Coahuila.- La candidatura de Alejandra Salazar sigue firme, informó el presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes, al detallar que, hasta este domingo, la autoridad jurisdiccional aún no había informado al órgano público local respecto de la sentencia emitida en contra de la candidata de Morena por violencia política de género.

Recordó que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dio a conocer, a través de un boletín electrónico, la sentencia en la que establece la responsabilidad de Alejandra Salazar, por violencia política de género, sin embargo, dijo, aún no se tienen los detalles de la misma, por lo que el IEC no puede actuar al respecto.

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Estaremos atentos a ver el contenido de la sentencia, si vincula al Instituto Electoral de Coahuila en algún sentido y nosotros estaremos atentos a lo que pudiera indicar o instruir la autoridad jurisdiccional, en tanto esto no suceda, Alejandra Salazar seguirá siendo la candidata de morena por la alcaldía de Saltillo”, precisó.

Explicó que, aunque la autoridad electoral tiene que notificar la sentencia al IEC, no existe un plazo estricto en el que esto deba ocurrir, además, advirtió que el proceso puede continuar, toda vez que Salazar aún puede recurrir a un recurso de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Agregó que, al faltar una semana para la elección, los tiempos están “apretados y complicados”, para que la Sala Superior del Tribunal Electoral, resuelva sobre este asunto y emita sentencia sobre la responsabilidad de Alejandra Salazar por violencia política de género.

De acuerdo con la sentencia de la Sala Especializada, Alejandra Salazar y Frank Salas Pulido cometieron violencia política de género contra una mujer que ejerce un cargo público, por la difusión en redes sociales en el contexto de la discusión de la reforma energética en la Cámara de Diputados.

El Pleno determinó que tanto Alejandra como Frank permanecerán un año y 6 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, además deberán pagar una multa de 9 mil 622 pesos, publicar un extracto de la sentencia en el canal de YouTube, difundir una disculpa pública y tomar un curso de violencia política de género.