Veracruz.- La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz reconoció este jueves que solo el 60% de los policías municipales en el estado cumple con la normativa vigente, lo que implica que cuatro de cada diez elementos no están acreditados para portar armamento bajo la Licencia Oficial Colectiva que administra el gobierno estatal.

En entrevista, el titular de la SSP, vicealmirante Alfonso Reyes Garcés, negó que el Estado esté asumiendo el control de corporaciones locales, luego de que en distintos ayuntamientos se retirara armamento. Explicó que la medida responde a incumplimientos administrativos: cada municipio únicamente puede disponer de armas equivalentes al número de policías que sí cuentan con certificación, cursos completos y evaluaciones de control y confianza.

“Los policías municipales están yo que como por el 60% de sus normativas, están mejorando poco a poco.”, dijo el funcionario de seguridad.

El rezago en la acreditación ya ha tenido consecuencias operativas en Veracruz. En distintos municipios del norte y centro del estado, la SSP ha retirado armamento a corporaciones cuyos elementos no cumplían con la Licencia Oficial Colectiva, dejando a policías operando parcialmente desarmados mientras concluían cursos y evaluaciones.

Estos episodios, ocurridos en regiones donde también han aparecido lonas de amenazas contra autoridades locales, como en el municipio de Tempoal, evidencian que el déficit de acreditación —equivalente a cuatro de cada diez policías municipales— no es solo un dato administrativo, sino un factor que impacta directamente la capacidad de respuesta de los ayuntamientos.

El funcionario detalló que el rezago no necesariamente implica reprobación, sino procesos pendientes de capacitación, contratación de nuevos elementos y tiempos prolongados para completar los cursos obligatorios, que pueden durar hasta cuatro meses. Aun así, reconoció que el avance es lento y que varios municipios “están entrando nuevos” y requieren tiempo para regularizarse.

La SSP sostuvo que el ajuste de armamento es una disposición federal y que la dependencia únicamente verifica el cumplimiento de la normativa. El retiro de armas, insistió, no significa desarme ni intervención estatal, sino una corrección administrativa para evitar que policías sin acreditación porten equipo oficial.