injusta, de la que el tratado es el instrumento. El arranque sería una evaluación imparcial, y el requisito —como lo pide José Luis Calva—, la “apertura de las mentes” para encarar los problemas.

Ello exige la plena democratización de las decisiones nacionales. Cómo resulta cierto que la política exterior comienza hoy por la renovación política interna.

09 Enero 2009 04:45:45
Triste estreno
Ceder ante la doctrina de la guerra preventiva y cerrar los ojos frente a la barbarie resulta suicida

Cuando el gobierno dudaba en ratificar la candidatura de México al Consejo de Seguridad hubo opiniones encontradas. Desde la campaña orquestada por antiguos y nuevos conservadores —asustados tanto por los riesgos como por los oropeles— hasta la opinión de quienes estimamos una pifia diplomática la abrupta renuncia a una pretensión de ese calibre.

Calderón decidió finalmente mantener la postura —que tuvo éxito sin mayor dificultad— pensando sobre todo en su propia legitimación internacional. El encanto de jugar en ligas mayores y atraer candilejas que encubriesen los estragos de la política interna. Escenografía de primera a precio aparente de remate.

No se midió sin embargo la gravedad de la situación mundial y la exigencia pública respecto de la actuación de nuestro país en semejante foro. Se olvidó incluso que el gobierno de Fox hubo de oponerse a la invasión de Irak —a contrapelo de su alianza con Bush— por la razón predominante de que las encuestas revelaron una abrumadora mayoría de mexicanos en contra de la agresión.

Ahora hay que aprobar los exámenes. El primero corresponde a la asignatura perpetua de la agenda internacional: el conflicto árabe-israelí, en el que México tiene limpios antecedentes y actuaciones que le valieron indiscutido prestigio. Esta hubiese sido ocasión inmejorable para refrendarlos, con el objetivo de remontar el tobogán de un Estado fallido.

Dos años después de su creación, las Naciones Unidas acordaron —en la resolución 181— “la partición de Palestina en un Estado palestino y en un Estado árabe y colocar la ciudad de Jerusalén bajo un régimen internacional”. Los incidentes y conflictos ocurridos desde entonces —149 según la cronología del Nouvel Observateur— han constituido el mayor desafío a la autoridad de la organización mundial.

En ellos se han reflejado los intereses alternativos de las grandes potencias, tanto como la multiplicación y ascenso de los países en desarrollo. Es el caso con mayor número de violaciones al derecho internacional y la prueba de ácido de la autonomía de los pueblos. A pesar de la resolución 242 del Consejo y de las votaciones abrumadoras de la Asamblea, a Palestina se le ha negado el derecho a ejercer soberanía sobre su propio territorio.

De todas las guerras que han sufrido los palestinos, ésta es la más premeditada y aquella que pretende asentar una hegemonía irreversible. Preparada con varios meses de antelación a pesar de la tregua de junio, fue montada sobre la fragilidad financiera generada por la crisis y calculada para estallar en el interregno político de la sucesión estadounidense.

Contó con la evidente complicidad de un gobierno en agonía y con la sospechosa pasividad del presidente electo. El silencio de éste no se explica por respeto a su antecesor sino por la ventaja de guardarse la última palabra, cuando se hayan desgastado todos los esfuerzos diplomáticos.

Por eso mismo se debió actuar con máxima celeridad, orillando a cada Estado miembro a asumir los costos de sus decisiones. Así lo hicimos durante nuestro desempeño, adelantado y promoviendo proyectos de resolución. Así logramos —el 19 de junio de 1981, cuando ejercíamos la presidencia— la única condena unánime del Consejo a Israel en su historia, incluyendo el voto de Estados Unidos.

La reacción mexicana respecto de esta agresión no pudo ser más inocua y tardía. Involucrados informalmente en los trabajos del Consejo desde diciembre pudimos haber avanzado una posición categórica y buscar alianzas entre los actores europeos, africanos, asiáticos y latinoamericanos. Resucitar un liderazgo por todos reconocido.

El comunicado del 3 de enero es un medroso saludo a la bandera. El del día 6 es un epitafio diplomático. De modo insólito, condena el uso “excesivo” de la fuerza, cuando está proscrita cualquier modalidad de su empleo. Alude al “derecho y la obligación de garantizar la seguridad de sus habitantes”, torturando el texto del artículo 51 sobre legítima defensa, de naturaleza temporal y circunscrita al “ataque armado contra un Estado miembro”.

Qué estreno tan triste: ceder ante la doctrina predilecta de la derecha estadounidense —la guerra preventiva— y cerrar los ojos frente a la barbarie. Para un país vulnerable ello resulta francamente suicida. A quién sirve, cabría preguntarse, ese papel solícito de renegados.

La voz de México —nación como pocas agredida y mutilada— está cargada de historia. Los principios que hemos postulado son nuestro propio escudo. No es por altruismo sino por estrategia vital que los hemos defendido.

Abandonarlos, justo cuando el país se encuentra desgarrado por la violencia, constituye el más ominoso de los desistimientos.
02 Enero 2009 04:57:46
Los idus de marzo
Se antoja ésa como la fecha gozne para la toma de decisiones capitales por todos los actores

Pocos inicios de año más angustiosos para la sociedad mexicana e inciertos para la comunidad internacional. Las evidencias coinciden en el agotamiento de una época, pero no se perciben todavía las nervaduras de una estructura global alternativa. Sus paradigmas son brumosos y sus liderazgos insuficientes.

En su remembranza de los días postreros de la República Romana, Thornton Wilder muestra la aciaga entraña de los virajes históricos, donde se cruzan “la capacidad de los hombres tanto para el heroísmo, la generosidad y la virtud, como para el egoísmo, la traición y la deslealtad”. Su combinación determina el porvenir.

Alude a las calamidades que pueden ocurrir ciertos días y a las consecuencias que surgen del colapso de los sistemas de poder. Traducido a la teoría de las transiciones, confirmaría que mientras más radical e inteligente es la ruptura con el pasado, mayores posibilidades hay de cambio y redención.

Valdrían reflexiones de ese talante sobre el presente mexicano. Descubriríamos una banda de pigmeos destazando los restos de una añeja construcción política, ahora al servicio de la rapiña. El tránsito de una tecnocracia aventurera hacia una cleptocracia mediocre: la conversión del reservorio republicano en alacena de vilezas.

Debo a un texto de González de Aragón la inspiración del título. Coincido con el auditor de la Federación en que el crimen político fue determinante del “cambio de rumbo”: la daga artera que, de acuerdo a Maquiavelo, tuerce y acelera el curso de la historia. Se refiere al asesinato de Colosio, pero otros lo precedieron y reprodujeron. No sólo magnicidios, sino una secuela de represiones —todas impunes— en que se asienta “el poder de las mafias”, “del dinero que compra, corrompe y pervierte todo lo que toca”. El verdadero trasfondo de la inseguridad ciudadana y el desamparo económico.

Citado por Wilder: “El César es indiferente al oro”, “actitud que para el rico resulta desconcertante y hasta aterradora”. En ello reside la potestad efectiva y la jerarquía moral del poder público. No hay justicia posible sin la imparcialidad que dimana de la autonomía del Estado. A la postre, tampoco monopolio legítimo de la fuerza.

Avizorar el 2009 como un año electoral es una ligereza rayana en complicidad. Pareciera más bien un punto de no retorno de la tolerancia social y el límite mismo de la fragilidad institucional. Cualquiera que sea el resultado de los comicios, la composición de la cámara no modificará por sí misma el ejercicio del poder.

Las distorsiones del sistema electoral y el abuso creciente de los gobernadores ponen en riesgo la legalidad del ejercicio. El hastío ciudadano por las promesas y el rechazo al régimen de partidos anuncian un elevado abstencionismo. Los controles mediáticos intentarán maquillar el proceso como acto de legitimación.

El ritual resulta no obstante imprescindible y la supervivencia de la instancias parlamentarias es un asidero frente al abismo. Tendría sentido si el discurso saltara sobre las trapas de la mercadotecnia y se anclara en la denuncia consistente y el proyecto verosímil. Esa es cuando menos la tarea de la izquierda.

La ruptura es hoy la única forma eficaz de la continuidad. La política debiera ser batalla sin tregua contra la impunidad y los comicios expresión de la movilización popular. Las cámaras foro de convocatoria social y eco fiel de la inconformidad ciudadana. Espacio de deliberación, que no reducto de componendas.

Habría que imaginar el tiempo inmediato como de reconstrucción nacional y el momento electoral como un plebiscito sobre el futuro del país. Se antoja marzo como la fecha gozne para la toma de decisiones capitales por todos los actores. Fincar el curso de las campañas sobre un compromiso de Estado contra la corrupción.

Los pactos son escenografías cupulares que duran el instante del daguerrotipo. El tramo que viene será obra de la sociedad y de su empuje propositivo. Las opciones están abiertas: la concreción del ¡que renuncien!, la democracia directa con revocación de mandato y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Las demandas específicas van a la recuperación del desarrollo, el incremento del salario, el apoyo a la producción, la defensa de los consumidores, el respeto a los derechos humanos y el saneamiento de las instituciones públicas. Si fallamos a estos deberes, una falsa solución puede venirnos de afuera.

La cita en 2012 es engañifa de futuristas trasnochados. Mal podríamos apostar a la acumulación de magros patrimonios electoreros cuando —según lo augures— el cielo se desploma delante de nosotros.

