ABC | Monterrey, N.L.- Aunque después de los hechos del pasado febrero en el Penal del Topo Chico se trasladaron 233 reos del fuero federal a otras cárceles, en Nuevo León aún quedan mil 500 reclusos por delitos de alto impacto.

Los datos del Centro Nacional de Seguridad (CNS) muestran que dos de cada 10 reos en los tres centros de reinserción del estado son por delitos del fuero federal, lo cual afecta a la gobernabilidad de los mismos.

Mientras que de los detenidos por delitos del fuero común, solamente la mitad cumple una sentencia ejecutoria, el resto están en proceso.

Antes de los hechos ocurridos en febrero pasado, donde murieron 49 internos, Nuevo León ya se encumbraba como el estado con mayor número de incidentes dentro de los centros penitenciarios, según la CNS.

Según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Centros Penitenciarios, los tres centros penitenciarios de Nuevo León tienen espacio para seis mil 552 pero hasta 2015 había nueve mil 787, lo que significa una sobrepoblación del 34 por ciento.

Si bien se ha ido desfogando la sobrepoblación –la CNS habla ya de siete mil 917 presos- , aún sigue habiendo un problema de sobrepoblación y vigilancia.

Para los más de siete mil reos en las tres cárceles del estado (Apodaca, Cadereyta y Topo Chico) solamente se cuenta con 850 custodios o vigilantes, según los datos reportados por el INEGI.

El del Topo Chico tiene la capacidad para alojar a la mitad de los reos que hay en el estado, un total de tres mil 635, pero cuenta con más de cuatro mil 500 reos actualmente, lo que implica un 20 por ciento de hacinamiento.

La CNDH encontró en su último estudio de 2014 los siguientes problemas en el Penal del Topo Chico.

1.- Falta de manual de procedimientos para ingreso, traslado de internos, uso de la fuerza, solicitar audiencia con las autoridades, presentar quejas, visita íntima, Consejo Técnico Interdisciplinario y revisión de estancias, así como deficiente difusión de la normatividad a los internos.

2.- Insuficiente personal de seguridad y custodia, para traslados, para cubrir ausencias vacaciones e incapacidades así como personal femenino.

3.- Deficiencias durante el proceso de imposición de sanciones disciplinarias.

4.- Deficiencias en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos del Centro.

5.- Existencia de áreas de privilegios, objetos y sustancias prohibidas, e internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población.

6.- Presencia de cobros por parte de custodios.

7.- Presencia de cobros por parte de los internos.

8.- Capacitación del personal penitenciario.

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