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La Jornada
Publicado el martes, 10 de marzo del 2026 a las 19:07
Ciudad de México.– La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió un duro pronunciamiento contra el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, acusando una injerencia externa que atenta contra la soberanía laboral del país.
Gabriel Tamariz, titular de la Unidad de Política Laboral de la dependencia, señaló que dicho instrumento está siendo utilizado para favorecer a organizaciones sindicales específicas, algunas de las cuales —afirmó— operan con financiamiento extranjero pese a carecer de representación real en las empresas.
Durante el panel Transformaciones en el Derecho Laboral, Tamariz advirtió que México enfrenta un fenómeno preocupante: el desplazamiento del antiguo corporativismo estatal por una intervención gubernamental externa en la vida sindical.
El funcionario denunció la existencia de sindicatos “fundados y financiados en dólares” que utilizan el MLRR para proselitismo.
Aclaró que la crítica no es hacia la letra del T-MEC (Capítulo 23 y Anexo 31), sino hacia una ejecución práctica que calificó de “injerencia directa y abierta”.
” “Hemos estado luchando contra la injerencia patronal y gubernamental en asuntos sindicales… pero al parecer está surgiendo un nuevo tipo de injerencia, que es la de un gobierno extranjero”, sentenció Tamariz.
De cara a futuras revisiones del tratado, la STPS fue enfática en que no se debe modificar “una sola coma” del capítulo laboral sin antes resolver la desigualdad operativa del mecanismo.
Las demandas de México incluyen:
1. Reciprocidad: Que el Mecanismo de Respuesta Rápida se aplique con la misma intensidad en Estados Unidos para proteger los derechos de los trabajadores mexicanos en dicho país.
2. Regulación de Agregados: Analizar los límites legales de los agregados laborales de EE. UU. y Canadá para evitar que se extralimiten en sus funciones dentro de territorio nacional.
Por su parte, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Roberto Velasco, respaldó la postura de soberanía al recordar que los agregados diplomáticos no poseen capacidad legal para realizar inspecciones laborales en México.
Velasco subrayó que cualquier enviado debe regirse estrictamente por la Convención de Viena, la cual impide realizar funciones de inspección, facultad exclusiva de las autoridades mexicanas.
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