26 Diciembre 2008 04:30:48
La frontera del caos
Amena conversación con Íngrid Betancourt en la embajada de Francia, que al poco se tornó apocalíptica. A la pregunta “¿qué pasa con las muertas de Juárez?” fuimos develando los turbios orígenes, las complicidades, la patología sanguinaria y la impotencia del poder político en ese microcosmos de la tragedia mexicana.

Fenómeno transfronterizo por antonomasia, fue exhibido como la quintaesencia de la corrupción, la explotación humana y la degradación moral estimulados por la apertura económica. Retengo la explicación de Jean Meyer sobre el carácter histórico de la violencia entre nosotros y la de Carlos Montemayor en torno a la asociación criminal de los agentes de autoridad.

Nuestra amiga —recién rescatada del infierno— tuvo la revelación insólita del desmantelamiento del Estado en un país que hoy expresa su carácter por la omnipresencia de la muerte. No ocultó su azoro frente a la pérdida, casi ontológica, que significaría el hundimiento de un país por tantos querido y admirado.

Hubimos de indagar si se trata sólo de la ilegitimidad de los gobernantes y de una pendiente económica sin freno o éstas derivan de la debilidad de las instituciones y su captura por los intereses privados. Concluimos que la crisis disuelve al Estado-nación en sus tres componentes: gobierno sin ejercicio de soberanía, población en éxodo creciente y territorio a merced de la fuerza bruta.

Simultáneamente, Calderón —tras un periplo fotogénico en guayabera— externaba su propio descubrimiento: el desastre se debe a que sus predecesores “ignoraron o prendieron administrar el crimen”. Diagnóstico tardío que reconoce la pervivencia de los vicios más perversos del antiguo régimen, a los que debe su investidura y que nada ha hecho por enmendar.

A partir de esta confesión sin alternativa, se ha endurecido drásticamente el tono de la denuncia. Voces sosegadas se han vuelto incendiarias. González Garza desenmascara una crisis múltiple y advierte que en 2009 “esta bomba revienta”. González de Alba nos remite a la caída del imperio maya, cuando “la gente acabó arrastrando a los sacerdotes —caros e ineficaces— porque dejaron de cumplir la función esencial de protegerlos”.

Hay coincidencia en que las matanzas a todos horrorizan pero a pocos afectan, los asaltos y secuestros hieren a muchos, pero el tsunami económico a nadie va a dejar incólume. Valdría recordar la conjunción de agravios que precipitaron las rebeldías de hace 100 y 200 años. Entonces teníamos Estado: ahora es simplemente la frontera del caos.

Los datos son inapelables. Según la Cepal, México crecerá a 0.5% en 2009 y, de acuerdo con la OCDE, sólo a 0.36 %: el más raquítico de la región. Los inversionistas extranjeros sacaron del país 22 mil 190 millones de dólares, a los que habría que adicionar 18 mil 277 millones utilizados por el Banco de México para contener la devaluación del peso, que ha perdido ya un cuarto de su valor.

La balanza comercial alcanzó un déficit de 8 mil 380 millones de dólares, el más bajo nivel en más de una década. Vegetamos en la venta de petróleo crudo —a la baja—, las remesas de migrantes —también a la baja—, la venta de mano de obra barata en las maquiladoras —después asesinada— y el lavado de dinero —en alza— que confirma el predominio del crimen sobre el Estado.

Los ingresos derivados de esos conceptos se invierten en compras de alimentos en el extranjero. Las consecuencias sobre la población resultan devastadoras. El imparable adelgazamiento de la economía formal hace que la expectativa de contrataciones para 2009 sea casi 20% inferior al año precedente. El incremento de 4.6% en los salarios mínimos es cuatro veces inferior al aumento del costo de vida en esa franja de consumidores.

Durante el último tercio del año se estima una pérdida de 200 mil empleos y un descenso sustantivo en el disfrute de los servicios públicos. Las encuestas señalan un aumento notorio en la esperanza de la migración y una certidumbre creciente en la incompetencia de todos los poderes públicos.

No asoma un proyecto verosímil de cambio y los analistas coinciden en la ausencia de iniciativas consistentes que pudiesen detener la caída en plazo previsible. La falsificación mediática está llegando a su fin, tanto como la tolerancia de sectores mayoritarios de la población. Diagnosticar la gravedad del caso y proponer una salida constitucional mediante la remoción del gobierno me hizo objeto de orquestado vituperio. Invito a los críticos de hoy para que ofrezcan una solución racional a la crisis de la nación.

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)
12 Diciembre 2008 04:53:51
La santa alianza
Una hegemonía oligárquica convierte al sistema en “consejo de administración de los intereses dominantes”

El correo electrónico de esta columna sirve como pararrayos de cóleras reaccionarias. Las andanadas de injurias que recibo cuando pongo en duda la legitimidad del Ejecutivo o planteo vías constitucionales para su reemplazo merecerían análisis siquiátrico. Algunas hasta pesquisa judicial, ya que las vísceras sectarias pueden conducir a otras formas de agresión.

A veces, sin embargo, los mensajes condensan un estado de la conciencia pública y estimulan el oficio del comunicador. Así, las reacciones a mi reciente artículo sobre la tragedia de 1988 (alguno lo llama “miniensayo”). Los lectores se preguntan si a los dirigentes de entonces los habitaba una genuina voluntad democrática o sólo querían romper la piñata para compartir los manjares.

Indigna la actitud equívoca y timorata del liderazgo del frente, que terminó enrumbando al país en la dirección contraria al reclamo social que arrolló en los comicios. Algunos la perciben como traición y otros simplemente como inconsistencia. Todos coinciden en que ha frustrado durante una generación la posibilidad de transformar al Estado desde la izquierda y por la vía electoral.

Nadie entiende las motivaciones de quienes optaron por diferir una victoria que ya habían alcanzado en vez de ofrecer a la ciudadanía la certidumbre de que estaban dispuestos a defenderla. Menos aún que lo hayan hecho a cambio de la remoción de un gobernador, de vagas promesas de reforma electoral y de la esperanza de constituir un partido, cuando ya contábamos con cuatro.

Resultó antihistórico que el movimiento popular naufragara en las maniobras del régimen para ampliar la canasta de beneficios a la oposición instaurada por Reyes Heroles. La legitimación de un sistema —democráticamente derrotado— en trueque por ventajas marginales: gubernaturas, alcaldías, presupuestos partidarios y candilejas racionadas en la radio y la televisión. En cambio, la derecha procedió de manera habilidosa, coordinada y sustantiva. Cuando a pocos días tuvo constancia de que Cárdenas había ganado, en vez de reconocerlo eludió el compromiso de cotejar sus actas con las nuestras y trocó el discurso de la nulidad por el de la “legitimidad por ejercicio”. Esto es, lo ilegal puede dejar de serlo si se acomoda a mis intereses.

La declaración del PAN ante la CFE es definitoria: “México ha acreditado que es plural. Se cayó el destartalado carro completo y ojalá no vuelva a circular por las avenidas de la democracia”. Léase: el reparto condescendiente de los peces y los panes sin mirar la violación del sufragio. Pronunciada por el mismo personaje que más tarde avalaría la quema de la paquetería electoral.

A partir de ahí, la negociación de fondo. Solemne y puntual, como en una rendición. El entierro de los vestigios de la Revolución Mexicana por la suma de coincidencias entre una tecnocracia entreguista y una derecha rencorosa. La instauración de la santa alianza que el país ha padecido.

Se pactaron nada menos que las pautas del modelo neoliberal: avances democráticos formales, pero reforzamiento de los controles monopólicos y mediáticos. “Apertura económica y libertad para el campo”, mediante la ruinosa adopción del TLCAN y la reforma del artículo 27. Privatización de la banca y relaciones entre la Iglesia y el Estado, con sesgo riesgoso contra la laicidad.

La deriva de una transición abortada en la instauración de una “cleptocracia” bipartidista. El ejercicio errático de un autoritarismo feudal, el maridaje entre el dinero y la política y el tráfico plural de las influencias. La abdicación de la autoridad pública ante la rectoría de los poderes fácticos y la patética dilución del estado de derecho, objetivo último de aquellos afanes.

Según los clásicos, el establecimiento de una hegemonía oligárquica convierte al sistema político en el “consejo de administración de los intereses de las clases dominantes”. Esta globalización conduce por desgracia al alquiler de la soberanía, la bancarrota económica, la diáspora social y la desintegración paulatina del Estado-nación.

¿Qué significa la corriente progresista en este panorama espectral? No la extrema complicidad de los “modernos”, que prestan justificación “consensual” a los abusos del poder bifronte y comprueban que éste puede capturar todos los espacios del Estado. Que utiliza, a través de su sistema de concesiones y en favor de sus patrones ideológicos, a una izquierda corrupta y palera.

Las respuestas posibles son de gran entidad. Elucidemos si la contumacia en las opciones electorales nos confina hoy al tragicómico baile de las comparsas. O bien, si inventamos un camino pacífico, valiente, imaginativo y eficaz que nos permita revertir la ignominia.
28 Noviembre 2008 04:28:40
El último mohicano
La ubicuidad de las agendas y las evidentes contradicciones entre tarjetas burocráticas y manías propias han hecho del discurso de Calderón un trabalenguas conceptual. Como el coronel del Gabo, no tiene quien le escriba, pero menos quien le piense.

Heredero de Fox, se tropieza con la lengua tiro por viaje. A pesar de que en la Cumbre Iberoamericana la Cancillería le había hecho decir: “Es necesario un nuevo orden económico internacional mediante un diseño equilibrado entre Estado y mercado” y “una regulación mucho más severa, a fin de reducir el impacto sobre la economía real”, en el foro de APEC se retractó sin rubor.

