Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó este martes las reformas a la Ley Aduanera, incorporando un artículo transitorio que establece que la norma entrará en vigor el 1 de enero de 2026, regresando el dictamen a la Cámara de Diputados para su integración al Paquete Económico 2026.

Durante la sesión, el senador de Morena, Homero Davis Castro, explicó que esta modificación permitirá el tiempo necesario para la adecuación administrativa, tecnológica y normativa, afectando a las 50 aduanas del país, miles de servidores públicos y todos los actores del comercio exterior. “Esto garantiza certidumbre, continuidad y estabilidad recaudatoria”, aseguró.

La reforma endurece los controles fiscales en la importación y exportación, combate el contrabando de combustibles, la corrupción y las operaciones de la delincuencia organizada, además de frenar la evasión y elusión fiscal. Se incorporaron 65 modificaciones, 44 adiciones y nueve derogaciones propuestas por el Ejecutivo Federal.

Entre los cambios destacados se encuentran la creación de un consejo aduanero, nuevas facultades para el SAT, convenios con la Agencia de Transformación Digital, eliminación de la patente aduanal vitalicia, e incorporación de tecnologías avanzadas como trazabilidad digital, videovigilancia y monitoreo en tiempo real.

Según los legisladores que apoyan la reforma, se busca modernizar las aduanas, garantizar un sistema más transparente y eficiente, y asegurar que los recursos recaudados fortalezcan servicios públicos como infraestructura, salud y educación.

Sin embargo, la iniciativa enfrentó críticas de diversas bancadas. La senadora Claudia Anaya (PRI) señaló riesgos de cuellos de botella en el comercio exterior y posibles alzas en productos importados. Clemente Castañeda (MC) acusó que la sobrecarga regulatoria genera incertidumbre jurídica y no combate a fondo el huachicol fiscal, que entre 2019 y 2024 ocasionó pérdidas por más de 600 mil millones de pesos.

Por su parte, legisladores del PRI y PAN coincidieron en que la reforma castiga a quienes cumplen y no sanciona a los responsables reales de la corrupción en aduanas. En contraste, PT y PVEM respaldaron la medida como un paso hacia un comercio más ágil, honesto y seguro.