Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó este lunes que su gobierno vea riesgo de que autoridades de Estados Unidos sustraigan del territorio mexicano al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, tras acusarlo de nexos con el crimen organizado y solicitar su detención y extradición.

En la conferencia mañanera, se le preguntó a la mandataria si el morenista podría tener un destino similar al de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, quien fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para entregarlo a las autoridades estadounidenses.

“No, no creemos que eso vaya a ocurrir. No debe ocurrir. Además, no creímos que vaya a ocurrir”, dijo la mandataria en Palacio Nacional.

La declaración de Sheinbaum surge luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara, el pasado 7 de abril, una solicitud formal de extradición contra Rubén Rocha Moya, acusado de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La acusación, revelada por medios como The New York Times, señala que Rocha Moya habría recibido sobornos a cambio de protección para operaciones ilícitas durante su gestión como gobernador.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que recibió la petición estadounidense, pero aún no ha emitido una respuesta oficial. El gobierno mexicano ha defendido que no permitirá “actos de injerencia” en su territorio, aunque fuentes diplomáticas consultadas indican que la cooperación bilateral en temas de narcotráfico sigue siendo prioritaria.

El caso “El Mayo” Zambada: un precedente polémico

El secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024 sigue siendo un hecho clave en la relación bilateral.

El capo fue trasladado por Joaquín Guzmán López desde Sinaloa hasta un aeropuerto en Texas, donde fue entregado a agentes del FBI. Este evento desató críticas en México por la aparente falta de control sobre el espacio aéreo y la seguridad nacional.

Analistas como Eduardo Guerrero, experto en seguridad, señalaron que el caso de Rocha Moya es diferente, pues se trata de un funcionario en activo con fuero constitucional.

“ La extradición de un gobernador requiere un proceso judicial complejo en México, que incluye desafuero y revisión de la Suprema Corte”, explicó Guerrero.

La defensa de Sheinbaum se da en un momento de tensiones entre ambos países, tras las declaraciones del embajador de EU en México, Ken Salazar, quien pidió “acciones concretas” contra los vínculos políticos con el crimen organizado. En contraste, el gobierno mexicano ha insistido en que “no se permitirá la cacería de funcionarios” sin pruebas contundentes.

El Partido Morena, al que pertenece Rocha Moya, ha expresado su respaldo al gobernador, mientras que la oposición, encabezada por el PAN y el PRI, exige una investigación independiente.

“ Si hay pruebas, que se presenten; si no, es una persecución política”, declaró el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

Implicaciones para la relación bilateral

Expertos en derecho internacional advierten que la negativa de México a cooperar en la extradición podría tensar aún más los lazos con Washington, que ha señalado a Sinaloa como un foco de violencia y tráfico de fentanilo.

Datos del Departamento de Estado indican que al menos 70% de las muertes por sobredosis en EU están relacionadas con fentanilo producido en México, lo que presiona a ambos gobiernos a actuar.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que mantiene comunicación constante con la embajada estadounidense para “evitar malentendidos”.

Sheinbaum concluyó que “México defenderá su soberanía, pero también cumplirá con sus compromisos internacionales”.