Le botó de la entraña: ¡Soy alguien que cree en el mercado! Para añadir: “El mercado funciona cuando se deja que el mercado funcione”. Justamente lo que ocurrió, pero con resultados catastróficos. Y advertir luego: “Cuando se interviene para alterar una variable, como ha ocurrido en algunas economías, se generan graves problemas de distorsión”.

En qué quedamos por fin: ¿regulas o no regulas? ¿Qué justifica la alusión peyorativa a quienes han intervenido en los procesos económicos para generar mercados propios y salvaguardarlos con éxito? A qué título la diatriba contra el proteccionismo, viniendo de un país al que apertura, corrupción y libertinaje hundieron en el más descomunal de los fracasos.

Calderón es el último de los mohicanos; no tanto por tozudez doctrinaria, sino por incapacidad intelectual para cambiar el chip. Le resulta difícil traducir los argumentos de sus despavoridos tecnócratas y no le queda sino ampararse en referencias teológicas y sicoanalíticas. De la fe en el mercado al complejo de Edipo.

Pontifica con simpleza: “Los jóvenes (iberoamericanos) no creen en nada; ni en los políticos, en el socialismo, en el capitalismo o en Dios”. Sorprende el llamado que les hace a la “trascendencia”: una tabla de salvación para la crisis en la otra vida.

Intrigan los fundamentos teóricos de esta declaración: “La economía es prima hermana de la sicología”, y su conclusión: “Lo que ha ocurrido es simplemente pánico”. No explica si se trató de esquizofrenia crediticia, paranoia financiera u oligofrenia política. Pero ofrece la receta: “La crisis va a requerir un poco de Freud”. Esto es, el rescate de la sexualidad económica extraviada en el inconsciente.

Es grave la actitud de desistimiento a que la ignorancia conduce. Rechazar a bote pronto la sugerencia de Obama con “la renegociación del NAFTA (sic) es una mala idea” encubre cuando menos un anacronismo. Atribuir a las exportaciones de aguacates michoacanos una supuesta reducción de las migraciones es a la vez chabacanería y despropósito. Ningún análisis de las razones adelantadas por el presidente estadounidense cuando propuso modificarlo a sus colegas de México y Canadá: “El tratado no contiene acuerdos obligatorios en asuntos laborales y de medio ambiente”. Faltaría añadir: tampoco en democracia y derechos humanos.

Ninguna consideración respecto de su denuncia sobre la naturaleza de ese arreglo, que no debiera “ser solamente bueno para Wall Street, sino también para Main Street”; es decir, para la calle de en medio. Olvidan nuestros funcionarios que el corazón del debate en torno al tratado fue precisamente quiénes serían los ganadores y quiénes los perdedores en cada país. Los resultados son irrefutables.

El TLCAN corresponde a una ideología del pasado. Fue un instrumento para imponer las políticas neoliberales: la proa del Consenso de Washington, hoy en total descrédito. Los estragos de las privatizaciones y desregulaciones son inocultables, tanto como su contribución a la caída del crecimiento y a la desproporcionada brecha de la desigualdad.

Según las encuestas, el tratado es impopular en los tres países porque aceleró la concentración del ingreso y empobreció a las clases medias y trabajadoras. En dos estallaron crisis de grandes proporciones y aumentó el endeudamiento. Hay extendida conciencia de que los procedimientos para su adopción fueron dudosamente participativos y de que se impone un nuevo consenso.

Sería irracional oponerse a su revisión no sólo porque todo acuerdo es perfectible, sino porque su balance es negativo. Durante su vigencia los gobiernos han perdido además capacidad para afrontar problemas fundamentales. Replantearlo a fondo nos impondría la definición de parámetros válidos para el futuro.

Las claves son: libre circulación de la fuerza de trabajo y salarios al alza, sociedad del conocimiento para la competitividad regional, cooperación científica y tecnológica, reconversión energética, fortalecimiento del Estado, democratización del poder y respeto a la dignidad humana.

Por desgracia, carecemos de autoridades respetables en momento crucial de la historia y la ciudadanía aún no se moviliza para reemplazarlas.

16 Noviembre 2008 05:00:15
El accidente
La tragedia acaecida a un grupo selecto de funcionarios mexicanos, encabezados por el secretario de Gobernación, a los tripulantes de la nave y a los transeúntes agredidos por la adversidad es un hecho aciago para la nación. La incertidumbre sobre las circunstancias que lo provocaron conduce a incrementar la desazón ciudadana.

La discusión sobre las causas del evento tal vez no termine en el curso de esta generación. Así ha sucedido con la desaparición de otros personajes de la vida pública. La certeza histórica no es virtud de nuestro proceder político, que ha cultivado la opacidad como razón de Estado y la posposición del esclarecimiento como estrategia defensiva. Bien decía un humorista que si Jesucristo hubiese muerto en México todavía no sabríamos quién lo mató.

Sobresale el automatismo de las autoridades que —sin haber concluido ninguna investigación— han repetido tenazmente que se trata de un “accidente”. Sin duda lo es, en tanto “suceso eventual que altera el orden regular de los acontecimientos”, o bien “del que resulta daño para las personas o las cosas”; pero no como “estado que aparece en alguna cosa, sin que sea parte de su esencia o naturaleza”. Es fruto del clima que se vive.

Un distinguido médico, que atendió a víctimas fortuitas, subrayó la diversidad de narraciones, pero la coincidencia en que vieron caer el aparato en pedazos —incendiados o no—, lo que coincide con la versión del “estallido en vuelo”, del piloto de la nave que venía detrás.

Sobre todo, la experiencia sobrecogedora de los afectados, que recibieron sobre sus cabezas una suerte de maldición colectiva; que —como en una beligerancia armada— les tocó una fatalidad que se ha vuelto cotidiana.

Calderón ha reiterado que el país se encuentra en estado de guerra. Podríamos aceptar que, en el fragor del combate, bajas tan prominentes del bando oficial ocurrieron “por gastritis”, como en Zongolica. A ello se debe que, de acuerdo a los sondeos, 56% de los consultados no cree en la tesis del “accidente” y 48% supone que el gobierno está ocultando información.

Es cierto que al fragor de una conflagración puede ocurrir cualquier estrago, sin que medie la mano del enemigo. También que las carreteras y los aterrizajes concentran los accidentes profesionales de los políticos; máxime cuando el riesgo se potencia por la tensión de los acontecimientos e incluso se desafía por la temeridad y la aquiescencia, que suelen acompañar a los poderosos.

En aras de la transparencia no se puede abandonar ninguna pista de la investigación y el descarte de las hipótesis debe ser indiscutible. El presidente del Colegio de Pilotos Aviadores ha desechado la teoría, orquestada desde el principio, de que la nave dio la voltereta por efecto de la estela dejada por el jet que lo precedía y al cual se aproximaba peligrosamente.

Afirma que tal fenómeno se produce “hacia abajo, por lo que no pudo afectar al Lear jet, que volaba a una altitud superior que la del avión comercial”. Además, que “se resiente de manera paulatina, por lo que da tiempo necesario para realizar diversas maniobras”. Por añadidura, que el aparato contaba con un “sistema anticolisión, que permite evitar la cercanía de otras aeronaves”.

El gremio de controladores niega que la torre haya sido negligente y demanda pruebas, habida cuenta de las consecuencias que tal falla tendría sobre la aeronavegación en México. Otros exigen que se aclare la normatividad del uso del aeropuerto capitalino por aviones privados y el desfalco de una absurda ampliación sin nuevas pistas. Se antojaría el procedimiento de los juicios orales, entre expertos, funcionarios y actores sobrevivientes.

Los más informados hablan de una “pérdida súbita de control por causas físicas no averiguadas”, sobre las cuales la “caja negra” podría arrojar evidencias definitivas. La espera de 11 meses —prorrogables— resulta sospechosa y sólo alimenta las especulaciones, que van desde el sabotaje previo hasta el alcance desde tierra al aeroplano y cualquier subproducto de la ciencia-ficción.

Es grave el tiempo que vive la nación. Exige la mayor probidad y veracidad en el ejercicio del poder. Las guerras no se ganan con mentiras ni aspavientos; más bien se pierden, como en Irak.

El duelo por la desaparición de familiares y amigos es siempre conmovedor, pero tratándose de exequias de Estado, ha de revestir entereza y sobriedad republicana. Saber cuando menos cuáles son las batallas que el nuevo Cid Campeador habrá de ganar después de muerto.
15 Noviembre 2008 04:59:07
El accidente
La tragedia acaecida a un grupo selecto de funcionarios mexicanos, encabezados por el secretario de Gobernación, a los tripulantes de la nave y a los transeúntes agredidos por la adversidad es un hecho aciago para la nación. La incertidumbre sobre las circunstancias que lo provocaron conduce a incrementar la desazón ciudadana.

La discusión sobre las causas del evento tal vez no termine en el curso de esta generación. Así ha sucedido con la desaparición de otros personajes de la vida pública. La certeza histórica no es virtud de nuestro proceder político, que ha cultivado la opacidad como razón de Estado y la posposición del esclarecimiento como estrategia defensiva. Bien decía un humorista que si Jesucristo hubiese muerto en México todavía no sabríamos quién lo mató.

Sobresale el automatismo de las autoridades que —sin haber concluido ninguna investigación— han repetido tenazmente que se trata de un “accidente”. Sin duda lo es, en tanto “suceso eventual que altera el orden regular de los acontecimientos”, o bien “del que resulta daño para las personas o las cosas”; pero no como “estado que aparece en alguna cosa, sin que sea parte de su esencia o naturaleza”. Es fruto del clima que se vive.

