Ciudad de México.- A tres años de que el Gobierno de la Ciudad de México autodecretó una declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres, colectivos feministas enfatizaron en que carece de una evaluación real.

Además, señalaron que se presumen cifras sin parámetros para comprobar su impacto, desprotegen a víctimas de casos no visibles en redes sociales y se dejó de lado a las actividades.

Tras un alza reconocida por las autoridades en los delitos de índole sexual, el 25 de noviembre de 2019, la Administración de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que con 11 acciones inmediatas se sustituiría el mecanismo oficial de Alerta de Violencia de Género.

María de la Luz Estrada, titular del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), consideró que las medidas autodeterminadas por la CDMX fueron un paso importante y se logró que no sólo abarcaran delitos sexuales, sino que se enfocaran en diversas formas de violencia. Sin embargo, al final se quedaron cortas por carecer de una base para verificar su avance e impacto, ahora sólo han sido una lista de cifras aisladas.

“ Siempre se le pidió a la Ciudad de México una línea base que nos permitiera saber dónde estamos, cuántos casos de delitos había, cuántas desapariciones. Ahora no tenemos la claridad de si realmente ha mejorado, cómo está trabajando la Fiscalía, es muy importante saberlo”, señaló.

“ Se iba a revisar con las diversas autoridades para que se acordaran medidas para ampliar y elaborar indicadores que nos permitan hacer una evaluación real de cómo está avanzando. Sin embargo ese paso ya no se dio, realmente no se cumplieron con los acuerdos y creo que es importante en la Ciudad haberse dado seguimiento sobre varias medidas fundamentales, realmente no tenemos avances, no se asumieron realmente las medidas”.

Estrada puntualizó que, si bien la declaratoria federal tiene deficiencias, se pueden subsanar reforzando a los colectivos y activistas que evaluarán el avance de las acciones, el dinero que se gasta en estas y cómo impacta a las víctimas de la violencia.

El reto de lograr una revisión real se complicó con la pandemia de Covid-19, porque el acceso a la justicia disminuyó y aumentó la violencia que las mujeres sufrían en sus propios domicilios.

Ana Elena Contreras, del colectivo Las del Aquelarre Feminista, urgió a que las autoridades capitalinas comiencen a facilitar la evaluación de sus acciones por la autoalerta.