Ciudad de México.- En las semanas siguientes a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, las autoridades mexicanas detuvieron a decenas de sospechosos y dijeron que habían resuelto el caso.

En una apresurada conferencia de prensa, los fiscales mostraron videos de supuestos traficantes de drogas que confesaban haber recibido a los estudiantes de manos de la policía, haberlos asesinado, incinerado sus cadáveres en un basurero y tirado los restos a un río.

Dos equipos independientes de expertos pusieron en duda la versión oficial. Y ahora esa versión ha sufrido otro golpe: denuncias de tortura.

En documentos obtenidos por The Associated Press, a los que no se había dado difusión hasta ahora, 10 de los sospechosos relataron un guión casi idéntico: primero vinieron los interrogatorios, después los golpes, las descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus seres queridos si no hacían confesiones que sustentasen lo que decía el gobierno.

Algunos dijeron incluso que les dieron evidencia preparada o que les indicaron lo que debían decir.

Informes médicos publicados el mes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) parecen confirmar las versiones de que hubo torturas. De los 10 archivos conseguidos por Ap, la organización revisó cinco y encontró pruebas verosímiles en todos ellos.

“En el transcurso del camino me iban dando electricidad en los testículos y en todo el cuerpo”, declaró uno de los sospechosos, Patricio Reyes Landa, quien fue detenido un mes después de la desaparición de los estudiantes.

“En todo ese tiempo, que fue como dos horas y media de camino, llevé los ojos tapados y me fueron golpeando todo el camino”, dijo el hombre a un juez en julio. “Recuerdo que se acercó una persona y me quitó la venda de los ojos y me mostró una fotografía de mi familia, de mis dos niñas, de mi esposa y mi hermano, y me dijo que si no hacía todo lo que me dijeran iban a violar a mis pequeñas… Le dije que yo iba a hacer lo que ellos me dijeran.”

La declaración de Reyes Landa es clave para el gobierno, porque fue uno de los primeros que confesaron haber matado a los estudiantes y quemado sus cadáveres en un basurero del municipio guerrerense de Cocula, para luego arrojar los restos al río San Juan.

Aparte de esas confesiones y de un fragmento de hueso perteneciente a uno de los estudiantes, según se comprobó mediante análisis de ADN, los fiscales casi no tienen otras pruebas.

Bajo las leyes mexicanas, las confesiones obtenidas mediante torturas no son admisibles.

Si desechan la confesión y no hay más pruebas, básicamente no hay caso, afirmó Denise González, especialista en derechos humanos y derecho internacional de la Universidad Iberoamericana.

En relación con los estudiantes desaparecidos, las denuncias de torturas involucran a los miembros de la Policía Federal o de las fuerzas armadas que arrestaron a individuos sospechosos de tener vínculos con el sanguinario cártel Guerreros unidos.

La Procuraduría General de la República (PGR) dice que miembros de esa banda mataron a los estudiantes después de que se los entregó la policía, que los había arrestado en la ciudad de Iguala.

Hay evidencia médica

Un informe de médicos de la PGR, preparado dos meses después de la detención de Reyes Landa, dijo que tenía moretones, rasguños y “lesiones puntiformes semejantes a las ocasionadas por la aplicación directa de dispositivos eléctricos (como picanas o chicharras) en abdomen y muslos”.

Igual de escalofriante es el testimonio del supuesto líder de Guerreros unidos, Sidronio Casarrubias, quien dijo que un elemento de la procuraduría abusó de él horas después de su detención, en febrero del 2015.

“El señor aquí presente fue uno de los primeros que me torturó y se sentó en mi estómago, y fue el que me asfixió con bolsas negras de plástico, que además me violó con una pieza metálica”, dijo Casarrubias mientras apuntaba hacia al investigador Gabriel Valle Campos, según los documentos.

“Me amenazó que iba torturar a mi familia, a mis hijos, de la misma forma en que lo estaba haciendo conmigo.”

Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, que supervisa el caso, dijo que no puede comentar las denuncias de torturas y que le corresponderá a los jueces analizar una serie de evaluaciones físicas y mentales que se están haciendo a unos 90 sospechosos que dicen haber sido sometidos a esa práctica ilícita.

Betanzos indicó que 32 detenidos dicen que fueron torturados. Las denuncias involucran mayoritariamente a agentes aprehensores distintos a la PGR.

Señaló que la procuraduría inició nueve investigaciones de torturas, y que la mayoría de las denuncias abarcan heridas que dejan huella, como moretones y cortes.

Últimamente la atención se enfocó en Agustín García Reyes, de los primeros sospechosos que identificaron el sitio donde supuestamente los restos de los estudiantes incinerados habían sido tirados al río San Juan y donde se encontró la única evidencia vinculada con el caso.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expresó dudas sobre el testimonio de García Reyes luego de que circularan fotos y videos en los que aparece caminando con Tomás Zerón, Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, antes de que fueran hallados fragmentos de huesos, en octubre de 2014.

García Reyes señala que fue torturado durante horas, y recibió instrucciones de lo que debía decir en la diligencia de la PGR.

“Me pusieron la bolsa en la cabeza y me comenzaron a pegar; yo les dije que no sabía nada. Me decían más vale que me digas adónde están porque si no vamos a matar a tu esposa y tu hijo y a ti también”, relató García Reyes.

“Me llevan al río y me dicen en la camioneta ‘ahorita tú vas a hacer como si tú hubieras tirado las bolsas al río y si no lo haces te vamos a seguir golpeando’. Llegamos a ese lugar y estaban grabando ellos y yo hice como si tirara las bolsas al río y me llevaron enseguida donde ya tenían una bolsas de plástico, las señalé como diciendo que yo las conocía”, agregó.

De acuerdo con la documentación, la misma situación es descrita por 10 de los implicados en el caso Iguala, incluido el testimonio de Sidronio Casarrubias, presunto líder de Guerreros Unidos, quien incluso acusó a un agente de la Procuraduría de abusar de él tras su detención en febrero de 2015.

“El señor aquí presente (Gabriel Valle Campos) fue uno de los primeros que me torturó; se sentó en mi estómago, y fue el que me asfixió con bolsas negras de plásticos (sic); que además me violó con una pieza metálica”, según los documentos.

González, la especialista universitaria en derechos humanos, admitió que es posible que algunos sospechosos inventen historias sobre malos tratos. Pero agregó que en el contexto de México, donde la tortura es generalizada… toda denuncia debe ser investigada, y a partir del contexto, es muy posible que sea cierto.