Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este martes que su Gobierno mantendrá su posición con respecto al expresidente de Perú Pedro Castillo (2021-2022), a quien considera víctima de un golpe de Estado, pese a que el país suramericano votará próximamente para declararla persona non grata.

“ No es una agresión. Recibí aquí al abogado del presidente Pedro Castillo que desde nuestro punto de vista vivió un golpe de Estado y me solidaricé con él. Eso fue lo que hice. Es una política que viene desde el Gobierno del presidente López Obrador (…). Nosotros mantenemos el mismo criterio. Entonces, no importa. vamos a mantener nuestra posición”, afirmó durante su comparecencia matinal.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó el pasado lunes, por doce votos a favor y seis en contra, que se vote en el pleno del Congreso (Parlamento) de Perú la declaración de persona non grata a la presidenta de México.

La moción fue impulsada por congresistas “fujimoristas” como Ernesto Bustamante, quien preside la comisión parlamentaria de Relaciones Exteriores, y Patricia Juárez, así como por la derechista María del Carmen Alva.

Busca Perú declarar persona non grata a Sheinbaum

Los propulsores argumentan que Sheinbaum “mostró una conducta hostil hacia el Perú desde que asumió su cargo en octubre de 2024”, al desconocer la sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo y al referirse a él como “legítimo presidente del Perú”.

De aprobarse la votación, Sheinbaum se sumará al expresidente boliviano Evo Morales y el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, como personas non gratas para el país gobernado por la presidenta Dina Boluarte.

Pedro Castillo se encuentra en prisión preventiva en Perú, esperando el juicio por rebelión a raíz del intento de autogolpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció en un mensaje televisado su intención de disolver el Congreso e intervenir la Judicatura, ante la posibilidad de que el Legislativo votara su destitución.

La Fiscalía peruana solicita una pena de 34 años de cárcel para Castillo.