Un distinguido médico, que atendió a víctimas fortuitas, subrayó la diversidad de narraciones, pero la coincidencia en que vieron caer el aparato en pedazos —incendiados o no—, lo que coincide con la versión del “estallido en vuelo”, del piloto de la nave que venía detrás.

Sobre todo, la experiencia sobrecogedora de los afectados, que recibieron sobre sus cabezas una suerte de maldición colectiva; que —como en una beligerancia armada— les tocó una fatalidad que se ha vuelto cotidiana.

Calderón ha reiterado que el país se encuentra en estado de guerra. Podríamos aceptar que, en el fragor del combate, bajas tan prominentes del bando oficial ocurrieron “por gastritis”, como en Zongolica. A ello se debe que, de acuerdo a los sondeos, 56% de los consultados no cree en la tesis del “accidente” y 48% supone que el gobierno está ocultando información.

Es cierto que al fragor de una conflagración puede ocurrir cualquier estrago, sin que medie la mano del enemigo. También que las carreteras y los aterrizajes concentran los accidentes profesionales de los políticos; máxime cuando el riesgo se potencia por la tensión de los acontecimientos e incluso se desafía por la temeridad y la aquiescencia, que suelen acompañar a los poderosos.

En aras de la transparencia no se puede abandonar ninguna pista de la investigación y el descarte de las hipótesis debe ser indiscutible. El presidente del Colegio de Pilotos Aviadores ha desechado la teoría, orquestada desde el principio, de que la nave dio la voltereta por efecto de la estela dejada por el jet que lo precedía y al cual se aproximaba peligrosamente.

Afirma que tal fenómeno se produce “hacia abajo, por lo que no pudo afectar al Lear jet, que volaba a una altitud superior que la del avión comercial”. Además, que “se resiente de manera paulatina, por lo que da tiempo necesario para realizar diversas maniobras”. Por añadidura, que el aparato contaba con un “sistema anticolisión, que permite evitar la cercanía de otras aeronaves”.

El gremio de controladores niega que la torre haya sido negligente y demanda pruebas, habida cuenta de las consecuencias que tal falla tendría sobre la aeronavegación en México. Otros exigen que se aclare la normatividad del uso del aeropuerto capitalino por aviones privados y el desfalco de una absurda ampliación sin nuevas pistas. Se antojaría el procedimiento de los juicios orales, entre expertos, funcionarios y actores sobrevivientes.

Los más informados hablan de una “pérdida súbita de control por causas físicas no averiguadas”, sobre las cuales la “caja negra” podría arrojar evidencias definitivas. La espera de 11 meses —prorrogables— resulta sospechosa y sólo alimenta las especulaciones, que van desde el sabotaje previo hasta el alcance desde tierra al aeroplano y cualquier subproducto de la ciencia-ficción.

Es grave el tiempo que vive la nación. Exige la mayor probidad y veracidad en el ejercicio del poder. Las guerras no se ganan con mentiras ni aspavientos; más bien se pierden, como en Irak.

El duelo por la desaparición de familiares y amigos es siempre conmovedor, pero tratándose de exequias de Estado, ha de revestir entereza y sobriedad republicana. Saber cuando menos cuáles son las batallas que el nuevo Cid Campeador habrá de ganar después de muerto.

07 Noviembre 2008 04:15:39
Retorno del Estado
La novena edición del Foro de Biarritz resultó en todos sentidos la más pluviosa de cuantas han ocurrido. Quedaron atrás las concesiones piadosas a la economía de mercado y al estado de las relaciones entre Europa y América Latina. Los tiempos obligan a la franqueza aunque rara vez a la contrición.

Una idea fuerza de Ricardo Lagos ayudó a ordenar el debate: el Estado ha de restablecer el equilibrio entre sociedad y mercado. No se trata de devolver sus privilegios a una economía financiera bajo prudente regulación, sino de restituir a la población la centralidad que debiera corresponderle en democracia. Devolver al consumidor su dignidad ciudadana.

Preocupa el vacío de reflexión sobre los desastres sufridos por los países de la periferia durante el ciclo neoliberal: concentración del ingreso, abismos de la desigualdad y dilución de las instituciones públicas. Rodrigo de Rato llegó a encomiar los tratados de libre comercio y refirió la crisis como un accidente de vuelo, en olvido de su responsabilidad al frente del FMI.

El pensamiento lineal, aun fracturado, no da su brazo a torcer. Los intereses que lo alimentaron están intactos y aguardan ser restaurados por el esfuerzo social. Se afirma que vivimos el regreso de la política, pero no se dice cuál. Nos encaminamos a un segundo Bretton Woods, pero podría significar la entronización de los mismos tecnócratas que detentan la autoría del derrumbe. Es hora de la ideología y de la acción ciudadana. No en balde el único dato duro de cambio en el escenario mundial es la elección de Obama.

Es notoria la ausencia de una respuesta de izquierda en Occidente. Nuestros amigos socialdemócratas, que habían renunciado a liberalizar el comunismo para conformarse con revisar el capitalismo, fallaron a su tarea histórica. Padecemos el extravío de la dimensión norte-sur en el análisis de la crisis. La hipótesis dominante de que la globalización suplantó las relaciones de explotación es una victoria cultural de la derecha. Algunas víctimas serán convidadas a la mesa de los beneficiarios del estropicio, con la esperanza de incorporar a todos en círculos concéntricos. La teoría del goteo trasladada a la política.

Las discusiones revelan además modificaciones sustantivas en el concepto de Estado-nación. Desde las resonancias autonomistas de la convocatoria vasca hasta la prédica tenaz por la integración de los continentes y los supuestos institucionales de una genuina gobernanza mundial. De manera dispersa pero concurrente surgieron los dilemas de la supranacionalidad, la subnacionalidad y la transnacionalidad.

Sobresalieron por su agudeza los debates en torno a las regiones, así como a las migraciones. Quedó claro que la estatalidad democrática demanda transferir recursos y potestades soberanas a las provincias, ciudades y municipios y, en última instancia, expandir el poder ciudadano. Se vislumbra un nuevo mapa mundial sustentado en el tejido de las aldeas locales.

Los enfrentamientos más ásperos sucedieron en la cuestión migratoria. Ésta transparenta lo que sentimos por nuestra contraparte y la idea que nos hacemos de la humanidad. Las restricciones impuestas al flujo de personas por la UE no se compadecen con la solidaridad proclamada; menos aún con la lógica implacable de un mundo global.

Apenas asomó la valoración de las instituciones necesarias para afrontar una nueva época y la audacia intelectual que su diseño demanda. Bien decía Ortega y Gasset que las rebeliones se emprenden contra los abusos, mientras las revoluciones contra los usos. La propuesta más rescatable es el llamado a una segunda conferencia de San Francisco, que reconstruya el andamiaje obsoleto concebido por los actores y para los problemas de hace seis decenios.

Faltaría plantearse con rigor la más dolorosa de las asignaturas pendientes: el secuestro del Estado por los intereses que debería domeñar y la reversión objetiva de los valores que lo originan. El hecho de que quienes ostentan la responsabilidad pública carecen del poder para ejercerla y quienes lo detentan actúan en detrimento de una convivencia libre y civilizada.

La amenaza entrañada por la preeminencia de los poderes fácticos tiene en México la más dramática de sus manifestaciones. Domesticarlos y someterlos es el primero de nuestros deberes políticos. Mal podría volver por sus fueros un Estado corrompido por sus adversarios. Es urgente detener la perversión de la pequeñez y la degradación de la incompetencia.
31 Octubre 2008 03:16:30
Las chichis de la víbora
Esta semana se presentaron dos libros en Madrid: La semilla del mal, de Pierre Schori, y La ruptura que viene, de quien esto escribe.

El político y diplomático sueco es el heredero del iluminado socialista Olof Palme y le correspondió vivir, en tanto embajador de su país ante la ONU, los años más perversos de la administración Bush. Su obra es un recuento informado e implacable de los destrozos históricos originados en el “Proyecto para la nueva centuria americana” de 1998.

El primer evento, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de la calle de Alcalá, fue motivo de un debate animado por Juan Luis Cebrián. Hubo coincidencia sobre los orígenes y dimensión de la crisis global, pero también incertidumbre en torno a lo que viene. Pareciera que las únicas realidades palpables son el cambio de liderazgo político en EU, la dilución de los paradigmas de la dictadura del mercado y el arribo a una sociedad mundial multipolar. El resto es silencio.

Respecto a la paz y seguridad internacionales, resultó evidente que es necesario abolir los dogmas. No será posible referirse al “terrorismo” desvinculado de sus génesis más inmediatas: cinco décadas de ocupación de Palestina, tres de invasión de Afganistán, la injusta ocupación de Irak y la amenaza contra Irán. Valoramos la promesa de Obama de que EU no importará hidrocarburos dentro de 10 años, lo que significaría la abolición de las guerras petroleras y el estreno de una esperanza ecológica. Igualmente, la disminución de los flujos internacionales de comercio.

Se reconoce un impulso europeo a favor de un nuevo Bretton Woods, pero no se aprecia un diseño correspondiente a los requerimientos de una sociedad global. Una cosa es salvar y equilibrar la economía de las naciones centrales —como en 1944— y otra rescatar a un planeta asolado por todas las plagas. Frente a las iniciativas de Brasil, India, China y Sudáfrica, la reacción liliputiense de México pareciera confirmar su adhesión colonial: una Alaska del sur, con su versión pintoresca de la señora Palin.

