Dentro de las 13 auditorías realizadas por la dependencia se ubicó un aparente desfalco por 98 millones 489 mil pesos correspondiente a la gestión financiera del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.

Entre las irregularidades encontradas en dicho hospital, la Auditoría Superior de la Federación señaló dos que tienen que ver con el manejo de los insumos, bienes y servicios.

Por una parte, indicó que la institución carece de controles para resguardar y entregar los materiales y provisiones, y tampoco lleva un control del inventario “lo que impidió la presentación confiable de los registros en los estados financieros”.

Asimismo, advirtió que los procedimientos de contratación carecen de supervisión por parte de los administradores del contrato, ya que no se acreditó la prestación de los servicios acordados en al menos seis contratos.

Por estas inconsistencias la ASF emitió una recomendación, seis promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos Pliegos de Observaciones a la Secretaría de Salud, pues a pesar de los probables desvíos por casi 100 millones de pesos, el Hospital de la Península de Yucatán no demostró tener el personal de confianza suficiente en mandos medios y superiores.

En cuanto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación o TIC, la Auditoría determinó que la Secretaría de Salud debe aclarar el destino de 24 millones 586 millones de pesos relacionados con los servicios de arrendamiento de equipo informático; de mantenimiento y de aplicaciones sustantivas; así como de servicios de telecomunicaciones.

Los resultados de la revisión a las cuentas de la Ssa por parte de la ASF encontraron que hubo deficiencias en la administración de contratos, principalmente en la falta de soporte de los servicios proporcionados por los proveedores y en la supervisión y seguimiento por parte del administrador del contrato del cumplimiento de las actividades acordadas.

Esto es que en contratos como el identificado con el número DGRMSG-DCC-S-020-2020 se estime un probable daño al erario por más de 19 millones de pesos debido a que se “carece de la evidencia que valide que todas las órdenes de servicio generadas durante 2021 con el proveedor, fueron cerradas a satisfacción de las áreas usuarias; que se cuenta con sus entregables, así como con la documentación probatoria que valide la ejecución de las actividades de mantenimiento y desarrollo”.

La ASF consideró que las inconsistencias fueron lo suficientemente graves para ameritar 17 recomendaciones y tres Pliegos de Observaciones, pero ninguna promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Los 45 millones 294 mil pesos de los que la Auditoría Superior desconoce el paradero son por irregularidades en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde se advirtieron posibles desfalcos por 35 millones 860 mil pesos.