Ciudad de México.- Siete militares mexicanos involucrados en las ejecuciones extrajudiciales de la matanza de Tlatlaya del 2014 fueron detenidos nuevamente -pues hace años fueron absueltos- y están bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, informó que “el Tribunal Unitario tuvo que ordenar que se girara orden de reaprehensión contra los militares”, pues dicha orden permaneció sin cumplirse por 16 meses, “como denunciamos desde el Centro Prodh. Hoy trasciende que ha sido cumplida”.

Lo anterior deriva de los hechos registrados la madrugada del 30 de junio de 2014, cuando 22 personas fueron asesinadas por soldados durante un enfrentamiento en una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.

Según la versión inicial ofrecida por el Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los fallecidos eran presuntos delincuentes que murieron durante un enfrentamiento armado con los militares. Sin embargo, esto fue desmentido por uno de los tres supervivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio.

Mientras que, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega.

Además- de acuerdo con el Centro Prodh- la entonces Procuraduría General de la República (PGR) presentó cargos contra siete militares por la ejecución de ocho personas, aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “en todo momento negó la existencia de ejecuciones”.

“ Una vez que los militares fueron detenidos, se les dictó auto de formal prisión. Sin embargo, un tribunal de segunda instancia revocó esta determinación en 2016”, indicó la ONG.

No obstante, en 2019 y tras un amparo contra el auto de libertad de estos soldados, un Tribunal Colegiado resolvió tomar en cuenta los testimonios de las víctimas y un peritaje que había sido desestimado, por lo que el Tribunal Unitario ordenó el arresto de estos siete militares. Una decisión que tardó 16 meses en producirse, pero que finalmente “ha sido cumplida”.