A semejanza de las negociaciones económicas globales —1981-1984— frustradas por la implantación del modelo neoliberal, pareciera indispensable: un arreglo financiero y monetario de largo plazo del que fuesen garantes todos los interesados; un plan mundial para la transición energética y el progreso sustentable; y reorientar el comercio al desarrollo compartido. Todo ello bajo la égida de las Naciones Unidas y mediante la reconstrucción de los estados de la periferia, devastados por la corrupción, la insuficiencia y el cáncer de las privatizaciones.

Durante la presentación de mi libro en la fundación Ortega y Gasset, el diálogo se concentró en el microcosmos aleccionador de México. Tras una introducción generosa de Ludolfo Paramio, profesores y estudiantes transitaron de sorpresa en sorpresa. De la esperanza colectiva desatada por la alternancia en el poder a la decepción generada por la rapiña de una clase dirigente indigna de ejercerlo. De la profunda regresión por la violación del orden democrático a la ilegitimidad de un gobierno quebradizo que cede a las presiones de sus adversarios históricos y coopta sin escrúpulos a la ralea de las izquierdas advenedizas. De la promesa solemne de reformar las instituciones públicas a la avidez insensata por corroerlas.

La reforma energética fue debatida y esclarecida. Más allá de las 12 palabras que hubiesen permitido un acuerdo político honorable, la negativa recurrente a enfrentar los problemas esenciales planteados: el destino productivo de la renta petrolera, la suficiencia fiscal del Estado y la reconversión científica y tecnológica, que nos abrirían la ruta para una economía moderna. En vez de ello, el horror a la rendición de cuentas y el encubrimiento de los responsables del pillaje, así como la entrega de una empresa nacional reforzada a quienes la envilecieron y a quienes encarnan el proyecto privatizador que la nación ha rechazado.

Por encima de todo: la simulación. La vesania mediática, el linchamiento cobarde y el burdo reparto del pastel. En el exceso, una voz trepadora acusó a las conciencias disidentes de “buscarles chichis a las víboras”. Olvidó que vegeta en el huevo de la serpiente y no le alcanza concebir que la imaginación del mundo está empeñada en encontrar glándulas mamarias a los ofidios, y si pudiera, leche a las galaxias.
24 Octubre 2008 03:00:10
Gustavo Iruegas
Pocos días después de que México ingresara por cuarta vez al Consejo de Seguridad falleció Gustavo Iruegas en La Habana. La coincidencia es relevante por haber éste dedicado sus mejores empeños intelectuales y diplomáticos a la construcción de un sistema de seguridad nacional autónomo, multidimensional y de alcance global.

Fue Gustavo un profesional pundonoroso y un amigo leal. Escueto en lo público y cálido en lo privado, combinaba la disciplina laboral con infranqueables convicciones y el celo por sus competencias con un agudo sentido del interés general. Ingresó a la diplomacia por la puerta de la administración y dejó el servicio exterior por el amplio ventanal de la ideología.

Lo conocí cuando se desempeñaba como director de Protección para mexicanos en el extranjero y yo servía en las Naciones Unidas. Impulsaba el cumplimiento de nuestro deber esencial con los migrantes: la defensa de sus derechos humanos, a la par que en el foro mundial promovíamos su acatamiento en otros países y la suscripción por el nuestro de tratados fundamentales en la materia.

En ambos frentes contribuimos a modificaciones sustantivas en la agenda de las relaciones con Estados Unidos y en las prioridades de nuestra acción multilateral. Eran tiempos de la primera “reforma política”, bajo cuyos objetivos nos cobijamos. Era también el momento riesgoso de solidaridad con la revolución nicaragüense, que nos exigía credenciales internacionales irrefutables.

Gustavo había participado de cerca en el proceso centroamericano —donde conquistó sus primeras medallas—; pero había padecido sobre todo los excesos a que suele conducir el concepto y práctica de la “seguridad regional” en consonancia con los requerimientos de la potencia dominante. De ahí su militancia radical, que lo llevó años más tarde a proponer la denuncia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

Hace poco escribió que “la política exterior es uno de los campos de expresión natural de la razón de Estado”. Entendía la diplomacia como instrumento privilegiado de la defensa nacional. Por ello el estrecho vínculo que cultivó con la perspectiva castrense del mismo menester, hasta obtener el grado de maestro en Administración Militar para la Seguridad Nacional. Igualmente, su veta de activista patriótico.

Pensaba que “la primera mitad de la acción del gobierno debe dedicarse a la seguridad y la segunda al desarrollo”. Estimaba que “ambas tareas son indisolubles y han de perseguirse simultáneamente en lo externo y en lo interno”. La soberanía es una sola y comprende tanto la integridad e inviolabilidad del territorio como la jurisdicción efectiva del Estado para garantizar la seguridad pública y los derechos ciudadanos.

Explica que el orden interno carecería de sustento en ausencia de “paz social, fortaleza del gobierno y capacidad de las instituciones”. Que sería imposible protegernos contra “agresiones, amenazas, riesgos, presiones y adversidades”, si no “preservamos la calidad del territorio, del agua, del aire y ante todo de la vida de los habitantes”.

Advierte que “la comunidad internacional está condicionada por un entorno hostil y un orden regresivo en que el derecho cuenta poco y el poder del más fuerte lo decide todo”. Para compensarlo, aconseja en fórmula clásica: “El ejercicio de una política exterior propia, orientada a la satisfacción de los intereses nacionales y practicada con independencia diplomática”.

Esperaríamos de la Cancillería mexicana, en la que con tanto fervor colaboró, un gesto de grandeza en su memoria. El mejor podría ser la transparencia y probidad con que actuásemos en el Consejo, participación sobre la cual Iruegas se pronunció con acerbo escepticismo. Dudaba que en las actuales circunstancias fuera de provecho para México e incluso que iluminara a un gobierno aldeano con la compleja visión del mundo.

Por nuestra parte organizaremos un seminario de homenaje sobre las dimensiones verdaderas de la seguridad nacional. Afinaremos también nuestra lupa en el análisis de la cuestión energética y actuaremos en consecuencia, como él lo hubiera hecho.
17 Octubre 2008 03:46:05
La mano visible
Un antiguo amigo colocó en mis manos The New York Times y espetó: nunca creí vivir para verlo. Las ocho columnas: “El gobierno americano toma propiedad sobre la banca”. Vuelta espectacular de campana que nos remitió al génesis del periodo neoliberal al despuntar de los 80. Sentenciamos: “Un fantasma recorre Washington: el de José López Portillo”.

El colapso ha parido un nuevo estatismo en la conducción de la economía y enterrado los dogmas con que fuimos descalificados. En retrospectiva, resulta grotesco aquel afán de masacrar los valores públicos y combatir a quienes denunciamos las aberraciones de un sistema desregulador, ventajista e ineficiente. Afirma por ello Joseph Stiglitz: “La crisis de Wall Street es para el mercado lo que fue la caída del muro de Berlín para el comunismo”.

La operación obedece al resarcimiento de los recursos fiscales respecto de los apoyos otorgados, como lo propusimos en el caso de Fobaproa. La razón esgrimida es “la ausencia absoluta de confianza de los acreedores en la banca privada y de las instituciones financieras entre sí”. La reinstalación del poder público en el sitial de garante del interés general.

La concreción de nuestra arenga en los tiempos del oscurantismo neoliberal: “La mano invisible del mercado debe ser guiada por la mano visible del Estado”. El derrumbe de los privilegios concedidos a la economía financiera sobre la economía real y la necesaria conversión de la banca en un servicio público, como los correos o el telégrafo, que a cambio podrían privatizarse.

Analistas estadounidenses afirman: “Todavía no sabemos cómo vamos a salir de la crisis, pero sí sabemos cómo caímos en ella”. Ojalá nuestros tecnócratas de lento aprendizaje también lo entendieran. “La cuestión es si la nación va a aprender de sus errores”. Advierten el peligro de que, “una vez la economía recuperada, el ethos desregulatorio de las últimas décadas se reinstale en el gobierno”.

El riesgo es que se agudice “la escasa competitividad y la alta concentración del sector financiero” y que el rescate no evite “la pérdida de casas, el agravamiento del desempleo y el recorte de los programas sociales”. Prevén que Obama, además de cerrar la economía y reducir las importaciones petroleras, habrá de elevar los ingresos de las clases medias y trabajadoras, desafiando la inflación. El retorno al odiado “populismo”.

Paul Krugman pondera la audacia británica y subraya que la globalización es ante todo financiera: “Una burbuja en los condominios de Florida provocó una catástrofe monetaria en Islandia”. Así lo estima la Unión Europea, que inyectará a los bancos un billón de euros en garantías. El presiente del Consejo, Nicolas Sarkozy, en competencia con su compatriota socialista Strauss-Kahn —director del FMI—, propone una solución mundial mediante la convocatoria a una segunda edición de Bretton Woods.

Clama por el fin de la impunidad económica: “Hay culpables que deberían asumir su responsabilidad. Los que pusieron al mundo en esta situación debieran rendir cuentas”. Entre nosotros la inconsciencia ahoga todo arrepentimiento: el vernáculo Carstens sostiene que el nuestro era un problema “muy bien detectado, que no refleja debilidad macro, sino estrictamente especulativo”. Traducción del viejo apotegma: “Si el que manda se equivoca vuelve a mandar”.

Seguramente aconsejó a su jefe decir que “en México nadie tendrá que apretarse el cinturón”, supuesto que él está imposibilitado para hacerlo. O aquello de que “lo que en Estados Unidos es pulmonía, aquí sólo será catarro”, tal vez porque se considera inmune a padecimientos mayores. Más que insólita es la ceguera ante la corrupción y la cauda interminable de desaciertos que hacen peligrar hoy la integridad del país.

