Saltillo.- El sistema financiero e inmobiliario de Texas habría permitido que grandes cantidades de dinero sucio proveniente del narcotráfico y del saqueo a las arcas públicas de varios estados, incluyendo Coahuila, ingresaran y sirvieran para reactivar su economía ante el colapso provocado por la recesión de 2009, señala un trabajo publicado por el periodista Jason Buch para el portal de periodismo independiente Texas Observer.

El artículo, dividido en dos partes y cuyo trabajo complementario se publicó esta semana, refiere que en el caso del extesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, los bancos no fueron necesariamente acuciosos al momento de investigar la procedencia de los recursos que el funcionario colocaba en sus cuentas.

El JP Morgan Chase Bank de Texas, recibió distintas respuestas cuando sus ejecutivos cuestionaban a Villarreal sobre la procedencia de los recursos: negocios de su familia en México, una concesionaria de automóviles de su propiedad, ventas de aviones negociadas con el Estado de Coahuila…

De acuerdo con los registros judiciales, Villarreal trató de ocultar al Chase Bank que él era un funcionario de alto nivel en Coahuila, y siempre se presentó como hombre de negocios.

A pesar de las señales de alerta, el banco no tuvo empacho en seguir trabajando con él y mantuvo abiertas las ocho cuentas en las que Villarreal había depositado 6.5 millones de dólares al momento en que las autoridades judiciales de Texas intervinieron.

Por varios años, el JP Morgan Chase vio pasar decenas de millones de dólares por esas cuentas, que sirvieron para que Villarreal adquiriera condominios, casas, un centro comercial, apartamentos, un lavado de autos, una gasolinería y una farmacia, entre otras propiedades.

En total, las autoridades confiscaron propiedades con un valor de cerca de 37 millones de dólares, mismas que fueron subastadas de 2016 a la fecha.

El reporte de Texas Observer señala que a partir de ahí, las investigaciones en torno al origen de los recursos han sido abandonadas. Además, las autoridades de Coahuila han insistido en que ese dinero no provino de las arcas públicas, lo que ha motivado ese desistimiento del Gobierno de Estados Unidos, que se ha enfocado más en sancionar la vulneración de su sistema financiero que en castigar a funcionarios corruptos extranjeros.

La investigación de Jason Buch hace referencia a la poca disposición de las autoridades federales de Estados Unidos para sancionar a los bancos, llegándolos a considerar incluso víctimas de fraude, al ser “engañados” por los funcionarios mexicanos por el hecho de que eran servidores públicos y lo ocultaron.

Pero en mayo de este año, en la corte, Javier Villarreal pudo comprobar que los ejecutivos bancarios tenían conocimiento pleno de que quienes invertían eran funcionarios mexicanos.

De acuerdo con el mismo reporte, el empresario Luis Carlos Castillo Cervantes, “El Rey de los Dragones”, jugó un papel importante en tejer las relaciones de funcionarios mexicanos con inversiones en Texas y otros estados de la Unión Americana.

También el coahuilense Guillermo Flores Cordero ayudó a ingresar esos recursos al sistema financiero de Texas, comprando inmuebles que luego eran vendidos y de esa manera el dinero era inyectado a la economía texana.

En 2013, fiscales federales en Corpus Christi dieron con una cuenta bancaria de 2.28 millones de dólares que Villarreal Hernández tenía en las Bermudas, así como una cuenta de 2.76 millones a nombre de Jorge Juan Torres López.

En McAllen, los investigadores encontraron millones de dólares pasando a través de Inter National Bank y otros bancos estadunidenses, y terminaron en las cuentas estadunidenses de alcaldes mexicanos, funcionarios estatales, gobernadores y sus familias, en gran parte con la ayuda de “El Rey de los Dragones”.

En diciembre de ese año, Flores Cordero admitió que ganó 2.5 millones de dólares en comisiones enviando dinero sucio de México a Texas, y se declaró culpable en Corpus Christi de un cargo de conspiración de lavado de dinero.

Castillo Cervantes, como accionista del Inter National Bank de McAllen, utilizó a esta institución financiera para poder lavar dinero de los funcionarios a los que sobornaba para obtener jugosos contratos, como Jorge Torres López, quien se desempeñó como Gobernador interino de Coahuila en 2011.

El Inter National Bank tenía como propietario mayoritario al gigante del sistema bancario mexicano, Banorte.

A Torres López, el JP Morgan Chase Bank no le dio el mismo trato preferencial que a Villarreal. Torres pidió al banco que borrara los registros de las transacciones desde México a Estados Unidos, a lo que el banco texano no accedió. A pesar de que relacionaron las cuentas del exgobernador coahuilense con Villarreal, siguieron haciendo negocios con este último. 

La ley exige que los bancos averigüen cómo ganan su dinero sus clientes. Pero los documentos judiciales en esos casos recientes en Texas plantean dudas sobre si los bancos de Estados Unidos se toman en serio la detención del lavado de dinero.

Brian Anthony Simmons, en aquel momento el director de Cumplimiento de Banorte, fue suspendido por 30 días. Los bancos nunca fueron sancionados.

El esquema para lavar dinero en bancos de Texas era complementado por inversiones en bienes raíces.

Los bancos pequeños aceptaron con gusto a esos clientes, a pesar de todas las transacciones sospechosas que realizaban.

Una pieza clave en el caso de Villarreal es su concuño Lorenzo Schuessler, empresario de San Antonio dedicado a las bienes raíces, quien fue detenido y llevado a declarar por ser uno de los principales operadores del extesorero de Coahuila.

Fue liberado, y actualmente dirige la empresa Peninsula South Padre LLC. 

Los registros señalan que fue inversionista y presidente de diversas empresas como Aereo Group y Alpes Group, que habrían sido financiadas con dinero público de Coahuila y sirvieron para que Villarreal lavara decenas de millones de dólares.

Como se documentó en trabajos periodísticos anteriores, prácticamente todos los involucrados en el tema de la llamada “megadeuda” de Coahuila, han sido liberados o esperan sentencia, pero siguen llevando una vida normal: Villarreal Hernández incluso ha debutado como empresario restaurantero en Texas; Torres López ya fue sentenciado a una pena mínima, incluso se especula que podría estar ya en México; Castillo Cervantes vive en una lujosa residencia en Texas; Guillermo Flores está en libertad, al igual que Lorenzo Schuessler y muchos otros personajes, políticos y empresarios, que han sido involucrados en el caso.

(Con información de Jason Buch para Texas Observer).