Lousville, Kentucky.- Con la esperanza de obtener trabajos bien remunerados, en los campos de tabaco, gran cantidad de mexicanos arriban cada año a Kentucky, Estados Unidos.

Un programa federal estadounidense autoriza a los agricultores contratar a trabajadores extranjeros para empleos que, dicen, no pueden ser saturados por empleados locales.

Pero la realidad resulta otra. Tres demandas interpuestas en cortes federales alegan que entre 2013 y este año 39 trabajadores de México recibieron salarios deficientes, vivían en casas bajo condiciones deplorables, y algunos fueron amenazados con la cárcel o la deportación si se quejaban. Diversos jornaleros, señalan las demandas, vivieron como prisioneros virtuales tras la confiscación de sus pasaportes por parte de los empleadores.

Fuera de la ley

Aunque se supone que los empleadores deben proporcionar una vivienda adecuada, las demandas describen sitios infestados de chinches, piojos y roedores, la falta de colchones o muebles y carentes de cañería, por lo que algunos se debían bañar con una cubeta o bien, empleando una regadera portátil externa.

Los trabajadores migrantes pidieron prestado dinero y viajaron miles de kilómetros para los trabajos que no cumplen con los estándares federales mínimos, señalan las demandas. En algunos casos, los empleadores los obligaron ilegalmente a pagar los costos de viaje, visados, alquiler y servicios públicos.

Llamar a este tipo de prácticas “trabajo forzado” es equivalente a la trata de personas, indicaron los Servicios Migratorios del Sur, con sede en Nashville Legales, un grupo de ayuda legal.

Tres demandas fueron interpuestas el jueves pasado contra cinco granjas de tabaco de Kentucky, en los condados de Scott, Monroe y Nicholas, alegando que tales prácticas violan la ley federal de Gobierno, incluida en el Programa de Trabajadores Agrícolas Invitados, conocido como H-2A.

Una demanda también nombra a un grupo de la ley de Lexington, Conley-Morgan, como acusado, donde presuntamente un abogado que manejaba el papeleo del Gobierno estuvo involucrado en el esquema de tergiversar las condiciones de trabajo y de obligar a los trabajadores a quedarse.

Quejas en aumento

Caitlin Berberich, abogada de los jornaleros mexicanos, dijo que el grupo de Servicios Legales Nashville decidió investigar y presentar las demandas, después de recibir un número creciente de quejas en los campos de tabaco de Kentucky. El Centro de Justicia Igualdad de Kentucky también está involucrado en el caso.

“Recibimos muchas llamadas de los trabajadores en Kentucky”, dijo Berberich. “Kentucky es uno de los principales usuarios del programa H-2A”.

El juicio que involucra a Granjas McKenzie, por ejemplo, investiga el que a trabajadores migrantes empleados en el año 2013 les pagaron menos de lo permitido por las regulaciones federales, que establecen un salario base para los estados que utilizan los trabajadores invitados. En Kentucky, el tipo de base era 9.80 dólares por hora en ese año, que aumentó a $10.10 por hora en 2014.

Explotados

En lugar de ello, a los jornaleros se les pagaba 7 dólares la hora en efectivo, y obligados a utilizar una parte a pagar 2 mil cada uno para los visados; 180 para el transporte de México y 80 por mes de alquiler. Los trabajadores que se quejaron fueron amenazados con la cárcel o la deportación.

En la granja Dillard, se pagó a los trabajadores migrantes contratados entre 2012 y 2015 por debajo del salario federal permitido. En lugar de recibir 45 centavos de dólar por un “destajo” de tabaco, sólo recibieron 38 centavos.

La demanda hace acusaciones similares sobre las condiciones en las granjas del condado de Nicholas para los trabajadores empleados allí entre 2013 y 2015.

Berberich dijo que el uso de trabajadores temporales se ha expandido, sobre todo en los estados del sur.

“Desafortunadamente, muchos empleadores ven el programa H-2A como una manera de obtener una mano de obra cautiva”, puntualizó. (Con información de The Courier Journal).