La reacción de la clase política mexicana fue “la mentira insostenible, la decisión inconsulta y el enanismo político”. A contrapelo de la historia, cuando el estatismo retorna por doquier, insiste en privatizar la energía, aun a costa de la protesta social. Qué duda cabe: es menester cambiar de tripulación antes que el barco naufrague.

03 Octubre 2008 03:26:00
Cambio de época
Suele decir el presidente del Ecuador, Rafael Correa, que una época de cambios está desembocando en un cambio de época; no de era, porque todavía habitamos en la cristiana, ni de edad, porque no acertamos a cerrar la contemporánea. Podríamos coincidir con Hobsbawm en que, tras el tiempo de las revoluciones, del capital, del imperio y de los “extremos del siglo XX”, se abre tardíamente una nueva centuria.

Son inmensas las consecuencias de la crisis estadounidense, tanto como las irracionalidades que la provocaron. El ciclo neoliberal ha llegado a su fin porque —después de haber asolado a los países débiles— ha infartado el corazón del gigante. Es a las finanzas lo que las torres gemelas a la seguridad. Algunos se apresuran a comparar ambos eventos con la invasión de Roma por los bárbaros o la toma de Constantinopla por los turcos.

El director del FMI ha reconocido que: “Por primera vez la crisis no se generó en la periferia, sino en el centro del sistema”; “la expansión financiera sobrepasó el crecimiento de la economía real, mientras los mecanismos de supervisión y regulación no estaban preparados”. Valdría recordar que esas liberalidades habían servido para compensar la ruptura del patrón oro-dólar, pieza fundamental de los acuerdos de la posguerra, e imponer luego los dictados del “pensamiento único”.

Advirtió que “una vez apagado el fuego tendrá que procederse a la reforma de las instituciones y a la reglamentación de los mercados”. El remedio de corto plazo está detenido en el Congreso por razones semejantes a las que en México intentamos aligerar la carga del Fobaproa: rechazo a socializar las pérdidas tras la privatización de las ganancias, control parlamentario sobre los apoyos presupuestales y contribución de la banca a su propio refinanciamiento.

Todavía no se vislumbra la magnitud de los cambios que deberían introducirse a nivel global. Está quebrado el sistema de las Naciones Unidas, en este caso por la ineficiencia de dos de sus organismos (el Fondo y el Banco) que se han conducido al margen de las decisiones de la mayoría. Desde las “negociaciones económicas mundiales” (1980-1983) propusimos la celebración de una Segunda Conferencia Monetaria y Financiera, que revisara los acuerdos adoptados en Bretton Woods (1944).

No se trata sólo de modificar el sistema de cuotas, sino de impulsar una “reforma económica de segunda generación” que evite las crisis y promueva “un desarrollo generalizado y sostenible, orientado a la elevación de los niveles de vida”. Más allá del grupo de los ocho y de los cinco, un Consejo de Seguridad Económica que coordine las instituciones existentes e integre de modo equilibrado a los países con mayores recursos financieros, demográficos y naturales.

La energía de la reacción latinoamericana es alentadora. Lula exigió una respuesta rápida a Estados Unidos para que los países pobres no sean víctimas de su “casino financiero” y planteó “la reconstrucción de las instituciones económicas sobre bases totalmente nuevas”. Igual hicieron los presidentes de Argentina y Bolivia. Chávez lanzó una dura crítica del “fundamentalismo del mercado” y llamó a fortalecer la “independencia financiera de la región”.

México es —según todos los análisis— el país más vulnerable en razón de su mayor dependencia de EU y de registrar la más baja tasa de crecimiento en América Latina. Sin embargo, sus autoridades “niegan sistemáticamente que la recesión estadounidense nos afecte de modo significativo”, en tanto Calderón se entretiene paseando a los príncipes de España y encabezando desfiles militares.

En contraste, la oposición abre las puertas del diálogo y propone un plan de salvación económica, al tiempo que el más prominente empresario advierte que “esta crisis es más compleja que la de 1929 y más grande por el tamaño de las economías”.

Si hubiese conducción política sería el momento privilegiado de la concertación. En ausencia de liderazgo, los enconos se agudizan y las torpezas suelen multiplicarse. Por eso los mandatos deben ser revocables. El problema no es el tipo de cambio, sino el cambio de tipo, dice la máxima.

26 Septiembre 2008 03:55:01
La oscuridad del candil
Asistí anteayer en la Universidad Nacional a un foro sobre seguridad colectiva. Interesa a los estudiosos nuestra experiencia en las Naciones Unidas y les inquietan las condiciones de nuestra inminente participación en el Consejo. No aciertan a descifrar cómo, de nuestra densa oscuridad interior, pueda surgir un candil que ilumine al planeta.

La contradicción es patente: mientras el gobierno proclama respecto de nuestra candidatura que México se propone “fomentar el concepto multidimensional de seguridad, desde una perspectiva de prevención del conflicto”, en lo interno reduce el problema a un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad pública y los delincuentes, con la derrota garantizada por la complicidad de los funcionarios. En el escenario mundial, la Cancillería considera indisolublemente conectadas “amenazas como el terrorismo y el crimen transnacional” con “la pobreza extrema, el deterioro ambiental y la violación de los derechos humanos”. En el ámbito interno, la autoridad desvincula la inseguridad pública de sus raíces y suplanta la reconstrucción del Estado, el combate a la desigualdad y la vigencia del derecho por el llamado a las armas.

Semejante simplificación contraría todo concepto contemporáneo de seguridad nacional y la práctica de los estados que la garantizan. Sería impensable que una potencia descuidara su seguridad energética, alimentaria o industrial, o su reproducción científica y tecnológica, que le permiten afrontar los conflictos. La periferia se acoge en cambio a la frágil trinchera de las balas, en ausencia de fortaleza institucional, solvencia económica y desarrollo humano. Lo sabemos de antiguo: lo que es bueno para las metrópolis no lo es para las colonias. Pero lo que es válido para el discurso internacional debiera serlo para la política doméstica. Salvo que hayan decidido, también en lo externo, alinearse en el bando de la fuerza y quebrantar una noble tradición, fundada en “una política autónoma, acorde con nuestros intereses y principios”.

La posiciones en el Consejo se alimentaron de una militancia independiente por la autodeterminación de los pueblos, la justicia económica internacional, la vigencia del derecho de gentes y el establecimiento de una paz durable. Sería oportuno el análisis de nuestras participaciones en el tiempo de Luis Padilla Nervo (1946), en el mío (1980-1981) y en el de Adolfo Aguilar Zinzer (2002-2003).

La firmeza con que defendimos los derechos de otros pueblos contra la agresión extendió redes de alianzas que respaldaban los objetivos de las naciones débiles. La clave invariable de la actuación mexicana fue el vínculo entre soberanía política, desarrollo económico y seguridad internacional. Rechazamos que las potencias dominantes impusieran versiones reeditadas de la pax romana: la estabilidad mundial como reflejo de sus propios intereses.

La contribución de México a una visión integral de la seguridad es invaluable. Sostuvimos que la garantía de la libertad e integridad de los ciudadanos exige expandir el estado de derecho y que éste depende de la calidad de las instituciones y la cohesión social, en condiciones equitativas de convivencia internacional. La seguridad es inalcanzable, decía Gustavo Iruegas, ahí donde rigen “gobiernos mansos y maleables, cuyo poder descansa en la facilitación de proyectos ajenos”. La intervención de Calderón en la Asamblea General es un modelo de vaciedad conceptual. Se adhiere sin reservas a una versión del terrorismo —“cualesquiera que sean sus justificaciones o motivos ideológicos”— desprendida de los efectos depredadores de tres decenios de desigualdad, reversión de valores públicos, dilución de fronteras nacionales y adelgazamiento de los estados de la periferia.

La oferta que formula en el umbral de nuestro ingreso al Consejo resulta inverosímil: “Nos esforzaremos en reconstruir sociedades e instituciones desgarradas por las guerras”. Cuando su gobierno se opone ferozmente a cualquier reforma significativa del Estado mexicano, comenzando por la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos.

Es tarde para declinar nuestra aspiración en el Consejo. No así para procurar, mediante la renovación de los poderes públicos, una representación nacional digna del bicentenario.
19 Septiembre 2008 02:00:00
¿Cuál unidad?
La tragedia de Morelia ensombreció las fiestas patrias, conmovió a la nación y arrojó una mutación cualitativa en la descomposición del orden público. Es una acción abominable que unánimemente repudiamos, pero cuyos orígenes y motivaciones es imprescindible esclarecer al tiempo que encontramos una respuesta proporcionada a la gravedad de los hechos.

Apenas se ha abierto el expediente y no podríamos adelantar aún conclusiones verosímiles. Las explicaciones simplistas o automáticas serían inadmisibles y podrían revertirse cualquier día. Se trata de una forma inédita y particularmente cruel de agredir a la población civil: un acto de barbarie difícilmente asimilable a las modalidades de la violencia practicadas hasta ahora en el país.

Hay una clara diferencia entre los actos terroristas y el terrorismo propiamente dicho. El segundo comprende obviamente a los primeros, pero aquéllos pueden producirse también de modo aislado, sin obedecer a una organización ni a una estrategia específicas, sino derivados de una compulsión vengativa o de una patología social, atizada por el fanatismo.

En ocasiones se ha escondido el terrorismo de Estado tras el disfraz de una locura personal y en otras los poderes en turno han usufructuado para sus propios fines el horror y el pánico que los atentados generan. No debiera por ello obviarse ninguna línea de investigación. Sólo la transparencia de las pesquisas y la certeza de sus resultados colocarían a los poderes públicos fuera de toda sospecha.

Las reacciones de las autoridades, los partidos y los actores sociales se han movido en un mismo sentido, creando un espacio privilegiado para la cooperación. No es aceptable por ende la descalificación del adversario político fundada en el prejuicio o el encono ideológico, ni la calificación genérica de “los enemigos de México” o la estúpida calumnia contra la oposición, “por buscar —lo mismo que el narco— la caída del gobierno y el colapso del Estado”.

Es hora de serenidad, pero ante todo de verdad. La izquierda enfrenta un dilema que ha de asumir con integridad y cordura. No podría alterar su visión sobre las causas del drama nacional y las soluciones que exige la razón. Tampoco escatimar la condena de los hechos ni cejar en su demanda de transparencia; menos todavía desatender el llamado de coordinación en las acciones políticas que emerge del desamparo ciudadano.

No es el caso de acudir como reclutas al redoble de los tambores de Los Pinos, sino de plantear las vías que harían posible un ataque conjunto a las raíces y ramificaciones de la violencia. Ello supone la depuración y reconstrucción del Estado. Una proclama de unidad que dejara incólume el tejido de las complicidades equivaldría a una invitación para convertirnos en cómplices pasivos del crimen.

El gran pacto que la nación requiere es por la revisión del andamiaje institucional, el desarrollo compartido, el fin de la impunidad, la vigencia de la ley y el resguardo de nuestra soberanía. No aspiramos a la “seguridad de las catacumbas” a que llevaría la abolición de los derechos humanos o la creciente sumisión a un protectorado transfronterizo.

El concepto contemporáneo de la seguridad nos obliga a enfocarla simultáneamente desde sus dimensiones: nacional, social, económica, jurídica y humana. Los principales temas de la agenda del país están entreverados en el combate contra la delincuencia; no por condicionamiento partidario sino por su incuestionable incidencia sobre la crisis.

Sería absurdo insistir en una iniciativa energética que vulnera el pacto constitucional —con el propósito de servir a la seguridad de otros en detrimento de la nuestra— al tiempo que se convoca al término de la polarización política. Parece un contrasentido que, frente a la inocultable decadencia de las instituciones, el partido del gobierno se ensañe en bloquear las reformas prioritarias al aparato del Estado.

La unidad cacareada mal podría servir como contrafuerte de la decadencia, cabestrillo de la incompetencia, referendo implícito, cobertura de la represión o disfraz del entreguismo. Sólo podríamos entenderla como una transmisión ordenada del poder a los ciudadanos.
12 Septiembre 2008 04:23:00
“La ‘yunquisición”
El oscurantismo obedece reglas inmutables. Opuesto en el origen a que se difundiese el conocimiento entre la gente, proscribe el debate de las ideas, sataniza al adversario y sostiene sobre la ignorancia el edificio jerárquico. Reacciona frente a lo desconocido con lapidaciones verbales y suele conjurar sus fantasmas por la liquidación física.

En el aniversario del 2 de octubre, convendría revisar los coléricos denuestos que el poder sembró entonces para configurar la “desestabilización del régimen”. Los macartistas de hoy podrían inspirar también sus voraces plumas en la verba sagrada de la inquisición, cuyos crímenes mayores están llegando a su bicentenario. Podrían revisar la mampara de la exposición conmemorativa que recoge algunos calificativos endilgados a Miguel Hidalgo: “monstruo fabuloso”, “insigne facineroso”, “príncipe de los malditos”, “frenético delirante”, “desnaturalizado”, “ministro de Satanás”, “sedicioso diabólico”, “hereje formal”, “ex sacerdote, ex cristiano, ex americano y ex hombre”.

Las expresiones son dignas de la imaginería medieval: “capataz de salteadores y asesinos”, “injerto de animales dañinos”, “libertino de ciencia pagana”, “perverso de soberbia luciferina”, “blasfemo engañado por el espíritu maligno”, “caribe idólatra que con sangre humana se saborea”. Seguidas de este catálogo de congéneres: “escolástico sombrío, émulo de Voltaire”, “anticristo, semejante a Luzbel, Adán, Mahoma y Napoleón”. A pesar de los libros de texto, es difícil la emulación de los héroes y algunos la juzgarían arrogante. También es arduo igualarlos en el calvario de la difamación. Así lo asumí cuando el gobierno me recetó enconadas injurias a finales de los 80 por la enorme “traición” de haber promovido el fin del sistema de partido hegemónico y la instauración del pluralismo político.

Me rociaron ferozmente cuando desafié —mediante simple interpelación— la sagrada investidura presidencial y en ocasión de haber formado la primera mayoría de oposición en la Cámara. Soeces fueron las ofensas que me enderezaron antiguos compañeros al calor de mi renuncia al PRD, motivada por las mismas desviaciones que sus enterradores exhiben hoy en plenitud. Las diatribas de estos días suman y multiplican las anteriores. Despliegan una colección antológica y acumulativa, atizada por el ánimo vesánico de la derecha y la vulgaridad de un poder sin escrúpulos en el uso de la libertad de expresión. No alcanzarían las barandillas —judiciales o electrónicas— para ejercer el derecho de réplica y denunciar la calumnia.

Pongo a disposición de los lectores las infamias. Baste evocar algunas: “lenguaje sedicioso”, “peligroso y golpista”, “conspirador revolucionario”, “agorero del desastre”, “talibán amarillo”, “derrocador con odio, rencor y resentimiento”, “restaurador del PRI autoritario”, “pieza del tablero insurreccional”, “fascistoide”, “pirómano”, “salinista”, “tarabilla protofascista”, “perdonavidas”, “convenenciero”, “oportunista”, “farsante” y “mancuerna infernal de AMLO”. Las referencias personales son abundantes: “decadente, burdo y en decrepitud política”, “alucinación etílica”, “locuaz”, “pasado de moda”, “fanfarrón, daltónico, estorboso, rajón”, “saltimbanqui”, “camaleónico, veleidoso y megalómano”, “patriota de pacotilla”, “sin decoro político”, “mercenario”, “advenedizo, servil y desleal”, “títere”, “temerario”, “cómplice del narcotráfico”. Y para rematar: “prematura senilidad”, “oráculo de la revocación y avejentado Catilina”.

En palabras del ideólogo Krauze: “Se cree profeta: llega al ocaso de su vida prendiendo fuego al edificio institucional que él mismo contribuyó a crear”. Y del sicario Hiriart: “Busca enturbiar el ambiente para entrar al poder por la puerta de atrás”; “que el país caiga en una espiral de ingobernabilidad y violencia para quedarse con los despojos de la nación”. Decía André Gide que no ofende el que quiere, sino el que puede. No han ido más lejos porque, pese a la “conspiración” que denuncian, no han encontrado evidencias de insurrección ni vínculos con la banda de La Flor. Preparan el terreno de la represión, último recurso para la entrega del petróleo al margen del orden constitucional.

Surgen a su pesar voces sensatas y opiniones calificadas que convocan a la reforma de las instituciones y a la reconstrucción del consenso nacional. Renace penosamente la esperanza social de cambio. Es nuestro deber alentarla hasta el último día. Diremos con el sabio: y sin embargo, se cae.
05 Septiembre 2008 04:14:01
Injurias e ideas
En un artículo dedicado a mi reciente libro —“Política e ideas”— Lorenzo Meyer sostiene que los actores públicos escribimos nuestras experiencias para justificarnos, pero que mientras unos lo hacen mediante repertorios anecdóticos y denuncias convencionales, otros intentamos la reflexión histórica y la ponderación ideológica.

Mi obra traza el curso del acontecer nacional a partir de la alternancia: es la crónica de una “transición catastrófica”. Patentiza tanto las inconsistencias y abusos del foxismo como el debilitamiento aterrador de las instituciones, que ha conducido a una doble perversidad: el poder se encuentra fuera del Estado y la sociedad al margen del poder.

Propone la reconstrucción institucional como única vía para afrontar los gigantescos problemas del país, pero no encuentra en quienes detentan los poderes públicos la legitimidad ni la idoneidad para emprender semejante empresa. Sugiere la adopción de urgentes reformas de Estado que permitirían impulsar el proceso: democratización de los medios de información, referendo, plebiscito, revocatoria de mandato y modalidades efectivas de rendición de cuentas.

Durante numerosas entrevistas las tesis del libro se han ido decantando. Han probado su oportunidad y tomado la forma que las circunstancias demandan. En un clima exacerbado por la indignación social ante la parálisis de los gobernantes y la protesta popular frente a su proyecto desnacionalizador, las propuestas han adquirido el acerbo tono de la denuncia y del llamado a la acción.

Los voceros y lacayos del régimen han respondido con la injuria y la grotesca distorsión de las ideas. Cual si respondieran al anuncio “se alquilan bizcos”, se enrolaron variados difamadores para confundir el campo visual. Me acusaron de “golpista”, promotor del “derrocamiento” del gobierno y, en palabras del cuñado de Calderón, “soñador del despotismo y la corrupción”, “decadente, burdo y en pavoroso estado de decrepitud política”.

Derrocar significa originalmente “despeñar”, o bien “derribar a uno del estado o fortuna que tiene”. En política alude a la “acción de deponer por vías de hecho a un gobernante”. Nada de ello está en la agenda nacional. He reiterado que un golpe de Estado o una insurrección armada serían “impensables, imposibles e indeseables” en nuestro país.

La única caída de Felipe es la que fracturó su mejor brazo, revelando su escasa propensión al equilibrio cualesquiera que sean las causas del accidente. Algún comentarista sugiere que “cayó, pero por desgracia no ha callado”; mientras otro destaca la ineptitud de quien afirma “llegamos al gobierno como el doctor que va a operar una apendicitis, pero descubre que se trata de un cáncer”. Cirugía sin diagnóstico: confesión de ignorancia e improvisación.

Lo que está a debate es la incapacidad manifiesta del Ejecutivo y los medios para reemplazarlo legalmente y abrir paso a un nuevo consenso nacional y a la transformación inaplazable del Estado. Vivimos en tiempos de transición, que no de revolución. Los caminos expeditos serían: la renuncia, el juicio político y la revocatoria del mandato.

El clamor social contra la inseguridad se condensa en la voz de Alejandro Martí: “Si piensan que la vara es alta, renuncien; no sigan ocupando oficinas y recibiendo sueldos”. Esa es la primera propuesta, aceptada en el acto por Marcelo Ebrard: “En el caso del DF, yo sí acepto el reto de renunciar”. O de someterse, es claro, al veredicto ciudadano.

Entre las propuestas presentadas al Congreso destacan la revocatoria del mandato y el juicio político, que darían lugar a un gobierno interino, designado por la mayoría del Congreso. Ambas han demostrado históricamente servir a la estabilización política.

Otra es la solución de Beltrones, quien denuncia la actuación “irresponsable” de Calderón, pero lo mantendría formalmente en el cargo, a cambio de un gobierno compuesto por priístas y no por “cuates”. Si él encabezara el gabinete, tanto mejor.

Un Ejecutivo tambaleante califica la protesta social como “intransigente y violenta”: “gesto ilegal que el Estado no permitirá”. Más vale conjurar la tormenta con inteligencia patriótica que precipitarla por arrogancia suicida.

29 Agosto 2008 03:17:00
La izquierda como propuesta
Diálogo sorprendente y fraternal entre “socialistas del extranjero” en la sede del Partido Francés durante la convención que hoy concluye en París. El dato central, orientador del debate que me correspondió animar: somos la única región en que las izquierdas ganamos las elecciones y, en contraste con Europa, aquella en la que desafiamos de modo frontal el dogma neoliberal.

El conocimiento del escenario político latinoamericano corresponde a la baja prioridad que hoy nos conceden: la última, junto con Oceanía, según documentos de la UE. Fue necesario explicar que, de las 12 últimas elecciones, en 11 la votación se ha inclinado hacia la izquierda, incluyendo las de México. Sea que los ciudadanos escogieron entre dos opciones progresistas, que el perdedor se ubicase más a la derecha o que haya ganado un movimiento socialista.

Los temores sobre el neopopulismo son, en principio, eurocentristas. Más que la aparición de modelos políticos distintos a la democracia liberal, hay preocupación por las expropiaciones. Sin embargo, los más consecuentes abogaron por que el socialismo occidental se pronuncie contra políticas neocoloniales. Surgió así la anomalía del gobierno español, que se ha convertido en el consultor privilegiado y en la correa de transmisión de las decisiones europeas hacia América Latina. Su alianza con nuestras derechas en los 90 y su descarada intervención a favor de las transnacionales peninsulares lo colocan en las antípodas de una política socialista.

Acordamos que se impone una visión plural y auténtica de la izquierda europea sobre el resto del mundo. A ello podrían servir los vínculos entre los nuevos actores de la globalización: las relaciones entre partidos, parlamentarios, autoridades locales, sindicatos, fundaciones, redes intelectuales y ONG. Propusimos que no se excluyera a los altermundistas, que construyen su tejido con feroz independencia.

François Hollande afirmó que los socialistas franceses son cada vez más europeos, pues la derecha retoma la vía nacionalista, se ha tornado proteccionista y desdeña las doctrinas “liberales”. Comenté que nos gustaría verlos “más socialistas”, centrados en la distribución del ingreso y en la recuperación del internacionalismo, que es la entraña del pensamiento de izquierda. Nos deben una concepción propia de la política mundial y una alternativa creíble al Consenso de Washington. De nuestra parte, el empeño es generar una estructura programática y ensanchar nuestra base social, a despecho de las burocracias partidarias, del colaboracionismo y del electoralismo miope.

Atrajeron la atención las políticas de frentes, que aglutinan partidos y movimientos, así como los avances de la democracia directa en Latinoamérica, donde los regímenes presidenciales exigen alianzas para alcanzar mayorías. Demandan, asimismo, consultas populares para legitimar liderazgos consistentes y reformas profundas. Coincidimos en la búsqueda de una “república ciudadana” y en la urgencia de un “discurso fuerte, inequívoco y al nivel de la calle”. También en que la democratización de los medios es “condición misma de la supervivencia democrática”.

Nuestro objetivo: recuperar los valores, las instituciones y las libertades públicas y el combate a fondo contra la “ultrajante concentración del poder y la riqueza”. La batalla en México por la soberanía y a favor de un nuevo balance energético mundial merece la simpatía socialista. Tanto como las posibilidades que ofrece la muy probable victoria de lo que a justo título podemos llamar la izquierda en EU.

La emergencia de la ciudadanía en la toma de decisiones es el mejor antídoto contra una concepción jerárquica de la sociedad. Ello requiere determinaciones irrevocables contra las transacciones copulares que pervierten el régimen representativo. Todo mandato democrático debe ser “controlable, revocable y auditable”. Tal es la única solución posible al drama mexicano y al de todo país sometido a un gobierno ilegítimo, incompetente y postizo. No quepa duda que la suspensión constitucional del encargo de Calderón sería una sonada victoria de la democracia.
08 Agosto 2008 05:09:00
Honrar el no
La irrupción de la sociedad en el debate energético es una señal promisoria de los tiempos que vienen. Lo es también el involucramiento de los intelectuales y especialistas en la discusión pública de un gran problema nacional. Surge con fuerza la propuesta de que algo semejante ocurra en otros temas cruciales de la agenda mexicana.

Resurge el interés de congresistas avanzados en impulsar los proyectos de reforma del Estado presentados por los partidos y personalidades y que hasta ahora se encuentran puniblemente estancados. Sobresale en la coyuntura la creación del Consejo Económico y Social, del Consejo de Estados y municipios y las reformas consecuentes al sistema de planeación democrática.

Destaca la introducción de la democracia directa en el orden federal: referendo, plebiscito, iniciativa popular y revocatoria del mandato. Cabe recordar que en Bolivia —aun impugnado por los separatistas— el referendo sobre la permanencia del presidente y el vicepresidente se celebrará en casi todo el territorio nacional. En Ecuador la consulta sobre la nueva Constitución será también revocatoria, ya que en caso de ser rechazada el presidente dejaría el cargo.

Un avance significativo en esa dirección es la determinación inédita adoptada por los coordinadores parlamentarios del FAP, el Movimiento en Defensa del Petróleo y el gobierno legítimo el pasado día 30. Resolvieron confiar a un grupo de intelectuales y científicos comprometidos las iniciativas de reforma que todos haremos nuestras.

Se cita como antecedente la oferta del presidente Ávila Camacho en 1945 a la Universidad Nacional, tras una década de pugnas, para que ésta elaborara el proyecto de Ley Orgánica aún vigente. Podríamos recordar, entre otros antecedentes, los 60 sabios que prepararon hacia 1984, a petición de los poderes públicos, una iniciativa de Constitución de Brasil, luego sometida a votación congresional y a refrendo.

El grupo conformado se ha comprometido a presentar una propuesta ciudadana antes del fin del mes, supuesto que los grupos parlamentarios han convenido que no habrá periodo extraordinario y que un “albazo” podría desencadenar reacciones sociales inesperadas. También porque la consulta popular concluirá el día 24 y cualquier iniciativa prematura quedaría comprendida en el “No”.

El estamento intelectual ha aceptado la encomienda y se apresta a honrar la voluntad popular con talento y probidad. Ha dividido sus trabajos en cuatro secciones. La primera, destinada a elaborar los dictámenes contrarios a las iniciativas del PAN y el PRI y un proyecto de acción de inconstitucionalidad, para el caso de que fueran aprobadas en un rincón.

La segunda está encargada de preparar un plan de acción inmediata que incluye acciones parlamentarias y judiciales para castigar los ilícitos. La tercera revisaría el Plan Nacional de Energía elaborado por el Consejo Consultivo del FAP, mismo que se convertiría en nuestra propuesta central, acorde a la magnitud e implicaciones del problema, reconocidos en el propio diagnóstico gubernamental.

La cuarta trabaja sobre las reformas legales preparadas por los legisladores y las numerosas aportaciones que se hicieron durante el debate. Éstos van desde la constitucionalización de Pemex hasta la presentación de un proyecto de Ley Reglamentaria del 27 y la modificación de diversos ordenamientos fiscales y administrativos, tanto como una propuesta presupuestal que aseguren la viabilidad de un proyecto nacional alternativo.

Ser consecuentes con la consulta significa rechazar de plano las iniciativas presentadas. Como lo ha escrito Jorge Eduardo Navarrete: “Son dos versiones apenas distinguibles del mismo modelo” que “privilegia la extracción del recurso para incrementar el sesgo exportador, a fin de garantizar la seguridad energética de América del Norte, más que la nacional”.

Añade que la discusión entre ambos partidos será sobre “los detalles que distinguen una de otra”, y yo agregaría sobre las parcelas de poder y de dinero que se deriven de los acuerdos. No debiéramos colocarnos en esa hipótesis.

Nuestro deber con la gente y con la historia es definir y defender una propuesta patriótica absolutamente diferenciada de la rapacidad y el entreguismo. Así será.


" Comentar Imprimir
columnistas